¡Se les acabó el escondite! Justicia tumba a la Cancillería y exige rendición de cuentas sobre los millonarios recursos del Viceministerio de las Migraciones
La justicia ordena a Cancillería revelar cuentas del Viceministerio de las Migraciones
Tras un pulso jurídico liderado por nuestro director Ricardo Marín Rodríguez, el Tribunal Superior de Bogotá tumbó el fallo de primera instancia y ordenó a la Cancillería revelar el presupuesto y los gastos del Viceministerio de las Migraciones.
Al finalizar dejaremos el enlace con el texto completo de la sentencia del Tribunal de Bogotá.
Una pesada herencia de opacidad de la administración pasada que hoy salpica a la institución, pero que la nueva administración sabrá responder con rigor y legalidad.
Durante años, las comunidades de colombianos en el exterior han sido tratadas como cenicientas presupuestales, utilizadas en discursos rimbombantes pero abandonadas en la práctica institucional.
Con bombos y platillos se anunció la creación del Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, presentado como la panacea para resolver el calvario de nuestros compatriotas fuera del país.
Sin embargo, detrás de la fachada institucional se ha cimentado un manto espeso de opacidad sobre el manejo de sus recursos.
Ante la negativa sistemática del Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la administración de Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, de entregar el desglose financiero del Viceministerio de las Migraciones (Ver aquí), el director de COLEXRET, Ricardo Marín Rodríguez, acudió a la justicia interponiendo una acción de tutela el pasado 5 de julio de 2026.
Lo que siguió fue un rosario de evasivas burocráticas que hoy, gracias a un fallo de segunda instancia lapidario, quedan al descubierto.
(Vean aquí «La historia del Viceministerio de las Migraciones»)
La primera instancia: Un «hecho superado» de papel que protegía la opacidad
En un principio, el Juzgado Veinticuatro (24) de Familia de Bogotá, mediante sentencia del 22 de julio de 2026, declaró la carencia actual de objeto por «hecho superado».
El despacho de primera instancia se tragó entero el cuento de la Cancillería de que, al haber emitido un oficio complementario durante el trámite de la tutela, la vulneración había cesado.
No obstante, la entidad se había escudado en una excusa inaceptable para negar la información sobre los puntos 10 y 11 del derecho de petición, relativos al gasto ejecutado, nómina, contratación, viáticos, viajes y publicidad institucional del Viceministerio, argumentando de manera cínica que el sistema financiero carecía de discriminación por dependencias.
Esto fue lo que dijo exactamente la Cancillería bajo el radicado S-GAJR-26-020823, del 01 de julio de 2026:
«No es posible suministrar la información en el nivel de desagregación solicitado, toda vez que (…) el sistema financiero institucional no cuenta con una discriminación individualizada por dependencias.»
Inconforme con este galimatías burocrático, Marín Rodríguez impugnó oportunamente la decisión, demostrando que la administración no puede esconderse tras supuestas limitaciones de sus sistemas informáticos para burlar el derecho fundamental de petición y el acceso a la información pública.
El fallo de segunda instancia: ¡Victoria jurídica! La justicia tumba la negativa de la Cancillería
La contundencia de la impugnación rindió frutos. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Familia, en providencia del 31 de agosto de 2026 con ponencia del Magistrado Jaime Humberto Araque González, revocó el fallo de primera instancia y le dio un tremendo remezón a la Cancillería.
El Tribunal fue enfático en señalar que la simple respuesta formal de la entidad no constituía un hecho superado, pues la contestación carecía de motivación jurídica suficiente.
El fallo de segunda instancia recoge con precisión quirúrgica la jurisprudencia constitucional (destacando la Sentencia T-173 de 2025) en cuanto a que los sujetos obligados deben garantizar el acceso a la información pública bajo el principio de máxima publicidad consagrado en la Ley 1712 de 2014.
La Sala del Tribunal reprochó duramente la actitud del Ministerio, así:
«Las citas normativa y jurisprudencial efectuadas en precedencia, de cara a la respuesta complementaria efectuada al derecho de petición, ponen en evidencia que, efectivamente, el Ministerio no contestó de forma motivada y completa, dado que se limitó a indicar que no cuenta con la información de forma discriminada como la pide el peticionario, sin ofrecerle alternativas para su obtención, ya sea enviándole la base de datos global ilustrándolo u orientándolo sobre la metodología para extraer los datos concretos de su interés…»
En consecuencia, el Tribunal ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores que dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas se pronuncie nuevamente sobre las preguntas 10 y 11 de forma sustentada y completa.
