<p><strong>¡Se les acabó el escondite! Justicia tumba a la Cancillería y exige rendición de cuentas sobre los millonarios recursos del Viceministerio de las Migraciones</strong></p>
<h2>La justicia ordena a Cancillería revelar cuentas del Viceministerio de las Migraciones</h2>
<p>Tras un pulso jurídico liderado por nuestro director <a href="https://x.com/home">Ricardo Marín Rodríguez</a>, el Tribunal Superior de Bogotá tumbó <a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQCYMi--hOFkQphH2UEep6kpAY0qfsPFhn_M6U0DthJykAQ?e=Fkbjjf">el fallo de primera instancia</a> y ordenó a la Cancillería revelar el presupuesto y los gastos del Viceministerio de las Migraciones.</p>
<p>Al finalizar dejaremos el enlace con el texto completo de la sentencia del Tribunal de Bogotá.</p>
<p><a href="https://www.colexret.com/cancilleria/libro-verdad-cancilleria-colexret-15-anos-investigacion/">Una pesada herencia de opacidad de la administración pasada</a> que hoy salpica a la institución, pero que la nueva administración sabrá responder con rigor y legalidad.</p>
<p>Durante años, las comunidades de colombianos en el exterior han sido tratadas como cenicientas presupuestales, utilizadas en discursos rimbombantes pero abandonadas en la práctica institucional.</p>
<p>Con bombos y platillos se anunció la <a href="https://www.colexret.com/politica-migratoria/viceministerio-de-las-migraciones-de-colombia-una-historia-con-buen-final/">creación del Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional,</a> presentado como la panacea para resolver el calvario de nuestros compatriotas fuera del país.</p>
<p>Sin embargo, detrás de la fachada institucional se ha cimentado un manto espeso de opacidad sobre el manejo de sus recursos.</p>
<p>Ante la negativa sistemática del Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la administración de Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, de entregar el desglose financiero del Viceministerio de las Migraciones <a href="https://www.colexret.com/politica-migratoria/funcionamiento-viceministerio-migraciones-colombia-cancilleria/">(Ver aquí)</a>, el director de COLEXRET, Ricardo Marín Rodríguez, acudió a la justicia interponiendo <a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQBgQqwAI6g0R6V1r3omUMluAftlZCfY9FP8HQhs21rR4cQ?e=Ee9s1b">una acción de tutela el pasado 5 de julio de 2026. </a></p>
<p>Lo que siguió fue un rosario de evasivas burocráticas que hoy, gracias a un fallo de segunda instancia lapidario, quedan al descubierto.</p>
<p>(<strong>Vean aquí</strong> <a href="https://www.colexret.com/temas/viceministerio-de-las-migraciones/">«La historia del Viceministerio de las Migraciones»</a>)</p>
<h2>La primera instancia: Un «hecho superado» de papel que protegía la opacidad</h2>
<p>En un principio, el Juzgado Veinticuatro (24) de Familia de Bogotá, <a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQCYMi--hOFkQphH2UEep6kpAY0qfsPFhn_M6U0DthJykAQ?e=DmnKCa">mediante sentencia del 22 de julio de 2026,</a> declaró la carencia actual de objeto por «hecho superado».</p>
<p>El despacho de primera instancia se tragó entero el cuento de la Cancillería de que, al haber emitido un oficio complementario durante el trámite de la tutela, la vulneración había cesado.</p>
<p>No obstante, la entidad se había escudado en una excusa inaceptable para negar la información sobre los puntos 10 y 11 del derecho de petición, relativos al gasto ejecutado, nómina, contratación, viáticos, viajes y publicidad institucional del Viceministerio, argumentando de manera cínica que el sistema financiero carecía de discriminación por dependencias.</p>
<p>Esto fue lo que dijo exactamente la Cancillería bajo el radicado S-GAJR-26-020823, del 01 de julio de 2026:</p>
<p><em>«No es posible suministrar la información en el nivel de desagregación solicitado, toda vez que (&#8230;) el sistema financiero institucional no cuenta con una discriminación individualizada por dependencias.»</em></p>
<p>Inconforme con este galimatías burocrático, Marín Rodríguez impugnó oportunamente la decisión, demostrando que la administración no puede esconderse tras supuestas limitaciones de sus sistemas informáticos para burlar el derecho fundamental de petición y el acceso a la información pública.</p>
<h2>El fallo de segunda instancia: ¡Victoria jurídica! La justicia tumba la negativa de la Cancillería</h2>
<p>La contundencia de la impugnación rindió frutos. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá &#8211; Sala de Familia, en providencia del 31 de agosto de 2026 con ponencia del Magistrado Jaime Humberto Araque González, <a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQCoUtVE8kWjSKZ6jOxfMxENAZyNhUEXdjN-E5gtj3p1QwA?e=QTJWg9">revocó el fallo de primera instancia</a> y le dio un tremendo remezón a la Cancillería.</p>
<p>El Tribunal fue enfático en señalar que la simple respuesta formal de la entidad no constituía un hecho superado, pues la contestación carecía de motivación jurídica suficiente.</p>
<p>El fallo de segunda instancia recoge con precisión quirúrgica la jurisprudencia constitucional (destacando la <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2025/t-173-25.htm">Sentencia T-173 de 2025</a>) en cuanto a que los sujetos obligados deben garantizar el acceso a la información pública bajo el principio de máxima publicidad consagrado en la <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882">Ley 1712 de 2014</a>.</p>
<p>La Sala del Tribunal reprochó duramente la actitud del Ministerio, así:</p>
<p><em>«Las citas normativa y jurisprudencial efectuadas en precedencia, de cara a la respuesta complementaria efectuada al derecho de petición, ponen en evidencia que, efectivamente, el Ministerio no contestó de forma motivada y completa, dado que se limitó a indicar que no cuenta con la información de forma discriminada como la pide el peticionario, sin ofrecerle alternativas para su obtención, ya sea enviándole la base de datos global ilustrándolo u orientándolo sobre la metodología para extraer los datos concretos de su interés&#8230;»</em></p>
<p>En consecuencia, el Tribunal ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores que dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas se pronuncie nuevamente sobre las preguntas 10 y 11 de forma sustentada y completa.</p>
