Cuando terminen de leer esta publicación, podrán ver cómo lo que comenzamos a denunciar desde el pasado mes de noviembre y visible aquí, ha ido incrementándose en la medida que el caso se ha vuelto viral y llegado a muchos sectores que han mostrado su pleno respaldo a la afectada víctima Natalia Molina Morales, colombiana migrante residente en Chile.
Se trata de un caso de esos donde funcionarias estatales al parecer han orquestado una alianza para quitar del medio la Veeduría ciudadana y el Control político que la mencionada Molina Morales les ha venido haciendo desde hace un buen tiempo.
Congresista Carmen Ramírez denunciada por presuntos delitos contra mujer migrante.
Toda esta investigación y los resultados publicados se ha venido haciendo previa consulta con los abogados de Natalia Molina, quienes siempre han revisado, conceptuado y aprobado cada paso que se ha dado en busca del esclarecimiento de la verdad. Esa verdad que bien tituló la afectada cuando expone en su carta/denuncia que repartió en el día 02 de los corrientes a todo el Congreso colombiano…
«Esta es la verdad que Carmen Ramírez Boscán pretende ocultar».
A continuación les describiremos al detalle, adjuntando las respectivas pruebas, lo que un grupo de leales y honestas amigas y compañeras de Natalia Molina Morales, quienes confiando totalmente en la inocencia de la mencionada, y convencidas del daño tan grave que le está produciendo la Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, Carmen Ramírez Boscán, y la Cónsul de Colombia en Santiago de Chile, María Antonia Pardo Jiménez, con sus actuaciones, decidieron ponerlo en conocimiento de cada uno de los Congresistas de Colombia, y fue así como distribuyeron la denuncia de Natalia entre Senadores y Representantes a la Cámara, directamente en el Congreso. (Ver siguiente video).
En el comunicado público puesto en manos de todo el Congreso colombiano, y otras autoridades, al igual que de Medios de comunicación, Natalia Molina Morales detalla al máximo lo ocurrido, y al igual que lo hizo en carta dirigida al Presidente Gustavo Petro, y que pueden ver aquí, no solo denuncia, sino que pide protección para su vida y la de su familia.
Aunque esa denuncia también fue presentada directamente a la Presidencia de la Cámara de Representantes, quien por competencia la remitió a la «Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista» de esa Corporación, Natalia Molina interpondrá en los próximos días otras acciones legales ante la respectiva autoridad, contra la Sra. Carmen Ramírez Boscán, Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, al igual que contra la Sra. María Antonia Pardo, Cónsul de Colombia en Santiago de Chile (Chile).
Denuncia pública contra la Congresista Carmen Ramírez Boscán.
En Santiago de Chile, la lideresa y activista social colombiana por los derechos de la Diáspora, Natalia Molina Morales, migrante, madre cabeza de familia, Empresaria, trabajadora comunitaria, y Delegada de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, fiel seguidora ideológica-política del actual Presidente Gustavo Petro, decidió crear una veeduría ciudadana para vigilar el gasto público del Consulado colombiano en el país chileno, tal y como lo anunciamos en su momento, y que pueden ver aquí.
Lo anterior debido a que había detectado ciertas irregularidades, entre ellas en el proyecto «Casa Colombia», al que se le asignaron más de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($1.450.000.000) de pesos en medio de la campaña de reelección de la congresista Carmen Ramírez Boscán, estrecha aliada de María Antonia Pardo, actual cónsul colombiana en la ciudad de Santiago de Chile (Chile).
(Aquí, «Avances del proyecto Ley General Migratoria Colombiana»).
Retaliación política de Carmen Ramírez Boscán contra Natalia Molina Morales.
Tal y como lo dice la propia denunciante, «En represalia por la creación de la veeduría, Carmen Ramírez orquestó un montaje para reabrir expedientes prescritos, solicitar órdenes de captura sin fundamento y activar mecanismos diplomáticos indebidos. Todo ello poniendo en entredicho un tratado internacional entre Chile y Colombia y vulnerando los derechos de una mujer migrante embarazada».
Presuntos delitos cometidos por Carmen Ramírez, y las pruebas que podrían corroborarlos:
Según la denuncia de Natalia, los hechos podrían constituir delitos, tales como:
- Violación al debido proceso y al hábeas data.
- Tráfico de influencias y prevaricato.
- Extralimitación de funciones.
- Violencia política y administrativa contra una mujer gestante.
- Interferencia indebida en procesos judiciales prescritos.
- Estigmatización y daño a la honra de una lideresa social.
Pruebas contundentes a criterio de la denunciante, son las comunicaciones oficiales donde la Congresista Carmen Ramírez solicita abrir expedientes ya archivados; las respuestas de la Fiscalía que confirman esa irregularidad; y los documentos que evidencian la persecución contra Natalia Molina. Los enlaces donde pueden ver estas pruebas los adjuntaremos al final este artículo.
En la denuncia Natalia expresa, «No permitamos que la persecución cruce fronteras, y que la corrupción se blinde con poder político».
Dentro de sus investigaciones COLEXRET siempre ha exigido respeto, garantías y justicia por los colombianos en el exterior por parte principalmente del Sistema socio-político de nuestro país; de ahí que desde un comienzo nos hemos unido para asesorar, ayudar y proteger a Natalia Molina, una valiente y verdadera lideresa del activismo social, y porque como es nuestra costumbre, «protegemos la verdad».