Una herencia maldita: El desgobierno de Yolanda Villavicencio Mapy
Desde COLEXRET debemos ser enfáticos y rigurosos con la verdad histórica y administrativa. Esta penosa situación de desorden financiero, opacidad y falta de discriminación presupuestal no es responsabilidad de las actuales autoridades de la Cancillería.
Esta es una de las más oscuras y vergonzosas herencias dejadas por la anterior administración, liderada por la ex-Canciller Yolanda Villavicencio Mapy, bajo cuya gestión se estructuró este Viceministerio a espaldas de la transparencia y el rigor fiscal.
Queremos dejar absolutamente claro que el actual Canciller, Omar Bula Escobar, así como el actual Viceministro de las Migraciones, Pedro Agustín Roa, no son autores ni coautores de los catastróficos manejos de sus antecesores.
Ellos recibieron un aparato burocrático caótico y opaco. Sin embargo, como la institucionalidad es continua, hoy les corresponde a ellos responder institucionalmente por las irregularidades del pasado.
Estamos seguros de que el actual Ministro y su equipo actuarán dentro del estricto marco legal, rompiendo con la costumbre de la ilegalidad y la evasiva con la que inicialmente se contestó el derecho de petición.
La ley obliga, y la administración actual tiene la oportunidad dorada de marcar la diferencia deslindándose del oscuro manejo de la administración Villavicencio.
Del papel a la opacidad: Cuando el Viceministerio olvida para qué fue creado
Lo verdaderamente grave de este pulso jurídico no es solo la renuencia burocrática de la Cancillería a entregar un informe financiero, sino el peligro latente de que la creación del Viceministerio de las Migraciones termine convertida en un simple ropaje institucional para justificar burocracia y gasto ineficiente, alejándose por completo de los verdaderos intereses de los colombianos en el exterior.
Como desde COLEXRET lo hemos advertido y documentado de manera sistemática, el Estado colombiano padece un error estructural histórico, como es el de confundir política migratoria con mera gestión consular.
Un Viceministerio de esta categoría no puede limitarse a ser una ventanilla de pasaportes, trámites notariales o encuentros culturales de escaparate (Colombia Nos Une).
La política integral migratoria, respaldada jurídicamente por la Ley 2136 de 2021, exige articular una verdadera política de Estado que abarque la emigración, el retorno, la protección internacional, la movilidad laboral y la integración de más de cinco millones de colombianos regidos por las dinámicas globales.
Si la Cancillería se escuda en que «no cuenta con discriminación individualizada por dependencias», lo que está confesando indirectamente es una preocupante improvisación fiscal: millones de pesos ejecutados sin una brújula técnica clara ni indicadores de impacto real para la diáspora.
Los recursos públicos no pueden seguir destinándose a sostener un aparato burocrático opaco mientras las comunidades migrantes siguen sufriendo el abandono consular y el desdén estatal.
La exigencia de transparencia que hoy avala el Tribunal Superior de Bogotá es apenas el primer paso para obligar al Estado a demostrar si este Viceministerio nació para servirle a los migrantes o simplemente para engrosar la nómina de la ineficiencia.
La gran incógnita: ¿En qué se gastaron la gran millonada?
Desde este espacio periodístico seguiremos vigilantes. Una vez la Cancillería dé cumplimiento a la orden judicial de segunda instancia, le informaremos con pelos y señales a nuestros lectores y a toda la diáspora colombiana.
Descubriremos y contaremos cómo el Viceministerio de las Migraciones se gastó una gran millonada sin que exista un solo resultado tangible, real ni efectivo en su función principal, como es, atender la temática migratoria y a los millones de colombianos en el exterior.
Los recursos públicos no pueden seguir siendo botín de burocracias ineficientes mientras los consulados colapsan y los migrantes sufren el abandono estatal. La verdad está a pronto de salir a la luz.
Ocultamiento de información pública
En el último cuatrienio, y en especial en el tiempo en que la Cancillería fue liderada por la Sra. Yolanda Villavicencio Mapy, siempre nos preguntamos:
¿Cuál es la razón por la que Cancillería oculta información y documentación pública?
La respuesta está en «El Libro de la Verdad».
Y si nos preguntan cómo conseguimos este nuevo triunfo ante la justicia? La respuesta está en la clave del éxito:
«INSISTIR, PERSISTIR, RESISTIR, y NUNCA DESISTIR», porque «No existen cosas imposibles sino seres incapaces». Por eso, «Nunca rindan el ánimo, solo por medio de fatigas se logra la victoria».
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