La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia reconoció a la Cancillería como víctima dentro del proceso penal contra el excanciller Álvaro Leyva por el caso de los pasaportes. La decisión abre una nueva fase judicial en la que se analizará si el exministro incurrió en prevaricato por acción al declarar desierta la licitación de un contrato estratégico para el Estado colombiano. El caso no solo tiene implicaciones penales, sino que también plantea un debate sobre la responsabilidad de los altos funcionarios en la gestión de la contratación pública y el impacto institucional de sus decisiones.



















