En COLEXRET llevamos casi un (1) año, con el apoyo de algunos líderes sociales de colombianos en el mundo, adelantando una detallada investigación acerca del Programa de Colombia Nos Une «Casas Colombia».
«Casas Colombia» = Danza de millones.
Un programa establecido en el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, muy diferente a como se ha venido adelantando; y que además se ha convertido en una «Danza de millones» a través de proyectos supuestamente sociales desarrollados directamente por empresas extranjeras, y/u «Operadores logísticos», que en algunas ocasiones se quedan prácticamente con el 50% del presupuesto asignado para esos fines.
Recuerden leer hasta el final para conocer los detalles sobre cómo la «Convocatoria «Casa Colombia» en Madrid, será investigada a petición ciudadana».
¿De dónde nace la idea de «Casas Colombia»?
Cabe recordar que «Casas Colombia» es un Programa promulgado y socializado por la actual Canciller Yolanda Villavicencio Mapy, que cuando dirigía su Fundación «AESCO», en compañía del Sr. Alvaro Zuleta de la Organización «ACULCO», ambas nacidas y con sede en España, consiguieron incluirlo dentro de las propuestas a presentar al gobierno de Gustavo Petro, mentor político de la mencionada Villavicencio, y que se incluyera en el respectivo Plan Nacional de Desarrollo.
En 6 Proyectos «Casas Colombia» se han gastado $7.000.000.000 aprox.
Al día de hoy, se han gastado aproximadamente SIETE MIL MILLONES ($7.000.000.000) DE PESOS en no más de 5 o 6 Proyectos dentro del Programa «Casas Colombia», con la casualidad que la mayoría de ellos han sido desarrollados en menos de tres (3) meses cada uno, por personas muy cercanas a la Sra. Yolanda Villavicencio Mapy, y en investigación por conocer la participación de la ONG «ACULCO», del Sr. Álvaro Zuleta, que creemos puede estar «arañando» algo de todo esto, y/o de otros proyectos «sociales».
EL silencio de Cancillería acrecienta dudas sobre la transparencia de «Casas Colombia».
Las dudas sobre las posibles irregularidades, e incluso delitos cometidos con la asignación y desarrollo de esos proyectos aumentan cuando la propia Cancillería colombiana, a través de Colombia Nos Une, nos ha puesto infinidad de trabas para responder los interrogantes que le hemos planteado sobre el particular.
Para que esa entidad responda tal y como lo establece la Ley 1755 de 2015 (Reguladora del Derecho de petición), hemos tenido que instaurarle una Acción de tutela por cada derecho de petición presentado en esa dirección. Y como entenderán, cada uno de esos procesos tarda entre dos (2) y tres (3) meses, aunque en ocasiones ha subido a 6, y algo ya pasando lo anormal, hasta un (1) año. Eso dice mucho, verdad?
Miles y miles de colombianos alrededor del mundo son conocedores de esa situación, y precisamente, para evitar que siga sucediendo, algunos se están adelantando a investigar pormenores de esas asignaciones de contratos/proyectos, a fin de evitar que lleguen de la manera como han llegado los anteriores.
Para ello, y utilizando a nuestro espía (Ver aquí), como la principal herramienta que tienen los ciudadanos ante la institucionalidad colombiana, vemos que se está trabajando en ello, y como prueba les transcribiremos una petición que a la vez es una denuncia instaurada ante la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, y Contraloría General de la República.
Quien instaura la denuncia (J.A.R.M.) y solicita se investiguen esos hechos, ante las autoridades ya descritas, es el mismo que presenta la petición ante el Consulado General Central de Colombia en Madrid – España, y a la Cancillería, y quien nos ha autorizado su publicación,
Planteamiento de la denuncia y solicitud de información.
La denuncia/petición es referenciada como «Convocatoria para seleccionar operador de la “Casa Colombia” en Madrid», presentada el pasado 26 de enero, y comienza así:
«El Consulado General de Colombia en Madrid ha adelantado una convocatoria para elegir operador de la “Casa Colombia”, iniciativa financiada con recursos públicos y de alto impacto para la comunidad colombiana en el exterior.
Dicha convocatoria se realiza en plena época electoral y de manera acelerada, ad portas de la entrada en vigor de las restricciones propias de la Ley de Garantías Electorales, lo cual genera serias dudas sobre la oportunidad, planeación y necesidad del proceso en ese momento específico.
La premura del trámite y la coincidencia temporal con el calendario electoral podrían comprometer los principios de planeación, selección objetiva y transparencia, y eventualmente exponer el proceso a riesgos de direccionamiento o favorecimiento indebido».
Continúa el denunciante argumentando que,
«En la comunidad colombiana en España circulan preocupaciones legítimas sobre una eventual concentración de contratos en organizaciones o personas que han tenido vínculos previos con la CANCILLER, SU JEFE DE GABINETE o con programas financiados por el Estado en cabeza de Colombia Nos Une. Estas inquietudes, sin afirmar hechos ni responsabilidades, ameritan aclaraciones oficiales y verificables».
Aduciendo que el actual Gobierno ha sostenido públicamente el lema del “Gobierno del Cambio”, asociado a prácticas reforzadas de transparencia y uso austero del presupuesto público, y que por ello, cualquier actuación que aparente reproducir prácticas cuestionadas del pasado exige un mayor estándar de explicación y control, el peticionario exige en concreto que el Consulado General de Colombia en Madrid informe de manera clara, completa y documentada:
- Justificación técnica, jurídica y presupuestal de la decisión de abrir la convocatoria para operador de la “Casa Colombia” durante la época electoral, indicando por qué no era posible postergarla.
- Cronograma detallado del proceso, explicando las razones de su celeridad y las medidas adoptadas para garantizar la selección objetiva.
- Concepto jurídico interno o externo que avaló la procedencia del proceso frente a la Ley 996 de 2005, especificando por qué no se configura restricción alguna de garantías electorales.
- Modalidad de selección, criterios de evaluación, puntajes y mecanismos de verificación de conflictos de interés.
- Relación de personas jurídicas o naturales que han participado o manifestado interés, indicando si alguna ha tenido contratos, convenios o apoyos previos con la Cancillería, el Consulado u otras entidades del Estado en los últimos cinco (5) años.
- Medidas adoptadas para garantizar la publicidad y acceso a la información del proceso para la comunidad colombiana en el exterior.
Ya en plan de denuncia y solicitando investigación ante la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General de la Nación, el mismo peticionario se dirige a esos órganos de control pidiendo verifiquen:
- La legalidad y oportunidad del proceso frente a la Ley de Garantías Electorales.
- La correcta utilización de recursos públicos y la observancia de los principios de la contratación estatal.
- La existencia o no de conflictos de interés o posibles faltas disciplinarias, fiscales o penales, de encontrar mérito para ello.
Termina el denunciante señalando que,
«Esta petición no formula acusaciones, sino que exige explicaciones y máxima transparencia, en defensa del interés general y de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. La mejor forma de honrar el discurso de cambio es actuar con pulcritud, publicidad y respeto irrestricto por la ley».
El peticionario/denunciante se comprometió con esta Casa Informativa a dar a conocer la respuesta que obtenga por parte del Consulado General Central de Colombia en Madrid sobre su petición, al igual que el proceso y procedimiento que sigan las autoridades investigadoras.
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