Desde el mes de noviembre de 2018, se aprobó el Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (PID), en la XXVI Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno realizado en La Antigua, Guatemala.
El programa tiene por objetivo cooperar en la inclusión de las personas con discapacidad en la vida política, económica y social, a través de políticas que garanticen el pleno goce y ejercicio de sus derechos. Esto de conformidad con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El “PID” cuenta actualmente con la participación de Andorra, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Portugal, República dominicana y Uruguay. Colombia no se ha integrado al mismo desde el gobierno del presidente Iván Duque y hasta ahora.
Valorando los avances que en cooperación han tenido los países promotores del PID, como el lanzamiento de la tarjeta Iberoamericana de Discapacidad (TID), es importante que el actual gobierno de Gustavo Petro vincule a Colombia al programa. Máxime cuando esta tarjeta que se implementará inicialmente en los países líderes del mismo y luego se extenderá para permitir la movilidad temporal y el turismo de las personas con discapacidad en el contexto Iberoamericano. Ello en igualdad de condiciones con las demás personas, facilitando el acceso a la cultura, al deporte, a servicios de información y comunicación, incluyendo el transporte público. El documento simplifica el reconocimiento de la discapacidad dentro de desplazamientos temporales, armonizando los criterios y procesos de certificación en toda la región.
La TID se lanzó en el marco de la XXIX Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de Gobierno en cuenca Ecuador, el día 14 de noviembre de 2024. Es un logro de la secretaria general de Iberoamérica SEGIB, que está integrada por países latinoamericanos España Portugal y Andorra. Tanto, el programa Iberoamericano de discapacidad y la tarjeta ha contado con el apoyo técnico de FUNDACION ONCE. La tarjeta está Inspirada en el modelo europeo de tarjeta europea de discapacidad.
Importancia de la cooperación Iberoamericana en discapacidad:
Con base en documentos de la SEGIB, en la región viven cerca de 90 millones de personas con discapacidad y, si bien se está avanzando en materia normativa respecto a ellas, la mayor parte de esta población está excluida de la vida política, económica y social. Sus índices de alfabetización, escolarización, acceso al mercado de trabajo y a la salud son sensiblemente inferiores a los del resto de personas sin discapacidad y las barreras de accesibilidad, así como las actitudinales, que enfrentan constituyen obstáculos que restringen su participación efectiva en la sociedad iberoamericana. El caso colombiano es más grave aún por la existencia de un conflicto armado por décadas que deja personas afectadas física, psíquicamente y genera desplazamientos forzados.
Consciente la Conferencia Iberoamericana de esta problemática, se planteó desde el 2018 la posibilidad de poner en marcha un Programa Iberoamericano exclusivamente dirigido a las personas con discapacidad para contribuir a su inclusión en la vida política, económica y social a través de políticas públicas que garanticen el pleno goce y ejercicio de sus derechos. El PID, es una oportunidad para valorar entre los países los avances, buenas prácticas y recomendaciones para el cumplimiento de los derechos del colectivo.
El programa según la SEGIB da continuidad a estos acuerdos internacionales y contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hacen referencia explícita a esta población en lo relativo a educación, empleo, igualdad, accesibilidad a datos. Busca fortalecer los avances alcanzados con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que entró en vigor en mayo de 2008 y que, a la fecha, ha sido ratificada por todos los países de la comunidad iberoamericana, de los cuales 18 ya han presentado sus informes iniciales de implementación y han recibido las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Objetivos Estratégicos del PID:
- Fortalecer en los países un sistema de recopilación de datos sobre discapacidad, con una metodología común para caracterización. Esto constituirá la base para el desarrollo de políticas públicas dirigidas al colectivo, incluidas las prestaciones sociales para esta población.
- Garantizar el acceso a la justicia y el reconocimiento igualitario ante la ley, promoviendo la actualización normativa a operadores judiciales, impulso del ejercicio autónomo de los derechos civiles por parte de las personas con discapacidad, con particular atención a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia.
- Implementación de medidas de accesibilidad y modernización de los sistemas de votación, se fomentarán los derechos políticos de esta población.
- Garantizar el acceso y mejorar la trayectoria educativa en un sistema general inclusivo, concientizando a la comunidad educativa y la incorporación de la perspectiva de la discapacidad con diseño universal. Además de promover la participación de estudiantes con discapacidad en todos los niveles de educación, en igualdad de condiciones y a lo largo de toda la vida.
- Promover el ejercicio de los derechos laborales y sindicales en el ámbito público y privado con el desarrollo de medidas afirmativas con base en una legislación conforme a los principios de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Promover la participación de las personas con discapacidad a través de sus organizaciones, fortaleciendo el movimiento asociativo de las personas con discapacidad, así como su interacción con otros actores sociales y las organizaciones de mujeres
- Asegurar el acceso de las personas con discapacidad al sistema de salud capacitando el personal sanitario, incorporando del modelo social de la discapacidad en el ámbito de la salud, donde las personas con discapacidad toman sus decisiones de manera autónoma, libre e informada, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos.
Por:
Julián Castrillón
Doctor en ciencias económicas y empresariales,
Universidad complutense de Madrid – España.
PHD Economía UCM
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