<p>Más de cinco meses sin respuesta sobre la denuncia disciplinaria instaurada contra el Cónsul General de Colombia en Madrid &#8211; España, Javier Darío Higuera Ángel, y otros funcionarios de la Cancillería, generan serios cuestionamientos sobre la transparencia de los organismos de control en Colombia.</p>
<p>Los detalles de esa denuncia fueron publicados por esta Casa informativa el 5 de enero del presente, en artículo titulado <a href="https://www.colexret.com/cancilleria/consul-y-funcionarios-de-cancilleria-denunciados-ante-la-contraloria-y-procuraduria/">«Cónsul y Funcionarios de Cancillería denunciados ante la Contraloría y Procuraduría»</a>, el que invitamos leer al completo para entender mejor este.</p>
<h2>Procuraduría General de la Nación guarda silencio sobre denuncia contra el Cónsul de Colombia en Madrid y vulnera el derecho de petición.</h2>
<p>La Procuraduría General de la Nación fue creada para vigilar el comportamiento de los servidores públicos, proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y garantizar el cumplimiento de la Constitución y la ley.</p>
<p>Sin embargo, ante el caso que les contaremos, nos preguntamos,</p>
<p><strong>¿Qué ocurre cuando la entidad encargada de proteger los derechos ciudadanos es precisamente la que termina vulnerándolos?</strong></p>
<p>Esa es la situación que enfrenta actualmente <a href="https://www.colexret.com/colombianos-invisibles/ricardo-marin-rodriguez-investigador-migracion-colexret-espana-mundo/">Ricardo Marín Rodríguez</a>, director de COLEXRET, tras más de cinco meses de espera sin recibir una sola información sobre la denuncia disciplinaria presentada contra el Cónsul de Colombia en Madrid, Javier Darío Higuera Ángel, y varios funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.</p>
<p>La situación adquiere una especial gravedad porque no se trata de un trámite menor ni de una simple consulta administrativa.</p>
<p>Se trata de una denuncia formal relacionada con actuaciones de funcionarios públicos que ejercen representación del Estado colombiano ante la comunidad migrante en España, uno de los países con mayor presencia de colombianos en el exterior.</p>
<h2>La denuncia contra el Consulado de Colombia en Madrid sigue sin respuesta</h2>
<p>El 4 de enero de 2026, COLEXRET, en cabeza de su creador <a href="https://www.colexret.com/colombianos-invisibles/ricardo-marin-rodriguez-investigador-migracion-colexret-espana-mundo/">Ricardo Marín Rodríguez</a>, presentó una denuncia disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, y la Contraloría General Colombiana <a href="https://www.colexret.com/buscar/?s=veh%C3%ADculo+BMW+consulado+de+Colombia+en+Madrid">por hechos señalados en publicación visible  aquí.</a></p>
<p>La actuación quedó registrada en la Procuraduría General de la Nación bajo el radicado E-2026-001297 del 5 de enero de 2026.</p>
<p>Junto con la denuncia fueron aportadas pruebas documentales y elementos de juicio destinados a respaldar los hechos denunciados.</p>
<p>Desde entonces, lo único que ha remitido la Procuraduría es el recibido de la denuncia.</p>
<p>Han transcurrido más de cinco meses, sin que se respondan los siguientes interrogantes incorporados en la denuncia:</p>
<ul>
<li>¿Qué dependencia asumió el conocimiento del caso?</li>
<li>Si existe indagación previa.</li>
<li>Si se abrió investigación disciplinaria.</li>
<li>¿Qué actuaciones se han adelantado?</li>
<li>¿Qué decisiones se han adoptado?</li>
<li>¿Cuál es el estado actual del expediente?</li>
</ul>
<p>La ausencia total de información resulta particularmente preocupante tratándose de una entidad cuya misión constitucional consiste precisamente en garantizar la transparencia y el control disciplinario de los servidores públicos.</p>
<h2>La Contraloría sí informó oportunamente sobre el trámite</h2>
<p>La misma denuncia fue puesta en conocimiento de la Contraloría General de la República.</p>
<p>A diferencia de la Procuraduría, la Contraloría ha mantenido informado al denunciante desde el inicio del procedimiento. Además,</p>
<p>Ha comunicado las decisiones adoptadas, ha reportado las actuaciones realizadas, ha explicado las etapas procesales surtidas.</p>
<p>Y actualmente mantiene informado a <a href="https://www.colexret.com/colombianos-invisibles/ricardo-marin-rodriguez-investigador-migracion-colexret-espana-mundo/">Ricardo Marín Rodríguez</a> de que una decisión relacionada con el caso podría conocerse durante el presente mes de junio.</p>
<p>Es decir, dos organismos de control recibieron información relacionada con los mismos hechos.</p>
<p>Uno ha aplicado los principios de publicidad, transparencia y comunicación con el ciudadano.</p>
<p>El otro ha optado por el silencio.</p>
<h2>La Procuraduría tampoco respondió el derecho de petición</h2>
<p>Ante la ausencia total de información, el 10 de mayo de 2026 <a href="https://www.colexret.com/colombianos-invisibles/ricardo-marin-rodriguez-investigador-migracion-colexret-espana-mundo/">Ricardo Marín Rodríguez</a> elevó ante la Procuraduría un derecho de petición solicitando información básica sobre el trámite de la denuncia. (Radicado E-2026-258997).</p>
<p>En la solicitud se preguntó por el estado del expediente, la dependencia competente, las actuaciones adelantadas y las razones por las cuales no se había informado nada después de varios meses.</p>
<p>A pesar de haber transcurrido ampliamente el término legal previsto por la Ley 1755 de 2015, la Procuraduría General de la Nación tampoco respondió esta solicitud.</p>
<p>Se considera una situación gravísima porque la vulneración ya no se limita a la falta de información sobre la denuncia disciplinaria.</p>
<p>Ahora existe además una vulneración directa del derecho fundamental de petición.</p>
<h2>Ricardo Marín Rodríguez acudió a la justicia para que obligue a la Procuraduría a responder</h2>
<p>Ante la persistencia del silencio institucional, la Dirección General de COLEXRET informa que en el día de hoy presentó una acción de tutela contra la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de que sea la justicia colombiana la que ordene a la entidad cumplir las obligaciones que le impone la Constitución y la ley.</p>
<p>La acción constitucional busca la protección de los derechos fundamentales de petición y debido proceso, vulnerados por la falta de respuesta al derecho de petición radicado el 10 de mayo de 2026, mediante el cual se solicitó información sobre el estado de la denuncia disciplinaria presentada contra el Cónsul de Colombia en Madrid y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.</p>
<p>Desde COLEXRET se advierte que la controversia no se limita únicamente al contenido de la denuncia ni a las decisiones que eventualmente adopte la Procuraduría.</p>
<p>El problema central radica en que la entidad encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución, la ley y los derechos ciudadanos, estaría incumpliendo uno de los deberes más elementales de toda autoridad pública, responder oportunamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos.</p>
<p>La tutela presentada pretende que un juez constitucional ordene a la Procuraduría General de la Nación informar qué actuaciones se han adelantado dentro del expediente radicado bajo el número E-2026-001297 del 5 de enero de 2026, así como responder integralmente el derecho de petición identificado con el radicado E-2026-258997 del 10 de mayo de 2026.</p>
<p>Para COLEXRET, este caso trasciende el interés particular de un denunciante y plantea un debate de interés público sobre la obligación que tienen los organismos de control de dar ejemplo en materia de transparencia, rendición de cuentas y respeto por los derechos fundamentales.</p>
<p>Si las entidades encargadas de investigar a otros servidores públicos incumplen ellas mismas los mandatos constitucionales, corresponde a la justicia intervenir para restablecer el Estado de Derecho y garantizar la protección efectiva de los ciudadanos.</p>
<h2>Lo que dice la Corte Constitucional sobre el derecho de petición</h2>
<p>La Corte Constitucional ha sostenido de manera reiterada que toda autoridad pública tiene el deber de responder de manera pronta, clara, de fondo y efectiva las solicitudes formuladas por los ciudadanos.</p>
<p>La <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/t-377-00.htm">Sentencia T-377 de 2000</a> estableció que el núcleo esencial del derecho de petición incluye la obligación estatal de resolver oportunamente las solicitudes ciudadanas.</p>
<p>Posteriormente, la <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-149-13.htm">Sentencia T-149 de 2013</a> precisó que la respuesta debe ser clara, congruente, de fondo y comunicada efectivamente al interesado.</p>
<p>La <a href="https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=101667">Sentencia T-230 de 2020</a> reiteró que el silencio administrativo frente a una petición constituye una vulneración del derecho fundamental.</p>
<p>Por su parte, la <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2021/su213-21.htm">Sentencia SU-213 de 2021</a> recordó que las respuestas tardías también desconocen el contenido esencial del artículo 23 de la Constitución Política.</p>
<p>La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que la sola recepción de una petición no satisface el derecho fundamental si la administración guarda silencio o responde fuera de los términos legales.</p>
<h2>¿Quién vigila a los organismos de control?</h2>
<p>Este caso plantea graves situaciones sobre el funcionamiento de las instituciones colombianas.</p>
<p>La Procuraduría puede investigar alcaldes, gobernadores, ministros, cónsules, y funcionarios públicos que incumplan sus obligaciones legales.</p>
<p>Pero cuando la propia Procuraduría no responde una denuncia ni un derecho de petición, surge inevitablemente la pregunta que muchos ciudadanos se hacen:</p>
<h3>¿Quién vigila a quien debe vigilar?</h3>
<p>La legitimidad de los organismos de control no depende únicamente de las sanciones que imponen, también depende del ejemplo institucional que proyectan.</p>
<p>Resulta difícil exigir transparencia a otras entidades cuando no se practica internamente.</p>
<p>Algo así como cuando la <a href="https://www.colexret.com/politica-migratoria/exagerados-gastos-en-la-xv-cumbre-del-foro-mundial-sobre-migracion-y-desarrollo-en-colombia/">Cancillería lidera en Colombia foros sobre migración internacional</a>, sin tener en cuenta que dentro del propio país hay un inexplicable desorden al respecto.</p>
<p>Resulta difícil exigir respeto por los derechos fundamentales cuando esos mismos derechos son desconocidos por quienes tienen el deber constitucional de protegerlos.</p>
<h2>Los colombianos en el exterior también tienen derecho a respuestas</h2>
<p>Los colombianos residentes fuera de su país enfrentan permanentemente barreras geográficas, administrativas y burocráticas para acceder a las instituciones del Estado.</p>
<p>Por ello, la información oportuna sobre denuncias, investigaciones y actuaciones administrativas adquiere una importancia aún mayor.</p>
<p>Y es que, el acceso a la información pública no es un favor de la administración, es un derecho ciudadano.</p>
<p>La respuesta a las peticiones ciudadanas no es una concesión institucional, es una obligación constitucional.</p>
<p>Y el respeto por quienes denuncian posibles irregularidades constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia moderna.</p>
<h2>La Procuraduría aún está a tiempo de corregir</h2>
<p>La Procuraduría General de la Nación todavía puede corregir esta situación.</p>
<p>Todavía puede informar qué ha ocurrido con la denuncia radicada contra el Cónsul de Colombia en Madrid y funcionarios de la Cancillería; y responder el derecho de petición presentado hace un mes.</p>
<p>Todavía puede demostrar que la transparencia no es un discurso reservado para otras entidades sino una práctica que comienza por casa.</p>
<p>Porque cuando una institución encargada de proteger los derechos fundamentales guarda silencio frente a los ciudadanos, aparte de afectar al denunciante, debilita la confianza pública en el sistema de control del Estado colombiano.</p>
<p>Y la confianza ciudadana es un recurso demasiado valioso para perderlo en medio del silencio administrativo.</p>
<p>Al momento de publicación de este artículo, la Procuraduría General de la Nación no había emitido respuesta alguna ni sobre la denuncia disciplinaria radicada contra el Cónsul de Colombia en Madrid y funcionarios de la Cancillería, ni sobre el derecho de petición presentado posteriormente para conocer el estado de dicha actuación.</p>
<p><strong>Fuentes:</strong></p>
<ul>
<li><a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125">Constitución Política de Colombia, artículos 23 y 29.</a></li>
<li><a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65334">Ley 1755 de 2015</a>, por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición.<br />
<a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/t-377-00.htm">Corte Constitucional, Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.</a><br />
<a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-149-13.htm">Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.</a><br />
<a href="https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=101667">Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.</a><br />
<a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2021/su213-21.htm">Corte Constitucional, Sentencia SU-213 de 2021, M.P. Diana Fajardo Rivera.</a></li>
</ul>


<p>Procuraduría General de la Nación y denuncia contra Consulado de Colombia en Madrid.</p>


Procuraduría General de la Nación guarda silencio sobre denuncia contra el Cónsul de Colombia en Madrid y vulnera el derecho de petición.

<p><strong>Durante los últimos meses, COLEXRET había advertido públicamente sobre situaciones que, a su juicio, requerían mayor transparencia dentro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, Carmen Felisa Ramírez Boscán.</strong></p>
<h2>¿Asesor del Congreso o profesor en Brasil? Denuncia contra Congresista Carmen Ramírez Boscán y su UTL por presuntas irregularidades</h2>
<p>Las alertas comenzaron a surgir cuando la líder social colombiana residente en Chile, Natalia Molina Morales, quien desarrolla labores de seguimiento ciudadano a la gestión institucional relacionada con la comunidad colombiana en ese país, informó sobre la presencia prolongada en territorio chileno de Miguel Ángel Rojas Barrera, asesor de la UTL de la congresista, sin que existieran explicaciones públicas claras sobre las funciones que desempeñaba allí.</p>
<p>Esa información motivó una investigación por parte de esta Casa informativa, que posteriormente condujo a revisar otros nombramientos dentro de la Unidad de Trabajo Legislativo de la representante Ramírez Boscán.</p>
<p>Como resultado de ese proceso, se encontró que entre septiembre de 2023 y febrero de 2025 figuró vinculado como asesor de la UTL de la susodicha Congresista, el abogado y académico Pietro de Jesús Alarcón Lora, quien, según la documentación y la información recopilada, desarrollaba simultáneamente actividades profesionales y académicas en la ciudad de São Paulo, Brasil.</p>
<p>La situación llevó a COLEXRET a presentar una denuncia ante los organismos de control y de investigación del Estado colombiano, solicitando que se determinen los hechos y las posibles responsabilidades a que hubiere lugar.</p>
<p>Para garantizar el acceso a la información y permitir que cada ciudadano conozca directamente el contenido integral del documento radicado ante las autoridades, al finalizar esta publicación se adjuntará el enlace correspondiente para consultar la denuncia completa presentada por COLEXRET ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.</p>
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<h2>¿Quién es Pietro de Jesús Alarcón Lora?</h2>
<p>Pietro de Jesús Alarcón Lora es un jurista, académico y dirigente político colombiano con una amplia trayectoria en el ámbito del Derecho Constitucional, los Derechos Humanos y los procesos de paz.</p>
<h3>Formación y actividad académica</h3>
<p>Gran parte de su carrera profesional se ha desarrollado en el exterior, especialmente en Brasil.</p>
<p>Entre los cargos académicos más destacados atribuidos a Alarcón Lora se encuentran:</p>
<ul>
<li>Profesor titular de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP).</li>
<li>Coordinador del Área de Derecho Constitucional en dicha institución.</li>
<li>Director de la Cátedra Sérgio Vieira de Mello, desarrollada en cooperación con ACNUR.</li>
<li>Docente en programas de posgrado del Centro Universitário de Bauru (CEUB/ITE).</li>
<li>Conferencista e investigador en temas relacionados con derechos humanos, democracia, geopolítica latinoamericana y procesos de transición hacia la paz.</li>
</ul>
<p>Sus publicaciones académicas incluyen trabajos sobre constitucionalismo, refugio, derechos fundamentales y participación política.</p>
<h3>Trayectoria política y social</h3>
<p>En el ámbito político, Alarcón Lora ha sido identificado como integrante de la dirección de la Unión Patriótica (UP) y participante en espacios internacionales relacionados con la coalición Pacto Histórico.</p>
<p>También ha desarrollado actividades vinculadas a la pedagogía de paz, el análisis del conflicto colombiano y el acompañamiento a debates sobre víctimas del conflicto armado y exilio colombiano.</p>
<p>De igual forma, ha participado como analista y vocero en distintos escenarios internacionales donde se discuten asuntos relacionados con la política colombiana y latinoamericana.</p>
<h2>Vinculación de Pietro de Jesús Alarcón Lora a la UTL de la representante Carmen Ramírez</h2>
<p>De acuerdo con la información revisada por COLEXRET, Alarcón Lora habría sido vinculado a la Unidad de Trabajo Legislativo de la representante Carmen Felisa Ramírez Boscán entre septiembre de 2023 y febrero de 2025.</p>
<p>Según la descripción de funciones atribuida a su perfil, su experiencia internacional habría estado orientada al análisis legislativo, asuntos de relaciones exteriores, participación política de los colombianos en el exterior y construcción de iniciativas relacionadas con la diáspora colombiana.</p>
<p>Sin embargo, precisamente sobre el ejercicio efectivo de esas funciones es donde se centra la denuncia presentada por COLEXRET.</p>
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<h2>Los puntos centrales de la denuncia presentada por COLEXRET</h2>
<p>La denuncia fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República con el propósito de que las autoridades competentes determinen si existieron o no irregularidades administrativas, disciplinarias, fiscales o penales.</p>
<p>Es importante señalar que la denuncia corresponde a una solicitud formal de investigación y que serán las autoridades competentes quienes establezcan la veracidad de los hechos denunciados y la eventual existencia de responsabilidades.</p>
<h3>1. Presunta simultaneidad de funciones en Colombia y Brasil</h3>
<p>El principal cuestionamiento planteado por COLEXRET consiste en que Pietro de Jesús Alarcón Lora habría desempeñado actividades académicas de alto nivel en instituciones brasileñas durante el mismo período en que aparecía vinculado como asesor de la UTL de la representante Carmen Ramírez.</p>
<p>Al parecer, esas actividades incluían docencia universitaria, coordinación académica, participación en eventos especializados y labores de investigación.</p>
<h3>2. Posible incompatibilidad con la dedicación exigida a un asesor legislativo</h3>
<p>La denuncia argumenta que los funcionarios o asesores vinculados a las Unidades de Trabajo Legislativo deben cumplir con obligaciones de disponibilidad y prestación efectiva del servicio.</p>
<p>Por tal motivo, se solicitó que se verifique si existió cumplimiento real de las funciones asignadas durante el periodo objeto de análisis.</p>
<h3>3. Certificaciones de cumplimiento</h3>
<p>Otro de los aspectos señalados en la denuncia hace referencia a las certificaciones de cumplimiento y desempeño que habrían sido expedidas para permitir el pago de salarios correspondientes al cargo desempeñado dentro de la UTL.</p>
<p>COLEXRET solicita que dichas certificaciones sean examinadas por los organismos competentes para determinar si reflejaban adecuadamente la situación real del funcionario denunciado.</p>
<h3>4. Posible afectación a recursos públicos</h3>
<p>En la denuncia también se solicitó que se evalúe si existió o no detrimento patrimonial derivado del pago de recursos públicos durante el periodo investigado.</p>
<p>Este aspecto fue puesto en conocimiento de la Contraloría General de la República para que determine si hay elementos que justifiquen una actuación fiscal.</p>
<h3>5. Solicitud de pruebas oficiales</h3>
<p>Dentro del escrito presentado ante las autoridades, COLEXRET pidió que se recauden, entre otras, las siguientes pruebas:</p>
<ul>
<li>Contratos, informes de gestión y certificaciones relacionadas con la vinculación de Pietro de Jesús Alarcón Lora a la UTL.</li>
<li>Registros migratorios correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025.</li>
<li>Información remitida por universidades e instituciones académicas brasileñas sobre horarios, actividades y contrataciones del académico durante el periodo investigado.</li>
</ul>
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<h2>Investigación solicitada a los organismos de control</h2>
<p>La denuncia plantea la necesidad de que las autoridades establezcan si los hechos descritos podrían tener implicaciones penales, disciplinarias o fiscales.</p>
<p>En consecuencia, COLEXRET solicitó formalmente la apertura de las actuaciones correspondientes para esclarecer la efectiva prestación del servicio como asesor legislativo; la compatibilidad entre las actividades desarrolladas en Brasil y las funciones asignadas en Colombia; la legalidad de los pagos efectuados con recursos públicos, y la eventual existencia de responsabilidades de servidores públicos o particulares involucrados.</p>
<h2>El debate sobre la transparencia en las UTL</h2>
<p>Más allá de las conclusiones que adopten los organismos de control, este caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y los mecanismos de vigilancia ciudadana sobre las Unidades de Trabajo Legislativo del Congreso de la República.</p>
<p>Las UTL son financiadas con recursos públicos y cumplen una función esencial de apoyo técnico y político a los congresistas, razón por la cual el control ciudadano y el escrutinio institucional resultan fundamentales para garantizar la confianza pública y el adecuado uso de los recursos del Estado.</p>
<p>Así mismo, COLEXRET esta investigando la contratación de Miguel Ángel Rojas Barrera, el otro UTL de la Congresista Carmen Ramírez Boscán, quien laborando bajo un contrato y percibiendo un salario mensual del Estado colombiano, fue enviado dizque a trabar como tal en Santiago de Chile en Chile.</p>
<p><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQBQBQ8MLntoSbZqdKR_g4B0AcXE8IbUG0nnyMM8Op2Lcxo?e=QwpvO5">Aquí el documento completo de la denuncia contra la Congresista Carmen Ramírez Boscán, y su asesor Pietro de Jesús Alarcón Lora.</a></p>


¿Asesor del Congreso o profesor en Brasil? Denuncia contra Congresista Carmen Ramírez Boscán y su UTL por presuntas irregularidades.