Vean aquí «Mi trabajo en pro de los colombianos en el exterior»).
Solicitudes de la Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, Carmen Ramírez Boscán son ilegales e improcedentes.
Las diligencias o gestiones llevadas a cabo por la Sra. Congresista Carmen Ramírez Boscán, al parecer buscando quitar del medio a Natalia Molina, han sido no solo improcedentes, sino con vicios de ilegalidad, tal y como podrán verlo a continuación:
1°. Ramírez hizo reabrir procesos penales archivados, cuando la Ley 906 de 2004 – Código de Procedimiento Penal, es clara al establecer que solo la Fiscalía de manera autónoma e independiente puede hacerlo.
Un congresista, como si lo hizo Carmen Ramírez Boscán, no puede ordenar, sugerir ni presionar una reapertura penal, pues bien podría constituir tráfico de influencias, e incluso violación de la autonomía judicial.
2°. En cuanto a la activación de INTERPOL, o solicitar notificaciones internacionales, la Ley 906 de 2004 regula cómo se tramitan las respectivas circulares, indicando que únicamente pueden ser activadas por la Fiscalía después de una orden de captura válida; por lo que un congresista contactando con INTERPOL para ello, es una extralimitación de funciones y un uso político de mecanismos internacionales.
3°. Ordenar una “línea de investigación”. No existe norma colombiana que faculte a un Congresista para hacer abrir investigaciones, pedir indagaciones, ordenar búsqueda de antecedentes, ni promover causas penales, pue eso es prevaricato y abuso de la función pública.
4°. La Congresista Carmen Ramírez solicitó medidas cautelares en Chile contra Natalia Molina Morales, cuando la Ley 906 de 2004, establece que esa medida solo aplica dentro del territorio colombiano.
Haber pedido medidas en Chile fue jurídicamente absurdo e ilegal, aparte que se constituye en una clara interferencia indebida en otro país y una violación a tratados internacionales.
5°. Carmen Ramírez, a lo mejor creyendo que su cargo se lo permitía, exigió información reservada sobre expedientes de Natalia Molina Morales. sin tener en cuenta no solo lo estipulado en el Habeas data, sino en la misma Ley 906/2004.
En el caso presente, lo solicitado por Ramírez Boscán podría constituir una violación directa a la protección de datos, con el agravante que afectó a una mujer migrante gestante, sujetándola a estigmatización y persecución política.
Eso significa que al parecer la Congresista Carmen Ramírez utilizó una ley (906 de 2004) que no la autorizaba para hacerlo; igual utilizó su cargo sin tener en cuenta que este no le da competencias penales; lo mismo que, al parecer utilizó su poder político, para intentar activar contra Natalia Molina Morales un conjunto de medidas que ninguna norma del ordenamiento jurídico colombiano le permite a un congresista.
Pruebas de los hechos denunciados.
En la misiva/denuncia que se entregó ayer en el Congreso de Colombia, Natalia Molina Morales anexa cada una de las pruebas de las que trata en la misma, y que Ud. amigo lector puede ver aquí.
De esa manera, los Congresistas, demás autoridades, y Medios de comunicación podrán comprobar cómo al parecer se intenta utilizar la justicia colombiana para retaliaciones políticas contra una mujer migrante, embarazada, lideresa social y veedora ciudadana.
Algo que sería extremadamente delicado, y que iría mucho más allá del delito, es llegar a comprobar que la Congresista Carmen Ramírez Boscán, aprovechó y sigue aprovechando su investidura no solo como Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, sino como Presidenta de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso.
«La verdad no se tapa, se pone en evidencia, se imprime y se reparte»; termina diciendo Natalia Molina.
En los siguientes enlaces desde la carta/denuncia, hasta las pruebas a que se hace referencia en ella:
- Carta/denuncia de Natalia Molina Morales contra la Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, presentada al Congreso de Colombia (Diciembre 02 de 2025).
- Solicitud de apertura de procesos y de extradición en contra de Natalia Molina Morales, elevada a la Fiscalía por la Congresista Carmen Ramírez Boscán (Mayo 28 de 2025).
- Respuesta de la Fiscalía donde indica que los procesos se encuentran extintos por prescripción (Mayo 30 de 2025).
- Certificación de la Fiscalía donde indica que no hay órdenes de captura vigentes contra Natalia Molina Morales (Mayo 30 de 2025).
Conclusión del caso,
Ley 906 de 2004 – Código de Procedimiento Penal, NO respalda, NO permite y NO justifica las solicitudes que la Representante a la Cámara, Carmen Ramírez hizo ante la Fiscalía.
Lo que al parecer sí demuestra es el uso indebido del poder, la persecución política contra una lideresa social migrante y el intento de manipular un sistema judicial que ya había dado por prescritos los procesos mencionados.
«Este no es un acto jurídico: es un acto político disfrazado de legalidad», afirma la directa afectada Natalia Molina Morales.
Para terminar, es importante dar a conocer que los presuntos delitos de los que se acusa a la Representante Carmen Ramírez Boscán, en la carta/denuncia puesta en consideración del Congreso por Natalia Molina Morales, así en el concepto de muchos indique que se cometieron y continúan cometiendo, solo pueden ser determinados como tal por cuenta de la justicia.
Fuentes: Natalia Molina Morales, Fiscalía General de la Nación -INTERPOL-, y Abogados de Natalia Molina.
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