El presente artículo es de la autoría de Manuel Alberto Gómez, Candidato a doctor en Economía de la Universidad Complutense de Madrid, Magister en Análisis económico de la Universidad Complutense y Magister en Planificación Local y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona; especialista en Proyectos de Desarrollo y Administrador Público de la ESAP.
Fue Vicecónsul de Colombia en Madrid hasta hace unas semanas; asesor de la Presidencia del Senado (2016) y actualmente es investigador invitado en el Centro de Estudios Latinoamericanos e Iberoamericanos (CILAS) de la Universidad de california- San Diego, en los Estados Unidos.
Miembro de la Campaña de iniciativa ciudadana: #AisladosPeroUnidos
“Señor Gobierno, ¡salve usted la Patria!
Hoy nos despertamos con la noticia que los productores de pollo en el país tienen un problema de sobreproducción, no tienen suficiente demanda para vender y su capacidad de almacenamiento esta desbordada, con lo cual, estamos en riesgo de ver nuevamente la triste escena de cientos de toneladas de comida desechada como basura.
Muy seguramente la carne, la leche u otros productos que dependen de una adecuada cadena de frío comenzarán a presentar el mismo fenómeno. Esto conllevará, además, a parar la producción y con ello un posible desabastecimiento.
Pero ¿cómo abordar el problema?
La ecuación es simple, los colombianos necesitan comida en su mesa y tenemos productores que tienen la infraestructura para abastecernos, el problema esta en que la demanda (los colombianos de a pie), hoy sin trabajo ni ingresos, no tienen cómo pagar el precio y menos precios elevados.
Normalmente hablar de regulación o intervención en sectores productivos del mercado es tildado de castro-chavista y de expropiador, sin embargo, el debate es mucho más profundo y en la coyuntura actual, más relevante que nunca.
En momentos de crisis como el actual, el Estado tiene la autoridad y el deber de regular los sectores productores y reorganizar el abastecimiento de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria.
Por más comunista que suena la idea, los mejores ejemplos no los encontramos ni en Venezuela ni en Cuba. En los Estados Unidos, el presidente Trump decidió invocar una antigua ley “the defense production act” para obligar al sector privado a producir respiradores artificiales.
Sí señor, el sector privado de los Estados Unidos, es forzado por el Gobierno Federal a producir bienes sin pensar en la rentabilidad. Y no es la primera vez, hace un par de décadas, el demócrata Bill Clinton usó estas mismas facultades para obligar a los productores de gas en California a vender a un precio regulado, con el fin de garantizar abastecimiento.
No siempre se usa coerción. En España, Francia o Alemania, están alistando incentivos fiscales y subsidios para que parte del aparato productor de cada país se active con el fin de suplir la demanda interna, algo que por estas fechas es fundamental para la supervivencia de cualquier país.
En Colombia, la principal medida que el Gobierno Nacional anunció para garantizar la provisión de alimentos, es garantizar la movilidad de productores y distribuidores eximiéndolos de las restricciones de la cuarentena; sin embargo, esto no es suficiente.
Según la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura, en inglés, Food and Agriculture Organization), en Colombia alrededor de 4,2 millones de ciudadanos están subalimentados y 2,4 millones padecen hambre, esto sin cuarentena por coronavirus.
Con la economía parada y los más necesitados sin conseguir su sustento diario, el país esta al borde de una crisis alimentaria en la población más vulnerable.
Debemos hacer un llamado urgente al Gobierno y al Congreso de la República para que tomen cartas en el asunto e intervengan transitoriamente la producción nacional, a fin de garantizar el abastecimiento.
Los sectores productivos van a demandar, y con razón, ayudas económicas que vayan más allá de líneas de crédito condonables y ello redundará en un debate entorno a exenciones transitorias de impuestos que permitan ayudar el flujo de caja de los productores.
Esto presenta una oportunidad para condicionar las ayudas económicas a la producción de alimentos, para que mantengan sus niveles de producción y contribuyan con los excedentes que no pueden vender y así alimentar a las familias colombianas que, por la cuarentena y por la pobreza, hoy ven amenazada su alimentación diaria.
Stiglitz, señala en su último libro que “necesitamos un Gobierno que opere de manera flexible respecto a la mejor forma de organizar la producción y el suministro de estos servicios”. En Colombia, como en el resto del planeta, la autoridad del Estado esta siendo llamada a reorganizar, por lo menos transitoriamente, sectores estratégicos de la producción para garantizar el abastecimiento de alimentos a los sectores más vulnerables.
Señor gobierno, ¡salve usted la patria!”
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