<p><strong>¿Cómo un asesor del Congreso colombiano gana millones en Bogotá mientras da clases en São Paulo &#8211; Brasil, ganándose otra millonada, cuando su labor inicial y para la cual se le paga del Erario público le obligan a laborar 8 horas diarias?</strong></p>
<h2>¿Asesoría o Ausentismo? El millonario salario del asesor de la UTL en el exterior que trabaja en dos países a la vez.</h2>
<p>El erario público de los colombianos es sagrado, o al menos ese ha sido el lema bandera de las corrientes progresistas que hoy ostentan el poder legislativo en el país.</p>
<p>Sin embargo, cuando se examina con lupa el uso de los recursos destinados a las Unidades de Trabajo Legislativo «UTL» de los congresistas electos por las circunscripciones internacionales, la brecha entre el discurso de la austeridad y la realidad contractual se convierte en un abismo ético y legal.</p>
<p>El caso del jurista, académico y directivo político Pietro de Jesús Alarcón Lora, adscrito a la Unidad de Trabajo Legislativo -UTL- de la Representante a la Cámara por los Colombianos en el Exterior, Carmen Felisa Ramírez Boscán (Pacto Histórico), abre un debate impostergable:</p>
<p><strong>¿Es físicamente posible cumplir con una jornada laboral de 8 horas diarias para el Congreso de Colombia y, al mismo tiempo, ejercer como docente titular y director de programas universitarios en São Paulo, Brasil, recibiendo doble remuneración?</strong></p>
<p>Entre septiembre de 2023 y febrero de 2025, Alarcón Lora percibió un millonario sueldo del presupuesto nacional colombiano mientras su agenda académica en Brasil transcurría con total normalidad. Un don de la ubicuidad financiado por los contribuyentes que exige respuestas inmediatas de los entes de control.</p>
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<h2>Un perfil de alto nivel con agenda compartida</h2>
<p>Para entender la dimensión del debate, es indispensable revisar quién es el funcionario en cuestión.</p>
<p>El Dr. Pietro de Jesús Alarcón Lora posee una robusta y respetable trayectoria académica que nadie pone en duda, pero que colisiona frontalmente con las obligaciones de un servidor público bajo régimen de subordinación en Colombia.</p>
<h2>¿Quién es Pietro de Jesús Alarcón Lora?</h2>
<p>Pietro de Jesús Alarcón Lora es un reconocido jurista, académico y líder político colombiano, vinculado a la coalición del Pacto Histórico.</p>
<p>Dentro de la coyuntura política colombiana, ha sido una figura clave en la representación internacional de los movimientos de izquierda, fungiendo como miembro activo de la dirección de la Unión Patriótica (UP) y coordinador de la comisión internacional de dicha coalición.</p>
<p>En el ámbito internacional, es profesor titular en la prestigiosa Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP) en Brasil, donde además se desempeña como Coordinador del Área de Derecho Constitucional.</p>
<p>Es el director de la Cátedra Sérgio Vieira de Mello en convenio con el ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados) y dicta clases en el programa de posgrado del Centro Universitário de Bauru (CEUB/ITE).</p>
<p>Durante el periodo de su vinculación legislativa, publicó libros bajo el sello Tirant lo Blanch Brasil (mayo de 2024) y recibió homenajes de la Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) por su labor académica activa y presencial en territorio brasileño.</p>
<h2>Salario del Congreso en Bogotá, vida presencial en São Paulo</h2>
<p>El ingreso formal de Alarcón Lora a la nómina del Congreso se dio en el mes de octubre de 2023 como asesor de la congresista Carmen Felisa Ramírez Boscán, con quien comparte militancia ideológica. Su vinculación permaneció vigente durante todo el periodo analizado hasta febrero de 2025.</p>
<p>Durante estos mismos meses, las bitácoras universitarias del estado de São Paulo demuestran que el Sr. Alarcón Lora dictó clases presenciales, coordinó comités curriculares, lanzó el libro “Constitucionalismo e Refúgio” en agosto de 2024 y cumplió con las obligaciones propias de un profesor de planta en Brasil.</p>
<p>Frente a este solapamiento de actividades surgen las preguntas críticas que estructuran esta denuncia:</p>
<p><strong>¿A qué horas y qué días laboraba para el Congreso de Colombia si el calendario de la PUC-SP exige dedicación académica presencial?</strong></p>
<p>Si los funcionarios de la UTL están sujetos a una jornada laboral estándar en el sector público, <strong>¿en qué momento del día ejecutaba las labores de asesoría técnica legislativa por las cuales recibía millones de pesos mensuales?</strong></p>
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<h2>¿Qué dice la normativa colombiana?</h2>
<p>El argumento de defensa común en estos casos es que los congresistas de la circunscripción internacional están facultados para asignar personal de su UTL en el extranjero.</p>
<p>Si bien la <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=137051">Ley 2043 de 2020</a> y la <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=11368">Ley 5ª de 1992</a> (Reglamento del Congreso) introdujeron flexibilidades para que los asesores operen desde regiones o el exterior si la naturaleza de la curul lo amerita, la ley jamás eliminó el principio de la jornada laboral ni autorizó el multiempleo simultáneo con entidades extranjeras privadas o públicas.</p>
<h2>El mito de la «libertad de horario» en las UTL</h2>
<p>El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), mediante el <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=100325">Concepto 163951 de 2019</a>, ha sido tajante al definir el régimen de estos servidores:</p>
<p><em>«Los empleados de las UTL están sujetos a las condiciones especiales de horarios y días hábiles, teniendo en cuenta que estas unidades están concebidas bajo la idea de elevar y hacer más eficientes las labores del legislativo&#8230; debiendo cumplir con la carga de disponibilidad y subordinación orgánica».</em></p>
<p>Un empleado público en Colombia, por regla general, debe cumplir una jornada de 44 horas semanales (<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66581">Decreto 1042 de 1978</a>). Aunque los asesores de UTL manejan esquemas de «confianza y manejo», están obligados a certificar mensualmente el cumplimiento de sus funciones para poder cobrar sus honorarios.</p>
<h2>Prohibición de doble asignación pública y conflicto de intereses</h2>
<p>El <a href="https://www.constitucioncolombia.com/titulo-5/capitulo-2/articulo-128">artículo 128 de la Constitución Política de Colombia</a> es explícito sobre las limitaciones de los servidores públicos, al establecer que,</p>
<p><em>«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte principal el Estado, salvo las excepciones determinadas por la ley.»</em></p>
<p>Si bien la PUC-SP de Brasil es una institución de carácter privado/pontificio, lo que técnicamente la saca de la prohibición de la doble asignación presupuestal colombiana, el conflicto radica en la incompatibilidad de tiempos.</p>
<p>No se puede estar físicamente dictando una cátedra en el hemisferio sur y, simultáneamente, proyectando ponencias de ley para la Cámara de Representantes en Bogotá durante la jornada laboral ordinaria.</p>
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<h2>La Jurisprudencia de las Altas Cortes</h2>
<p>El Consejo de Estado de Colombia, en reiterada jurisprudencia respecto a la pérdida de investidura y la conducta de los funcionarios de las UTL, ha manifestado que la destinación de estos recursos es exclusiva para la labor legislativa.</p>
<p>En sentencias de unificación de la Sala de lo Contencioso Administrativo se ha dejado claro que:</p>
<p><em>«La alteración o simulación en los reportes de actividades de los miembros de las Unidades de Trabajo Legislativo, o el pago de salarios a personas que no prestan efectivamente el servicio en los términos exigidos por la ley, constituye una desviación de poder y una falta gravísima que afecta la moralidad administrativa.»</em></p>
<h2>El silencio de la coherencia, causante de impacto Político y Social</h2>
<p>El análisis sociopolítico de este caso es demoledor para la confianza ciudadana, puesto que la Congresista Carmen Ramírez Boscán llegó al Congreso bajo las banderas del cambio, prometiendo pulcritud y el fin de las «corbata» (término coloquial colombiano para los puestos públicos donde se cobra sin trabajar).</p>
<p>Entregar un cargo de alta remuneración a un ideólogo de su mismo partido, permitiéndole residir y trabajar a tiempo completo para el sistema universitario de otro país, configura un claro favoritismo político.</p>
<h2>¿Merece el caso ser denunciado?</h2>
<p>Un rotundo sí. Y por eso COLEXRET pondrá este caso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para que investigue de oficio los siguientes elementos:</p>
<p><strong>Certificaciones de Cumplimiento:</strong> Revisar los informes mensuales que la Congresista Ramírez Boscán firmó para autorizar el pago de Alarcón Lora entre septiembre de 2023 y febrero de 2025.</p>
<p><strong>Cruces de Migración y Horarios:</strong> Confrontar las horas de las cátedras presenciales dictadas en São Paulo (Brásil), con las horas de los debates y comisiones legislativas en Colombia.</p>
<p><strong>El Rol de las UTL en el Exterior:</strong> Legislar de manera urgente para que los asesores de la diáspora tengan un control biométrico o digital de actividades verificable por la ciudadanía a través de datos abiertos.</p>
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<h2>Conclusión y Propuestas para Remediar el Vacío Ético</h2>
<p>Las investigaciones y denuncias publicadas por Colexret demuestran que el control de las UTL en el exterior es una zona gris propicia para el abuso institucional.</p>
<p>Para evitar que el Congreso siga siendo una caja menor de favores políticos internacionales, se propone:</p>
<p><strong>Reforma a la <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=11368">Ley 5ª de 1992:</a></strong> Prohibir explícitamente que los miembros de las UTL tengan contratos laborales vigentes o vinculaciones de planta en los países donde son destacados de forma remota.</p>
<p><strong>Plataforma de Transparencia Real:</strong> Obligar a que todos los productos legislativos (conceptos, ponencias, minutas) firmados por los asesores de las UTL sean de acceso público para verificar si realmente justifican el salario devengado.</p>
<p><strong>Rendición de Cuentas de la Curul Internacional:</strong> Exigir un cronograma público de los asesores destacados en el exterior que detalle sus horas de atención a la comunidad migrante, desvinculándolos de agendas académicas o corporativas privadas en el extranjero.</p>
<p>El cambio no es un discurso de campaña; se demuestra en el diseño institucional y en la fiscalización implacable de quienes, bajo la excusa de la academia y la diplomacia informal, terminan recibiendo dos salarios a costa del esfuerzo de los ciudadanos colombianos.</p>
<p><a href="https://www.colexret.com/varios/pietro-alarcon-lora-denuncia-colexret-utl-carmen-ramirez/">Ingresando aquí, podrán conocer la denuncia que por este caso elevó COLEXRET a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría, y a la Fiscalía.</a></p>


¿Asesoría o Ausentismo? El millonario salario del asesor de la UTL en el exterior que trabaja en dos países a la vez

<p>¿Es reservado un derecho de petición o una denuncia?</p>


¿Puede publicarse un derecho de petición o denuncia? Lo que dice la ley colombiana y la Corte Constitucional.

<p>Consulado de Colombia en Valencia &#8211; España investigado.</p>


Consulados colombianos: ¿Hubo investigación integral para archivar el caso Valencia? Análisis jurídico.

<h2>¿Quién vigila a la Cancillería? El polémico sistema con el que el Ministerio investiga a sus propios funcionarios</h2>
<p>Cuando un ciudadano colombiano denuncia posibles irregularidades dentro de un consulado en el exterior, la expectativa natural es que exista una investigación independiente, objetiva e imparcial.</p>
<p>Sin embargo, el reciente archivo en primera instancia, por parte de la Oficina de Control Interno de la Cancillería, de una denuncia presentada por Ricardo Marín Rodríguez contra el Consulado de Colombia en Valencia, España, y/o contra la Sra. Cónsul Gillian Maghmud Galindo, hace ya casi 3 años, volvió a abrir un debate incómodo dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores:</p>
<p><strong>¿Qué tan neutral puede ser una investigación disciplinaria cuando quienes investigan pertenecen a la misma entidad, comparten carrera diplomática o incluso forman parte de la misma estructura administrativa de quienes son denunciados?</strong></p>
<p>El caso no solo involucra decisiones administrativas discutibles dentro de una sede consular. También pone bajo la lupa el propio modelo disciplinario interno de la Cancillería colombiana.</p>
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<h2>La denuncia: atención restringida, registro consular y filas desde la madrugada</h2>
<p>La denuncia presentada en agosto de 2023 por Ricardo Marín Rodríguez señalaba varias situaciones ocurridas en el Consulado de Colombia en Valencia, y que al finalizar dejaremos los enlaces para que puedan conocer la historia al completo.</p>
<p>Entre esas situaciones, una de las más delicadas consistía en que la sede consular publicaba el siguiente mensaje:</p>
<p><em>“Si usted reside en otra población deberá dirigirse al consulado que le corresponda”. </em>Esto, haciendo referencia a los trámites que podrían hacer los ciudadanos; es decir, dándoles a entender que si vivían en otra Circunscripción consular no podían ir al Consulado colombiano en la ciudad de Valencia a realizar dichas diligencias.</p>
<p>Para el denunciante, el uso del término “deberá” transmitía una orden imperativa que prácticamente, reiteramos, excluía de atención a colombianos residentes fuera de la circunscripción consular.</p>
<h2>Jurídicamente, el asunto no era menor.</h2>
<p>Aunque los consulados funcionan con divisiones territoriales, expertos en derecho administrativo y consular recuerdan que dichas circunscripciones tienen principalmente fines organizativos y no necesariamente constituyen prohibiciones absolutas de atención.</p>
<p>La denuncia también cuestionaba otra publicación oficial del Consulado:</p>
<p><em>“Para ser atendido, es indispensable que actualice previamente sus datos&#8230;”. </em>Aquí se refería la Sra. Gillian Magmuth, Cónsul de Colombia en Valencia, al Registro consular.</p>
<p>El problema jurídico aquí radicaba en el uso del término “indispensable”, que podía interpretarse como una condición obligatoria para acceder a trámites consulares.</p>
<p>Es decir, que debía haber inscripción al Registro consular, o se debían actualizar los datos allí para poder ser atendido; o al menos en mejor forma.</p>
<p>A esto se sumaba la eliminación del sistema de citas y la aparición de extensas filas desde las 4:00 de la madrugada, situación que, según la denuncia, afectaba la dignidad de los usuarios y deterioraba la imagen institucional de Colombia en España.</p>
<h2>El archivo del caso y las dudas que deja la investigación</h2>
<p>La Oficina de Control Disciplinario Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de casi TRES (3) años de una irrisoria, reprochable y hasta presunta complicidad, archivó el caso en primera instancia argumentando, entre otros puntos, que:</p>
<p><em>«No existía prueba suficiente de irregularidad disciplinaria»;</em> «<em>que el Consulado tenía autonomía administrativa»; «que no se demostró obligatoriedad del registro consular»</em>; y <em>«que no existía restricción ilegal del servicio».</em></p>
<p>Pero precisamente ahí surge el debate más complejo,</p>
<p>Distintos juristas consultados históricamente sobre modelos de control disciplinario en Colombia han advertido que muchas veces <strong>el verdadero problema no es únicamente el resultado de los procesos, sino la estructura institucional bajo la cual se realizan las investigaciones.</strong></p>
<h2>La Cancillería investigándose a sí misma</h2>
<p>En Colombia, el control disciplinario interno de las entidades públicas está regulado por la <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4589">Ley 734 de 2002</a> y posteriormente por la <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=90324">Ley 1952 de 2019</a>.</p>
<p>El sistema establece que las propias entidades estatales investigan disciplinariamente a sus funcionarios a través de oficinas internas especializadas.</p>
<p>El Consejo de Estado ha explicado que las oficinas de control disciplinario interno tienen competencia general para investigar a los servidores de cada entidad.</p>
<p>Sin embargo, el mismo sistema ha sido objeto de cuestionamientos por posibles problemas de independencia e imparcialidad.</p>
<p>La propia jurisprudencia reconoce que la estructura disciplinaria debe garantizar autonomía y doble instancia real.</p>
<p>El problema práctico es evidente, pues cuando se investiga a un funcionario de carrera diplomática o de planta de la Cancillería, quienes adelantan la actuación disciplinaria pertenecen a la misma institución.</p>
<p>En muchos casos son compañeros de carrera; pertenecen al mismo entorno administrativo; responden jerárquicamente a la misma entidad; o incluso forman parte del mismo círculo institucional que realizó los nombramientos.</p>
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<h2>¿Existe verdadera independencia?</h2>
<p>Es la pregunta que resulta inevitable.</p>
<p>Aunque jurídicamente las oficinas de control disciplinario interno poseen autonomía funcional, distintos sectores han cuestionado históricamente si ello basta para garantizar una independencia real.</p>
<p>El propio <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4589">artículo 76 de la Ley 734/2002</a> estableció que la estructura debía preservar la garantía de doble instancia y que, cuando ello no fuera posible, debía intervenir la Procuraduría General de la Nación.</p>
<p>El problema es que, en la práctica, tanto la primera como la segunda instancia suelen mantenerse dentro de la misma entidad.</p>
<p>Es decir, la primera decisión la toma una dependencia de la Cancillería.</p>
<p>La segunda instancia normalmente termina siendo resuelta también dentro del propio Ministerio; y eso alimenta cuestionamientos sobre la percepción de neutralidad institucional.</p>
<h2>Los antecedentes: una discusión vieja dentro del Estado colombiano</h2>
<p>El debate no es nuevo, pues desde hace años existen críticas al modelo de control disciplinario interno en Colombia, especialmente cuando se trata de entidades altamente jerarquizadas o cerradas institucionalmente.</p>
<p>El Consejo de Estado ha advertido incluso que existen situaciones donde la investigación debe salir de la entidad cuando no pueda garantizarse plenamente la imparcialidad o la doble instancia efectiva.</p>
<p>La jurisprudencia también ha señalado que la discrecionalidad administrativa no puede confundirse con arbitrariedad.</p>
<p>La Corte Constitucional, en la Sentencia C-031 de 1995, precisó que, <em>“No debe confundirse lo arbitrario con lo discrecional”.</em></p>
<p>Y agregó que, <em>«el poder discrecional está sometido a límites constitucionales y legales.»</em></p>
<p>Ese aspecto resulta central en el caso del Consulado de Valencia, denunciado por Ricardo Marín Rodríguez, donde justamente uno de los puntos discutidos era si la autonomía administrativa podía justificar restricciones prácticas de acceso al servicio consular.</p>
<h2>¿Por qué este caso genera tanto debate?</h2>
<p>Porque el expediente toca simultáneamente dos temas extremadamente sensibles:</p>
<p>El acceso real de los colombianos en el exterior a los servicios consulares, y la credibilidad del sistema disciplinario interno del Ministerio de Relaciones Exteriores.</p>
<p>La controversia va mucho más allá de una discusión administrativa sobre citas o registros consulares.</p>
<p>Lo que realmente se debate es si un sistema donde funcionarios investigan a sus propios compañeros puede ofrecer suficientes garantías de objetividad cuando las denuncias afectan directamente la imagen institucional de la propia entidad.</p>
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<h2>La segunda instancia: otra vez la misma institución</h2>
<p>Uno de los aspectos más discutidos del modelo disciplinario colombiano aparece precisamente en la segunda instancia.</p>
<p>Aunque formalmente existe doble instancia, esta muchas veces continúa dentro de la misma estructura administrativa.</p>
<p>Eso significa que la revisión del fallo inicial puede terminar nuevamente en manos de funcionarios pertenecientes al mismo Ministerio.</p>
<p>Jurídicamente, ello puede ser legal, pero desde el punto de vista de percepción ciudadana e institucional, el debate sigue abierto.</p>
<p>Especialmente en casos donde existen denuncias públicas, cuestionamientos sobre nombramientos, conflictos institucionales, o afectaciones reputacionales para la propia entidad investigadora.</p>
<h2>El fondo del debate: confianza institucional</h2>
<p>Más allá de cómo termine finalmente este caso en particular, el expediente del Consulado colombiano en Valencia volvió a poner sobre la mesa una discusión que durante años ha acompañado al Estado colombiano:</p>
<p><strong>¿Puede existir verdadera confianza ciudadana cuando las entidades públicas terminan investigándose a sí mismas?</strong></p>
<p>La respuesta jurídica probablemente seguirá siendo objeto de interpretación.</p>
<p>Pero en términos de legitimidad institucional, el debate apenas comienza.</p>
<p>Como lo prometimos al comienzo, les dejamos a continuación los enlaces en los cuales encontrarán todos los detalles de esta historia:</p>
<ul>
<li><a href="https://www.colexret.com/consulados/eliminacion-de-citas-en-consulado-colombiano-resulto-peor-la-cura-que-la-enfermedad/">Eliminación de citas en Consulado colombiano, resultó peor la cura que la enfermedad.</a></li>
<li><a href="https://www.colexret.com/cancilleria/se-avecina-otro-caso-de-impunidad-en-la-cancilleria-colombiana/">¿Se avecina otro caso de impunidad en la Cancillería colombiana?.</a></li>
<li><a href="https://www.colexret.com/consulados/consul-colombiana-denunciada-retrocede-y-tuvo-que-agachar-la-cabeza-ante-sus-errores/">Cónsul colombiana denunciada retrocede, y tuvo que agachar la cabeza ante sus errores.</a></li>
<li><a href="https://www.colexret.com/consulados/consul-colombiana-protegida-del-presidente-petro-lo-hace-quedar-como-un-c/">Cónsul colombiana protegida del Presidente Petro lo hace quedar como un c…</a></li>
<li><a href="https://www.colexret.com/consulados/consulado-colombiano-en-espana-esta-a-punto-de-estallar/">Consulado colombiano en España está a punto de estallar.</a></li>
</ul>
<p>Y aquí puede continuar leyendo <a href="https://www.colexret.com/cancilleria/archivo-investigacion-consulado-colombia-valencia-imparcialidad-cancilleria/">el debate y concepto jurídico del caso del Consulado de Colombia en Valencia &#8211; España, cuando estuvo dirigido por la Sra. Gillian Magmuth Galindo, y cuya investigación acaba de ser archivada.</a></p>


<p>Investigaciones de la Cancillería colombiana parcializadas</p>


Denuncias contra consulados colombianos: ¿Puede haber imparcialidad cuando la Cancillería se investiga a sí misma?

