¿A dónde fueron a parar los $3.000 millones destinados a víctimas en el exterior gestionados por más de 15 Consulados?
¿A ojo y entre amigos? Las sombras en los contratos consulares de 2025 para la atención a víctimas en el exterior.
El destino y la transparencia en el manejo de los recursos públicos de los colombianos en el extranjero han vuelto al centro del debate técnico y político.
En las últimas semanas, esta Casa informativa ha recibido una oleada de quejas, alertas e informaciones confidenciales procedentes de diversas comunidades en el mundo.
Algunas de esas denuncias ciudadanas coinciden con el preocupante panorama de presuntas contrataciones «a ojo», favorecimiento sistemático a círculos de amigos cercanos a los jefes de misión consular, y un absoluto secretismo en la difusión de programas de asistencia.
Ante la gravedad de estas afirmaciones, COLEXRET, bajo la dirección de Ricardo Marín Rodríguez, ha dado inicio a una exhaustiva investigación periodística y social, soportada en un robusto derecho de petición de 29 bloques de preguntas de fondo enviado directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
¿Qué está pasando con los dineros destinados a las personas más vulnerables de la migración colombiana?
La danza de los millones en el Proyecto de Inversión 2025
Para entender la magnitud de la fiscalización, es necesario desglosar las cifras oficiales.
Durante la vigencia fiscal 2025, la Cancillería de Colombia, a través de su Fondo Rotatorio y del Grupo Interno de Asistencia a Connacionales en el Exterior, ejecutó un millonario Proyecto de Inversión encaminado a la atención de víctimas en el exterior, el cual pueden ver en el enlace que dejaremos en el transcurso de esta publicación.
El presupuesto asignado inicialmente ascendió a la suma de TRES MIL CIENTO TREINTA MILLONES ($3.130.000.000) de pesos, de los cuales se terminaron ejecutando en el papel TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($3.064.776.296) pesos.
Según los informes de la entidad, esta bolsa de recursos públicos internacionales se dividió en los siguientes dos grandes componentes misionales:
- Servicio de implementación de medidas de satisfacción: Con una asignación de MIL TRECIENTOS SETENTA Y CUTRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($1.374.799.940) pesos, destinados a actos simbólicos, conmemoraciones y ferias de servicios.
- Servicio de asistencia a colombianos en el exterior: Con una asignación de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOCIENTOS MIL SESENTA ($1.755.200.060) pesos dedicados a asesorías jurídicas, psicosociales y fortalecimiento técnico.
Si bien el proyecto priorizó teóricamente a 15 oficinas consulares específicas, incluyendo sedes clave como Quito, Caracas, Maracaibo, Madrid, Barcelona, Valencia, Nueva York, Santiago de Chile y Ciudad de Panamá, el informe final de gestión de la entidad reveló llamativas ejecuciones en ciudades fuera de la matriz de prioridad, tales como Sevilla, Lisboa, Ciudad de México, Oranjestad y Antofagasta.
¿Bajo qué criterios técnicos y presupuestales se extendieron estos dineros a circunscripciones no prioritarias mientras miles de víctimas en zonas críticas reclaman atención?
Contratos bajo sospecha: ¿Idoneidad o discrecionalidad «a dedo»?
Uno de los ejes más espinosos de la investigación iniciada por COLEXRET apunta a los mecanismos de contratación internacional que aplicó cada consulado de manera independiente.
Al ejecutarse fuera del territorio nacional, los principios de la contratación estatal y la libre competencia suelen diluirse en la discrecionalidad de los cónsules.
- ¿Se realizaron estudios de mercado previos?
- ¿Se evaluó formalmente la experiencia de las firmas y fundaciones contratadas para dar asesoría legal y psicosocial a las víctimas?
Las informaciones que han llegado a la sede de COLEXRET en la ciudad de Madrid en España, sugieren que en múltiples consulados existió una preocupante concentración de contratos en operadores logísticos idénticos y asesores locales cuyo único mérito aparente era su cercanía política o personal con los funcionarios de turno.
La petición radicada en Cancillería exige de forma perentoria que esa entidad entregue copia íntegra de los estudios previos, análisis de precios y, fundamentalmente, las declaraciones de ausencia de conflicto de interés firmadas por los ordenadores del gasto en el extranjero.
La ciudadanía en el exterior tiene derecho a saber si los costos pagados en dólares o euros correspondían a la realidad del mercado local o si, por el contrario, existieron sobrecostos injustificados.
¿Por qué la institucionalidad oculta estos programas?