<p><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQCoUtVE8kWjSKZ6jOxfMxENAZyNhUEXdjN-E5gtj3p1QwA?e=gc42Oh">Vean aquí el texto completo del fallo de Segunda Instancia emitido por el Tribunal Superior de Bogotá.</a></p>
<h2>Una herencia maldita: El desgobierno de Yolanda Villavicencio Mapy</h2>
<p>Desde COLEXRET debemos ser enfáticos y rigurosos con la verdad histórica y administrativa. Esta penosa situación de desorden financiero, opacidad y falta de discriminación presupuestal no es responsabilidad de las actuales autoridades de la Cancillería.</p>
<p>Esta es una de las más oscuras y vergonzosas herencias dejadas por la anterior administración, liderada por la ex-Canciller Yolanda Villavicencio Mapy, bajo cuya gestión se estructuró este Viceministerio a espaldas de la transparencia y el rigor fiscal.</p>
<p>Queremos dejar absolutamente claro que el actual Canciller, Omar Bula Escobar, así como el actual Viceministro de las Migraciones, Pedro Agustín Roa, no son autores ni coautores de los catastróficos manejos de sus antecesores.</p>
<p>Ellos recibieron un aparato burocrático caótico y opaco. Sin embargo, como la institucionalidad es continua, hoy les corresponde a ellos responder institucionalmente por las irregularidades del pasado.</p>
<p>Estamos seguros de que el actual Ministro y su equipo actuarán dentro del estricto marco legal, rompiendo con la costumbre de la ilegalidad y la evasiva con la que inicialmente se contestó el derecho de petición.</p>
<p>La ley obliga, y la administración actual tiene la oportunidad dorada de marcar la diferencia deslindándose del oscuro manejo de la administración Villavicencio.</p>
<div class="related-posts">(<span class="related-posts-prefix">Le puede interesar:</span> <a href="https://www.colexret.com/cancilleria/el-disfraz-de-las-contrataciones-de-consulados-con-la-ong-aesco-de-yolanda-villavicencio-mapy/"  alt="El disfraz de las contrataciones de Consulados con la ONG &quot;AESCO&quot; de Yolanda Villavicencio Mapy" title="El disfraz de las contrataciones de Consulados con la ONG &quot;AESCO&quot; de Yolanda Villavicencio Mapy" class="related-posts-link">El disfraz de las contrataciones de Consulados con la ONG "AESCO" de Yolanda Villavicencio Mapy</a>)</div>
<h2>Del papel a la opacidad: Cuando el Viceministerio olvida para qué fue creado</h2>
<p>Lo verdaderamente grave de este pulso jurídico no es solo la renuencia burocrática de la Cancillería a entregar un informe financiero, sino el peligro latente de que la creación del Viceministerio de las Migraciones termine convertida en un simple ropaje institucional para justificar burocracia y gasto ineficiente, alejándose por completo de los verdaderos intereses de los colombianos en el exterior.</p>
<p>Como desde COLEXRET lo hemos advertido y documentado de manera sistemática, el Estado colombiano padece un error estructural histórico, como es el de confundir política migratoria con mera gestión consular.</p>
<p>Un Viceministerio de esta categoría no puede limitarse a ser una ventanilla de pasaportes, trámites notariales o encuentros culturales de escaparate (Colombia Nos Une).</p>
<p>La política integral migratoria, respaldada jurídicamente por la <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=168067">Ley 2136 de 2021</a>, exige articular una verdadera política de Estado que abarque la emigración, el retorno, la protección internacional, la movilidad laboral y la integración de más de cinco millones de colombianos regidos por las dinámicas globales.</p>
<p>Si la Cancillería se escuda en que «no cuenta con discriminación individualizada por dependencias», lo que está confesando indirectamente es una preocupante improvisación fiscal: millones de pesos ejecutados sin una brújula técnica clara ni indicadores de impacto real para la diáspora.</p>
<p>Los recursos públicos no pueden seguir destinándose a sostener un aparato burocrático opaco mientras las comunidades migrantes siguen sufriendo el abandono consular y el desdén estatal.</p>
<p>La exigencia de transparencia que hoy avala el Tribunal Superior de Bogotá es apenas el primer paso para obligar al Estado a demostrar si este Viceministerio nació para servirle a los migrantes o simplemente para engrosar la nómina de la ineficiencia.</p>
<h2>La gran incógnita: ¿En qué se gastaron la gran millonada?</h2>
<p>Desde este espacio periodístico seguiremos vigilantes. Una vez la Cancillería dé cumplimiento a la orden judicial de segunda instancia, le informaremos con pelos y señales a nuestros lectores y a toda la diáspora colombiana.</p>
<p>Descubriremos y contaremos cómo el Viceministerio de las Migraciones se gastó una gran millonada sin que exista un solo resultado tangible, real ni efectivo en su función principal, como es, atender la temática migratoria y a los millones de colombianos en el exterior.</p>
<p>Los recursos públicos no pueden seguir siendo botín de burocracias ineficientes mientras los consulados colapsan y los migrantes sufren el abandono estatal. La verdad está a pronto de salir a la luz.</p>
<div class="related-posts">(<span class="related-posts-prefix">Vean aquí:</span> <a href="https://www.colexret.com/cancilleria/derechos-de-peticion-y-tutelas-desde-el-exterior-incomodan-a-la-cancilleria/"  alt="Derechos de petición y tutelas desde el exterior incomodan a la Cancillería" title="Derechos de petición y tutelas desde el exterior incomodan a la Cancillería" class="related-posts-link">Derechos de petición y tutelas desde el exterior incomodan a la Cancillería</a>)</div>
<h2>Ocultamiento de información pública</h2>
<p>En el último cuatrienio, y en especial en el tiempo en que la Cancillería fue liderada por la Sra. Yolanda Villavicencio Mapy, siempre nos preguntamos:</p>
<p>¿Cuál es la razón por la que Cancillería oculta información y documentación pública?</p>
<p>La respuesta está en <a href="https://www.colexret.com/cancilleria/libro-de-la-verdad-cancilleria-bajo-la-lupa-colexret/">«El Libro de la Verdad».</a></p>
<p>Y si nos preguntan cómo conseguimos este nuevo triunfo ante la justicia? La respuesta está en la clave del éxito:</p>
<p>«INSISTIR, PERSISTIR, RESISTIR, y NUNCA DESISTIR», porque «No existen cosas imposibles sino seres incapaces». Por eso, «Nunca rindan el ánimo, solo por medio de fatigas se logra la victoria».</p>


