¿Quién es realmente responsable del negocio de las citas consulares?
El 11 de octubre de 2022, refiriéndonos a la comercialización de las citas consulares por parte de particulares, publicamos el artículo titulado «Conformación de mafias para obtener citas», donde se puso sobre la mesa un fenómeno que comenzaba a generar preocupación entre los ciudadanos colombianos en el exterior, al igual que en las respectivas autoridades consulares.
Continúen leyendo hasta el final para que conozcan el «Negocio de las citas consulares: Ineficiencia del Estado crea oportunidades para los tramitadores».
Posteriormente, el 09 de mayo de 2023, abordamos nuevamente el tema en una publicación donde analizamos el negocio de las citas consulares y planteamos una pregunta fundamental: ¿es delito pagar o cobrar por una cita consular?
Más adelante, el 24 de agosto de 2025, bajo el titular «Citas en Consulados: Un negocio internacional manejado desde Colombia», dimos a conocer nuevos hallazgos derivados de una investigación periodística que ya completa casi cuatro años, durante la cual hemos logrado conversar directamente con personas que se han constituido prácticamente en empresas dedicadas a este servicio, tanto en Bogotá como en varios países del exterior.
En cada una de esas publicaciones, si bien no hemos compartido ni promovido ese negocio, tampoco lo hemos calificado como una actividad delincuencial. La razón es simple: conforme a consultas realizadas con profesionales del derecho, para que exista delito deben configurarse condiciones específicas que no siempre se presentan en estos casos, y que ya fueron explicadas en los artículos anteriormente citados.
El interés de la Cancillería y la búsqueda de responsables.
En los últimos meses se ha evidenciado un creciente interés por parte de la Cancillería colombiana en erradicar el denominado negocio de las citas consulares. Incluso se han impartido instrucciones a los consulados para que colaboren en la identificación y eventual denuncia de quienes lo desarrollan.
Sin embargo, antes de señalar culpables, resulta necesario analizar con objetividad el origen del problema; porque la pregunta de fondo no es si existen tramitadores, sino por qué existen.
El origen del problema: fallas estructurales del Estado.
Desde la perspectiva de este medio, el principal responsable de la existencia y expansión de los tramitadores de citas consulares es el propio Estado colombiano, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores.
La falta de un sistema de agendamiento eficiente, sumada a la escasez de personal en la mayoría de consulados, ha generado un cuello de botella que afecta gravemente la prestación del servicio consular. Esta situación ha provocado un creciente nivel de inconformidad entre los ciudadanos, especialmente aquellos que residen en el exterior y dependen de estos servicios para trámites esenciales.
En ese contexto, han surgido emprendedores, en su mayoría colombianos, que han visto una oportunidad laboral en un espacio donde el Estado no ha logrado responder con eficacia.
No se trata necesariamente de un negocio ilegal. Se trata, en muchos casos, de una respuesta del mercado a una necesidad insatisfecha.
La oportunidad crea el negocio.
La conocida expresión popular señala que «la ocasión hace al ladrón». En el caso que analizamos, podría afirmarse que, «La ocasión hace al tramitador».
Mientras existan barreras tecnológicas, demoras excesivas y limitaciones operativas en los consulados, seguirán apareciendo personas dispuestas a facilitar el acceso a las citas, a cambio de una remuneración.
Y mientras esas actividades no involucren fraude, suplantación, manipulación indebida del sistema o cualquier otra conducta tipificada como delito, su ejercicio seguirá siendo jurídicamente inimputable.
La solución no es perseguir, sino corregir.
Si el Estado colombiano desea reducir o eliminar el negocio de la venta de citas consulares, la solución no pasa únicamente por sancionar a los tramitadores. La solución pasa por corregir las causas estructurales del problema.
Entre las medidas más urgentes se encuentran:
- La adquisición de un sistema tecnológico moderno y robusto para el agendamiento de citas.
- El aumento del personal en los consulados con mayor demanda.
- La optimización de los procesos de atención al ciudadano.
- La mejora en la planificación y gestión del servicio consular
Estas acciones no necesariamente eliminarán el negocio de las citas, pero sí pueden reducirlo a un nivel mínimo donde deje de ser atractivo económicamente.
Conclusión de COLEXRET:
El negocio de las citas consulares no nació por casualidad ni por delincuencia organizada. Nació como consecuencia de deficiencias institucionales. Mientras esas deficiencias persistan, el fenómeno continuará.
Y si el Estado colombiano realmente desea acabar con este negocio, deberá empezar por fortalecer su propio sistema de atención a los ciudadanos, especialmente a aquellos que residen en el exterior y dependen de los consulados para ejercer sus derechos.
Para finalizar, en COLEXRET no vemos más responsables.
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