<p><strong>¿El servicio exterior convertido en maquinaria política? El escándalo que golpea a la Cancillería colombiana </strong><strong>Embajadora en Haití y reuniones electorales en España. Un debate jurídico que sacude al Gobierno Petro.</strong></p>
<p>Lee este artículo hasta el final y conoce esta desagradable historia al completo.</p>
<p>La suspensión provisional de la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez Uribe Escándalo en Embajada de Colombia en Haití, decretada por la Procuraduría General de la Nación tras sus declaraciones públicas favorables a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, representa uno de los episodios más delicados de intervención política desde la función diplomática en los últimos años.</p>
<p>El caso no solo afecta la imagen internacional del Gobierno colombiano, sino que revive el debate sobre los límites constitucionales de la participación política de los servidores públicos, especialmente de quienes representan oficialmente al Estado en el exterior.</p>
<p>Sin embargo, el episodio de Haití no aparece de manera aislada. Llega en medio de una creciente controversia sobre el papel de la Cancillería colombiana en asuntos electorales relacionados con las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.</p>
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<h2>¿Qué ocurrió exactamente?</h2>
<p>La controversia se originó después de una entrevista concedida por la embajadora Vilma Velásquez a un medio de comunicación haitiano, en la que habría afirmado públicamente, entre otras cosas, que Iván Cepeda era <em>“un candidato magnífico”</em>, haciendo referencia al proceso electoral colombiano de 2026.</p>
<p>Tras conocerse el contenido de dichas declaraciones, múltiples sectores políticos cuestionaron la aparente intervención en política desde un cargo diplomático. La Procuraduría decidió entonces suspender provisionalmente a la funcionaria hasta la finalización del proceso electoral, medida que podría extenderse hasta una eventual segunda vuelta presidencial.</p>
<p>Incluso el propio Iván Cepeda manifestó públicamente que ningún servidor público debe intervenir en campañas políticas, tomando distancia de lo sucedido y solicitando respeto por las normas constitucionales.</p>
<h2>Un antecedente reciente: las reuniones electorales de la Canciller Yolanda Villavicencio</h2>
<p>El caso de Haití adquirió mayor dimensión política debido a que semanas antes la Procuraduría General ya había abierto una indagación preliminar contra funcionarios de la Cancillería colombiana, entre ellos la Sra. Canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, por presunta participación indebida en política.</p>
<p>Según reveló la <a href="https://www.semana.com/">Revista SEMANA</a>, la investigación se relaciona con una reunión convocada en Madrid por la canciller Yolanda Villavicencio con cónsules colombianos en España, dizque para coordinar asuntos relacionados con las jornadas electorales de marzo, mayo y junio del presente 2026.</p>
<p>La denuncia fue presentada por el exministro de Justicia Wilson Ruiz, quien sostuvo que la organización electoral no corresponde al Gobierno nacional sino a las autoridades electorales independientes, particularmente a la Registraduría Nacional y al Consejo Nacional Electoral.</p>
<p>Aunque la Cancillería fácilmente puede disfrazar eso argumentando funciones logísticas y administrativas frente a los consulados en el exterior, el debate jurídico surgió precisamente porque dichas reuniones fueron interpretadas por sectores políticos y jurídicos como una posible extralimitación funcional en un contexto preelectoral altamente sensible.</p>
<h2>¿Por qué estos antecedentes agravan el caso de Haití?</h2>
<p>Porque comienzan a configurar un patrón político e institucional que genera preocupación sobre el uso del aparato diplomático colombiano en medio de campañas electorales.</p>
<p>Desde una perspectiva jurídica y política, la suma de episodios, reuniones electorales desde Cancillería, investigaciones disciplinarias y posteriormente declaraciones de una embajadora promoviendo a un candidato presidencial alimenta la percepción de una posible ruptura del principio de neutralidad estatal.</p>
<p>Y ese principio constituye uno de los pilares esenciales del sistema democrático.</p>
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<h2>El núcleo jurídico del problema: la Constitución colombiana</h2>
<p>El asunto no es menor ni puede reducirse a una simple opinión personal. En Colombia, la participación en política por parte de servidores públicos tiene límites expresamente establecidos en la Constitución Política y desarrollados ampliamente por normas disciplinarias y jurisprudencia.</p>
<p>El artículo 127 de la Carta Magna establece que, <em>“Los empleados del Estado no podrán tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos ni en las controversias políticas&#8230;”</em></p>
<p>Aunque la norma permite ciertas excepciones para algunos cargos de elección popular, dichas flexibilidades no cobijan a miembros del servicio diplomático, pues una embajadora no representa un gobierno de turno como figura partidista; representa al Estado colombiano en su conjunto. Esa diferencia es fundamental.</p>
<h2>La diplomacia no puede convertirse en plataforma electoral</h2>
<p>El servicio exterior colombiano está regulado, entre otras normas, por el Decreto Ley 274 de 2000 (Servicio Exterior y Carrera Diplomática), el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), la Constitución Política de Colombia, y la innumerable Jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.</p>
<p>Desde el punto de vista institucional, la actuación atribuida a la embajadora genera una afectación especialmente sensible porque compromete la neutralidad del Estado, politiza la representación diplomática.</p>
<p>Además, puede interpretarse internacionalmente como uso de la diplomacia para favorecer campañas electorales. Igualmente, debilita la credibilidad de la política exterior colombiana.</p>
<h2>Posible falta disciplinaria gravísima</h2>
<p>El Código General Disciplinario considera como falta gravísima el utilizar el cargo para participar en política, presionar o influir electoralmente desde funciones públicas. e intervenir indebidamente en controversias políticas.</p>
<p>La Procuraduría, precisamente, fundamentó la suspensión provisional en la necesidad de evitar que continúe una posible conducta incompatible con la imparcialidad estatal durante el proceso electoral.</p>
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<h2>Los antecedentes históricos en Colombia</h2>
<p>El debate sobre participación política de funcionarios públicos no es nuevo, pues durante décadas, Colombia ha enfrentado cuestionamientos recurrentes sobre el uso burocrático del Estado para campañas, la participación de alcaldes y gobernadores en política., las presiones electorales desde entidades públicas, y la utilización de recursos oficiales con fines proselitistas.</p>
<p>Sin embargo, cuando los hechos involucran al servicio diplomático, la gravedad institucional aumenta considerablemente debido a que los embajadores representan internacionalmente la legitimidad del Estado colombiano.</p>
<p>Por ello, históricamente la jurisprudencia colombiana ha exigido especiales deberes de neutralidad, prudencia y objetividad a quienes integran el cuerpo diplomático.</p>
<h2>El precedente político es profundamente delicado</h2>
<p>Más allá de la eventual responsabilidad individual, este episodio expone un problema estructural que Colombia arrastra desde hace décadas: la creciente partidización de cargos diplomáticos.</p>
<p>En teoría, las embajadas deben responder a criterios técnicos, estratégicos y profesionales. Sin embargo, históricamente muchos nombramientos diplomáticos han sido utilizados como cuotas políticas, recompensas burocráticas o espacios de militancia ideológica.</p>
<p>El problema se agrava cuando dichas posiciones son utilizadas para influir en procesos electorales internos.</p>
<p>En una democracia sólida, el aparato estatal no puede confundirse con la campaña de un candidato, incluso si dicho candidato pertenece al sector político del gobierno de turno.</p>
<h2>¿Qué consecuencias puede enfrentar la Embajadora Vilma Velásquez Uribe?</h2>
<p>Dependiendo del avance de la investigación disciplinaria, podrían derivarse varias consecuencias. Veamos:</p>
<p><strong>1. Sanción disciplinaria</strong></p>
<p>La Procuraduría podría imponer suspensión, destitución. e inhabilidad para ejercer cargos públicos.</p>
<p>Todo dependerá de si se acredita la participación indebida en política y el nivel de gravedad de la conducta.</p>
<p><strong>2. Posibles investigaciones adicionales</strong></p>
<p>Aunque inicialmente el proceso es disciplinario, podrían surgir revisiones administrativas internas en Cancillería, investigaciones por eventual uso indebido del cargo, y control político en el Congreso.</p>
<p><strong>3. Impacto diplomático</strong></p>
<p>La Cancillería colombiana podría verse obligada, y de hecho debería hacerlo, a relevar definitivamente a la funcionaria, nombrar un encargado temporal, y emitir información y aclaraciones que hasta el momento no ha hecho.</p>
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<h2>¿Qué pasos deberían seguir ahora las autoridades?</h2>
<p>Desde una perspectiva institucional y democrática, el Estado colombiano debería adoptar varias medidas:</p>
<h3>Apertura de investigación integral</h3>
<p>La Procuraduría debe garantizar el debido proceso, la recolección completa de pruebas, verificar el contexto exacto de las declaraciones, y determinar la intencionalidad política.</p>
<h3>Pronunciamiento de la Cancillería</h3>
<p>El Ministerio de Relaciones Exteriores debería fijar una posición institucional clara sobre la neutralidad diplomática, la conducta esperada de embajadores, y los límites constitucionales de la actividad política.</p>
<h3>Revisión del sistema de nombramientos diplomáticos</h3>
<p>El caso evidencia la necesidad de fortalecer la profesionalización del servicio exterior, carrera diplomática meritocrática, y la reducción de cuotas políticas.</p>
<h3>Fortalecer controles electorales</h3>
<p>El Consejo Nacional Electoral y los órganos de control deben reforzar mecanismos de vigilancia frente al uso político de cargos públicos durante campañas presidenciales.</p>
<h2>Un mensaje peligroso para la democracia</h2>
<p>El mayor riesgo de este episodio no es únicamente jurídico, sino simbólico.</p>
<p>Cuando funcionarios públicos utilizan su investidura institucional para respaldar candidaturas presidenciales, se erosiona la frontera entre Estado y partido político.</p>
<p>Ese límite constituye uno de los pilares esenciales de cualquier democracia moderna.</p>
<p>La neutralidad del Estado no es un formalismo burocrático; es una garantía de igualdad electoral y de legitimidad democrática.</p>
<p>Y cuando las controversias comienzan a involucrar simultáneamente a embajadas, consulados y altos funcionarios de Cancillería, el impacto institucional deja de ser individual para convertirse en un problema estructural del aparato estatal.</p>
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<h2>Iván Cepeda intentó marcar distancia</h2>
<p>Un hecho políticamente relevante fue la reacción del propio Iván Cepeda, quien rechazó públicamente cualquier participación política de servidores públicos en favor de su campaña, e incluso solicitó se investigara a la funcionaria diplomática.</p>
<p>Con esa respuesta al parecer el candidato Cepeda busca evitar afectaciones electorales, desmarcarse institucionalmente, y reducir riesgos de cuestionamientos jurídicos a la campaña.</p>
<p>Sin embargo, el daño político ya estaba hecho.</p>
<h2>¿Puede repetirse un caso similar?</h2>
<p>Sí. Y precisamente allí radica la gravedad estructural del problema.</p>
<p>Mientras continúen existiendo designaciones diplomáticas altamente politizadas, el riesgo de confundir representación estatal con activismo partidista seguirá presente. Eso hacía parte del tal CAMBIO prometido por el actual Presidente Petro, pero llegando a la Presidencia se contagió de la amnesia de sus antecesores y sencillamente volvió hacer lo mismo.</p>
<p>El caso de Haití, sumado a las investigaciones por reuniones electorales desde la Cancillería en España, podría convertirse en precedente disciplinario y electoral para futuras campañas presidenciales en Colombia.</p>
<p>Dicho lo anterior, podemos concluir que la suspensión de la embajadora de Colombia en Haití Vilma Velásquez Uribe no es un hecho anecdótico ni un simple exceso verbal. Constituye un episodio que pone a prueba la solidez institucional del Estado colombiano frente a la neutralidad política de sus funcionarios.</p>
<p>La Constitución colombiana prohíbe claramente que servidores públicos participen en campañas políticas, y esa restricción adquiere aún mayor relevancia cuando se trata de representantes diplomáticos del país.</p>
<p>Pero el caso adquiere una dimensión todavía mayor cuando se conecta con las recientes investigaciones disciplinarias abiertas contra funcionarios de Cancillería por presuntas actuaciones relacionadas con la coordinación electoral desde consulados en España.</p>
<p>La investigación disciplinaria deberá determinar responsabilidades concretas, pero el debate de fondo ya quedó abierto:</p>
<p><strong>¿Hasta qué punto el aparato estatal colombiano ha comenzado a desdibujar la frontera entre gobierno, partido y Estado?</strong></p>
<p>La respuesta que den las instituciones será determinante para la credibilidad democrática del país en pleno proceso electoral presidencial de 2026.</p>


<p>Escándalo en Embajada de Colombia en Haití</p>


Embajadora suspendida, consulados investigados y una Cancillería bajo sospecha electoral,

<p>El 30 de abril de 2025, a través de la Sentencia T-149, la Corte Constitucional se pronunció frente a la demanda interpuesta por Ricardo Marín Rodríguez, creador y director de esta Casa informativa, contra la Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior Carmen Ramírez Boscán.</p>
<p>Para entender mejor esta historia, recomendamos leer hasta el final este artículo y conocer cómo «El bloqueo parcial en redes sociales también es censura y vulnera derechos: Corte Constitucional.</p>
<h2>El caso Ricardo Marín Rodríguez Vs. Congresista Carmen Ramírez Boscán.</h2>
<p>Los motivos de la denuncia interpuesta inicialmente a través de una Acción de tutela, obedecieron a que la referida Congresista bloqueó totalmente de sus espacios en redes sociales al demandante Marín Rodríguez y a la plataforma COLEXRET, vulnerando con ello sus derechos al «Control político». «Acceso a información pública», «Veeduría y control ciudadano», y «Libertad de pensamiento y expresión».</p>
<p>Aparte de declarar la C. Constitucional que efectivamente esos derechos fueron vulnerados por la demandada Congresista Ramírez Boscán, y le ordena desbloquear a Ricardo Marín y a COLEXRET, también trató el tema de la «Violencia de género contra la mujer en política», atribuyéndoselo al denunciante Marín Rodríguez.</p>
<p>Sobre ese tema, la Alta corporación señaló que Marín utilizó términos o expresiones que generaban tal acción, y por ello le concedió a Carmen Ramírez la oportunidad de que ese bloqueo fuera «parcial», es decir, que el denunciante podía ver lo que ella publicaba en sus espacios, pero no podía participar ni interactuar sobre ello.</p>
<p>COLEXRET con su director Ricardo Marín Rodríguez al frente, en varias publicaciones cuyo enlace adjuntaremos al finalizar, nos hemos pronunciado al máximo detalle sobre todo el contenido de la Sentencia T-149/2025, desglosando cada uno de los derechos vulnerados por la Congresista Ramírez Boscán, e incluso tratando en profundidad el caso de «Violencia de género contra la mujer en política».</p>
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<h2>Falsas aseveraciones.</h2>
<p>Por su parte, la vulneradora de derechos a la «Libertad de expresión», «Control político», «Participación ciudadana», y «Acceso a la información pública, (lo dijo la Corte), la Representante Carmen Ramírez Boscán,  solo se ha dedicado en foros, reuniones públicas y privadas, e incluso en el Congreso, a hacer ver al denunciante como maltratador de mujeres, extendiendo malevamente el caso exclusivo de ella al resto de las mujeres.</p>
<p>Además lo utilizó como «Caballito de batalla» en la pasada contienda electoral donde fue bien y justamente derrotada en las urnas y tendrá que dejar el cargo de Congresista el próximo 20 de julio.</p>
<p>«El pretender hacer ver a Ricardo Marín Rodríguez como un maltratador de mujeres, es una gran falsedad, pues nada tiene que ver la «Violencia de género en política», léanlo bien por favor, ¡en política», con el maltratar a las mujeres, algo que ni Marín Rodríguez ni COLEXRET han hecho jamás.</p>
<p>Llevada al parecer por un sentimiento de odio y venganza, dado el férreo control político que Ricardo Marín Rodríguez le ha hecho desde su posesión como Congresista por la Circunscripción Internacional, más el certero golpe judicial que le propinó a través de la decisión de la Corte Constitucional, la Congresista Ramírez, pregona que el mencionado es un «violentador de mujeres».</p>
<p>Esa es una aseveración igualmente falsa, ya que el máximo ente judicial colombiano, hizo referencia exclusiva a los hechos presentados entre «Marín Rodríguez y Ramírez Boscán».</p>
<p>La Corte en ningún momento dijo en el fallo que Ricardo Marín Rodríguez ni COLEXRET eran «maltratadores de mujeres».  Y cuando habló sobre la «Violencia de género contra la mujer en política», se refirió fue al caso explícito acaecido entre ellos dos.</p>
<p>Reiteramos, la Corte Constitucional Colombiana, únicamente estableció «Violencia de género contra la mujer en política», por parte de Ricardo Marín Rodríguez, en el caso de Carmen Ramírez Boscán, y exclusivamente por utilizar en sus escritos términos y expresiones que a pesar de hacer parte del argot popular, y establecidas en la Real Academia de la Lengua Española «RAE», generan eso, «violencia de género en política».</p>
<p>Lo que no se le ha visto ni escuchado a la Sra. Congresista Carmen Ramírez Boscán, es pronunciarse acerca del fallo de la Corte en su contra. No ha tenido el valor de dar la cara y reconocer que SI vulneró derechos fundamentales y constitucionales.</p>
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<h2>Erróneas interpretaciones de la Sentencia T-149 de 2025.</h2>
<p>El caso sucedido y que ya es jurisprudencia, viene siendo interpretado erróneamente por algunos funcionarios, entre ellos Congresistas, ejerciendo un bloqueo, si no total, si parcial en sus perfiles de redes sociales contra algunos ciudadanos, lo cual contraviene lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-149 de 2025, entre otras anteriores. Veamos:</p>
<p>En el ecosistema digital de hoy, el botón de «bloquear» o la restricción de comentarios se han convertido en el refugio de muchos funcionarios públicos para silenciar la crítica. Sin embargo, la Sentencia T-149 de 2025 de la Corte Constitucional colombiana ha trazado una línea roja:</p>
<p><strong>«La censura digital, ya sea mediante un bloqueo total o un bloqueo parcial, es, por regla general, inconstitucional».</strong></p>
<h2>El mito del bloqueo parcial como «punto medio»</h2>
<p>Muchos legisladores y gobernantes creen que, mientras el ciudadano pueda «ver» sus publicaciones, restringirle la capacidad de comentar, etiquetar o interactuar (bloqueo parcial) es una facultad legítima, pero la jurisprudencia ha dicho lo contrario.</p>
<p>La Corte Constitucional ha dejado claro que la interacción es la esencia del foro público. En la Sentencia T-124 de 2021, el tribunal ya advertía que:</p>
<p><em>«La libertad de expresión en el entorno digital no se agota con la posibilidad de recibir información, sino que incluye el derecho a participar activamente en el debate que se genera en torno a ella.</em></p>
<p><em>Por lo tanto, impedir que un ciudadano responda o cuestione una publicación oficial mediante restricciones técnicas (bloqueo parcial) es una fragmentación del derecho fundamental que la Constitución no permite de forma arbitraria».</em></p>
<h2>¿Por qué el bloqueo parcial también es inconstitucional?</h2>
<p>El bloqueo parcial es inconstitucional porque constituye una «restricción selectiva del discurso». De acuerdo con el análisis minucioso de la Sentencia T-149 de 2025, cuando un funcionario limita la interacción de un usuario específico, está creando una discriminación en el acceso al debate público.</p>
<p>La Corte señala que:</p>
<p><em>«El bloqueo de usuarios de redes sociales por parte de servidores públicos que utilizan estas plataformas para informar sobre su gestión vulnera los derechos a la libertad de expresión, acceso a información pública y participación política».</em></p>
<p>Esta vulneración ocurre incluso si es parcial, porque el ciudadano queda en una situación de inferioridad frente al resto de la audiencia, perdiendo su capacidad de ejercer el control político en tiempo real, una característica vital de la democracia digital.</p>
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<h2>La Sentencia T-149 de 2025: Un caso excepcional, no un cheque en blanco</h2>
<p>Como lo manifestamos al comienzo, y que es imperativo aclarar, es el punto que los funcionarios están queriendo malinterpretar: el bloqueo parcial autorizado a la congresista Carmen Ramírez Boscán contra el ciudadano Ricardo Marín Rodríguez. En dicho fallo, la Corte permitió una restricción técnica exclusivamente porque se probaron acciones que desbordaron el debate público.</p>
<p>Sin embargo, la Corte fue enfática en que el bloqueo no puede ser la norma. Literalmente, la sentencia advierte:</p>
<p><em>«El bloqueo total constituye una medida de restricción permanente, sin límite y excesiva».</em></p>
<p>Y añade un estándar riguroso para cualquier tipo de limitación: el juicio estricto de proporcionalidad. Esto significa que, si un funcionario desea bloquear parcial o totalmente a un ciudadano, no basta con que se sienta «ofendido» o «incómodo». Debe existir una prueba irrefutable de un daño o agresión que supere el «deber de mayor tolerancia» al que están obligados por ley. Sin esa prueba, cualquier restricción es un acto de censura.</p>
<h2>Jurisprudencia literal: El sustento de tu derecho</h2>
<p>Para que ningún gobernante pueda engañarte, aquí están los apartes literales de los fallos que protegen tu voz:</p>
<h3>Sobre la función pública de la cuenta (Sentencia T-155 de 2019):</h3>
<p><em>«Cuando un servidor público utiliza una red social para asuntos relacionados con su cargo, la cuenta pierde su carácter estrictamente privado y se convierte en un canal de información pública que debe estar abierto al escrutinio ciudadano».</em></p>
<h3>Sobre la prohibición de censura previa (Sentencia T-149 de 2025):</h3>
<p><em>«Mantener una medida de bloqueo se configura como un mecanismo de censura previa, en la medida en la que se imposibilita cualquier tipo de interacción a futuro sobre asuntos que tienen protección constitucional».</em></p>
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<h3>Sobre el control político (Sentencia T-124 de 2021):</h3>
<p><em>«El bloqueo en redes sociales de un funcionario público impide el ejercicio de la veeduría ciudadana y el control político, elementos esenciales del Estado Social de Derecho».</em></p>
<p>En conclusión, <strong>el bloqueo parcial no es una «atenuación» de la censura; es censura aplicada a cuentagotas. </strong></p>
<p>La Sentencia T-149 de 2025 es una herramienta de empoderamiento, pues nos dice que el funcionario debe convivir con el disenso.</p>
<p>Si te han bloqueado la capacidad de comentar o interactuar bajo la excusa de este fallo, recuerda: la excepción aplicada en el caso Ramírez Boscán fue por hechos probados de incidentes delicados personales y no autoriza a los demás políticos a silenciar las críticas legítimas sobre su gestión.</p>
<p>Las redes sociales de los gobernantes son plazas públicas. Nadie tiene derecho a ponerle un bozal digital a tu derecho a cuestionar el poder.</p>
<p>Muy pronto conocerán un nuevo fallo sobre este tema, gracias a una nueva denuncia, a través de tutela, que presentó Ricardo Marín Rodríguez, contra un Congresista que sin haberse posesionado en el cargo, ya comienza a dar muestras de que seguirá el camino de su antecesora a partir del 20 de julio de 2026, Carmen Ramírez Boscán.</p>
<p>Pero COLEXRET, al igual que lo ha hecho con los anteriores cuatro (4) Representantes a la Cámara que han tenido los colombianos en el exterior desde el 2010, en cabeza de nuestro director Ricardo Marín Rodríguez, seguirá ejerciendo control político permanente ante el Congresista por la Circunscripción Internacional, sea quien sea.</p>
<p>Si deseas conocer más al detalle esta interesante historia en favor de tus derechos y de la democracia, te invitamos a ingresar al siguiente enlace donde encontrarás todas las publicaciones lanzadas sobre el tema.</p>
<h3 style="text-align: center;"><a href="https://www.colexret.com/temas/sentencia-t-149-2025/">Publicaciones relacionadas con la Sentencia T-149<br />
del 30 de abril de 2025.</a></h3>


<p>Bloqueo en Redes sociales y la Corte Constitucional Colombiana.</p>


El bloqueo parcial en redes sociales también es censura y vulnera derechos: Corte Constitucional