<p>Viceministerio de las Migraciones</p>


La justicia ordena a Cancillería revelar cuentas del Viceministerio de las Migraciones

<p><strong>La nulidad de un fallo de tutela contra la Cámara de Representantes abre un debate jurídico y político sobre el respeto a la justicia, la responsabilidad institucional y la posibilidad de desacato aun cuando una decisión haya sido anulada. </strong></p>
<p><strong>La discusión ya no es solo jurídica: es institucional y política. El verdadero problema no es la nulidad del fallo, sino la persistente resistencia a responder.</strong></p>
<p>Continúa leyendo hasta el final y conoce <strong>«Como la nulidad no borra el desacato, Cámara de Representantes podría ser sancionada».</strong></p>
<h2>ABC de los hechos:</h2>
<p>En fallo de Primera instancia a favor del denunciante Ricardo Marín Rodríguez, expedido el 26 de enero de 2026 por  el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá se consideró vulnerado su derecho fundamental de petición.  <a class="external-link" href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQD3p59RXDSnQZJ7VsAS6Z6yAX5jzohdW9YEGtaS_waOlbw?e=yge56p" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">(Ver texto del fallo completo aquí).</a></p>
<p>En esa decisión se ordenó a la Secretaría de la Cámara de Representantes responder de manera clara, precisa y congruente a los interrogantes formulados, conforme a lo establecido en la Ley 1755 de 2015 y en la jurisprudencia de nuestras Altas Cortes.</p>
<p>El juzgado concluyó que varias respuestas entregadas por la Cámara no constituían una contestación de fondo, especialmente en los numerales 1, 3, 4 y 6 de la solicitud. Según el análisis judicial.</p>
<p>En su derecho, la Secretaría General de la Cámara de Representante apeló el fallo, y fue así como la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 26 de marzo mediante <a class="external-link" href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQBguyetopDfQ6XjOuoLBgYNARafi5ScWstreEzO7nCULZI?e=TRKZXh" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">fallo en segunda instancia, 110013187006 202600026 01</a>, declaró la nulidad de la actuación procesal adelantada en primera instancia.</p>
<p>La decisión se fundamentó en errores procedimentales, particularmente en la omisión de vincular a los sujetos responsables de la información solicitada. Entre ellos, dependencias específicas de la Cámara de Representantes y a la congresista por los colombianos en el exterior, Carmen Ramírez Boscán.</p>
<p>El tribunal señaló que el juzgado de primera instancia debió incluir desde el inicio a las entidades y funcionarios que tenían la custodia legal de los datos requeridos, lo cual no ocurrió, generando una causal de nulidad estructural.</p>
<p>Ante de conocerse el fallo en Segunda Instancia, y considerando que la Cámara de Representantes no estaba dando cumplimiento a lo ya ordenado por la justicia, Ricardo Marín Rodríguez lo informó al Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, a la vez que solicitó se abriera investigación por desacato contra esa Corporación legislativa.</p>
<p>Recibida la denuncia y petición de investigación por desacato, el Juzgado mediante auto del 24 de marzo de 2026, solicitó a la Secretaría General de la Cámara de Representantes dar cumplimiento al fallo de tutela y remitir a ese Despacho judicial el informe detallado de las gestiones desplegadas para tal fin, sin que al 07 de abril del presente esa Corporación hubiera respondido.</p>
<p>Así las cosas, ante ese escenario de flagrante inactividad por parte de la entidad demandada, en aras de preservar las garantías que le asisten y, con la finalidad de tener mayor claridad sobre las circunstancias que realmente fundamentan el trámite incidental promovido por Ricardo Marín Rodríguez, el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá, dispuso:</p>
<p><em>(i) Requerir, por segunda y última vez, a la Secretaría General de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, para que, en el término de cuatro (4) días contados a partir de la notificación de esta decisión, y si aún no lo ha hecho, informe sobre el cumplimiento de fallo de tutela del 26 de enero de 2026 conforme a la queja literal interpuesta por el demandante, en el que se dispuso:</em></p>
<p><em>(&#8230;) ordenar a la Secretaría General de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia, que en un término de no superior a 48 horas proceda a resolver íntegramente la solicitud presentada el 2 de noviembre de 2025 &#8211; numerales 1,3,4 y 6, aumentando la respuesta, conforme a lo expuesto en la motivación de este fallo».</em></p>
<p>Y concluye la autoridad judicial  que, «<em>En caso de que la accionada persista en la omisión de orden de tutela, se procederá a determinar inmediatamente si hay lugar a la imposición de la sanción por desacato».</em></p>
<h2>El problema no comenzó con la nulidad, sino con el silencio.</h2>
<p>El origen de este caso no es una discusión técnica sobre nulidades procesales, sino algo mucho más simple y, a la vez, más grave, la negativa de una entidad pública a responder de fondo a un derecho de petición.</p>
<p>Ese derecho, reconocido como fundamental por la Constitución, fue el que motivó la acción de tutela interpuesta por Ricardo Marín Rodríguez contra la Secretaría General de la Cámara de Representantes y contra funcionarios vinculados a la gestión de la representante por los colombianos en el exterior, Carmen Ramírez Boscán.</p>
<p>El juez de primera instancia no dudó en reconocer la vulneración al mencionado derecho, y ordenó responder, ordenó hacerlo bien, ordenó responder de fondo. Sin embargo, la respuesta institucional fue apelar, no corregir, no responder, no cumplir.</p>
<h2>La nulidad: una victoria procesal, no una absolución institucional.</h2>
<p>El Tribunal Superior de Bogotá anuló el fallo de primera instancia, pero no lo hizo porque la Cámara hubiera respondido correctamente, ni porque el derecho de petición no hubiera sido vulnerado, lo anuló por un error procesal: no se vincularon todas las partes responsables de la información solicitada. Es decir, la nulidad no fue sustantiva, fue formal; y esta diferencia es crucial desde el punto de vista jurídico y político.</p>