Un reclamo generalizado de la diáspora colombiana es la invisible difusión de estas jornadas de reparación, asistencia y capacitación en Alianza con el SENA. La lógica del servicio público dicta que un proyecto de inversión social debe ser masivo, público y de fácil acceso para sus beneficiarios. Sin embargo, la realidad consular parece ser otra.
Muchos de estos programas no se publicitan lo suficiente, o se divulgan de manera tardía y fragmentada a través de canales casi imperceptibles.
Desde una perspectiva analítica, este «silencio institucional» despierta profundos interrogantes:
¿A qué funcionarios no les interesa que estos programas se conozcan masivamente?
La respuesta corta apunta a un control selectivo de la oferta, ya que si menos personas conocen los servicios, es más fácil canalizar los beneficios, las asistencias físicas y los eventos logísticos hacia un grupo reducido y controlado de asistentes, cumpliendo metas presupuestales en el papel sin generar un impacto real y democrático en el grueso de la población refugiada o exiliada.
COLEXRET ha exigido metodológicamente la verificación de las 8.160 asistencias globales reportadas por la entidad frente a una meta real de solo 2.900 personas atendidas. Sin un cruce estricto de datos con el Registro Único de Víctimas (RUV) y el Sistema General de Víctimas (SGV), existe el riesgo latente de sobrecostos o duplicidades infladas para justificar el gasto de los operadores logísticos.
La Mesa de Víctimas en el Exterior
¿Liderazgo comunitario o complicidad interesada?
El análisis periodístico no puede dejar de lado la enorme responsabilidad política y ética que recae sobre los actuales Representantes de la Mesa de las Víctimas en el Exterior. El propio informe de la Cancillería destaca que en ciudades fronterizas y de alto flujo, como Maracaibo, se adelantaron ejercicios de planeación conjunta con dichos delegados comunitarios.
Esto abre interrogantes ineludibles que la investigación de COLEXRET busca esclarecer de cara a la comunidad:
- ¿Por qué estos representantes comunitarios no asumen un rol activo en la divulgación masiva y transparente de los recursos asignados a cada consulado?
- ¿Cuál fue exactamente su nivel de incidencia en la selección y priorización de las jornadas contratadas?
- ¿Manejaron, coadministraron o sugirieron de forma directa o indirecta nombres de contratistas, ONG o asesores beneficiados por estos rubros?
- ¿Qué tipo de informes de cara a la ciudadanía rinden y ante qué autoridades presentan sus balances de gestión?
La veeduría ciudadana sobre los líderes es tan necesaria como la fiscalización a los diplomáticos; pues si los recursos se ejecutan con opacidad mutua, el principio de participación ciudadana se convierte en una simple fachada corporativa.
Un enfoque propositivo que conlleva a un modelo de transparencia consular
Esta fiscalización integral no busca simplemente destruir la confianza institucional, sino forzar un cambio estructural urgente en la política migratoria y de retorno en Colombia. Para transitar de la crítica a la propuesta, es indispensable que la Cancillería reforme la manera en que gestiona sus fondos en el extranjero.
Desde COLEXRET planteamos tres acciones inmediatas para transformar esta realidad:
Ventanilla Única de Contratación Consular Abierta:
Todos los estudios previos, cotizaciones de catering, alquiler de espacios y contratos de personal de apoyo en el exterior deben estar centralizados en una plataforma digital de acceso público (estilo SECOPII internacional), eliminando el secretismo de los memorandos internos de los jefes de misión.
Canales Independientes de Denuncia Ciudadana:
Es imperativo sustituir la ineficacia de los buzones consulares internos, al igual que la Oficina de Control Interno Disciplinario de Cancillería (jueces y parte a la ves?), por canales directos y digitales blindados, ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del pueblo, la Fiscalía, y hasta las Comisiones Segundas de Senado y Cámara del Congreso, garantizando la protección de la identidad de la víctima que denuncia abusos o direccionamiento de contratos.
Auditoría Especial de Entes de Control:
Con base en las inconsistencias identificadas, se hace obligatoria la intervención inmediata de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación para examinar de fondo si la ejecución presupuestal de $3.064 millones de pesos constituyó o no un detrimento patrimonial o una falta disciplinaria internacional.
La verdad sobre los recursos de las víctimas en el extranjero debe salir a la luz.
Esperamos no tener que cerrar COLEXRET el 01 de septiembre del presente, para poder llegar hasta las últimas consecuencias en esta investigación, exigiendo que cada peso destinado a sanar las heridas del conflicto armado en el exterior se use con pulcritud, dignidad y absoluta transparencia.
¿Tiene información, pruebas o testimonios sobre la contratación en su consulado local durante 2025? Escríbanos bajo estricta reserva a: direcciongeneral@colexret.com.
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