<p><strong>La Corte Suprema de Justicia avala la acusación por prevaricato y abre una nueva etapa judicial en uno de los contratos más controvertidos de la política exterior colombiana reciente.</strong></p>
<p>La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia reconoció formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores como víctima dentro del proceso penal que se adelanta contra el Excanciller Álvaro Leyva Durán por presuntas irregularidades en la licitación del contrato de pasaportes en el año 2023.</p>
<p>Lee hasta el final y conoce al detalle cómo <strong>«El caso pasaportes se convierte en juicio penal: Cancillería víctima del Excanciller Álvaro Leyva»</strong>. Decisión judicial que constituye un hito procesal relevante, no solo por sus implicaciones penales, sino por el reconocimiento institucional de que las actuaciones del entonces jefe de la diplomacia colombiana pudieron afectar directamente la imagen, credibilidad y funcionamiento de la Cancillería, así como la confianza ciudadana en la gestión pública.</p>
<p>Con esta determinación, el proceso entra formalmente en etapa de juicio, en la cual la Corte deberá establecer si el exministro incurrió en el delito de prevaricato por acción, uno de los tipos penales más graves dentro del derecho administrativo sancionador y penal colombiano.</p>
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<h2>Un proceso que trasciende lo penal: la Cancillería como víctima institucional</h2>
<p>El reconocimiento de la Cancillería como víctima implica que el Estado, a través de la entidad afectada, podrá intervenir activamente en el proceso penal, solicitar pruebas, participar en audiencias y reclamar eventuales reparaciones por los daños ocasionados.</p>
<p>Para la Corte Suprema, los hechos investigados no se limitan a una decisión administrativa discutible, sino que podrían haber comprometido la legitimidad institucional del Ministerio, especialmente en un área estratégica como la expedición de pasaportes y visas.</p>
<p>Este precedente es significativo porque reconoce el impacto institucional de decisiones administrativas ilegales, refuerza la responsabilidad penal de los altos funcionarios, establece una línea jurisprudencial sobre daño reputacional al Estado y amplía el concepto de víctima en procesos contra funcionarios públicos</p>
<h2>El origen del caso: la licitación del contrato de pasaportes de 2023.</h2>
<p>El proceso judicial se remonta a la decisión adoptada por el entonces Canciller ALvaro Leyva Durán, en septiembre de 2023, cuando declaró desierta una licitación pública destinada a garantizar la prestación de servicios relacionados con personalización de libretas de pasaporte, custodia y distribución de documentos, y la impresión de etiquetas de visas colombianas.</p>
<p>El contrato tenía un carácter estratégico, pues se trataba de un servicio esencial para la seguridad documental, la movilidad internacional y el funcionamiento consular.</p>
<p>Según la acusación, el Comité Evaluador concluyó que la propuesta presentada por la «Unión Temporal Pasaportes 2023» cumplía con todos los requisitos técnicos y obtuvo el mayor puntaje, por lo que recomendó su adjudicación.</p>
<p>Sin embargo, el 13 de septiembre de 2023, el entonces Canciller Leyva expidió la Resolución 7485, mediante la cual declaró desierta la licitación, argumentando posibles afectaciones a los principios de libre concurrencia e igualdad.</p>
<p>Un día después, ratificó la decisión mediante la Resolución 7540, declarando la urgencia manifiesta en el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores mediante la Resolución 7541. De acuerdo con la Fiscalía, estas decisiones se adoptaron sin fundamento jurídico suficiente.</p>
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<h2>El delito imputado: prevaricato por acción.</h2>
<p>El Excanciller fue acusado por el delito de prevaricato por acción. Este delito se configura cuando un servidor público profiere una decisión contraria a la ley de manera consciente y deliberada. Sus elementos jurídicos principales son:</p>
<ul>
<li>Existencia de un acto administrativo.</li>
<li>Violación manifiesta de la ley.</li>
<li>Conocimiento de la ilegalidad, y,</li>
<li>Voluntad de emitir la decisión</li>
</ul>
<p>En el caso presente, la Fiscalía sostiene que existía un oferente habilitado, que se habían agotado todas las etapas del proceso, que no existía fundamento legal para declarar desierta la licitación y que la urgencia manifiesta no cumplía los requisitos legales</p>
<p>Si se demuestra la conducta, las consecuencias pueden incluir pena privativa de la libertad, inhabilidad para ejercer cargos públicos, y/o responsabilidad disciplinaria y patrimonial.</p>
<h2>Sanción disciplinaria previa: destitución e inhabilidad por diez años.</h2>
<p>Como recordarán, antes del proceso penal, el Excanciller Leyva Durán ya había sido sancionado por la Procuraduría General de la Nación, que le impuso destitución del cargo e inhabilidad para ejercer funciones públicas por diez años.</p>
<p>La sanción disciplinaria se basó en los mismos hechos relacionados con la declaratoria de desierto del proceso licitatorio y la posterior declaratoria de urgencia manifiesta. Sin embargo, es importante destacar que la responsabilidad disciplinaria no sustituye la responsabilidad penal, y que por ello, el proceso judicial continúa de manera independiente ante la Corte Suprema.</p>
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<h2>Implicaciones institucionales y políticas del caso.</h2>
<p>El caso pasaportes se ha convertido en uno de los episodios más relevantes de la administración pública reciente en Colombia, debido a su impacto en la contratación estatal, a política exterior, la seguridad documental, y la confianza en las instituciones.</p>
<p>También ha generado cuestionamientos sobre la discrecionalidad administrativa de los ministros, el uso de la urgencia manifiesta en contratación pública, la responsabilidad penal de altos funcionarios y la estabilidad del servicio consular.</p>
<p>Para millones de colombianos dentro y fuera del país, el funcionamiento del sistema de pasaportes no es un asunto técnico, sino un servicio esencial para poder viajar, trabajar, regularizar su situación migratoria y acceder a servicios consulares, entre otras.</p>
<h2>El proceso entra en fase de juicio.</h2>
<p>Con el aval de la acusación por parte de la Corte Suprema, el caso entra ahora en una etapa determinante:<br />
El juicio penal,</p>
<p>En esta fase se practicarán pruebas, se escucharán testigos, se evaluarán documentos y decisiones administrativas y se determinará la responsabilidad penal.</p>
<p>El fallo final podrá absolver al acusado, condenarlo penalmente, y/o establecer responsabilidades patrimoniales.</p>
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<h2>Un precedente para la responsabilidad penal de ministros.</h2>
<p>El proceso contra el Excanciller se inscribe en una tendencia creciente en Colombia, la judicialización de decisiones administrativas de alto nivel cuando estas afectan el interés público.</p>
<p>Este caso podría convertirse en un precedente sobre responsabilidad penal en contratación estatal,,límites de la discrecionalidad administrativa, protección institucional del Estado, y control judicial sobre decisiones ministeriales.</p>
<p>En concepto de COLEXRET, El reconocimiento de la Cancillería como víctima por parte de la Corte Suprema no es un simple formalismo procesal. Es una señal institucional de que las decisiones administrativas adoptadas por los más altos funcionarios del Estado pueden generar daños reales a las entidades públicas y a la confianza ciudadana.</p>
<p>Más allá del resultado judicial, el caso pasaportes refleja una tensión estructural entre poder administrativo y legalidad, entre discrecionalidad y control, y entre decisiones políticas y responsabilidad jurídica.</p>
<p>El juicio que ahora comienza no solo evaluará la conducta de un exministro, sino que pondrá a prueba los mecanismos de control del Estado frente a decisiones que afectan servicios esenciales para millones de ciudadanos, especialmente aquellos que dependen del sistema consular en el exterior.</p>
<h2>Peguntas que rondan en el ambiente.</h2>
<ul>
<li>En verdad la Cancillería es la víctima, o un escenario donde se perpetúan delitos?</li>
<li>Está recibiendo ÁLvaro Leyva Durán, una cucharada de su propia medicina?</li>
<li>Si la Cancillería es victima del Excanciller Álvaro Leyva Durán, éste no es víctima del gobierno Petro?</li>
<li>Está pagando Álvaro Leyva Durán el enfrentarse al Presidente Gustavo Petro?</li>
<li>Qué podrá pasar con los Cancilleres posteriores a Leyva que igualmente están envueltos en el caso de los pasaportes?</li>
<li>Está Álvaro Leyva Durán metido en este problema por seguir en su momento instrucciones del Sr. Presidente Gustavo Petro?</li>
<li>Encontrará la Corte Suprema más responsables?</li>
<li>Tiene alguna responsabilidad el Presidente Gustavo Petro?</li>
</ul>
<p>Este caso nos lleva al convencimiento de que, «El mejor juez de nuestras actuaciones es el tiempo», o no, Sr. Excanciller Álvaro Leyva Durán?</p>


<p>Cancillería y Alvaro Leyva Durán, Corte Suprema de Justicia.</p>


El caso pasaportes se convierte en juicio penal: Cancillería víctima del Excanciller Álvaro Leyva

<p><strong>El casi que asegurado traslado del Consulado de Colombia en Madrid a una nueva sede en el exclusivo sector de Salamanca implicaría un aumento sustancial en los costos de funcionamiento, nuevos gastos iniciales y la pérdida de inversiones recientes en adecuación. </strong></p>
<p><strong>La situación genera interrogantes sobre la racionalidad financiera, la aplicación del principio de austeridad del gasto público y las prioridades institucionales en un contexto de críticas persistentes por fallas en el servicio consular.</strong></p>
<p>Cuando terminen de leer este artículo, conocerán con lujo de detalles <strong>«El gasto millonario en el nuevo traslado del Consulado colombiano en Madrid».</strong></p>
<p>En nuestro anterior artículo les contamos que, <a href="https://www.colexret.com/consulados/consulado-colombia-madrid-nuevo-traslado-lagasca88-tutela-inventarios/">«Más de 2.000 millones de pesos costaría nuevo traslado del Consulado colombiano en Madrid»;</a> y hoy continuamos ofreciendo información oficial que los llevará a conocer las millonarias diferencias que se pagarán mensualmente en esa ya casi que segura nueva Sede consular (C/Lagasca 88), comparando con el costo actual de lo que paga donde se encuentra ahora (C/de los Madrazo 8).</p>
<h2>Cambio de sede del Consulado de Colombia en Madrid un capricho del Cónsul Higuera.</h2>
<p>A pesar de los costos, para algunos es justificable el nuevo traslado del Consulado de Colombia en Madrid, porque estaría supuestamente en un lugar mejor, aunque aún no se conocen públicamente las instalaciones, y habrá que confiar en el gusto y criterio del Sr. Cónsul Javier Darío Higuera Ángel, que de seguro no será malo, pues se está autocomplaciendo en uno de sus caprichitos casi que impuestos a la Cancillería desde que se posesionó en ese cargo.</p>
<p>El edificio donde se instalaría nuevamente el Consulado cuenta con siete (7) plantas, y a este le corresponderá la séptima&#8230;¡el penthouse!. Un elegante penthouse a donde subirán diariamente 500 usuarios o más.</p>
<p>Vean las siguientes imágenes tomadas a la entrada de la actual sede de dicha Oficina consular, e imagínense esa multitud, y más, subiendo y acomodándose en las nuevas instalaciones en un séptimo piso.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-11076 alignleft" src="https://cdn.colexret.com/2026/04/filas-en-el-consulado-de-madrid.png" alt="" width="247" height="441" /><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-11075 alignright" src="https://cdn.colexret.com/2026/04/D0m6D2vl-filas-en-el-consulado-de-madrid.jpg" alt="" width="325" height="429" /></p>
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<p>Cuenta con parqueadero y entrada privada, con eso nadie puede ver ni saber en qué momento llega o se va el Sr. Cónsul Higuera. Algo que siempre ha deseado él, pues con eso se evita la rechifla que le han hecho y le podrían seguir haciendo los usuarios cuando lo ven llegar en flamante «limosina», y el Consulado cada día peor en el servicio.</p>
<p>Ah, uno de los otros dos caprichitos del mencionado funcionario Higuera, cuando apenas llevaba quince (15) días de posesionado, fue el de cambiar el automóvil de su uso oficial, mediante falsos argumentos que están siendo objeto de investigación por parte de la Contraloría y Procuraduría, <a href="https://www.colexret.com/cancilleria/consul-y-funcionarios-de-cancilleria-denunciados-ante-la-contraloria-y-procuraduria/">como lo pueden ver en este enlace.</a></p>
<p>Ese ya fue cubierto, pues lo consiguió con la venia de la Sra. Canciller Yolanda Villavicencio Mapy, y al parecer con otros funcionarios en el interior de la Cancillería, quienes le autorizaron la compra de uno nuevo de alta gama valorado en casi TRECIENTOS MILLONES ($300.000.000) de pesos <a href="https://www.colexret.com/temas/venta-vehiculos-de-consulados/">(Ver historial completo aquí).</a></p>
<p>El otro gran capricho que tiene en mira el Sr. Cónsul Javier Higuera Ángel es el cambiar la residencia actual donde reside, y en donde han residido los 3 anteriores Cónsules, y extraoficialmente se conocen serios movimientos al respecto.</p>
<p>Nada de eso beneficia realmente a los ciudadanos. Beneficia al Sr. Cónsul Higuera Ángel.</p>
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<h2>Un traslado que podría duplicar costos y reabrir el debate sobre el gasto público.</h2>
<p><strong>El posible cambio a una sede más costosa y exclusiva plantea dudas sobre la coherencia del gasto público, la planeación administrativa y las prioridades en la atención al ciudadano.</strong></p>
<p>La más que casi segura reubicación del Consulado de Colombia en Madrid en el exclusivo sector madrileño de Salamanca (C/Lagasca 88), reconocido por ser un barrio exclusivo para acaudalados millonarios en la capital española, continúa generando controversia.</p>
<p>No solo por el monto estimado del traslado -que superaría los 2.000 millones de pesos colombianos-, <a href="https://www.colexret.com/consulados/consulado-colombia-madrid-nuevo-traslado-lagasca88-tutela-inventarios/">tal y como lo detallamos aquí</a>, sino por las diferencias sustanciales en los costos mensuales y los gastos iniciales asociados a la nueva sede propuesta en la calle Lagasca 88, en comparación con el inmueble actual ubicado en la calle de los Madrazo 8.</p>
<p>Nuestras investigaciones, con base primordialmente en información oficial conocida hasta ahora, revela un incremento significativo en el valor del alquiler mensual, así como en otros costos asociados al funcionamiento administrativo y logístico del consulado.</p>
<p>Esos datos han llevado a analistas, usuarios y observadores institucionales a cuestionar la coherencia financiera y la planificación estratégica de esta decisión.</p>
<p>Más allá de la discusión sobre la ubicación física, el debate se ha desplazado hacia un terreno más estructural: <strong>la racionalidad del gasto público en el servicio exterior colombiano y la priorización de recursos en un sistema consular que enfrenta críticas constantes por deficiencias operativas.</strong></p>
<h2>La diferencia económica: un salto sustancial en gastos mensuales y costos iniciales.</h2>
<p>Los datos comparativos permiten dimensionar el impacto financiero del eventual traslado.</p>
<p>El alquiler mensual pasaría de aproximadamente 30.500€ (Todo incluido) en la sede actual a 45.000 euros en la nueva ubicación, sin incluir en esta última costos adicionales de administración, vigilancia, servicios y parqueaderos, que podrían elevar el gasto mensual total en varios miles de euros, y que nosotros calculamos podría llegar a un costo mensual de unos 60.000€.</p>
<p>Reiteramos que es información oficial y comprobable, al igual que toda la suministrada en nuestras publicaciones.</p>
<p>Así mismo, el nuevo traslado implicaría un depósito de garantía cercano a 94.000 euros, una cifra considerablemente superior al esquema actual, donde el respaldo se realiza mediante un aval bancario por aproximadamente 300 euros mensuales.</p>
<p>A ello se suman gastos por una sola vez, como, comisión inmobiliaria más del doble de la actual, costos de mudanza, posibles adecuaciones del nuevo inmueble, y pérdida de inversiones recientes en la sede vigente Este punto es particularmente relevante desde el punto de vista de la gestión pública.</p>
<p>Hace poco más de un año se invirtieron aproximadamente 200.000€ en la adecuación y traslado a la sede actual, con base en un contrato que preveía una permanencia mínima de cinco años. <strong>Si el traslado se concreta antes de ese plazo, esa inversión se convertiría, en términos contables y administrativos, en un gasto sin amortización.</strong></p>
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<h2>Planeación institucional y coherencia administrativa: el núcleo del cuestionamiento.</h2>
<p>Desde la perspectiva de la gestión pública, uno de los aspectos más sensibles del caso es la aparente contradicción entre la inversión reciente en infraestructura y la posibilidad de un nuevo traslado en un plazo relativamente corto.</p>
<p>En la administración pública, la planeación de infraestructura institucional suele basarse en criterios de estabilidad operativa, eficiencia financiera, previsión de costos, y sostenibilidad del servicio.</p>
<p><strong>Un traslado prematuro puede interpretarse como una señal de deficiencias en la planificación inicial o como un cambio de prioridades que no fue anticipado adecuadamente.</strong></p>
<p>Este escenario plantea preguntas relevantes sobre la evaluación técnica previa a la inversión inicial, la duración real prevista para el uso del inmueble, la responsabilidad administrativa en la toma de decisiones, y la austeridad del gasto público, un criterio aplicado de manera desigual.</p>
<h3>Uno de los elementos que más ha llamado la atención en este proceso es la diferencia de criterios utilizados en otros consulados colombianos en España.</h3>
<p>En el caso del Consulado de Colombia en Barcelona, conocido igualmente por información oficial sustentada, una solicitud de cambio de sede fue rechazada porque los costos de adecuación no se ajustaban a los lineamientos de austeridad del gasto público.</p>
<p>De igual manera, el Consulado en Valencia presentó una solicitud preliminar de evaluación de traslado que, hasta la fecha, no ha recibido una respuesta favorable.</p>
<p>Sin embargo, en el caso del Consulado en Madrid, el proceso parece avanzar en una dirección distinta, lo que ha generado percepciones de trato diferenciado entre misiones consulares, falta de uniformidad en la aplicación de políticas de austeridad, y decisiones basadas en criterios no transparentes.</p>
<h2>La coherencia en la aplicación de las normas financieras es un principio fundamental para la legitimidad institucional.</h2>
<h3>El debate de fondo: infraestructura versus calidad del servicio consular.</h3>
<p>El análisis de este caso no puede limitarse al costo del inmueble. El verdadero debate gira en torno a la asignación de recursos en un sistema consular que enfrenta problemas recurrentes en áreas críticas, como:</p>
<ul>
<li>Tiempos de espera prolongados,</li>
<li>Fallas en el sistema de citas,</li>
<li>Escasez de personal,</li>
<li>Congestión en la atención al público, y</li>
<li>limitaciones tecnológicas.</li>
</ul>
<p>En ese contexto, la pregunta central es:</p>
<p><strong>¿Debe priorizarse la inversión en infraestructura física o en la mejora del servicio al ciudadano?</strong></p>
<p>Desde una perspectiva de política pública, la eficiencia del gasto se mide por el impacto en la calidad del servicio, no por el nivel de sofisticación de las instalaciones.</p>
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<h2>Transparencia y rendición de cuentas: requisitos indispensables en decisiones de alto costo.</h2>
<p>La eventual decisión de trasladar el consulado también plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia en la administración del servicio exterior.</p>
<p>En particular, la opinión pública y los usuarios esperan información clara sobre los criterios técnicos que justifican el traslado, los estudios de costo-beneficio, la duración prevista del nuevo contrato, el impacto presupuestal a mediano y largo plazo, y por supuesto las alternativas evaluadas antes de tomar la decisión.</p>
<p><strong>La transparencia no es solo un requisito legal, sino un elemento esencial para la confianza institucional.</strong></p>
<h2>Un traslado que ya prácticamente está aprobado, genera interrogantes.</h2>
<p>El Ministerio de Relaciones Exteriores ha señalado oficialmente que el proceso se encuentra en una etapa preliminar y que no existe una aprobación formal del traslado ni una fecha definida para su ejecución, pero así mismo indica que, los gastos que hemos señalado anteriormente, ya están aprobados.</p>
<p>No obstante, la información disponible sugiere que la posibilidad del cambio de sede es real y que su impacto financiero sería significativo.</p>
<p>En este contexto, los interrogantes planteados por usuarios y observadores institucionales adquieren relevancia legítima:</p>
<ul>
<li>¿Se justifica realizar un nuevo traslado después de una inversión reciente en adecuación?</li>
<li>¿Cuál es el beneficio concreto para los ciudadanos?</li>
<li>¿Se evaluaron alternativas menos costosas?</li>
<li>¿Se aplicaron los mismos criterios de austeridad que en otros consulados?</li>
<li>¿Cuál será el impacto presupuestal acumulado en los próximos años?</li>
</ul>
<h2>El ciudadano como eje de la política consular.</h2>
<p>El elemento central en cualquier decisión administrativa del servicio exterior debe ser el ciudadano.</p>
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<h2>Los consulados no son edificios; son instituciones de servicio público.</h2>
<p>La legitimidad de cualquier inversión en infraestructura consular depende de su capacidad para mejorar la accesibilidad, la eficiencia, la calidad de la atención, y la confianza institucional.</p>
<p>Cuando los costos aumentan sin que exista una mejora visible en el servicio, el debate deja de ser financiero y se convierte en un asunto de gobernanza pública.</p>
<p style="text-align: left;"> Sr. Embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila Navarrete, ¿Tiene conocimiento el Sr. Presidente Gustavo Petro, de estos aconteceres?</p>