<p>Porque una nulidad procesal, no demuestra que la entidad actuó correctamente; no prueba que la respuesta fue suficiente; no elimina la obligación de transparencia; no legitima el silencio institucional. Lo único que hace es reiniciar el proceso, nada más.</p>
<div class="related-posts">(<span class="related-posts-prefix">Le puede interesar:</span> <a href="https://www.colexret.com/consulados/la-justicia-abre-investigacion-por-desacato-contra-consul-colombiano/"  alt="La justicia abre investigación por desacato contra Cónsul colombiano." title="La justicia abre investigación por desacato contra Cónsul colombiano." class="related-posts-link">La justicia abre investigación por desacato contra Cónsul colombiano.</a>)</div>
<h2>El desacato: una figura jurídica que mide la seriedad del Estado.</h2>
<p>La verdadera pregunta no es si el fallo fue anulado; la verdadera pregunta es:</p>
<p><strong>¿La Cámara de Representantes cumplió la orden judicial mientras estuvo vigente?, </strong>y la respuesta es no.</p>
<p>El desacato no se mide por el resultado final del proceso, se mide por la conducta de la autoridad frente a la orden judicial, y es ahí donde aparece el punto crítico.</p>
<p>Si una entidad pública, recibe una orden judicial, conoce su contenido, tiene capacidad de cumplirla. y decide no hacerlo, entonces el problema ya no es jurídico, es institucional; y en cierto casos disciplinario y hasta penal.</p>
<h2>La cultura del no responder en la administración pública, o responder de cualquier manera.</h2>
<p>Este caso refleja un fenómeno estructural en muchas instituciones públicas, la normalización de respuestas incompletas, evasivas o tardías.</p>
<p>No se trata de un error aislado, se trata de una práctica recurrente, pues se responde parcialmente, se responde ambiguamente, se responde sin contenido real, o simplemente se responde tarde.</p>
<p>Y cuando el ciudadano insiste, la reacción institucional suele ser defensiva, se recurre a formalismos, se invocan tecnicismos, se dilata el procedimiento. Y no para garantizar derechos, sino para evitar responsabilidades.</p>
<div class="related-posts">(<span class="related-posts-prefix">Vean aquí:</span> <a href="https://www.colexret.com/cancilleria/derechos-de-peticion-y-tutelas-desde-el-exterior-incomodan-a-la-cancilleria/"  alt="Derechos de petición y tutelas desde el exterior incomodan a la Cancillería" title="Derechos de petición y tutelas desde el exterior incomodan a la Cancillería" class="related-posts-link">Derechos de petición y tutelas desde el exterior incomodan a la Cancillería</a>)</div>
<h2>La nulidad no borra el pasado.</h2>
<p>Desde el punto de vista jurídico, la nulidad tiene efectos hacia el proceso, no hacia la conducta. Esto significa que una orden judicial puede desaparecer, pero el incumplimiento ocurrido mientras existía no desaparece con ella.</p>
<p>La jurisprudencia constitucional ha sido clara en este punto cuando expuso que, «Las autoridades están obligadas a cumplir las decisiones judiciales mientras estén vigentes, incluso si posteriormente son modificadas o anuladas».</p>
<p>En este caso, tenemos claro que la sentencia que protegió el derecho de petición de Ricardo Marín Rodríguez se notificó bien, y a pesar del tiempo que tuvo la Cámara de Representantes para cumplir el fallo no lo hizo.</p>
<p>También es claro que cuando se declaró la nulidad del fallo en Primera Instancia, la Secretaría de la Cámara de Representantes ya debió haber dado cumplimiento a la orden judicial dictada, y no lo hizo.</p>
<h2>El riesgo institucional: perder autoridad moral frente a la justicia.</h2>
<p>Las entidades públicas no solo deben cumplir la ley, deben demostrar que la respetan.</p>
<p>Cuando una institución legislativa encargada de hacer las leyes aparece incumpliendo decisiones judiciales, el impacto no es solo jurídico, es simbólico, es político, y es institucional; porque envía un mensaje peligroso al indicar que las órdenes judiciales pueden ignorarse<br />
mientras se discuten tecnicismos procesales.</p>
<div class="related-posts">(<span class="related-posts-prefix">De interés:</span> <a href="https://www.colexret.com/consulados/negocio-citas-consulares-responsabilidad-estado-colombiano/"  alt="Negocio de las citas consulares: Ineficiencia del Estado crea oportunidades para los tramitadores." title="Negocio de las citas consulares: Ineficiencia del Estado crea oportunidades para los tramitadores." class="related-posts-link">Negocio de las citas consulares: Ineficiencia del Estado crea oportunidades para los tramitadores.</a>)</div>
<h2>Lo que puede venir ahora.</h2>
<p>Desde el punto de vista jurídico, el escenario es relativamente claro, pueden ocurrir tres cosas:</p>
<p><strong>1.</strong> El incidente de desacato se archiva si se concluye que la nulidad eliminó la orden antes de que se configurara el incumplimiento, lo cual no es el caso.</p>
<p><strong>2.</strong> El desacato continúa si se demuestra que la entidad no cumplió la orden mientras estaba vigente, tal cual sucedió.</p>
<p>Este sería el escenario jurídicamente más delicado porque implicaría, responsabilidad personal de los funcionarios, posibles sanciones disciplinarias, e incluso eventuales consecuencias penales.</p>
<p><strong>3.</strong> El proceso de tutela se reinicia, siendo el escenario procesal más probable, y también el más revelador, porque significaría que, después de todo este litigio, la pregunta original sigue intacta, ¿por qué no se respondió de fondo desde el principio?</p>
<h2>La discusión real no es jurídica, es institucional.</h2>
<p>Este caso no trata solo de una nulidad, ni de una tutela, ni de un desacato. Trata de algo más profundo, la relación entre el Estado y el ciudadano.</p>
<p>Cuando responder una solicitud se convierte en un litigio de meses, el problema no es procesal, es institucional. Y cuando cumplir una orden judicial se convierte en una discusión, el problema ya no es jurídico, es político.</p>


