Una denuncia cuyos datos del autor reservamos a petición suya por razones de seguridad, pero que para esta Casa informativa no se trata de una fuente anónima, puesto que conocemos de quien se trata y con quien tenemos contacto directo, fue dirigida a manera de petición al Consulado de Colombia en Madrid, y en formato denuncia remitida a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación.
Si leen hasta el final podrán conocer el contenido de esta «Denuncia por presunto gasto millonario para volver a cambiar de sede el Consulado en Madrid».
Esa nueva denuncia es una más de las originadas contra el Sr. Javier Darío Higuera Ángel, Cónsul colombiano en la capital española, que ha generado inquietud institucional al señalar presuntas irregularidades administrativas, posibles decisiones con impacto fiscal y riesgos de afectación al servicio consular.
Importante adicionar que estos hechos hacen parte de los que COLEXRET viene denunciando desde el momento en que el Cónsul Rodrigo Pinzón Navarro entregó el Consulado al entrante Javier Higuera Ángel, y cuya investigación se ha venido truncando por las evasivas respuestas que sobre el tema han ofrecido tanto el mencionado Cónsul, como la Cancillería, aduciendo, entre otras, reserva en la información y la documentación.
Gran parte de esa historia la pueden conocer en nuestra publicación del 03 de abril de 2025, bajo el titular «Consulado de Colombia en Madrid: La verdadera historia sobre el traslado a una nueva sede».
Señalamientos sobre gestión y decisiones administrativas en el Consulado colombiano en Madrid.
En el centro de la denuncia se encuentran varias decisiones adoptadas desde la llegada en abril de 2025 del funcionario Higuera Ángel, las cuales, según el peticionario, habrían generado impactos operativos y financieros en la sede consular.
Se advierte una presunta falta de gestión en la consolidación del proyecto conocido como “Pabellón Colombia”, así como una posible omisión en medidas necesarias para su funcionamiento adecuado.
Millonarios recursos públicos bajo cuestionamiento.
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia se refiere a la supuesta destinación de más de QUINIENTOS MILONES ($500.000.000) de pesos para la contratación de una firma de abogados, con el fin de dar por terminado el contrato de arrendamiento de la sede ubicada en la Calle Madrazo 8 en Madrid, donde funciona desde hace tan solo catorce (14) meses, y cuyo contrato de alquiler está por cinco (5) años.
Adicionalmente, se cuestiona la adquisición de equipos como aires acondicionados y calentadores portátiles, cuya utilidad es puesta en duda dentro del contexto de la nueva infraestructura consular.
La puesta en marcha del ascensor del Consulado, e instalación del aire acondicionado no ha sido posible por, entre otras razones, falta de presupuesto para ello.
Mientras tanto, el Sr. Cónsul Higuera Ángel, en complicidad con la Sra. Canciller Yolanda Villavicencio Mapy, y posible vinculación de otros funcionarios en el interior de la Cancillería, malgastan el dinero del Erario en la compra innecesaria de automóviles de alta gama, situación está que está siendo objeto de investigación por parte de la Contraloría y Procuraduría colombiana, tal y como lo pueden apreciar aquí.
Traslado de sede y posibles impactos operativos.
La denuncia también señala la decisión de trasladar la sede consular a la Calle Lagasca 88 en Madrid, inmueble que, según el documento, presentaría restricciones de acceso como torniquetes y controles de seguridad que podrían dificultar la atención al público.
Este cambio se considera problemático debido a la alta demanda de servicios consulares por parte de la comunidad colombiana residente en España.
Asimismo, se advierte un posible detrimento patrimonial asociado tanto a las inversiones realizadas en la sede de la Calle de los Madrazos 8 como al incremento del canon de arrendamiento del nuevo inmueble.
Posible vulneración de reglas fiscales y legales.
Otro de los elementos planteados en la denuncia es la eventual ejecución de estas decisiones durante la vigencia de la denominada Ley de Garantías, lo que exigiría, según el denunciante, un mayor rigor en la justificación administrativa y jurídica de las actuaciones.
Peticiones a las autoridades.
A fin de garantizar mayor información oficial, se le han planteado al Consulado colombiano en Madrid, entre otros puntos:
- Informes detallados sobre la gestión del “Pabellón Colombia”.
- Copia de estudios técnicos, jurídicos, financieros y de mercado.
- Justificación de la terminación del contrato en Madrazo 8.
- Soporte de la contratación de la firma de abogados.
- Análisis de la compra de equipos y del traslado de sede.
- Evaluación del impacto en la comunidad colombiana en Madrid.
- Intervención de la Procuraduría y la Contraloría.
- Medidas cautelares para suspender el traslado mientras se investiga.
Llamado a la transparencia.
Las actuaciones denunciadas deben ser objeto de verificación inmediata por parte de los organismos de control, en defensa del patrimonio público y la correcta prestación del servicio consular.
En caso de confirmarse irregularidades, el denunciante solicita la adopción de medidas disciplinarias, fiscales y administrativas correspondientes.
Esta denuncia pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la gestión de recursos públicos en el exterior y la necesidad de garantizar transparencia en las decisiones administrativas que afectan a la comunidad colombiana fuera del país.
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