<p>Nueva sede Consulado de Colombia en Madrid</p>


El gasto millonario con el nuevo traslado del Consulado colombiano en Madrid

<p><strong>Dos mudanzas en menos de dos años, costos acumulados superando los dos mil millones de pesos y ausencia de información pública completa reabren el debate sobre la planeación, eficiencia del gasto y responsabilidad fiscal en la gestión de inmuebles consulares en el exterior.</strong></p>
<p>Luego de reuniones con juristas y expertos en el tema, hemos preparado este concepto relacionado con el <strong>«Debate jurídico por nuevo traslado de la sede del Consulado colombiano en Madrid».</strong></p>
<p>El eventual traslado de la sede del Consulado de Colombia en Madrid desde la Calle Los Madrazo 8 hacia la Calle Lagasca 88, en un periodo inferior a dos años desde su última reubicación, ha generado cuestionamientos legítimos desde el punto de vista jurídico, administrativo y fiscal.</p>
<h2>¿Por qué requiere tanta relevancia esta situación?</h2>
<p>Entre otros aspectos porque:</p>
<ul>
<li>Existen costos directos significativos.</li>
<li>No se ha informado públicamente la causa concreta del nuevo traslado.</li>
<li>Se trata de recursos públicos en el exterior.</li>
<li>Se repiten gastos asociados a arrendamiento y mudanza.</li>
</ul>
<p>En este contexto, surge una pregunta central:</p>
<p><strong>¿Puede un segundo traslado en corto tiempo constituir un detrimento patrimonial para el Estado colombiano?</strong></p>
<p>La respuesta jurídica es que si, y potencialmente. Pero depende de la existencia de tres elementos jurídicos.</p>
<ul>
<li>Marco jurídico aplicable:</li>
</ul>
<p>El principal, los principios constitucionales de la función administrativa contemplados en el artículo 209 de nuestra Constitución Política de 1991, en el sentido que la función administrativa debe desarrollarse bajo los principios de planeación, economía, eficiencia, transparencia, responsabilidad y Publicidad.</p>
<p>Estos principios no son orientativos, son obligatorios.</p>
<ul>
<li>Responsabilidad fiscal:</li>
</ul>
<p>La Ley 610 de 2000 define que existe responsabilidad fiscal cuando concurre daño al patrimonio público, conducta dolosa o culposa, o relación causal.</p>
<p>Esto significa que no basta con que exista gasto; debe existir gasto innecesario, injustificado o mal planificado.</p>
<ul>
<li>Gestión de bienes públicos en el exterior:</li>
</ul>
<p>La Resolución 5992 de 2025, emanada desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, establece que el cambio de sede consular debe sustentarse en:</p>
<ul>
<li>Estudio técnico.</li>
<li>Estudio financiero.</li>
<li>Evaluación de viabilidad.</li>
<li>Autorización del Comité de Inmuebles</li>
</ul>
<p>Por lo tanto, el traslado de una sede consular no es discrecional, es un acto reglado.</p>
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<h2>Hechos relevantes desde la perspectiva jurídica.</h2>
<p>Del análisis del caso se identifican cinco hechos jurídicamente relevantes:</p>
<ul>
<li>El consulado fue trasladado recientemente.</li>
<li>Se evalúa un nuevo traslado en menos de dos años.</li>
<li>Existen costos económicos significativos.</li>
<li>No se ha informado públicamente el motivo concreto.</li>
<li>Se trata de recursos públicos del Estado colombiano</li>
</ul>
<p>Estos hechos constituyen un escenario típico de riesgo de responsabilidad fiscal por deficiente planeación.</p>
<h2>Análisis jurídico del posible detrimento patrimonial.</h2>
<p><strong>1.</strong> Qué es detrimento patrimonial?</p>
<p>El detrimento patrimonial es la pérdida, daño o uso ineficiente de recursos públicos. No requiere corrupción, puede existir simplemente por improvisación, mala planeación y decisiones ineficientes.</p>
<p><strong>2.</strong> Elementos jurídicos del detrimento patrimonial:</p>
<p>Para que exista detrimento patrimonial deben cumplirse tres condiciones:</p>
<p><strong>A.</strong> Existencia de daño económico.</p>
<p>En este caso, el daño potencial puede derivarse de pago de comisiones inmobiliarias repetidas, costos de mudanza reiterados, adecuaciones locativas innecesarias, y arrendamientos ineficientes; como en el caso tratado, mudarse dos veces en corto tiempo por falta de planificación.</p>
<p><strong>B.</strong> Conducta culposa o negligente.</p>
<p>Esta posición se puede configurarse si no se evaluó adecuadamente el inmueble anterior, no se realizó estudio técnico suficiente, o por autorización de un traslado sin planeación adecuada</p>
<p>No necesariamente debe existir mala fe, pues solo basta negligencia administrativa.</p>
<p><strong>C.</strong> Relación causal.</p>
<p>Para encajar aquí, debe demostrarse que el gasto se produjo por una mala decisión administrativa.</p>
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<h2>Análisis económico preliminar del caso.</h2>
<p>Costos estimados del eventual traslado</p>
<ul>
<li>Canon mensual: 47.000 euros.</li>
<li>Depósito: 94.000 euros.</li>
<li>Comisión inmobiliaria: 56.870 euros.</li>
<li>Mudanza: 10.000 euros.</li>
</ul>
<p>Total estimado: 207.870 euros. Aproximadamente OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES ($893.000.000) de pesos colombianos.</p>
<p>Más $500.000.000 por posible desembolso para pagar bufet de abogados que se encargue de disolver el contrato de alquiler evitando las millonarias clausulas que se tendrían que pagar por incumplimiento contractual.</p>
<p>Y se sumarían $800.000.000 que costó la adecuación de la actual sede consular en la C/de los Madrazo 8.</p>
<p>Todo lo anterior sumado nos da una suma de DOS MIL CIEN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL ($2.100.841.000) PESOS aproximadamente.</p>
<h2>Riesgo jurídico relevante.</h2>
<p>Siendo el anterior traslado de la sede tan reciente, los siguientes gastos pueden convertirse en gastos ineficientes o innecesario, especialmente en lo referente a comisiones inmobiliarias repetidas, mudanzas reiteradas y adecuaciones duplicadas.</p>
<h2>Escenarios jurídicos posibles:</h2>
<p><strong>Escenario 1</strong> &#8211; No existe detrimento patrimonial si se demuestra fehacientemente y con pruebas que:</p>
<ul>
<li>El inmueble anterior era inseguro.</li>
<li>El contrato terminó anticipadamente.</li>
<li>El inmueble resultó insuficiente.</li>
<li>Existió estudio técnico previo.</li>
</ul>
<p>En este caso el traslado sería legal.</p>
<p><strong>Escenario 2</strong> &#8211; Existe riesgo de detrimento patrimonial si se demuestra:</p>
<ul>
<li>Falta de planeación.</li>
<li>Evaluación deficiente del inmueble anterior.</li>
<li>Costos evitables.</li>
<li>Improvisación administrativa</li>
</ul>
<p>Este es el escenario más probable cuando se producen mudanzas repetidas en corto tiempo.</p>
<p><strong>Escenario 3</strong> &#8211; Existe detrimento patrimonial si se demuestra:</p>
<ul>
<li>Gasto innecesario.</li>
<li>Decisión negligente.</li>
<li>Pérdida de recursos públicos</li>
</ul>
<p>En este caso puede existir responsabilidad fiscal.</p>
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<h2>Responsables potenciales desde el punto de vista jurídico.</h2>
<p>No necesariamente el cónsul. La responsabilidad suele recaer en:</p>
<ul>
<li>Responsables del gaso.</li>
<li>Ordenador del gasto.</li>
<li>Comité de Asuntos de Inmuebles en el Exterior.</li>
<li>Dirección Administrativa y Financiera.</li>
<li>Funcionarios que aprobaron el traslado.</li>
</ul>
<p>Eso depende de quien tomó la decisión.</p>
<h2>Indicadores de alerta fiscal.</h2>
<p>Desde la perspectiva de control fiscal, existen señales de alerta claras como, el traslado reciente seguido de otro traslado, gastos reiterados en mudanzas, comisiones inmobiliarias repetidas, falta de justificación pública, ausencia de planeación visible, y costos significativos</p>
<p>Estos indicadores no prueban irregularidad pero justifican auditoría.</p>
<h2>Derechos de los ciudadanos y control social.</h2>
<p>Los ciudadanos tienen derecho a conocer costos del traslado, contratos de arrendamiento, estudios técnicos, justificación administrativa, e inventarios de bienes.</p>
<p>Esto se fundamenta en la Ley 1712 de 2014 y 1755 de 2015.</p>
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<h2>Conclusión jurídica:</h2>
<p>Desde una perspectiva técnica y objetiva, el eventual segundo traslado del Consulado de Colombia en Madrid en un periodo inferior a dos años constituye un escenario jurídicamente relevante que puede generar:</p>
<ul>
<li>Riesgo de detrimento patrimonial.</li>
<li>Riesgo de responsabilidad fiscal.</li>
<li>Riesgo de responsabilidad disciplinaria.</li>
<li>Riesgo de ineficiencia administrativa.</li>
</ul>
<p>No implica automáticamente irregularidad pero sí justifica control fiscal.</p>
<p>Desde el punto de vista jurídico y periodístico, y aunque en COLEXRET conocemos algunas de las respuestas a los siguientes interrogantes, resulta razonable que sea la Cancillería colombiana que los responda públicamente:</p>
<ul>
<li>¿Cuál fue el motivo técnico del primer traslado?</li>
<li>¿Cuál es el motivo técnico para el segundo traslado?</li>
<li>¿Por qué se evalúa un nuevo traslado en tan corto tiempo?</li>
<li>¿Cuánto costó el traslado anterior?</li>
<li>¿Quién autorizó el nuevo traslado?</li>
<li>¿Existe estudio técnico completo de los dos traslados?</li>
<li>¿Cuánto costará en total el nuevo traslado?</li>
</ul>
<p>Estas preguntas constituyen ejercicio legítimo de control ciudadano, y la institucionalidad está en la obligación de dar explicaciones.</p>


<p>Concepto jurídico nuevo traslado Consulado de Colombia en Madrid</p>


Debate jurídico por nuevo traslado de la sede del Consulado colombiano en Madrid

<p><strong>Los hechos reafirman lo que se predijo desde un comienzo: el Ministerio de Relaciones exteriores, con relación a la Política Exterior colombiana, en especial lo relacionado con los colombianos en el exterior, y la labor consular, definitivamente le quedó grande a la Sra. Canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, quizá más de lo que ha sido para anteriores jefes de esa Cartera ministerial. </strong>Vean por qué?</p>
<p>Si bien son muchas las publicaciones que hemos dado a conocer acerca del funcionamiento y contrataciones de Funcionarios y trabajadores en los diferentes Consulados colombianos en el mundo <a href="https://www.colexret.com/buscar/?s=contrataciones+en+consulados">(Ver aquí)</a>, hoy actualizamos los acontecimientos y el análisis sobre las últimas denuncias ciudadanas acerca del tema, en especial lo que respecta a las sedes consulares de Colombia en España.</p>
<p>Para entender mejor lo que está sucediendo frente a lo descrito en nuestro titular, <strong>«Denuncias sacuden la red consular de Colombia en España cuestionando legalidad en nombramientos</strong>, le sugerimos leer hasta el final este artículo.</p>
<h2>Posibles irregularidades en nombramientos y despidos de trabajadores en Consulados.</h2>
<p>En el marco de una serie de reestructuraciones administrativas recientes, han surgido nuevas denuncias y cuestionamientos sobre presuntas irregularidades en los nombramientos de personal en los consulados de Colombia en el exterior, particularmente en España, con especial atención al Consulado de Colombia en Madrid.</p>
<p><a href="https://www.colexret.com/consulados/despidos-improcedentes-y-vulneracion-de-derechos-a-trabajadores-en-consulado-colombiano/">Información previamente publicada por este medio</a> y otras denuncias recogidas por diversos portales informativos, entre diciembre y enero se habrían producido múltiples despidos de auxiliares administrativos en distintas sedes consulares colombianas alrededor del mundo. Estas decisiones, de acuerdo con las versiones conocidas, habrían generado preocupación entre sectores de la comunidad consular y observadores de la política exterior.</p>
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<h2>Despidos y presunta reconfiguración de personal consular.</h2>
<p>De acuerdo con las denuncias, dichos despidos habrían sido seguidos por la incorporación de nuevo personal, lo que algunos sectores interpretan como una posible reconfiguración política de las plantas consulares.</p>
<p>En particular, se señala que en consulados de España y especialmente en Madrid, se habrían realizado nombramientos de personas cercanas a la actual dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que ha generado cuestionamientos sobre los criterios de selección utilizados.</p>
<p>Asimismo, se ha mencionado que algunos de los nuevos funcionarios tendrían vínculos ideológico-políticos con partidos de izquierda en España, como PSOE, Izquierda Unida o Podemos, lo que ha sido objeto de debate en círculos críticos con la gestión actual.</p>
<h2>Cuestionamientos sobre nacionalidad y marco jurídico internacional.</h2>
<p>Uno de los puntos más sensibles de las denuncias se refiere a la presunta vinculación laboral de personas con doble nacionalidad colombo-española en funciones consulares dentro de territorio español, refiriéndonos a funcionarios, no a trabajadores.</p>
<p>Algunos críticos argumentan que esta situación podría entrar en tensión con la interpretación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en lo relativo a la acreditación de funcionarios consulares en el país receptor.</p>
<p>Según estas versiones, el hecho de que personas con nacionalidad española ejerzan funciones consulares en España podría generar dificultades en materia de acreditación diplomática y reconocimiento de inmunidades, lo que, de confirmarse, supondría un escenario complejo tanto para la administración colombiana como para las autoridades españolas.</p>
<p>Sin embargo, este punto permanece en el terreno de la interpretación jurídica y no ha sido objeto de confirmación oficial pública por parte de los gobiernos involucrados.</p>
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<h2>Presunta advertencia diplomática no confirmada públicamente.</h2>
<p>Algunas versiones señalan que existirían comunicaciones por canales diplomáticos entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y la Embajada de Colombia en relación con estos nombramientos.</p>
<p>No obstante, hasta el momento no se han publicado confirmaciones oficiales al respecto, y se mantiene la discreción habitual en este tipo de asuntos entre Estados con relaciones diplomáticas activas.</p>
<h2>Condiciones contractuales y observaciones administrativas.</h2>
<p>De acuerdo con documentos administrativos citados en las denuncias, en algunos casos, como se observa en las resoluciones de nombramientos, y que pueden ver en los siguientes enlaces de la Cancillería colombiana, se incluyen disposiciones según las cuales los funcionarios no tendrían derecho a viáticos ni pasajes aéreos, dado que ya residirían en el país de destino.</p>
<p><a href="https://www.cancilleria.gov.co/actos-administrativos-nombramiento-2026">https://www.cancilleria.gov.co/actos-administrativos-nombramiento-2026</a><br />
<a href="https://www.cancilleria.gov.co/actos-administrativos-nombramiento-2025">https://www.cancilleria.gov.co/actos-administrativos-nombramiento-2025</a></p>
<p>Estos documentos han sido citados como parte del debate sobre la naturaleza de las vinculaciones y sus implicaciones presupuestales.</p>
<h2>Debate abierto y falta de pronunciamiento oficial detallado.</h2>
<p>Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento amplio y detallado por parte de la Cancillería de Colombia que aborde de manera integral todas las inquietudes planteadas en estas denuncias.</p>
<p>Las versiones existentes circulan principalmente en medios digitales, espacios de opinión y publicaciones especializadas en temas consulares y migratorios, lo que mantiene el debate abierto y en desarrollo.</p>
<p>Desafortunadamente, en las reuniones celebradas en el Consulado colombiano en Madrid, en especial aquellas donde ha hecho presencia la Canciller Yolanda Villavicencio Mapy, solo se ha invitado a Organizaciones y ciudadanos afines a la corriente política de la mencionada Ministra, y pues, no se puede esperar que estos interroguen o cuestionen a esta funcionaria por los hechos que hemos venido denunciando.</p>
<p>Algunos de esos exclusivos invitados no solo les interesa mostrar su lealtad con la afinidad política de la Canciller Villavicencio, sino que tienen ciertos intereses económicos disfrazados de acciones sociales presentadas a través de Proyectos ante la Cancillería colombiana, más exactamente a «Colombia Nos Une». O no?</p>
<p>Esos invitados especiales, junto con algunos funcionarios de Cancillería y Consulados, con mentalidad maleva están intentando desprestigiar a esta Casa informativa y a nuestro director Ricardo Marín Rodríguez, diciendo que nosotros «desinformamos», que decimos «mentiras»; pero cuando se les pregunta a qué tipo de desinformación y mentiras se refieren, no saben dar razón.</p>
<p>Por lo visto es una estrategia trasnochada para callarnos, pero no les está funcionando, pues día a día este portal crece en visitas y lecturas a nuestras publicaciones, liderando como desde hace algunos años, la web dentro de su categoría más visitada por los colombianos en el mundo.</p>
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<h2>Mientras el Estado colombiano siga ocultando información y documentos públicos a los ciudadanos, difícilmente podrá debatirse públicamente la verdadera verdad con mayor claridad.</h2>
<p>Las denuncias sobre presuntas irregularidades en nombramientos consulares, posibles conflictos normativos internacionales y cuestionamientos a procedimientos laborales continúan generando controversia en torno a la gestión consular colombiana reciente.</p>
<p>Mientras no existan aclaraciones oficiales exhaustivas o decisiones de organismos de control, el tema seguirá siendo objeto de análisis, interpretación y debate en el ámbito político, jurídico y diplomático. Y mientras el Estado colombiano siga ocultando información y documentos públicos a los ciudadanos, difícilmente podrá debatirse la verdadera verdad con mayor claridad.</p>
<h3><a href="https://www.colexret.com/consulados/traslado-consulado-colombia-madrid-riesgo-detrimento-patrimonial-costos-millonarios/">Continúa leyendo aquí, «Debate jurídico por nuevo traslado de la sede del Consulado colombiano en Madrid».</a></h3>


<p>Denuncias sacuden la red consular de Colombia en España.</p>


Denuncias sacuden la red consular de Colombia en España cuestionando legalidad en nombramientos

<p>Una denuncia cuyos datos del autor reservamos a petición suya por razones de seguridad, pero que para esta Casa informativa no se trata de una fuente anónima, puesto que conocemos de quien se trata y con quien tenemos contacto directo, fue dirigida a manera de petición al Consulado de Colombia en Madrid, y en formato denuncia remitida a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación.</p>
<p>Si leen hasta el final podrán conocer el contenido de esta <strong>«Denuncia por presunto gasto millonario para volver a cambiar de sede el Consulado en Madrid».</strong></p>
<p>Esa nueva <a href="https://www.colexret.com/cancilleria/consul-y-funcionarios-de-cancilleria-denunciados-ante-la-contraloria-y-procuraduria/">denuncia es una más de las originadas contra el Sr. Javier Darío Higuera Ángel</a>, Cónsul colombiano en la capital española, que ha generado inquietud institucional al señalar presuntas irregularidades administrativas, posibles decisiones con impacto fiscal y riesgos de afectación al servicio consular.</p>
<p>Importante adicionar que estos hechos hacen parte de los que COLEXRET viene denunciando desde el momento en que el Cónsul Rodrigo Pinzón Navarro entregó el Consulado al entrante Javier Higuera Ángel, y cuya investigación se ha venido truncando por las evasivas respuestas que sobre el tema han ofrecido tanto el mencionado Cónsul, como la Cancillería, aduciendo, entre otras, reserva en la información y la documentación.</p>
<p>Gran parte de esa historia la pueden conocer en nuestra publicación del 03 de abril de 2025, bajo el titular <a href="https://www.colexret.com/consulados/consulado-de-colombia-en-madrid-la-verdadera-historia-sobre-el-traslado-a-una-nueva-sede/">«Consulado de Colombia en Madrid: La verdadera historia sobre el traslado a una nueva sede».</a></p>
<h2>Señalamientos sobre gestión y decisiones administrativas en el Consulado colombiano en Madrid.</h2>
<p>En el centro de la denuncia se encuentran varias decisiones adoptadas desde la llegada en abril de 2025 del funcionario Higuera Ángel, las cuales, según el peticionario, habrían generado impactos operativos y financieros en la sede consular.</p>
<p>Se advierte una presunta falta de gestión en la consolidación del proyecto conocido como “Pabellón Colombia”, así como una posible omisión en medidas necesarias para su funcionamiento adecuado.</p>
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<h2>Millonarios recursos públicos bajo cuestionamiento.</h2>
<p>Uno de los puntos más sensibles de la denuncia se refiere a la supuesta destinación de más de QUINIENTOS MILONES ($500.000.000) de pesos para la contratación de una firma de abogados, con el fin de dar por terminado el contrato de arrendamiento de la sede ubicada en la Calle Madrazo 8 en Madrid, donde funciona desde hace tan solo catorce (14) meses, y cuyo contrato de alquiler está por cinco (5) años.</p>
<p>Adicionalmente, se cuestiona la adquisición de equipos como aires acondicionados y calentadores portátiles, cuya utilidad es puesta en duda dentro del contexto de la nueva infraestructura consular.</p>
<p>La puesta en marcha del ascensor del Consulado, e instalación del aire acondicionado no ha sido posible por, entre otras razones, falta de presupuesto para ello.</p>
<p>Mientras tanto, el Sr. Cónsul Higuera Ángel, en complicidad con la Sra. Canciller Yolanda Villavicencio Mapy, y posible vinculación de otros funcionarios en el interior de la Cancillería, malgastan el dinero del Erario en la compra innecesaria de automóviles de alta gama, situación está que está siendo objeto de investigación por parte de la Contraloría y Procuraduría colombiana, <a href="https://www.colexret.com/cancilleria/consul-y-funcionarios-de-cancilleria-denunciados-ante-la-contraloria-y-procuraduria/">tal y como lo pueden apreciar aquí.</a></p>
<h2>Traslado de sede y posibles impactos operativos.</h2>
<p>La denuncia también señala la decisión de trasladar la sede consular a la Calle Lagasca 88 en Madrid, inmueble que, según el documento, presentaría restricciones de acceso como torniquetes y controles de seguridad que podrían dificultar la atención al público.</p>
<p>Este cambio se considera problemático debido a la alta demanda de servicios consulares por parte de la comunidad colombiana residente en España.</p>
<p>Asimismo, se advierte un posible detrimento patrimonial asociado tanto a las inversiones realizadas en la sede de la Calle de los Madrazos 8 como al incremento del canon de arrendamiento del nuevo inmueble.</p>
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<h2>Posible vulneración de reglas fiscales y legales.</h2>
<p>Otro de los elementos planteados en la denuncia es la eventual ejecución de estas decisiones durante la vigencia de la denominada Ley de Garantías, lo que exigiría, según el denunciante, un mayor rigor en la justificación administrativa y jurídica de las actuaciones.</p>
<h2>Peticiones a las autoridades.</h2>
<p>A fin de garantizar mayor información oficial, se le han planteado al Consulado colombiano en Madrid, entre otros puntos:</p>
<ul>
<li>Informes detallados sobre la gestión del “Pabellón Colombia”.</li>
<li>Copia de estudios técnicos, jurídicos, financieros y de mercado.</li>
<li>Justificación de la terminación del contrato en Madrazo 8.</li>
<li>Soporte de la contratación de la firma de abogados.</li>
<li>Análisis de la compra de equipos y del traslado de sede.</li>
<li>Evaluación del impacto en la comunidad colombiana en Madrid.</li>
<li>Intervención de la Procuraduría y la Contraloría.</li>
<li>Medidas cautelares para suspender el traslado mientras se investiga.</li>
</ul>
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<h2>Llamado a la transparencia.</h2>
<p>Las actuaciones denunciadas deben ser objeto de verificación inmediata por parte de los organismos de control, en defensa del patrimonio público y la correcta prestación del servicio consular.</p>
<p>En caso de confirmarse irregularidades, el denunciante solicita la adopción de medidas disciplinarias, fiscales y administrativas correspondientes.</p>
<p>Esta denuncia pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la gestión de recursos públicos en el exterior y la necesidad de garantizar transparencia en las decisiones administrativas que afectan a la comunidad colombiana fuera del país.</p>
<h3><a href="https://www.colexret.com/consulados/consulado-colombia-madrid-nuevo-traslado-lagasca88-tutela-inventarios/">Continúa conociendo aquí, cómo «Más de 2.000 millones de pesos costaría nuevo traslado del Consulado colombiano en Madrid».</a></h3>


Denuncia por presunto gasto millonario para volver a cambiar de sede el Consulado en Madrid