<p>Desacato de la Cámara de Representantes de Colombia.</p>


Como la nulidad no borra el desacato, Cámara de Representantes podría ser sancionada.

<p>El 07 de enero del presente 2026, lanzamos la publicación <a href="https://www.colexret.com/politica/congreso-entutelado-por-negar-informacion-sobre-la-congresista-por-el-exterior/">«Congreso entutelado por negar información sobre la Congresista por el exterior»</a>, Carmen Ramírez Boscán. Allí dimos detalles de cómo, el por qué, y contra quiénes COLEXRET en cabeza de Ricardo Marín Rodríguez, instauró esa Acción de tutela.</p>
<p>Acorde con nuestro titular <strong>La justicia anula fallo de tutela contra el Congreso y ordena vincular a Congresista Carmen Ramírez Boscán</strong>, el proceso judicial avanzó con decisiones en primera y segunda instancia que modificaron el curso de la actuación, hasta llegar a determinar la nulidad de lo actuado y la orden de vincular a nuevas partes responsables de la información solicitada.</p>
<div class="related-posts">(<span class="related-posts-prefix">Le puede interesar:</span> <a href="https://www.colexret.com/politica/elecciones-presidencia-de-colombia-2026-desde-el-exterior-candidatos-perfiles-y-propuestas/"  alt="Elecciones Presidencia de Colombia 2026 desde el exterior: Candidatos, perfiles y propuestas." title="Elecciones Presidencia de Colombia 2026 desde el exterior: Candidatos, perfiles y propuestas." class="related-posts-link">Elecciones Presidencia de Colombia 2026 desde el exterior: Candidatos, perfiles y propuestas.</a>)</div>
<h3>Fallo en primera instancia protegió el derecho de petición a Ricardo Marín Rodríguez.</h3>
<p>El 26 de enero de 2026, el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá falló en primera instancia a favor del accionante, al considerar vulnerado su derecho fundamental de petición. <a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQD3p59RXDSnQZJ7VsAS6Z6yAX5jzohdW9YEGtaS_waOlbw?e=yge56p">(Ver texto del fallo completo aquí).</a></p>
<p>En esa decisión, el despacho judicial ordenó a la Secretaría de la Cámara de Representantes responder de manera clara, precisa y congruente a los interrogantes formulados, conforme a lo establecido en la <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65334">Ley 1755 de 2015</a> y en la jurisprudencia de nuestras Altas Cortes.</p>
<p>El juzgado concluyó que varias respuestas entregadas por la Cámara no constituían una contestación de fondo, especialmente en los numerales 1, 3, 4 y 6 de la solicitud. Según el análisis judicial, las contestaciones consistieron principalmente en:</p>
<ul>
<li>Remisiones a páginas web con información incompleta.</li>
<li>Traslados entre dependencias sin respuesta efectiva.</li>
<li>Redirecciones administrativas sin que alguna autoridad asumiera la responsabilidad de responder.</li>
</ul>
<h3>Cámara de Representantes apeló la decisión.</h3>
<p>Tras el fallo favorable al accionante, la Secretaría General de la Cámara de Representantes presentó una impugnación contra la decisión de primera instancia.</p>
<p>En su apelación, la entidad argumentó que la respuesta inicial fue completa, oportuna y acorde con sus competencias legales, y que los traslados realizados a otras dependencias constituían una respuesta válida conforme a la normativa vigente.</p>
<p>Además, informó que el 28 de enero de 2026 remitió al accionante un oficio reiterando las actuaciones realizadas y el fundamento normativo de las mismas, señalando que la inconformidad con la información disponible no implica necesariamente una vulneración del derecho de petición.</p>
<div class="related-posts">(<span class="related-posts-prefix">Vean aquí:</span> <a href="https://www.colexret.com/varios/como-obtener-la-licencia-de-conduccion-digital-dentro-o-fuera-de-colombia/"  alt="¿Cómo obtener la licencia de conducción digital dentro o fuera de Colombia?" title="¿Cómo obtener la licencia de conducción digital dentro o fuera de Colombia?" class="related-posts-link">¿Cómo obtener la licencia de conducción digital dentro o fuera de Colombia?</a>)</div>
<h3>Nulidad de fallo de tutela contra la Cámara de Representantes.</h3>
<p>La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante <a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQBguyetopDfQ6XjOuoLBgYNARafi5ScWstreEzO7nCULZI?e=TRKZXh">fallo en segunda instancia, 110013187006 202600026 01, del 26 de los corrientes</a>, declaró la nulidad de la actuación procesal adelantada en primera instancia.</p>
<p>La decisión se fundamentó en errores procedimentales, particularmente en la omisión de vincular a los sujetos responsables de la información solicitada. Entre ellos, dependencias específicas de la Cámara de Representantes y a la congresista por los colombianos en el exterior, Carmen Ramírez Boscán.</p>
<p>El tribunal señaló que el juzgado de primera instancia debió incluir desde el inicio a las entidades y funcionarios que tenían la custodia legal de los datos requeridos, lo cual no ocurrió, generando una causal de nulidad estructural.</p>
<p>Asimismo, el alto tribunal advirtió que la Secretaría General de la Cámara no tiene competencia para certificar ciertos datos, como:</p>
<ul>
<li>Información de nómina, competencia de la División de Personal.</li>
<li>Asistencia a comisiones, competencia de la Comisión Segunda.</li>
<li>Informes de gestión privada, competencia del despacho de la congresista Carmen Ramírez Boscán.</li>
</ul>
<p>Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal ordenó declarar la nulidad de todo lo actuado en la acción de tutela y dispuso que el proceso se reinicie con la vinculación formal de los responsables de la información, entre ellos a la Congresista por los colombianos en el exterior, Carmen Ramírez Boscán.</p>
<h3>La decisión judicial ordena incluir a la Congresista Carmen Ramírez Boscán.</h3>
<p>El Tribunal Superior de Bogotá ordena entonces que se vincule a la investigación, a:</p>
<ul>
<li>La representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, Carmen Ramírez Boscán.</li>
<li>La División de Personal de la Cámara de Representantes.</li>
<li>La Secretaría de la Comisión Segunda Constitucional Permanente</li>
</ul>
<p>Estas entidades y funcionarios deberán pronunciarse dentro del término legal sobre los puntos solicitados en la <a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQDsiQnxbu6CR6K5y4ykW5u5ATTY-H7k5zqf4v5X9NMeJHE?e=NebXqK">petición presentada el 2 de noviembre de 2025 por Ricardo Marín Rodríguez.</a></p>
<p>En este punto, expuso el Tribunal Superior de Bogotá que al no haber vinculado a esos terceros, el juzgador en Primera instancia les impidió ejercer su derecho de defensa, sumado al hecho de que impidió que el demandante Ricardo Marín Rodríguez obtuviera una respuesta de quien realmente poseía la información solicitada.</p>
<div class="related-posts">(<span class="related-posts-prefix">Vean aquí:</span> <a href="https://www.colexret.com/politica/son-necesarias-mas-curules-en-el-congreso-para-los-colombianos-en-el-exterior/"  alt="¿Son necesarias más Curules en el Congreso para los colombianos en el exterior?" title="¿Son necesarias más Curules en el Congreso para los colombianos en el exterior?" class="related-posts-link">¿Son necesarias más Curules en el Congreso para los colombianos en el exterior?</a>)</div>
<h3>Aunque el proceso deberá repetirse, el derecho de petición sigue vigente.</h3>
<p>En términos prácticos, la decisión del Tribunal implica que la investigación judicial deberá repetirse desde la etapa correspondiente, corrigiendo los errores procesales detectados.</p>
<p>No obstante, el derecho de petición invocado por el accionante Marín Rodríguez continúa vigente y deberá ser resuelto de fondo, con claridad y de manera completa por las autoridades competentes.</p>
<p>La determinación judicial reafirma que el debido proceso y el acceso a la información pública son obligaciones legales que también deben ser cumplidas por las instituciones del Estado y sus funcionarios.</p>
<h3>Conclusión y fallo del Tribunal Superior de Bogotá, como juzgador en Segunda Instancia.</h3>
<p>La Sala Penal del Tribunal de Bogotá, concluye que,</p>
<p><em>«La omisión de integrar el contradictorio con la Representante Carmen Felisa Ramírez Boscán, la División de Personal y la Comisión Segunda Constitucional Permanente, invalida lo actuado por falta de presupuesto procesal, obligando a esta Despacho judicial a declarar la nulidad para que se proceda a la correcta vinculación de los responsables y se asegure que el accionante reciba una respuesta válida de las oficinas que custodian la información y para garantizar el debido proceso de los funcionarios implicados, quienes no fueron escuchados antes de emitirse el fallo de primera instancia.»</em></p>
<p>Y en la parte resolutiva el Tribunal decide:</p>
<p><em><strong>PRIMERO. DECLARAR LA NULIDAD</strong> de todo lo actuado en la acción de tutela promovida por Ricardo Marín Rodríguez contra la Secretaría General de la Cámara de Representantes, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.</em></p>
<p><em><strong>SEGUNDO. ORDENAR</strong> al Juzgado 6 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C., que proceda de manera inmediata a VINCULAR formalmente (i) a la Representante a la Cámara Carmen Felisa Ramírez Boscán, (ii) la División de Personal de la Cámara de Representantes y (iii) la Secretaría de la Comisión Segunda Constitucional Permanente, otorgándoles el término legal para que se pronuncien sobre los numerales de la petición del 02 de noviembre de 2025.»</em></p>
<p><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQBguyetopDfQ6XjOuoLBgYNARafi5ScWstreEzO7nCULZI?e=TRKZXh">Ingresando aquí pueden conocer al completo el fallo en Segunda Instancia 110013187006 202600026 01, del 26 de marzo de 2026 proferido por el Tribunal Superior de Bogotá &#8211; Sala Penal.</a></p>


<p>Justicia ordena vincular a Carmen Ramírez Boscán.</p>


La justicia anula fallo de tutela contra el Congreso y ordena vincular a Congresista Carmen Ramírez Boscán.

<p>Siempre hemos dicho que la intención de COLEXRET cuando denunciamos alguna irregularidad, así roce el delito, frente a nuestras peticiones, cometidas por la Cancillería colombiana, no es buscar que los funcionarios responsables sean condenados disciplinaria o penalmente, a pesar que se lo merezcan.</p>
<p>Nuestro principal objetivo es que esa Entidad o sus funcionarios respondan la información que les solicitamos, al igual que nos hagan llegar los respectivos documentos dentro de los términos y formalidades establecidos en la <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65334">Ley 1755 de 2015, reguladora del Derecho de petición</a>, y la innumerable jurisprudencia que sobre el tema han emanado nuestras Altas Cortes y Tribunales.</p>
<p>Lea hasta el final y conozca al detalle cómo COLEXRET propicia otra vergonzosa y humillante derrota jurídica a la Cancillería; y de paso hace investigar a los entes judiciales que la investigaron.</p>
<div class="related-posts">(<span class="related-posts-prefix">Artículo relacionado:</span> <a href="https://www.colexret.com/cancilleria/derechos-de-peticion-y-tutelas-desde-el-exterior-incomodan-a-la-cancilleria/"  alt="Derechos de petición y tutelas desde el exterior incomodan a la Cancillería" title="Derechos de petición y tutelas desde el exterior incomodan a la Cancillería" class="related-posts-link">Derechos de petición y tutelas desde el exterior incomodan a la Cancillería</a>)</div>
<h3>Vergüenza y humillación para la Cancillería y para la justicia, incluyendo al Tribunal Superior de Bogotá.</h3>
<p>Este es un caso muy importante, pero triste, ya que no solo su final es una vergüenza y humillación para la Cancillería, sino para la Justicia, pues tuvimos que denunciar a través de otra Acción de tutela, por vulneración ya no solamente al derecho de petición, sino al debido proceso, al Juzgado que investigó a ese Ente ministerial, y al Tribunal Superior de Bogotá, por lo tardío en la investigación y sus fallos.</p>
<p>Estamos a la espera que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre esa denuncia, en la que prevemos habrán consecuencias disciplinarias para esas dos Organizaciones judiciales, e incluso para la Cancillería colombiana, pues es inadmisible que la justicia haya tardado más de OCHO (8) y SEIS (6) meses en resolver un recurso de apelación y una investigación por desacato respectivamente, coadyuvando para que la Cancillería tardará UN (1) año en responder al completo, un Derecho de petición.</p>
<p>Dentro de la investigación que adelanta por esos hechos la H. Corte Suprema de Justicia, se vinculó al contradictorio, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, y a la Procuraduría General de la Nación, por lo que esto se convierte en un caso realmente grave.</p>
<h3>¿Qué significa la vinculación al contradictorio dentro de la legislación colombiana?</h3>
<p>En derecho, «vincular al contradictorio» significa llamar formalmente a todas las personas o partes que tienen un interés legítimo en un proceso judicial para que sean informadas, puedan participar, presentar sus argumentos y pruebas, y defender sus derechos; es decir, asegurar que todos los afectados por una decisión (demandantes, demandados, terceros con interés) sean parte activa del debate y no se dicte una sentencia que los afecte sin haber sido oídos, garantizando así el principio fundamental del debido proceso y el derecho de defensa.<span class="uJ19be notranslate" data-wiz-uids="Xsu53c_c" data-processed="true"><span class="vKEkVd" data-animation-atomic="" data-wiz-attrbind="class=Xsu53c_b/TKHnVd" data-processed="true"> </span></span></p>
<p>En resumen, la «Integración del contradictorio», es un acto procesal de identificar y notificar a todos los sujetos que deben estar en el juicio para que la sentencia sea válida y eficaz, incluyendo litisconsortes necesarios (personas cuya presencia es indispensable).</p>
<p>Las diferentes demandas instauradas y ganadas por Ricardo Marín Rodríguez, como creador y director de COLEXRET, contra el Ministerio de Relaciones Exteriores desde hace aproximadamente doce (12) años, en especial la última objeto de esta publicación, y que podrán ver con lujo de detalles al final, nos llenan de mayor responsabilidad y pasión por continuar con esta causa en pro de los colombianos en el exterior.</p>
<div class="related-posts">(<span class="related-posts-prefix">Artículo relacionado:</span> <a href="https://www.colexret.com/cancilleria/asi-debemos-denunciar-y-presionar-para-que-la-cancilleria-cumpla-con-sus-obligaciones/"  alt="Así debemos denunciar y presionar para que la Cancillería cumpla con sus obligaciones." title="Así debemos denunciar y presionar para que la Cancillería cumpla con sus obligaciones." class="related-posts-link">Así debemos denunciar y presionar para que la Cancillería cumpla con sus obligaciones.</a>)</div>
<h3>¿Está la Carrera diplomática intentando tomar represalias contra COLEXRET y Ricardo Marín Rodríguez?</h3>