<p><strong>Del convenio interadministrativo a la subcontratación privada: cómo un proyecto tecnológico de la Cancillería terminó bajo la lupa de los organismos de control?</strong></p>
<p>Si terminas de leer este artículo hasta el final conocerás los detalles del <strong>«Contrato de Cancillería por 10.000 millones de pesos que terminó en manos de empresa recién creada».</strong></p>
<h2>Con tan solo cuatro días de creada, la Cancillería le concede a una empresa contrato millonario.</h2>
<p>El 3 de octubre de 2024 se registró en la Cámara de Comercio de Bogotá una microempresa de consultoría informática de nombre «TrustID AI SAS», cuya actividad es la de servicios tecnológicos, con trayectoria e historial contractual inexistente.</p>
<p>Cuatro días después, el 7 de octubre de 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores tramitó internamente un convenio interadministrativo para modernizar sus sistemas de información.</p>
<p>Ese Convenio Interadministrativo identificado con el No. 536/2024 fue suscrito mediante contratación directa, sin licitación pública ni convocatoria abierta, por un valor total de DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL ($10.364.200.000) pesos.</p>
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<h2>Objeto del Convenio Interadministrativo 536 de 2024.</h2>
<p>El principal y único objetivo era el de <em>«Actualizar y mejorar los sistemas de información del Ministerio, con el propósito de optimizar los trámites internos y externos de la entidad».</em></p>
<p>Hasta ese punto, el proceso podía considerarse formalmente legal, pero lo que ocurrió después fue lo que encendió las alarmas.</p>
<h2>Un modelo de contratación que evita la competencia.</h2>
<p>El mecanismo utilizado no fue nuevo ni excepcional, pues el Estado contrató a una entidad interadministrativa, la que a su vez actuó bajo reglas privadas. Y bajo esas reglas privadas, se seleccionó al ejecutor real del proyecto que fue «Red Cómputo» y «TrustID AI SAS»</p>
<p>El contrato entre la entidad interadministrativa y la unión temporal se firmó el 5 de diciembre de 2024, para lo que se asignó un monto de OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES ($8.195.000.000) de pesos, equivalente al 79% del contrato original., interviniendo una de las mencionadas empresas, con tan solo sesenta y tres (63) días de creada.</p>
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<h2>Tecnología sensible en manos de una empresa sin trayectoria.</h2>
<p>El proyecto no era menor. Se trataba de sistemas informáticos asociados a trámites institucionales, plataformas tecnológicas y procesos internos del Ministerio, entre los cuales tenemos los siguientes:</p>
<ul>
<li>Trámites administrativos.</li>
<li>Procesos documentales.</li>
<li>Interoperabilidad institucional.</li>
<li>Servicios al ciudadano</li>
</ul>
<p>Aunque la Cancillería ha aclarado que el contrato no tenía relación directa con la expedición de pasaportes, sí estaba orientado a la actualización de sus sistemas de información y servicios tecnológicos; entre los que se encuentra el sistema o software «SITAC» &#8211; Servicio Integral de Trámites y Atención al Ciudadano.</p>
<p>Y ese detalle es muy relevante, porque en la práctica, la estabilidad tecnológica del Ministerio depende de esos sistemas.</p>
<h2>El problema no fue el contrato, fue su ejecución.</h2>
<p>Con el paso de los meses, los resultados prometidos no llegaron, los plazos se ampliaron, las entregas se retrasaron, y los sistemas no funcionaron como se esperaba.</p>
<p>Según denuncias públicas, el cronograma inicial preveía que las mejoras tecnológicas estuvieran listas antes del 31 de diciembre de 2024, pero el proyecto acumuló retrasos y solicitudes de prórroga.</p>
<p>Incluso se realizaron pagos parciales antes de la finalización de las obligaciones contractuales, lo que generó cuestionamientos sobre la supervisión y el control administrativo. La situación terminó por escalar institucionalmente.</p>
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<h2>La decisión fue terminar el contrato.</h2>
<p>En 2025, la Cancillería tomó una decisión que confirmó la gravedad del problema, no prorrogó el contrato, no extendió el plazo, como tampoco continuó el proyecto y lo terminó.</p>
<p>La entidad inició un proceso sancionatorio por posible incumplimiento contractual y puso en conocimiento de la Contraloría General de la República posibles irregularidades detectadas durante la ejecución.</p>
<p>Además, ordenó una revisión integral del expediente contractual para determinar responsabilidades administrativas y eventuales sanciones económicas.</p>
<h2>Esto dijo la Cancillería colombiana.</h2>
<p><a href="https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/ministerio-relaciones-exteriores-aclara-acciones-realizadas-ejecucion-contrato">Vean aquí</a> cómo el 16 de enero del presente 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores lanza un comunicado tratando sobre las acciones realizadas dentro de la ejecución del contrato de suministro No. 536 del 2024, suscrito entre el Fondo Rotatorio y la entidad descentralizada indirecta &#8211; ALDESARROLLO, y sus resultados.</p>
<h2>¿Se perdió el dinero público?</h2>
<p>Creemos que no necesariamente, pero tampoco puede afirmarse que el riesgo haya sido inexistente, pues según la Cancillería solo se desembolsó el 30% del valor total del contrato, y que el proceso sancionatorio sigue en curso evaluando la aplicación de la cláusula penal pecuniaria.</p>
<p>Eso significa que el Estado aún puede recuperar recursos, pero también indica que el proyecto no se ejecutó plenamente y que el sistema que debía modernizar la infraestructura tecnológica del Ministerio no cumplió sus objetivos.</p>
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<h2>Pregunta aún sin respuesta.</h2>
<p>Han pasado meses desde la terminación del contrato, se anunció investigación, se remitieron informes, se activaron procesos administrativos, pero públicamente, el resultado concreto aún no es claro. Hasta ahora no hay:</p>
<ul>
<li>Fallos disciplinarios conocidos.</li>
<li>Responsabilidades fiscales definidas.</li>
<li>Sanciones penales anunciadas.</li>
<li>Recuperación total de recursos confirmada</li>
</ul>
<p>Lo que sí existe es un expediente en curso, y una duda institucional que sigue abierta.</p>
<h2>El patrón estructural: legal, pero cuestionable</h2>
<p>El caso no se reduce a una empresa, ni a un contrato, ni a un funcionario. El verdadero debate es estructural, puesto que el modelo utilizado permite, entre otras:</p>
<ul>
<li>Contratación directa.</li>
<li>Subcontratación privada.</li>
<li>Selección sin competencia abierta.</li>
<li>Delegación de responsabilidad operativa</li>
</ul>
<p>Todo dentro de la legalidad formal, pero no necesariamente dentro de la lógica de transparencia efectiva.</p>
<h2>Dimensión política y administrativa.</h2>
<p>Este contrato se firmó en un contexto de presión institucional por modernizar los sistemas tecnológicos de la Cancillería.</p>
<p>Una presión real porque los problemas tecnológicos venían de años atrás; e incluso informes y denuncias previas, entre ellas la de COLEXRET, habían advertido que el software institucional estaba desactualizado y con limitaciones operativas; o sea el tal «SITAC».</p>
<p>La modernización era necesaria, lo que falló fue el proceso.</p>
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<h2>Este caso no es simplemente una irregularidad administrativa.</h2>
<p>Es un ejemplo de cómo la arquitectura de la contratación pública puede permitir decisiones formalmente legales que terminan generando riesgos institucionales.</p>
<p>Aquí no se trata únicamente de una empresa nueva, de un contrato millonario o una subcontratación cuestionable, sino de algo más profundo:</p>
<h2>La distancia entre la legalidad procedimental y la responsabilidad pública.</h2>
<p>Porque cuando un contrato termina en investigación, cuando un proyecto tecnológico fracasa,<br />
cuando el Estado debe revisar su propio expediente, la pregunta no es si el proceso fue legal, sino si fue responsable.</p>
<p>Y esa respuesta, todavía, no ha llegado.</p>
<p>Lo que si sigue llegando es el inconformismo ciudadano, especialmente en el exterior, por el mal funcionamiento del tal «SITAC» que es el que permite el agendamiento de las citas para cualquier trámite consular.</p>
<p>Un ejemplo de cómo los ciudadanos deben pagar los platos rotos que rompen nuestras instituciones.  Y lo más triste es que aún con estas noticias hay ciudadanos que critican de forma maleva a COLEXRET por ejercer control político, veeduría ciudadana, denunciar e informar públicamente estas, similares y peores actuaciones.</p>
<h3><a href="https://www.colexret.com/cancilleria/embajada-colombia-brasil-vehiculo-oficial-destruido-uso-no-autorizado/">Ingresa aquí y conoce la historia de «El Chef que destruyó vehículo oficial de la Embajada de Colombia en Brasil».</a></h3>


<p>Cancillería colombiana bajo la lupa por contrato millonario.</p>


Contrato de Cancillería por 10.000 millones de pesos que terminó en manos de empresa recién creada.

<p><a href="https://www.colexret.com/politica/jla-verdad-sobre-el-supuesto-complot-contra-beto-coral-curul-internacional-2026/">En artículo anterior visible aquí,</a> titulado, <strong>«La verdad sobre el «complot» contra Beto Coral excandidato a la Cámara por el exterior»</strong>, dejamos las siguientes inquietudes e interrogantes que contestaremos en este.</p>
<ul>
<li>Pruebas contundentes presentadas por Beto Coral, donde desmonta las denuncias presentadas en su contra.</li>
<li>¿Quiénes son los supuestos integrantes de este presunto complot?</li>
<li>¿Denunció Beto Coral estos hechos ante alguna autoridad judicial?</li>
<li>Resumen y de opinión de COLEXRET sobre este caso.</li>
</ul>
<h2>Beto Coral desbarata complot en su contra y revela pruebas que lo exoneran de acusaciones.</h2>
<p>Una vez tres (3) mujeres denunciaron por diferentes supuestos hechos delictivos a Beto Coral, excandidato a la Cámara por los colombianos en el exterior, en las elecciones al Congreso de 2022 y en las recién pasadas del presente 2026, tal y como lo describimos en la publicación inicialmente mencionada, y con el fin de dar por terminado públicamente este impase, el afectado recopiló contundentes pruebas que en nuestro concepto desmontan todo el presunto complot que se tejió contra él.</p>
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<h2>Retractación de la Senadora María Fernanda Cabal.</h2>
<p>Cuando Beto Coral denunció a la Senadora María Fernanda Cabal, por las difamaciones en su contra, la justicia le halló la razón obligando a la Congresista a retractarse tal y como lo pueden ver en la siguiente imagen:</p>
<figure id="attachment_10973" class="figure-caption aligncenter" style="max-width: 100%;"><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-10973" src="https://cdn.colexret.com/2026/03/maria-fernanda-cabal-se-retracta-536x600.jpeg" alt="" width="293" height="327" srcset="https://cdn.colexret.com/2026/03/maria-fernanda-cabal-se-retracta-536x600.jpeg 536w, https://cdn.colexret.com/2026/03/maria-fernanda-cabal-se-retracta-1073x1200.jpeg 1073w, https://cdn.colexret.com/2026/03/maria-fernanda-cabal-se-retracta-768x859.jpeg 768w, https://cdn.colexret.com/2026/03/maria-fernanda-cabal-se-retracta.jpeg 1290w" sizes="auto, (max-width: 293px) 100vw, 293px" /><figcaption class="figure-caption-text">María Fernanda Cabal se retracta.</figcaption></figure>
<h3>Recibos de pago que refutan la supuesta estafa.</h3>
<p>Con relación a la supuesta estafa que pusieron en conocimiento las denunciantes, Beto Coral muestra las pruebas a través de recibos, donde comprueba que todo el dinero y demás facilitado por estas de forma voluntaria, fue devuelto en su totalidad. <a href="https://1drv.ms/f/c/b570c4d8d5d7047f/IgBEJ2NJ8AaDQb8FxYSK_fkdAZ7FvYkbRERmjdIT9ZXOWBI?e=Po8aW2">(Aquí pueden ver las pruebas).</a></p>
<h3>Videos y audios que contradicen las acusaciones.</h3>
<p>Así mismo, <a href="https://1drv.ms/f/c/b570c4d8d5d7047f/IgANcpzDWY9uTIxUoUHBxL9qAeYuOAmTzIsNQSigtHvypTE?e=mGCm3s">ingresando aquí podrán observar y escuchar vídeos y audios de conversaciones de Beto Coral con las denunciantes</a>, en donde ellas mismas aseguran no haber sido estafadas ni maltratadas de ninguna forma por el mencionado afectado; y muchos menos que haya sido el causante de un aborto de una de ellas.</p>
<p>Para mayor claridad, y que refuerza la versión de Beto Coral sobre su inocencia ante las denuncias publicadas, en el siguiente video pueden escuchar con sus propias palabras la versión de todo este asunto.</p>
<p><iframe loading="lazy" title="LAS PRUEBAS DE LAS MENTIRAS. NO MÁS CHANTAJES | Beto Coral" width="750" height="422" src="https://www.youtube.com/embed/vUCexLOG8T4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Con todo lo anterior, y luego de haber hablado directamente con Franklin Humberto Coral Garrido (Beto Coral), salvo que en el futuro pudieran aparecer pruebas que establezcan lo contrario, y que no creemos existan, COLEXRET reitera que del minucioso análisis efectuado al caso, se trata de un probable complot contra el mencionado, a fin de acabar con su carrera política.</p>
<p>Si bien es casi imposible probar el autor intelectual de ese supuesto complot, en lo que si hay certeza es que las denunciantes, ante las pruebas aportadas por Beto Coral, tendrán que retractarse de lo dicho, salvo que la justicia las obligue a ello, pues el susodicho va a continuar por las vías legales con este asunto.</p>
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<h2>Resumen y opinión del caso.</h2>
<p><strong>1°.</strong> Desde la Campaña electoral de 2022 para elegir Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, hasta la recién pasada contienda para el mismo fin, tres (3) mujeres se han pronunciado públicamente acerca de algunos supuestos actos delictivos llevados a cabo por el excandidato a esa Corporación Franklin Humberto Coral Garrido -Beto Coral-.</p>
<p>Esas denuncias hacen referencia a una presunta estafa, engaño, violencia de género, y hasta la supuesta presión de Beto Coral para que una de las denunciantes se realizara un aborto.</p>
<p><strong>2°.</strong> Ninguna de las acusaciones perpetradas contra Beto Coral se sustentan en prueba alguna que pueda confirmar las mismas.</p>
<p><strong>3°.</strong> Por su parte, el realmente afectado, y puesto en «la picota pública», Beto Coral, si ha presentado públicamente las pruebas que desmienten una a una las acusaciones de las cuales ha sido víctima.</p>
<p><strong>4°.</strong> Beto Coral pondrá en conocimiento de las autoridades respectivas el caso, puesto que está convencido que con las actuaciones de las denunciantes, se ha vulnerado su derecho al buen nombre, imagen, credibilidad e intimidad.</p>
<h2>¿Quiénes estarían detrás del presunto complot contra Beto Coral?</h2>
<p>Dicho esto, escuchando y analizando varias versiones sobre el por qué se desencadenaron estos hechos, preciso en las dos (2) contiendas electorales del 2022 y de 2026, la verdad es que en COLEXRET, como en la mayoría de ciudadanos que conozcan del caso, apreciamos algo así como una especie de trama, complot y/o «persecución política», a fin de que el Sr. Franklin Humberto Coral Garrido no pueda participar en ningún cargo de elección democrática y popular.</p>
<p>Lo que no está nada claro es, de donde viene ese «complot», «trama» o «persecución política»?, pues son varias las hipótesis que se cobijan, y que describiremos a continuación para que nuestros lectores saquen también su propio análisis:</p>
<h3>¿Es responsable Pablo Bohórquez por permitir ese tipo de denuncias en su Medio de comunicación (Canal en Youtube)?</h3>
<p>Si nos atenemos a lo que señala Bohórquez, al parecer todo fue casualidad, y no estamos tan seguros de que haya sido él quien orquestó esta «trama».</p>
<p>Sin embargo, versiones del mismo Beto Coral y profundizando más en el asunto, se deja entrever algo de intención «maleva», pero no logra entenderse el por qué, si con esa acción no ayudaba en lo absoluto a su candidato Gener Usuga, quien iba en la misma lista que Beto, sino por el contrario, podría causarle un perjuicio.</p>
<p>Pablo Bohórquez apoyó electoralmente a Gener Usuga el No. 401 en la lista del Frente Amplio, de la que también hacía parte, Diana Marcela Martínez Martínez (402), y el acusado e inocente Franklin Humberto Coral Garrido -Beto Coral-, y cualquier «maraña» que se pretendiera hacer en contra de cualquiera de ellos, perjudicaría a la lista en general.</p>
<p>Segundo, al provocar daño a la lista del «Frente Amplio», donde Beto Coral ocupaba el tercer renglón, la única beneficiada sería la lista del «Pacto Histórico», también de la corriente política de izquierdas, pero encabezada por la actual Representante por la Circunscripción Internacional, Carmen Ramírez Boscán, quien buscaba su reelección.</p>
<p>En este punto es conveniente analizar si los votos que fueran para el «Frente Amplio» podrían pasar al «Pacto Histórico», a sabiendas que ambos son de ideología de Izquierdas, y no lo vemos posible, puesto que precisamente, la mayoría de votantes del primero no compartían en lo absoluto el trabajo realizado por Ramírez Boscán, y por ende no se inclinarían por darle nuevamente su confianza para reelegirla.</p>
<p>Pero si nos atenemos a los resultados electorales, donde al día de hoy el partido ganador de esas elecciones, el Centro Democrático, sobrepasa con casi diez mil (10.000) votos al Pacto Histórico, así los votos del «Frente Amplio» se hubieran podido ir para esa Agrupación debido al escándalo que le reabrieron con mala intención a Beto Coral, no habría ganado, pues véase que la votación de la lista donde iba el hoy victima Coral, no alcanzó los ocho mil (8.000) votos.</p>
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<h3>¿Es responsable la hoy Congresista Carmen Ramírez  Boscán, quien perdió buscando su reelección?</h3>
<p>Aunque ciertos detalles y antecedentes podrían indicar que si, que la Congresista Carmen Ramírez Boscán estaría involucrada en este asunto, e incluso que haya sido la «directora de la orquesta», no existe una sola prueba que indique algo así con seguridad.</p>
<p>Reiteramos que si la orquestada «trama» hubiera causado en realidad grandes efectos en la campaña de esas dos listas de izquierdas (Pacto histórico y Frente Amplio), la única favorecida hubiera sido Ramírez Boscán, pero aunque así haya sido la intención, no les funcionó.</p>
<p>En un momento dado, y por claros intereses político-personales, podrían haberse involucrado en el asunto los otros dos (2) compañeros de lista de la Boscán (José de Jesús Gamboa González No. 402, y Heidy Margarita Beleño Echeverría 403), pero es una probabilidad que vemos muy lejana.</p>
<h3>¿Son responsables las tres mujeres denunciantes?</h3>
<p>Sin lugar a dudas, y con las pruebas aportadas por el afectado Franklin Humberto Coral Garrido -Beto-, las grandes responsables visibles de esta presunta «trama», «complot» o «persecución política» han sido las tres (3) mujeres que lo denunciaron sin que hasta el momento hayan aportado una sola prueba que corrobore sus denuncias, mientras Coral aporta las que desmienten totalmente lo denunciado.</p>
<p>Pero vuelve y surge un importante interrogante: Por qué lo hicieron?  Por qué hacen eso, si sabían que existían grabaciones y documentos donde ellas mismas indicaban que todo lo que decían era falso?</p>
<p>O fueron influenciadas por alguien en la sombra, que bien pudo ser un personaje opositor político de Beto Coral, o se aplicó aquello de que&#8230;»Del amor al odio hay un solo paso?».</p>
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<h3>¿Es la política la verdadera responsable del complot contra Beto Coral?</h3>
<p>La política como tal, o sea la limpia, sana, honesta, sincera, honrada, desinteresada, NO, pero si lo es la típica y tradicional política colombiana sucia, ruin, malvada, deshonesta, corrupta, maleva, intrigante, falsa, traidora, impositiva/dictatorial, sectaria, y todas las demás cochinadas en que desafortunadamente se desarrolla esta.</p>
<p>Y tristemente, esa sucia política la refuerzan ciudadanos que para votar solo se dejan llevar por su radicalismo sectario-político, y eligen precisamente a quienes la desarrollan de esa forma.</p>
<h2>Mensaje para Beto Coral.</h2>
<p>Eres un boxeador admirable Beto Coral, y como «los boxeadores no pierden cuando los tumban sino cuando no se levantan», a pesar del dolor que te pudo haber causado todo esto, y que de seguro aún lo sientes, recuerda que en la vida, «las cosas siempre suceden por alguna razón», y todo esto ha  sucedido para fortalecerte.</p>
<p>Hoy, el mundo conoce mejor al verdadero Franklin Humberto Coral Garrido -Beto Coral-, y para que la dolorosa experiencia adquirida te sirva en el futuro, no olvides que «al marrano lo capan solo una vez», y que, «La primera por experiencia y la segunda por sinvergüenza».  Esperamos no se vuelva a repetir.</p>
<p>Ah, y algo súper importante amigo Beto,<strong> «Pilas con ese pájaro, que mira las consecuencias por ponerlo a volar por tantas ramas a la vez. Mantenlo en una sola jaula y verás que te evitas todos estos problemas».</strong></p>
<p>Y bueno amigos, hasta aquí llegamos con esta historia que nos deja enseñanzas a muchos.</p>


<p>Beto Coral desmiente con pruebas las acusaciones en su contra.</p>


Beto Coral desbarata complot en su contra y revela pruebas que lo exoneran de acusaciones.