<p>Entre los funcionarios que denunciamos, hay muchos integrantes de la Carrera diplomática, y de ahí nuestra creencia que fue lo que le escoció a la «Unión de Funcionarios Diplomáticos y Consulares de Colombia -UNIDIPLO-, para llegar a denunciarnos ante la justicia; aunque hasta el momento van perdiendo. <a href="https://www.colexret.com/editorial/la-carrera-diplomatica-pierde-tutela-contra-ricardo-marin-rodriguez-y-el-presidente-petro/">Ver parte de la historia aquí</a>.</p>
<p>Esperemos qué decide la justicia en Segunda Instancia, pues luego del fallo en primera a nuestro favor, UNIDIPLO apeló y está pendiente por conocerse el resultado.</p>
<h3>Funcionarios de Cancillería se libraron de una condena con privación de la libertad.</h3>
<p>La importante, delicada e inédita información que suministraremos en artículos siguientes, fue conseguida después de UN (1) año de pleitos judiciales contra la Cancillería colombiana, en donde luego de una solicitud que por desacato presentamos ante la justicia, esta se pronunció perdonando a funcionarios que no respondieron en su momento nuestras peticiones, entre ellos la actual Canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy.</p>
<p>La justicia no los condenó a penas privativas de la libertad porque considero que habían demostrado interés en acatar la orden dada a través de la Sentencia 11001-31-87-016-2025-00046-00, con radicado 066/25, del 02 de mayo de 2025, expedida por el Juzgado 16 de Ejecución de Penas y medidas de Seguridad de Bogotá (la adjuntaremos al final), pero le ordenó que de inmediato respondieran más de 20 interrogantes dejados de contestar desde el 11 de enero de 2025. Al finalizar adjuntaremos los enlaces del ABC de la historia al completo.</p>
<div class="related-posts">(<span class="related-posts-prefix">Artículo relacionado:</span> <a href="https://www.colexret.com/cancilleria/asi-es-como-denuncio-y-le-gano-a-la-cancilleria-colombiana-las-tutelas/"  alt="Así es como denuncio y le gano a la Cancillería colombiana las tutelas" title="Así es como denuncio y le gano a la Cancillería colombiana las tutelas" class="related-posts-link">Así es como denuncio y le gano a la Cancillería colombiana las tutelas</a>)</div>
<h3>Los colombianos en el exterior necesitan con urgencia una verdadera Representación política en el Congreso.</h3>
<p>La mayoría de los temas que publicaremos en artículos siguientes, gracias al triunfo que acabamos de conseguir ante la justicia, dará para que los ciudadanos no salgan de su asombro y se pregunten una vez más,</p>
<p>Por qué sucede eso, habiendo tantas necesidades que cubrir, tanto de los colombianos en el exterior como de quienes retornan?; y la respuesta siempre será la misma, desgraciadamente, los colombianos en el exterior no cuentan con una Representación política en el Congreso que vele por sus intereses, pues las que han tenido, como la actual Congresista Carmen Ramírez Boscán, no justifican los más de CINCO MIL MILLONES ($5.000.000.000) de pesos que durante cuatro (4) años les pagan los contribuyentes, entre su salario y los de su Unidad de Trabajo Legislativo «UTL».</p>
<p>La historia o caso aquí tratado se convierte en Jurisprudencia, por la participación que tuvo dentro de la investigación la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, quien fallo el 11 de diciembre de 2025, en la Sentencia 11001 31 87016 2025 00046 01 (T2-051/25).</p>
<div class="related-posts">(<span class="related-posts-prefix">De gran interés:</span> <a href="https://www.colexret.com/politica/de-este-analisis-podria-salir-el-ganador-a-la-camara-por-los-colombianos-en-el-exterior/"  alt="De este análisis podría salir el ganador a la Cámara por los colombianos en el exterior" title="De este análisis podría salir el ganador a la Cámara por los colombianos en el exterior" class="related-posts-link">De este análisis podría salir el ganador a la Cámara por los colombianos en el exterior</a>)</div>
<h3>Toda la historia de este caso que involucra a la Cancillería, al Juzgado 16 de Penas y Medidas, y al Tribunal Superior de Bogotá.</h3>
<p>En los siguientes enlaces podrán conocer paso a paso (ABC) la historia de este intenso trabajo lleno de gestiones permanentes durante UN (1) año, que luego de «INSISTIR, PERSISTIR, RESISTIR, y NUNCA DESISTIR, porque «No existen cosas imposibles sino seres incapaces», conseguimos que la razón y la justicia, sumadas a la defensa que hicimos de nuestros derechos a «La veeduría ciudadana», «Al control político», a «La Libertad de expresión», a «La información», y «Al Derecho de petición» entre otros,  doblegara una vez más al «poderoso buffet» de juristas de la Cancillería.</p>
<ul>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQAsoj9Le_5NT6gH7Nm_tAc6AfXpl1IfN5Rcr2oZeGghLtM?e=YbC2Ef">Derecho de petición a Cancillería (Ene. 11 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQBcSEFOViXxQKfy6NQGgZvVAfln-jqLIVKyK14hUd9Xbwg?e=ZlAMdd">Respuesta de Cancillería (Feb. 21 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQCXDmLt90cMQLnEj_gWX68TAa4zFlqNVaChi_nTARynHI4?e=ibjJmS">Respuesta de Cancillería (Feb. 28 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQC49sjFjCZiT4o0ENfT-7HzAbzVjb5JoZDVGYKI2MnXaM0?e=hakKta">Respuesta de Cancillería (Mar. 06 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQABcxTcwLt2TqpSsl8Ms47DAScg0x0BjEPgcauEmNKZ64M?e=d1m305">Tutela contra Cancillería (Abr. 15 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQDGdAghO6eISYNPVJh--gemAXS9w-h2MDTfR8SdMy40jzk?e=hqNAMi">Fallo de Tutela en 1a. Instancia (May. 02 