<p><strong>Las acusaciones contra el excandidato a la Cámara por los colombianos en el exterior Beto Coral, reaparecieron justo en la víspera de las elecciones para el Congreso de 2026, reabriendo el debate sobre denuncias públicas, reputación política y el derecho a la defensa en procesos electorales.</strong></p>
<p>Recomendamos leer hasta el final este artículo para que puedan conocer <strong>«La verdad sobre el «complot» contra Beto Coral excandidato a la Cámara por el exterior».</strong></p>
<p>Hechos como los que les contaremos en esta historia suelen salir a la luz pública especialmente en época electoral, y en la mayoría de ocasiones solo buscan hacer daño al candidato contendor pues en el fondo son acciones tendenciosas, calumniadoras y falsas.</p>
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<h2>¿Qué es un complot?</h2>
<p><em>«Un complot es un plan secreto elaborado por dos o más personas con el propósito de causar daño, cometer un delito, manipular una situación o alcanzar un objetivo oculto, generalmente en contra de otra persona, grupo, institución o gobierno.</em></p>
<p><em>La palabra proviene del francés complot, que significa conspiración o acuerdo secreto».</em></p>
<p>Cuando terminen de leer este artículo verán cómo esa definición encaja perfectamente con el caso que trataremos.</p>
<h2>Excandidato a la Cámara «Beto Coral», el gran perjudicado en estos hechos.</h2>
<p>Son varios los protagonistas de esta historia, aunque en realidad, por ahora, el único y más afectado, es el mundialmente reconocido Youtuber Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como «Beto Coral», quien como Candidato a la Cámara por la Circunscripción Internacional se identificó con el No. 403, en la lista del Partido «Frente Amplio», en las pasadas elecciones para el Congreso colombiano, realizadas entre el 02 y 08 del presente mes de marzo.</p>
<p>Recordemos que en dichas elecciones, esa lista también fue integrada por el Sr. Gener Usuga, con el No. 401,  y con el 402 Diana Marcela Martínez Martínez.</p>
<h2>Historia vieja que se repite en cada elección al Congreso donde participa «Beto Coral».</h2>
<p>Aunque es una historia «vieja», preciso y con extraña casualidad, siempre ha salido con mayor fuerza escandalosa en las dos ocasiones en que el mencionado «Beto Coral» ha osado lanzarse como Candidato a la Cámara por los colombianos en el exterior, tanto en las del 2022, como en las recién pasadas de este 2026.</p>
<p>La última ocasión, en que salieron a la luz pública esos hechos, fue exactamente el 01 de marzo del año en curso, un día antes de comenzar las elecciones en el exterior, que elegirían al Representante a la Cámara por la Circunscripción Internacional, en el Canal de Youtube del igualmente reconocido Youtuber Pablo Bohórquez, conocido en el ámbito político como de ideología de izquierdas, igual a la del afectado «Beto Coral».</p>
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<h2>Graves acusaciones sin ninguna prueba se lanzaron contra el excandidato a la Cámara Franklin Humberto Coral Garrido (Beto Coral).</h2>
<p>A través de un video, que hasta la fecha ha tenido más de dieciocho mil (18.000) reproducciones, y que pueden ver a continuación, aparecen tres (3) mujeres lanzando gravísimas acusaciones contra el Sr. «Beto Coral». Acusaciones tales como,</p>
<ul>
<li>Estafador,</li>
<li>Machista,</li>
<li>Maltratador de mujeres, y hasta</li>
<li>Provocador de un aborto» de una de las tres denunciantes.</li>
</ul>
<p><iframe loading="lazy" title="TRES MUJERES QUE PERDIERON EL MIEDO" width="750" height="422" src="https://www.youtube.com/embed/nn-KNEepTxc?start=13&#038;feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Ni las denunciantes ni nadie a podido probar hasta el momento lo denunciado, mientras que el afectado Coral si adjunta las respectivas pruebas desmintiendo esas acusaciones, tal y como lo verán en el transcurso de esta publicación.</p>
<h2>¿Por qué se retiró Beto Coral como Candidato a la Cámara por la Circunscripción Internacional en las elecciones de 2022?</h2>
<p>En contacto directo con «Beto», comenzó indicándonos que,</p>
<p><em>«En el año 2021 tomé decisiones equivocadas en mi vida personal. Fallé como hombre, fallé como ser humano y me fallé a mí mismo. Fui infiel. Es un comportamiento que genera reproche social y debates morales, pero no constituye una conducta penal».</em></p>
<p>En esa etapa, «Beto Coral» estaba en un proceso político, aspirando a ser Candidato a Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior en las elecciones de 2022. Esa situación se hizo pública, llegó a su entorno laboral, profesional y político; y según lo narra él mismo, <em>«Un grupo de activistas feministas junto con personas cercanas decidió exponerlo.»</em></p>
<p>Frente a eso, Franklin Humberto Coral Garrido (Beto Coral), quien ya había sido inscrito oficialmente como Candidato a la Cámara por la Circunscripción Internacional, no habiendo transcurrido una semana de ello tomó la decisión de renunciar.</p>
<p>Cuando se le preguntó el por qué había dado ese paso, nos respondió que <em>«Consideré que el proyecto colectivo estaba por encima de una aspiración personal. Pedí perdón a las personas afectadas y asumí un proceso de trabajo interno, con acompañamiento terapéutico, para reconocer lo que había hecho y entender mis errores».</em></p>
<p>Agrega Beto que <em>«En el marco de esas relaciones también existieron apoyos económicos. Aportes que estuvieron dirigidos a mi activismo, a la campaña política y a distintas actividades que desarrollábamos en el exterior. También hubo invitaciones personales dentro de una relación. Todo esto ocurrió en un contexto voluntario, sin que exista ningún elemento que configure una estafa.»</em></p>
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<h2>Así manifiesta su verdad Beto Coral.</h2>
<p>Una vez hecha pública esa situación, Coral tomó la decisión de devolver absolutamente todo. Aportes, donaciones, regalos. Todo fue reintegrado a su expareja y a las personas involucradas.</p>
<p>Durante los siguientes cuatro años Beto Coral trabajó en lo personal para cerrar ese capítulo. Sin embargo, eso no fue suficiente para quienes estaban involucradas; y con el impulso de terceros, al parecer con intereses políticos, se activó una campaña mediática en su contra, y que en COLEXRET tildamos de «complot» de acuerdo a la definición dada al comienzo.</p>
<p><em>«Nunca existió una denuncia penal. Nunca hubo una acción civil. Tampoco existió un proceso disciplinario dentro del partido que me permitiera ejercer defensa frente a las acusaciones. Aun así, las afirmaciones públicas escalaron y fueron más allá de los hechos reales, agravando una conducta que ya había sido reconocida y por la cual yo había respondido»,</em> describe Beto Coral.</p>
<p>Acongojado y desilusionado continúa diciendo Coral que<em> «Las consecuencias fueron profundas. </em><em>La situación llegó a mi vida privada. Perdí mi empresa después de que se difundiera información que no correspondía a la realidad ante mi socia. </em></p>
<p><em>Se canceló un evento en el que íbamos a rendir homenaje a mi padre, asesinado en Colombia, y a mi madre como víctima de la guerra; y u</em><em>na semana antes de ese homenaje, el lugar donde se iba a realizar recibió al señor Mauricio Aguilar, hijo de Hugo Aguilar. Ese contraste fue doloroso.»</em></p>
<h2>Beto Coral volvió a lanzarse como Candidato a la Cámara en las elecciones de 2026.</h2>
<p>Para las elecciones al Congreso del presente 2026, celebradas en el exterior entre el 02 y 08 de marzo, Beto Coral decide aspirar nuevamente a la Cámara por la Circunscripción Internacional.</p>
<p>Al igual o peor que lo ocurrido en la Campaña del 2022, y como lo mencionamos al comienzo, un día antes de estas elecciones, las mismas personas reaparecieron con esas mismas acusaciones públicas en el programa dentro del Canal del Youtuber Pablo Bohórquez.</p>
<p>Con relación a Pablo Bohórquez, nos comenta Beto que <em>«Ese es un señor que me trata como enemigo político y que respaldaba otra campaña, sin sustento probatorio. No hubo chats, audios, documentos ni evidencia que respaldara lo que se estaba afirmando.»</em></p>
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<p><strong>Diferente a la Campaña anterior, en esta ocasión Beto no se retiró. Enfrentó las acusaciones, y comenzó a recopilar y presentar las pruebas que evidenciaban mentiras, inconsistencias, contradicciones y la forma en que se utilizó esta situación, sin lugar a dudas con fines políticos.</strong></p>
<p>Este tema también exige una reflexión más amplia. Existen luchas legítimas del feminismo que deben ser respaldadas. Las denuncias sin sustento, especialmente cuando tienen motivaciones políticas, terminan afectando a quienes sí son víctimas y necesitan que sus casos sean escuchados y atendidos por la justicia, tal y como lo ocurrido con nuestro protagonista «Beto Coral».</p>
<p>Expresa Beto Coral que <em>«Vivimos en una sociedad que tiene que revisar sus prácticas, reconocer el machismo estructural y construir espacios más seguros para las mujeres. Ese es un debate necesario y permanente.»</em></p>
<p>Finaliza Beto aceptando nuevamente, <em>«Yo asumo lo que hice. Reconozco el error. Respondí por él en lo personal, en lo político y en lo económico. Y también tengo el derecho de defenderme frente a acusaciones que no tienen soporte y sobre todo, a salir adelante».</em></p>
<p><a href="https://www.colexret.com/politica/beto-coral-desbarata-complot-pruebas-exoneracion/"><strong>Si continúas leyendo aquí, </strong>conocerás las contundentes pruebas presentadas por Beto Coral, donde desmonta las denuncias presentadas en su contra. Y resolveremos interrogantes como, ¿Quiénes son los supuestos integrantes de este presunto complot? ¿Denunció Beto Coral estos hechos ante alguna autoridad judicial? Además, haremos un resumen y emitiremos nuestra opinión sobre este caso.</a></p>


<p>Beto Coral, excandidato a la Cámara por el exterior.</p>


La verdad sobre el «complot» contra Beto Coral excandidato a la Cámara por el exterior

<p>En COLEXRET llevamos casi un (1) año, con el apoyo de algunos líderes sociales de colombianos en el mundo, adelantando una detallada investigación acerca del Programa de Colombia Nos Une «Casas Colombia».</p>
<h3>«Casas Colombia» = Danza de millones.</h3>
<p>Un programa establecido en el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, muy diferente a como se ha venido adelantando; y que además se ha convertido en una «Danza de millones» a través de proyectos supuestamente sociales desarrollados directamente por empresas extranjeras, y/u «Operadores logísticos», que en algunas ocasiones se quedan prácticamente con el 50% del presupuesto asignado para esos fines.</p>
<p>Recuerden leer hasta el final para conocer los detalles sobre cómo la «Convocatoria «Casa Colombia» en Madrid, será investigada a petición ciudadana».</p>
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<h3>¿De dónde nace la idea de «Casas Colombia»?</h3>
<p>Cabe recordar que <a href="https://www.colexret.com/politica-migratoria/pnd-2022-2026-que-paso-con-las-propuestas-de-los-colombianos-en-el-exterior/">«Casas Colombia» es un Programa promulgado y socializado por la actual Canciller Yolanda Villavicencio Mapy, que cuando dirigía su Fundación «AESCO», en compañía del Sr. Alvaro Zuleta de la Organización «ACULCO»,</a> ambas nacidas y con sede en España, consiguieron incluirlo dentro de las propuestas a presentar al gobierno de Gustavo Petro, mentor político de la mencionada Villavicencio, y que se incluyera en el respectivo Plan Nacional de Desarrollo.</p>
<h3>En 6 Proyectos «Casas Colombia» se han gastado $7.000.000.000 aprox.</h3>
<p>Al día de hoy, se han gastado aproximadamente SIETE MIL MILLONES ($7.000.000.000) DE PESOS en no más de 5 o 6 Proyectos dentro del Programa «Casas Colombia», con la casualidad que la mayoría de ellos han sido desarrollados en menos de tres (3) meses cada uno, por personas muy cercanas a la Sra. Yolanda Villavicencio Mapy, y en investigación por conocer la participación de la ONG «ACULCO», del Sr. Álvaro Zuleta, que creemos puede estar «arañando» algo de todo esto, y/o de otros proyectos «sociales».</p>
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<h3>EL silencio de Cancillería acrecienta dudas sobre la transparencia de «Casas Colombia».</h3>
<p>Las dudas sobre las posibles irregularidades, e incluso delitos cometidos con la asignación y desarrollo de esos proyectos aumentan cuando la propia Cancillería colombiana, a través de Colombia Nos Une, nos ha puesto infinidad de trabas para responder los interrogantes que le hemos planteado sobre el particular.</p>
<p>Para que esa entidad responda tal y como lo establece la Ley 1755 de 2015 (Reguladora del Derecho de petición), hemos tenido que instaurarle una Acción de tutela por cada derecho de petición presentado en esa dirección.  Y como entenderán, cada uno de esos procesos tarda entre dos (2) y tres (3) meses, aunque en ocasiones ha subido a 6, y algo ya pasando lo anormal, hasta un (1) año. Eso dice mucho, verdad?</p>
<p>Miles y miles de colombianos alrededor del mundo son conocedores de esa situación, y precisamente, para evitar que siga sucediendo, algunos se están adelantando a investigar pormenores de esas asignaciones de contratos/proyectos, a fin de evitar que lleguen de la manera como han llegado los anteriores.</p>
<p>Para ello, y utilizando a nuestro espía <a href="https://www.colexret.com/varios/descubierto-el-informante-que-filtraba-informacion-y-documentos-a-medio-de-comunicacion/">(Ver aquí)</a>, como la principal herramienta que tienen los ciudadanos ante la institucionalidad colombiana,  vemos que se está trabajando en ello, y como prueba les transcribiremos una petición que a la vez es una denuncia instaurada ante la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, y Contraloría General de la República.</p>
<p>Quien instaura la denuncia (J.A.R.M.) y solicita se investiguen esos hechos, ante las autoridades ya descritas, es el mismo que presenta la petición ante el Consulado General Central de Colombia en Madrid &#8211; España, y a la Cancillería, y quien nos ha autorizado su publicación,</p>
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<h3>Planteamiento de la denuncia y solicitud de información.</h3>
<p>La denuncia/petición es referenciada como <strong>«Convocatoria para seleccionar operador de la “Casa Colombia” en Madrid»,</strong> presentada el pasado 26 de enero, y comienza así:</p>
<p><em>«El Consulado General de Colombia en Madrid ha adelantado una convocatoria para elegir operador de la “Casa Colombia”, iniciativa financiada con recursos públicos y de alto impacto para la comunidad colombiana en el exterior.</em></p>
<p><em>Dicha convocatoria se realiza en plena época electoral y de manera acelerada, ad portas de la entrada en vigor de las restricciones propias de la Ley de Garantías Electorales, lo cual genera serias dudas sobre la oportunidad, planeación y necesidad del proceso en ese momento específico.</em></p>
<p><em>La premura del trámite y la coincidencia temporal con el calendario electoral podrían comprometer los principios de planeación, selección objetiva y transparencia, y eventualmente exponer el proceso a riesgos de direccionamiento o favorecimiento indebido».</em></p>
<p>Continúa el denunciante argumentando que,</p>
<p><em>«En la comunidad colombiana en España circulan preocupaciones legítimas sobre una eventual concentración de contratos en organizaciones o personas que han tenido vínculos previos con la CANCILLER, SU JEFE DE GABINETE o con programas financiados por el Estado en cabeza de Colombia Nos Une. Estas inquietudes, sin afirmar hechos ni responsabilidades, ameritan aclaraciones oficiales y verificables».</em></p>
<p>Aduciendo que el actual Gobierno ha sostenido públicamente el lema del “Gobierno del Cambio”, asociado a prácticas reforzadas de transparencia y uso austero del presupuesto público, y que por ello, cualquier actuación que aparente reproducir prácticas cuestionadas del pasado exige un mayor estándar de explicación y control, el peticionario exige en concreto que el Consulado General de Colombia en Madrid informe de manera clara, completa y documentada:</p>
<ul>
<li><em>Justificación técnica, jurídica y presupuestal de la decisión de abrir la convocatoria para operador de la “Casa Colombia” durante la época electoral, indicando por qué no era posible postergarla.</em></li>
<li><em>Cronograma detallado del proceso, explicando las razones de su celeridad y las medidas adoptadas para garantizar la selección objetiva.</em></li>
<li><em>Concepto jurídico interno o externo que avaló la procedencia del proceso frente a la Ley 996 de 2005, especificando por qué no se configura restricción alguna de garantías electorales.</em></li>
<li><em>Modalidad de selección, criterios de evaluación, puntajes y mecanismos de verificación de conflictos de interés.</em></li>
<li><em>Relación de personas jurídicas o naturales que han participado o manifestado interés, indicando si alguna ha tenido contratos, convenios o apoyos previos con la Cancillería, el Consulado u otras entidades del Estado en los últimos cinco (5) años.</em></li>
<li><em>Medidas adoptadas para garantizar la publicidad y acceso a la información del proceso para la comunidad colombiana en el exterior.</em></li>
</ul>
<p>Ya en plan de denuncia y solicitando investigación ante la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General de la Nación, el mismo peticionario se dirige a esos órganos de control pidiendo verifiquen:</p>
<ul>
<li><em>La legalidad y oportunidad del proceso frente a la Ley de Garantías Electorales.</em></li>
<li><em>La correcta utilización de recursos públicos y la observancia de los principios de la contratación estatal.</em></li>
<li><em>La existencia o no de conflictos de interés o posibles faltas disciplinarias, fiscales o penales, de encontrar mérito para ello.</em></li>
</ul>
<p>Termina el denunciante señalando que,</p>
<p><em>«Esta petición no formula acusaciones, sino que exige explicaciones y máxima transparencia, en defensa del interés general y de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. La mejor forma de honrar el discurso de cambio es actuar con pulcritud, publicidad y respeto irrestricto por la ley».</em></p>
<p>El peticionario/denunciante se comprometió con esta Casa Informativa a dar a conocer la respuesta que obtenga por parte del Consulado General Central de Colombia en Madrid sobre su petición, al igual que el proceso y procedimiento que sigan las autoridades investigadoras.</p>


<p>Programa Casas Colombia &#8211; Colombia Nos Une.</p>


Convocatoria «Casa Colombia» en Madrid, será investigada a petición ciudadana.

<p>Si se creía el Rey intocable de la Cancillería colombiana, aquí llegó quien baje de esa nube al Sr. Javier Darío Higuera Ángel, actual Cónsul General Central de Colombia en la ciudad de Madrid &#8211; España, pues la justicia le acaba de quitar esa ficticia corona.</p>
<h3>Auto abriendo investigación por desacato contra el Cónsul General Central de Colombia en Madrid &#8211; España.</h3>
<p>Así es, en auto fechado el pasado 28 de enero, <strong>«La justicia abre investigación por desacato contra Cónsul colombiano»</strong>. La decisión fue contra el Cónsul de Colombia en Madrid &#8211; España, Javier Darío Higuera Ángel, y confirmada por el Juzgado Tercero Civil el Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, al disponer:</p>
<p><em>«De otro lado, teniendo en cuenta qué, la entidad accionada CONSULADO GENERAL CENTRAL DE COLOMBIA EN MADRID -ESPAÑA., dentro de la oportunidad concedida en el auto de fecha 28 de noviembre de 2025, no acreditó fehacientemente, el acatamiento en su integridad, del fallo de tutela emitido el día 06 de noviembre de 2025, el Juzgado dispone:</em></p>
<p><em>“<strong>1. ORDÉNASE</strong> la apertura del incidente de desacato por incumplimiento de la sentencia constitucional proferida en el asunto del epígrafe.</em></p>
<p><em><strong>2. ORDÉNASE</strong> correr traslado al ente incidentado, CONSULADO GENERAL CENTRAL DE COLOMBIA EN MADRID -ESPAÑA, en cabeza del Dr. JAVIER DARÍO HIGUERA ÁNGEL, en su calidad de Cónsul General Central, adscrito al Consulado General Central de Colombia en Madrid, Reino de España, por el término de tres (03) días, a fin que, ejerzan su derecho de defensa.</em></p>
<p><em>3. Por secretaría, NOTIFÍQUESE por el medio más expedito al extremo accionante y al CONSULADO GENERAL CENTRAL DE COLOMBIA EN MADRID -ESPAÑA, en cabeza del Dr. JAVIER DARÍO HIGUERA ÁNGEL, en su calidad de Cónsul General Central, adscrito al Consulado General Central de Colombia en Madrid, Reino de España, en el término concedido, adosen todas aquellas pruebas documentales que denoten el estricto cumplimiento de la sentencia de tutela emitida por esta operadora judicial en el amparo de la referencia. Déjense las constancias sobre el particular en el expediente virtual.”</em></p>
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<h3>¿Por qué se abre investigación por desacato contra el Cónsul colombiano en Madrid?</h3>
<p>Lo anterior, debido a que en fallo de tutela del 06 de noviembre de 2025, con Radicado 2025-0485, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias, de la ciudad de Bogotá, en protección del Derecho de petición ordenó:</p>
<p><em><strong>«PRIMERO.</strong> <strong>CONCÉDASE </strong> la protección del derecho fundamental de petición invocada por el señor RICARDO MARÍN RORÍGUEZ.</em></p>
<p><em>“<strong>SEGUNDO.</strong> En consecuencia <strong>ORDÉNASE</strong> al <strong>CONSULADO GENERAL CENTRAL DE COLOMBIA en MADRID – ESPAÑA,</strong> que dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la comunicación de la presente decisión, si aún no lo ha hecho, remita al accionante, en formato legible la documental instada, garantizando así el acceso efectivo, claro y comprensible a la información solicitada, a través de la petición presentada el 08 de agosto y reiterada el 24 de septiembre de 2025; debiéndose notificar lo resuelto en debida forma al petente”.</em></p>
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<h3>El Cónsul de Colombia en Madrid oculta intencionalmente datos de facturas de compra y/o presupuestos.</h3>
<p>Los documentos en referencia, y cuya orden de entrega le fue dada al Sr. Cónsul Javier Darío Higuera Ángel, fueron los relacionados con las facturas y/o presupuestos que debieron haberse presentado a la Cancillería como excusa para vender, dizque por obsoleto, el vehículo oficial marca BMW, modelo 5C31-520D, chasis WBA5C31070D043107, color negro, tapicería en cuero dakota, y demás lujos que tiene este automotor, y en su reemplazo adquirir uno valorado en casi $300.000.000 <a href="https://www.colexret.com/consulados/cancilleria-autorizo-compra-de-vehiculo-de-300-000-000-por-amor-de-un-consul-al-medio-ambiente/">(Ver historia aquí</a> y <a href="https://www.colexret.com/consulados/con-mentiras-este-consul-colombiano-pide-vender-y-comprar-vehiculo-de-alta-gama/">Aquí)</a>. Por esos hechos, cursan ya dos investigaciones en la Contraloría y Procuraduría <a href="https://www.colexret.com/cancilleria/consul-y-funcionarios-de-cancilleria-denunciados-ante-la-contraloria-y-procuraduria/">(Ver aquí.</a></p>
<p>Todo eso con la complicidad de la Sra. Canciller Yolanda Villavicencio Mapy, quien días después, en un viaje relámpago secreto a la capital española, utilizó el mencionado automóvil para «hacer sus vuelticas personales». <a href="https://www.colexret.com/cancilleria/canciller-autorizo-a-consulado-comprar-vehiculo-de-300-000-000-para-luego-usarlo-ella/">(Ver aquí).</a></p>
<h3>Así intenta el Cónsul Javier Higuera burlarse de la justicia.</h3>
<p>Resulta que, pretendiendo engañar a la justicia, o intentando alargar más el caso para que desistiéramos de él, desconociendo quiénes y cómo somos en COLEXRET, el susodicho funcionario de Carrera diplomática Higuera Ángel, remitió esos documentos cubriendo o tachando el membrete donde debería estar el nombre de la respectiva empresa y sus datos de contacto.</p>
<p>Alegó esa eminencia de «proyecto de Cónsul», que no podía suministrar datos de la tal empresa, por cuanto vulneraba el Habeas data. Una de las excusas mas ridículas y estúpidas que pudiera dar cualquier funcionario con menos de 2 dedos de frente. No dar a conocer el nombre de una empresa, como tampoco sus datos de contacto, dizque porque son reservados.</p>
<p>Ahora, según la caprichosa «papa caliente» de la Cancillería (dicen que así llaman a Higuera Ángel en esa institución), las empresas en el mundo deben ocultar sus nombres y datos como dirección y teléfono, para que nadie pueda verlos.  Ahora si se jodieron, pues cómo entonces les van hacer publicidad, las van a dar a conocer?  Gran burrada verdad?</p>
<p>El caso es que la Sra. Alix Jimena Hernández Garzón, Juez Tercera Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias, de la ciudad de Bogotá, al ver que el Sr. Cónsul Javier Darío Higuera Ángel, intentaba «mamarle gallo» a la sentencia que había proferido dándole la orden de que entregara esos documentos legibles y entendibles en todo el sentido de la palabra, no se comió semejante excusa, y decidió abrirle al referido, un expediente por desacato.</p>
<p>Seguramente, hoy mismo el Sr. Javier Higuera procederá a enviarnos las facturas o presupuestos al completo, sin cubrirles ni tacharles ningún dato, a no ser que escoja mejor la cárcel, pues el delito por desacato incluye arresto de hasta seis meses y multas de hasta 20 salarios mínimos mensuales vigentes.</p>
<p>Y no nos gustaría que eso ocurriera; no por la multa de los 20 salarios mínimos, pues con un salario de más de cincuenta millones ($50.000.000) de pesos mensuales, pagarlos sería como «quitar un pelo a un calvo», sino que daría muy mala imagen para la Cancillería, ver a uno de sus subalternos (Aunque parece ser que los subalternos son los otros), con más de 30 años de experiencia en la carrera diplomática, elegantemente encorbatado y estirado, de gran estirpe y de sociedad elite, entre rejas.</p>
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<h3>Hay otras causas judiciales pendientes contra el Cónsul Javier Higuera Ángel.</h3>
<p>Y esa es solo una de las causas judiciales contra Javier Higuera Ángel , pues le tenemos dos (2) tutelas más instauradas, y hoy apelaremos el fallo de una tercera en Primera Instancia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Hasta ahora no nos ha ganado ni una, todas las ha perdido. Definitivamente, es un perdedor compulsivo.</p>
<p>Señor Cónsul Javier Darío Higuera Ángel, ¿por qué no quiere entender a las buenas que existe la ley, que existen unos derechos que Ud. como funcionario debe velar porque no se vulneren, y lo que hace es vulnerarlos?. Cuando va a entender que con esa prepotencia y agrandamiento, creyéndose de mejor nivel que los ciudadanos, no va a conseguir sino el repudio popular?</p>
<p>Sr. Cónsul, le sigue quedando grande el Consulado General Central de Colombia en Madrid, pues no es igual a los otros «cuchitriles» que le han dado para manejar. Este es un Gran Consulado Sr. Higuera, éste es el Consulado más grande e importante que tiene Colombia en el exterior, y que desafortunadamente desde abril del 2025 cayó en manos de quien quizá se esté convirtiendo en el peor funcionario dentro de la Carrera diplomática de nuestro país. Pero claro, ahí <a href="https://x.com/unidiplo">UNIDIPLO</a> ni <a href="https://x.com/asodiplo">ASODIPLO</a> sacan comunicados en contra de esas situaciones.</p>


La justicia abre investigación por desacato contra Cónsul colombiano.