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQB3s-wR2eWUQqX3jxBVRstdAVq6PMdHAt-OI52eKfjAmdI?e=kA0nng">Apelación al fallo en 1a. Instancia (May. 07 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQAxYLgr_6zQRaPDkz_818anAWLUP1DFauAupns6XCqXnTo?e=9DON5i">Solicitud de investigación por desacato (May. 21 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQBzWzM_REJcTr9uQLi4nZVaAa9Qr1vFxFr3Zv7mDIimOkY?e=KAIEag">Respuesta de Cancillería al Juzgado (May. 22 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQCpgyCu2F2qSK5jgRHqdrgfAU3xZqFpYonD__01rG01ZMg?e=k65tNw">Memorial del Juzgado informando resp. de Cancillería (May. 23 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQD_Q_UnE-P2QoiDdEtselaXAT2FkGUqm2j6ZcVnuNhe-7E?e=i0DdU1">Informo al Juzgado que Cancillería miente (May. 27 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQBxiC5s1UlyRLN6V4OCVa7SAZtW1wzBk6bQzsEdTPBgiK8?e=2Ccl7J">Requerimiento del Juzgado a Cancillería (Jul. 10 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQBDEaVO2JOgQKw8cK-OBdULATxL8mFHEY-u7NDGIsG0rCM?e=a07FEQ">Respuesta de Cancillería al Juzgado contra desacato (Jul. 18 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQA0zpK7A9s8SayZL2sqO8E8AbbJCBhaSCwJGlqsp0CUR18?e=O3Wbv6">Memorial a Cancillería y al Juzgado informando que no he recibido respuesta<br />
(Jul. 21 de 2025)</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQDZgKNecbbzS6x76zOlFECKAYezuynMP8a64UIYCShXcjE?e=BmyIy7">Auto apertura investigación por desacato (Jul. 21 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQDgCDh5yvgTRpsBYs3FEjc_AVuDzIjlqrcMfDYVZv2-zxA?e=EtFpOR">Alegato de defensa de la Cancillería (Jul. 24 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQAKcgXkVZcvQJus-zQZm93dAb-0-iKc7OCngSi3Y_sgFFQ?e=PUhYDS">Información del Juzgado (Jul. 25 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQDUhTWhIQrBQL2LZRNU_q1FAdL3rXTj2SaLfbNgxYHpV0E?e=h4NoLK">Memorial al Juzgado desmintiendo a la Cancillería (Jul 28 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQCJru0_qUQ3SYo63zHYsxqmAVjgKZdRu8PFCPDcdVxCcrQ?e=aQ68hu">Respondo Auto del juzgado sobre información de Cancillería (Jul. 28 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQD7gSMUb13qQ74O2dSoLvSPAYDjXEHFj3BTLYBabJXpHrI?e=EFozuF">Notificación del Auto por desacato a Cancillería (Ago. 14 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQDMBST5-ygZQ7MJtfr1Qx8zAXSAwFQsHRhi0T3TCWeqiTg?e=1d3bni">Auto deja sin defecto notificación por desacato (Ago. 24 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQAkbld87VyRTIbbywBdr04iARAp3Otlh48Gu6gfddMilQE?e=o9c5cW">Juzgado pide pruebas a Cancillería sobre respuesta (Ago. 25 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQBDQ7a1WKZmSIN8_2_FMv1HAeQ7P1CsmTL45n90gUsMppQ?e=edcvvO">Acusados responden al Juzgado en su defensa (Ago. 25 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQDkAe1oD2QuRbljKH55tghDAefvhU0CyPMZyDcELQQsdmU?e=FyoUTQ">Solicito información sobre la apelación (Sep. 05 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQCwZ_xLx7ISR6lYT6oFPsKGAUeYserhWjNcm7W0Dt_mTj0?e=jzUF8P">Auto Juzgado informa sobre el proceso de apelación (Sep. 10 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQAh-Z5__NYXQ7qopqwLgDm1ASc8ooMwbIyDOPpkWDQBUYA?e=91v0Ei">Información al Juzgado por no recibo de respuesta de Cancillería (Sep. 13 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQBZpJshlMFzTqJF69tg9SXpAc5EEs18cTjdPbfUimPdy2k?e=gq2VjT">Requerimiento del Juzgado a Cancillería (Oct. 20 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQCIGwrJHdiNTb8B0QJMILxHARttmcM1hXDZehJVfsMbSV4?e=mKQbAL">Solicito nuevamente información sobre la apelación (Nov. 02 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQDbSTT4g6taQaqwZKcmRzWrAb5mi-GrooMre4W0mPKfMUE?e=lJ6xTS">Demanda contra el Juzgado y Tribunal por demora en investigación (Dic. 01 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQBy08-xdPi7SYO5V__KTxDZAStqghEan-t6ztzc8c6FdpU?e=S8hbJE">Fallo 2a. Instancia por apelación (Dic. 11 de 2025).</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQA_dKeGTYbgRLwrIUp_64vfAVqBlMq2f2VY3qWLMIlWDck?e=639OsV">Fallo investigación por desacato (Dic. 15 de 2025).</a></li>
</ul>
<p>Recuerden Sres. abogados del Ministerio de Relaciones Exteriores, que las herramientas que tiene Ricardo Marín Rodríguez, y que utilizamos para defendernos de las injusticias y vulneración a nuestros derechos, no son títulos profesionales, especializaciones ni doctorados en derecho, como si los tienen muchos de Uds., sino, «la Verdad», «La Constitución de 1991», «las Leyes», «la Justicia», y en especial nuestra entrega y pasión por lo que hacemos.</p>
<p>Contra eso, Uds. no podrán ganar jamás, así que por favor, más cuidado con sus actuaciones. Y recuerden siempre que&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>«Quien pelea contra quien no tiene nada que perder, siempre perderá».</strong></p>


<p>Vergüenza Cancillería colombiana.</p>


Tribunal Superior de Bogotá

La justicia ordena a Cancillería revelar cuentas del Viceministerio de las Migraciones

Como la nulidad no borra el desacato, Cámara de Representantes podría ser sancionada.

Últimos Artículos

La justicia anula fallo de tutela contra el Congreso y ordena vincular a Congresista Carmen Ramírez Boscán.

COLEXRET propicia otra vergonzosa y humillante derrota jurídica a la Cancillería.