<h3>¿Qué es información reservada?</h3>
<p>Refiriéndonos a Colombia, aunque bien podría extenderse a demás países del mundo dentro de un <a href="https://www.colexret.com/editorial/colombia-un-estado-de-derecho-excluyente-con-los-colombianos-en-el-exterior/">Sistema de Estado de derecho</a>, un tema reservado es información que aunque pública, por ley, el ciudadano común no puede acceder a ella porque su divulgación podría afectar intereses públicos superiores, como la seguridad nacional, la seguridad pública, la vida privada de las personas, la administración de justicia, o la estabilidad macroeconómica.</p>
<p>De ahí que solo se permite su acceso a las autoridades y personas directamente involucradas en un proceso legal o administrativo, bajo estrictos requisitos legales y por un tiempo determinado.</p>
<p>Si leen hasta el final podrán conocer la respuesta a, <strong>¿Qué pasará si los inventarios de Consulados colombianos resultan ser reservados?</strong></p>
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<h3>¿Qué tipo de información es ser reservada?</h3>
<ul>
<li><strong>Defensa y seguridad nacional:</strong> Información sobre operaciones militares o de inteligencia.</li>
<li><strong>Seguridad pública:</strong> Datos sobre investigación y persecución de delitos, mientras están en curso.</li>
<li><strong>Intimidad personal:</strong> Hojas de vida, historia laboral, historia clínica, o información financiera y comercial de individuos. Y no para todos, pues en el caso de Funcionarios públicos, su hoja de vida, historial laboral, e incluso la parte financiera y comercial es de conocimiento público.</li>
<li><strong>Procesos judiciales:</strong> Información de causas que afectan la intimidad o la seguridad nacional, o diligencias como interceptaciones telefónicas, hasta que se cumpla su objetivo.</li>
<li><strong>Relaciones internacionales:</strong> Instrucciones diplomáticas o negociaciones reservadas.</li>
<li><strong>Estabilidad financiera:</strong> Condiciones financieras de operaciones de crédito público o valoración de activos de la nación.</li>
</ul>
<h3>¿Quién decide lo que es reservado?</h3>
<p>La reserva debe estar expresamente prohibida por una norma legal o constitucional; no es una decisión discrecional, ni porque a una entidad o funcionario se le de la gana decir que lo es, muchas veces para ocultar sus irregularidades, e incluso fechorías, como al parecer sucede con el Sr. Javier Darío Higuera Ángel, Cónsul General Central de Colombia en la ciudad de Madrid &#8211; España; aunque en ocasiones creemos que lo hace solo por complacer o seguir el ejemplo de su Jefa la Cancillería.</p>
<p>La negativa a entregar información o documentos con el argumento de que es reservada, debe ser motivada y por escrito por parte de la entidad o funcionario, quien debe demostrar el daño sustancial que la divulgación causaría. Para ello deben aplicarse principios de razonabilidad y proporcionalidad, buscando proteger derechos fundamentales o bienes constitucionales.</p>
<p>La reserva tiene un término definido y no puede usarse para ocultar la existencia de una investigación o hechos básicos que garanticen el derecho a la defensa.</p>
<p>En resumen, es una excepción al principio de publicidad de la información pública, justificable solo para proteger intereses más valiosos para la sociedad o los derechos fundamentales de las personas, siempre bajo un marco legal estricto.</p>
<p>Con base a la anterior definición, entramos a tratar el tema que nos ocupa hoy.</p>
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<h3>¿Son reservados los inventarios de las Embajadas y Consulados de Colombia en el mundo?</h3>
<p>No, no son reservados; y no solo por que no encajaría dentro de la definición anterior, sino porque la propia Cancillería mediante radicado S-DIAF-24-024896, del 04 de octubre de 2024, luego de que el 25 de septiembre de 2024, <a class="external-link" href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQAPLohJVv7XSaZdQ6qBVYYYAehusR6_qCEV8cDpqkFZ-Fk?e=iaAAMP" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el fallo de Segunda Instancia No. 11001-31-10-038-2024-00108-01, bajo la ponencia del H. Magistrado Iván Alfredo Fajardo Bernal</a> ordenara su entrega al completo, nos los hizo llegar.</p>
<p>Sin embargo, tal y como lo contamos el 27 de noviembre de 2025, <a href="https://www.colexret.com/consulados/niega-entrega-de-inventarios-pero-autoriza-a-empresa-privada-inspeccionar-el-consulado/">en artículo visible aquí,</a> el Sr. Javier Darío Higuera Ángel, Cónsul General Central de Colombia en Madrid, negó la información relacionada con los bienes incluidos en los inventarios, a cargo de esa sede consular, argumentando que son de carácter reservado.</p>
<h3>¿Se vale el Cónsul Javier Higuera de su experiencia y poder para tapar sus desaciertos?</h3>
<p>El Sr. Cónsul Javier Higuera, con más de 30 años de experiencia en la Carrera diplomática, quien al parecer por esa experiencia y los altos cargos que ha ocupado dentro de la Cancillería colombiana, cuenta dentro de esta con amigos funcionarios de gran poder, y obviamente de la Carrera diplomática, que sin pruebas rotundas por ahora, pues estamos en el proceso de investigación, le están ayudando desde adentro a taparle las irregularidades que está cometiendo en el Consulado de Colombia en la capital española.</p>
<p>Recuerden Sres. funcionarios que «a los amigos se acompañan hasta la tumba, pero no se entierra con ellos».</p>
<p>Prueba de lo que estamos casi que asegurando, es, por ejemplo, lo denunciado el pasado 5 de enero ante la Contraloría y Procuraduría General de la Nación, <a href="https://www.colexret.com/consulados/niega-entrega-de-inventarios-pero-autoriza-a-empresa-privada-inspeccionar-el-consulado/">y visible aquí.</a></p>
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<h3>¿Qué pretende ocultar el Cónsul Javier Darío Higuera Ángel al argumentar reserva en los inventarios de la sede consular?</h3>
<p>Esa es la pregunta que nos hemos hecho siempre, pues vean lo que respondió a nuestro pedimento de los inventarios del Consulado colombiano en Madrid &#8211; España:</p>
<p><em>«El inventario de bienes asignados al Consulado General de Colombia en Madrid constituye un documento de carácter interno y de control administrativo.</em></p>
<p><em>La información contenida en dicho inventario es de acceso restringido, por incluir datos sobre la dotación, equipamiento, mobiliario,  sistemas de seguridad y demás bienes de la Misión Diplomática, cuya divulgación podría afectar la seguridad de las instalaciones y el personal. Esta información solo es accesible a las autoridades competentes del Estado colombiano a través de los respectivos canales oficiales.</em></p>
<p><em>En consecuencia, y conforme a lo previsto en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, el artículo 31 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1963), y el Manual de Administración de Bienes del Ministerio de Relaciones Exteriores, no es procedente entregar copia del inventario solicitado».</em></p>
<p>Todo eso es falso, y solo estamos a la espera del fallo en Segunda Instancia ante la demanda que le instauramos a través de una Acción de tutela.</p>
<p><strong>La Jurisprudencia indica que inventarios de Consulados colombianos no son reservados.</strong></p>
<p>Si de algo estamos seguros, es que el Magistrado que tiene a cargo el caso, no va a echar para atrás lo ya dicho y convertido en jurisprudencia por, <a class="external-link" href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQAPLohJVv7XSaZdQ6qBVYYYAehusR6_qCEV8cDpqkFZ-Fk?e=iaAAMP" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">el Tribunal Superior de Bogotá, en Sentencia 11001-31-10-038-2024-00108-01.</a></p>
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<h3>¿Qué podría suceder si se establece que los inventarios de Consulados y Embajadas son reservados?</h3>
<p>Como en ocasiones la justicia es tan variable, a continuación lo que consideramos podría suceder en caso de que se confirmara la negativa del Sr. Cónsul Javier Darío Higuera a entregar los inventarios del Consulado que dirige (mal, pero lo dirige), con el argumento de que son reservados.</p>
<p>Si en verdad los bienes a cargo de un Consulado fueran reservados, indicaría que ninguna persona particular puede acceder a ellos, luego entonces, cómo se evitaría que los usuarios que llegan a una sede consular a realizar determinados trámites, puedan verlos y percatarse del tipo de bien, su estado, e incluso su cantidad?</p>
<p>De acuerdo a la ley,  y que lo describimos al comienzo, los documentos o información reservada, a la que se sumarían los inventarios de los Consulados de resultar cierta la excusa de Higuera Ángel, únicamente puede darse a conocer a determinadas autoridades, mas no a un particular.</p>
<p>Dicho y resumiendo esto, cualquier bien, documento o información que el Sr. Cónsul Javier Darío Higuera Ángel, determine que es reservado, deberá estar oculto para toda persona particular, incluyendo a los usuarios que acuden al Consulado, pues no podrían ser reservados para unos particulares y para otros no.</p>
<p>En el hipotético caso de que la justicia establezca que Higuera Ángel está en su derecho y conforme al ordenamiento jurídico, de negar la entrega de los inventarios del Consulado, dizque por ser reservados, se vendría un problema de grandes dimensiones, pues tendríamos que exigir:</p>
<p>Que, sillas, escritorios, computadores, cuadros y/u obras de arte, lámparas, bombillas, cortinas, decoración, maquinillas para tomar huellas y otros por el estilo, alfombras, tapetes, papelería, y en general cualquier bien que haga parte de los inventarios de Consulados y Embajadas de Colombia en el mundo, deberán guardarse en algún sitio secreto donde nadie los pueda ver. Son reservados, no?</p>
<p>Uy, cuidado, pues los elementos que en el Consulado de Colombia en Madrid hay en el área recreacional para los niños también hacen parte de los inventarios de esa dependencia.</p>
<p>Si todos esos elementos fueran reservados, cómo entonces se atendería a los usuarios?</p>
<p>Adelante Sr. Cónsul Javier Darío Higuera Ángel, responda públicamente, si es que tiene argumentos y valor para hacerlo.</p>


<p>Javier Darío Higuera Ángel Cónsul de Colombia en Madrid &#8211; España.</p>


¿Qué pasará si los inventarios de Consulados colombianos resultan ser reservados?

<p>Siempre hemos dicho que la intención de COLEXRET cuando denunciamos alguna irregularidad, así roce el delito, frente a nuestras peticiones, cometidas por la Cancillería colombiana, no es buscar que los funcionarios responsables sean condenados disciplinaria o penalmente, a pesar que se lo merezcan.</p>
<p>Nuestro principal objetivo es que esa Entidad o sus funcionarios respondan la información que les solicitamos, al igual que nos hagan llegar los respectivos documentos dentro de los términos y formalidades establecidos en la <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65334">Ley 1755 de 2015, reguladora del Derecho de petición</a>, y la innumerable jurisprudencia que sobre el tema han emanado nuestras Altas Cortes y Tribunales.</p>
<p>Lea hasta el final y conozca al detalle cómo COLEXRET propicia otra vergonzosa y humillante derrota jurídica a la Cancillería; y de paso hace investigar a los entes judiciales que la investigaron.</p>
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<h3>Vergüenza y humillación para la Cancillería y para la justicia, incluyendo al Tribunal Superior de Bogotá.</h3>
<p>Este es un caso muy importante, pero triste, ya que no solo su final es una vergüenza y humillación para la Cancillería, sino para la Justicia, pues tuvimos que denunciar a través de otra Acción de tutela, por vulneración ya no solamente al derecho de petición, sino al debido proceso, al Juzgado que investigó a ese Ente ministerial, y al Tribunal Superior de Bogotá, por lo tardío en la investigación y sus fallos.</p>
<p>Estamos a la espera que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre esa denuncia, en la que prevemos habrán consecuencias disciplinarias para esas dos Organizaciones judiciales, e incluso para la Cancillería colombiana, pues es inadmisible que la justicia haya tardado más de OCHO (8) y SEIS (6) meses en resolver un recurso de apelación y una investigación por desacato respectivamente, coadyuvando para que la Cancillería tardará UN (1) año en responder al completo, un Derecho de petición.</p>
<p>Dentro de la investigación que adelanta por esos hechos la H. Corte Suprema de Justicia, se vinculó al contradictorio, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, y a la Procuraduría General de la Nación, por lo que esto se convierte en un caso realmente grave.</p>
<h3>¿Qué significa la vinculación al contradictorio dentro de la legislación colombiana?</h3>
<p>En derecho, «vincular al contradictorio» significa llamar formalmente a todas las personas o partes que tienen un interés legítimo en un proceso judicial para que sean informadas, puedan participar, presentar sus argumentos y pruebas, y defender sus derechos; es decir, asegurar que todos los afectados por una decisión (demandantes, demandados, terceros con interés) sean parte activa del debate y no se dicte una sentencia que los afecte sin haber sido oídos, garantizando así el principio fundamental del debido proceso y el derecho de defensa.<span class="uJ19be notranslate" data-wiz-uids="Xsu53c_c" data-processed="true"><span class="vKEkVd" data-animation-atomic="" data-wiz-attrbind="class=Xsu53c_b/TKHnVd" data-processed="true"> </span></span></p>
<p>En resumen, la «Integración del contradictorio», es un acto procesal de identificar y notificar a todos los sujetos que deben estar en el juicio para que la sentencia sea válida y eficaz, incluyendo litisconsortes necesarios (personas cuya presencia es indispensable).</p>
<p>Las diferentes demandas instauradas y ganadas por Ricardo Marín Rodríguez, como creador y director de COLEXRET, contra el Ministerio de Relaciones Exteriores desde hace aproximadamente doce (12) años, en especial la última objeto de esta publicación, y que podrán ver con lujo de detalles al final, nos llenan de mayor responsabilidad y pasión por continuar con esta causa en pro de los colombianos en el exterior.</p>
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<h3>¿Está la Carrera diplomática intentando tomar represalias contra COLEXRET y Ricardo Marín Rodríguez?</h3>
<p>Entre los funcionarios que denunciamos, hay muchos integrantes de la Carrera diplomática, y de ahí nuestra creencia que fue lo que le escoció a la «Unión de Funcionarios Diplomáticos y Consulares de Colombia -UNIDIPLO-, para llegar a denunciarnos ante la justicia; aunque hasta el momento van perdiendo. <a href="https://www.colexret.com/editorial/la-carrera-diplomatica-pierde-tutela-contra-ricardo-marin-rodriguez-y-el-presidente-petro/">Ver parte de la historia aquí</a>.</p>
<p>Esperemos qué decide la justicia en Segunda Instancia, pues luego del fallo en primera a nuestro favor, UNIDIPLO apeló y está pendiente por conocerse el resultado.</p>
<h3>Funcionarios de Cancillería se libraron de una condena con privación de la libertad.</h3>
<p>La importante, delicada e inédita información que suministraremos en artículos siguientes, fue conseguida después de UN (1) año de pleitos judiciales contra la Cancillería colombiana, en donde luego de una solicitud que por desacato presentamos ante la justicia, esta se pronunció perdonando a funcionarios que no respondieron en su momento nuestras peticiones, entre ellos la actual Canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy.</p>
<p>La justicia no los condenó a penas privativas de la libertad porque considero que habían demostrado interés en acatar la orden dada a través de la Sentencia 11001-31-87-016-2025-00046-00, con radicado 066/25, del 02 de mayo de 2025, expedida por el Juzgado 16 de Ejecución de Penas y medidas de Seguridad de Bogotá (la adjuntaremos al final), pero le ordenó que de inmediato respondieran más de 20 interrogantes dejados de contestar desde el 11 de enero de 2025. Al finalizar adjuntaremos los enlaces del ABC de la historia al completo.</p>
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<h3>Los colombianos en el exterior necesitan con urgencia una verdadera Representación política en el Congreso.</h3>
<p>La mayoría de los temas que publicaremos en artículos siguientes, gracias al triunfo que acabamos de conseguir ante la justicia, dará para que los ciudadanos no salgan de su asombro y se pregunten una vez más,</p>
<p>Por qué sucede eso, habiendo tantas necesidades que cubrir, tanto de los colombianos en el exterior como de quienes retornan?; y la respuesta siempre será la misma, desgraciadamente, los colombianos en el exterior no cuentan con una Representación política en el Congreso que vele por sus intereses, pues las que han tenido, como la actual Congresista Carmen Ramírez Boscán, no justifican los más de CINCO MIL MILLONES ($5.000.000.000) de pesos que durante cuatro (4) años les pagan los contribuyentes, entre su salario y los de su Unidad de Trabajo Legislativo «UTL».</p>
<p>La historia o caso aquí tratado se convierte en Jurisprudencia, por la participación que tuvo dentro de la investigación la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, quien fallo el 11 de diciembre de 2025, en la Sentencia 11001 31 87016 2025 00046 01 (T2-051/25).</p>
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<h3>Toda la historia de este caso que involucra a la Cancillería, al Juzgado 16 de Penas y Medidas, y al Tribunal Superior de Bogotá.</h3>
<p>En los siguientes enlaces podrán conocer paso a paso (ABC) la historia de este intenso trabajo lleno de gestiones permanentes durante UN (1) año, que luego de «INSISTIR, PERSISTIR, RESISTIR, y NUNCA DESISTIR, porque «No existen cosas imposibles sino seres incapaces», conseguimos que la razón y la justicia, sumadas a la defensa que hicimos de nuestros derechos a «La veeduría ciudadana», «Al control político», a «La Libertad de expresión», a «La información», y «Al Derecho de petición» entre otros,  doblegara una vez más al «poderoso buffet» de juristas de la Cancillería.</p>
<ul>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQAsoj9Le_5NT6gH7Nm_tAc6AfXpl1IfN5Rcr2oZeGghLtM?e=YbC2Ef">Derecho de petición a Cancillería (Ene. 11 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQBcSEFOViXxQKfy6NQGgZvVAfln-jqLIVKyK14hUd9Xbwg?e=ZlAMdd">Respuesta de Cancillería (Feb. 21 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQCXDmLt90cMQLnEj_gWX68TAa4zFlqNVaChi_nTARynHI4?e=ibjJmS">Respuesta de Cancillería (Feb. 28 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQC49sjFjCZiT4o0ENfT-7HzAbzVjb5JoZDVGYKI2MnXaM0?e=hakKta">Respuesta de Cancillería (Mar. 06 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQABcxTcwLt2TqpSsl8Ms47DAScg0x0BjEPgcauEmNKZ64M?e=d1m305">Tutela contra Cancillería (Abr. 15 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQDGdAghO6eISYNPVJh--gemAXS9w-h2MDTfR8SdMy40jzk?e=hqNAMi">Fallo de Tutela en 1a. Instancia (May. 02 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQB3s-wR2eWUQqX3jxBVRstdAVq6PMdHAt-OI52eKfjAmdI?e=kA0nng">Apelación al fallo en 1a. Instancia (May. 07 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQAxYLgr_6zQRaPDkz_818anAWLUP1DFauAupns6XCqXnTo?e=9DON5i">Solicitud de investigación por desacato (May. 21 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQBzWzM_REJcTr9uQLi4nZVaAa9Qr1vFxFr3Zv7mDIimOkY?e=KAIEag">Respuesta de Cancillería al Juzgado (May. 22 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQCpgyCu2F2qSK5jgRHqdrgfAU3xZqFpYonD__01rG01ZMg?e=k65tNw">Memorial del Juzgado informando resp. de Cancillería (May. 23 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQD_Q_UnE-P2QoiDdEtselaXAT2FkGUqm2j6ZcVnuNhe-7E?e=i0DdU1">Informo al Juzgado que Cancillería miente (May. 27 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQBxiC5s1UlyRLN6V4OCVa7SAZtW1wzBk6bQzsEdTPBgiK8?e=2Ccl7J">Requerimiento del Juzgado a Cancillería (Jul. 10 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQBDEaVO2JOgQKw8cK-OBdULATxL8mFHEY-u7NDGIsG0rCM?e=a07FEQ">Respuesta de Cancillería al Juzgado contra desacato (Jul. 18 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQA0zpK7A9s8SayZL2sqO8E8AbbJCBhaSCwJGlqsp0CUR18?e=O3Wbv6">Memorial a Cancillería y al Juzgado informando que no he recibido respuesta<br />
(Jul. 21 de 2025)</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQDZgKNecbbzS6x76zOlFECKAYezuynMP8a64UIYCShXcjE?e=BmyIy7">Auto apertura investigación por desacato (Jul. 21 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQDgCDh5yvgTRpsBYs3FEjc_AVuDzIjlqrcMfDYVZv2-zxA?e=EtFpOR">Alegato de defensa de la Cancillería (Jul. 24 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQAKcgXkVZcvQJus-zQZm93dAb-0-iKc7OCngSi3Y_sgFFQ?e=PUhYDS">Información del Juzgado (Jul. 25 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQDUhTWhIQrBQL2LZRNU_q1FAdL3rXTj2SaLfbNgxYHpV0E?e=h4NoLK">Memorial al Juzgado desmintiendo a la Cancillería (Jul 28 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQCJru0_qUQ3SYo63zHYsxqmAVjgKZdRu8PFCPDcdVxCcrQ?e=aQ68hu">Respondo Auto del juzgado sobre información de Cancillería (Jul. 28 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQD7gSMUb13qQ74O2dSoLvSPAYDjXEHFj3BTLYBabJXpHrI?e=EFozuF">Notificación del Auto por desacato a Cancillería (Ago. 14 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQDMBST5-ygZQ7MJtfr1Qx8zAXSAwFQsHRhi0T3TCWeqiTg?e=1d3bni">Auto deja sin defecto notificación por desacato (Ago. 24 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQAkbld87VyRTIbbywBdr04iARAp3Otlh48Gu6gfddMilQE?e=o9c5cW">Juzgado pide pruebas a Cancillería sobre respuesta (Ago. 25 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQBDQ7a1WKZmSIN8_2_FMv1HAeQ7P1CsmTL45n90gUsMppQ?e=edcvvO">Acusados responden al Juzgado en su defensa (Ago. 25 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQDkAe1oD2QuRbljKH55tghDAefvhU0CyPMZyDcELQQsdmU?e=FyoUTQ">Solicito información sobre la apelación (Sep. 05 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQCwZ_xLx7ISR6lYT6oFPsKGAUeYserhWjNcm7W0Dt_mTj0?e=jzUF8P">Auto Juzgado informa sobre el proceso de apelación (Sep. 10 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQAh-Z5__NYXQ7qopqwLgDm1ASc8ooMwbIyDOPpkWDQBUYA?e=91v0Ei">Información al Juzgado por no recibo de respuesta de Cancillería (Sep. 13 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQBZpJshlMFzTqJF69tg9SXpAc5EEs18cTjdPbfUimPdy2k?e=gq2VjT">Requerimiento del Juzgado a Cancillería (Oct. 20 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQCIGwrJHdiNTb8B0QJMILxHARttmcM1hXDZehJVfsMbSV4?e=mKQbAL">Solicito nuevamente información sobre la apelación (Nov. 02 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQDbSTT4g6taQaqwZKcmRzWrAb5mi-GrooMre4W0mPKfMUE?e=lJ6xTS">Demanda contra el Juzgado y Tribunal por demora en investigación (Dic. 01 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQBy08-xdPi7SYO5V__KTxDZAStqghEan-t6ztzc8c6FdpU?e=S8hbJE">Fallo 2a. Instancia por apelación (Dic. 11 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQA_dKeGTYbgRLwrIUp_64vfAVqBlMq2f2VY3qWLMIlWDck?e=639OsV">Fallo investigación por desacato (Dic. 15 de 2025).</a></li>
</ul>
<p>Recuerden Sres. abogados del Ministerio de Relaciones Exteriores, que las herramientas que tiene Ricardo Marín Rodríguez, y que utilizamos para defendernos de las injusticias y vulneración a nuestros derechos, no son títulos profesionales, especializaciones ni doctorados en derecho, como si los tienen muchos de Uds., sino, «la Verdad», «La Constitución de 1991», «las Leyes», «la Justicia», y en especial nuestra entrega y pasión por lo que hacemos.</p>
<p>Contra eso, Uds. no podrán ganar jamás, así que por favor, más cuidado con sus actuaciones. Y recuerden siempre que&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>«Quien pelea contra quien no tiene nada que perder, siempre perderá».</strong></p>


<p>Vergüenza Cancillería colombiana.</p>


Investigaciones y denuncias