Del convenio interadministrativo a la subcontratación privada: cómo un proyecto tecnológico de la Cancillería terminó bajo la lupa de los organismos de control?
Si terminas de leer este artículo hasta el final conocerás los detalles del «Contrato de Cancillería por 10.000 millones de pesos que terminó en manos de empresa recién creada».
Con tan solo cuatro días de creada, la Cancillería le concede a una empresa contrato millonario.
El 3 de octubre de 2024 se registró en la Cámara de Comercio de Bogotá una microempresa de consultoría informática de nombre «TrustID AI SAS», cuya actividad es la de servicios tecnológicos, con trayectoria e historial contractual inexistente.
Cuatro días después, el 7 de octubre de 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores tramitó internamente un convenio interadministrativo para modernizar sus sistemas de información.
Ese Convenio Interadministrativo identificado con el No. 536/2024 fue suscrito mediante contratación directa, sin licitación pública ni convocatoria abierta, por un valor total de DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL ($10.364.200.000) pesos.
Objeto del Convenio Interadministrativo 536 de 2024.
El principal y único objetivo era el de «Actualizar y mejorar los sistemas de información del Ministerio, con el propósito de optimizar los trámites internos y externos de la entidad».
Hasta ese punto, el proceso podía considerarse formalmente legal, pero lo que ocurrió después fue lo que encendió las alarmas.
Un modelo de contratación que evita la competencia.
El mecanismo utilizado no fue nuevo ni excepcional, pues el Estado contrató a una entidad interadministrativa, la que a su vez actuó bajo reglas privadas. Y bajo esas reglas privadas, se seleccionó al ejecutor real del proyecto que fue «Red Cómputo» y «TrustID AI SAS»
El contrato entre la entidad interadministrativa y la unión temporal se firmó el 5 de diciembre de 2024, para lo que se asignó un monto de OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES ($8.195.000.000) de pesos, equivalente al 79% del contrato original., interviniendo una de las mencionadas empresas, con tan solo sesenta y tres (63) días de creada.
Tecnología sensible en manos de una empresa sin trayectoria.
El proyecto no era menor. Se trataba de sistemas informáticos asociados a trámites institucionales, plataformas tecnológicas y procesos internos del Ministerio, entre los cuales tenemos los siguientes:
- Trámites administrativos.
- Procesos documentales.
- Interoperabilidad institucional.
- Servicios al ciudadano
Aunque la Cancillería ha aclarado que el contrato no tenía relación directa con la expedición de pasaportes, sí estaba orientado a la actualización de sus sistemas de información y servicios tecnológicos; entre los que se encuentra el sistema o software «SITAC» – Servicio Integral de Trámites y Atención al Ciudadano.
Y ese detalle es muy relevante, porque en la práctica, la estabilidad tecnológica del Ministerio depende de esos sistemas.
El problema no fue el contrato, fue su ejecución.
Con el paso de los meses, los resultados prometidos no llegaron, los plazos se ampliaron, las entregas se retrasaron, y los sistemas no funcionaron como se esperaba.
Según denuncias públicas, el cronograma inicial preveía que las mejoras tecnológicas estuvieran listas antes del 31 de diciembre de 2024, pero el proyecto acumuló retrasos y solicitudes de prórroga.
Incluso se realizaron pagos parciales antes de la finalización de las obligaciones contractuales, lo que generó cuestionamientos sobre la supervisión y el control administrativo. La situación terminó por escalar institucionalmente.
La decisión fue terminar el contrato.
En 2025, la Cancillería tomó una decisión que confirmó la gravedad del problema, no prorrogó el contrato, no extendió el plazo, como tampoco continuó el proyecto y lo terminó.
La entidad inició un proceso sancionatorio por posible incumplimiento contractual y puso en conocimiento de la Contraloría General de la República posibles irregularidades detectadas durante la ejecución.
Además, ordenó una revisión integral del expediente contractual para determinar responsabilidades administrativas y eventuales sanciones económicas.
Esto dijo la Cancillería colombiana.
Vean aquí cómo el 16 de enero del presente 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores lanza un comunicado tratando sobre las acciones realizadas dentro de la ejecución del contrato de suministro No. 536 del 2024, suscrito entre el Fondo Rotatorio y la entidad descentralizada indirecta – ALDESARROLLO, y sus resultados.
¿Se perdió el dinero público?
Creemos que no necesariamente, pero tampoco puede afirmarse que el riesgo haya sido inexistente, pues según la Cancillería solo se desembolsó el 30% del valor total del contrato, y que el proceso sancionatorio sigue en curso evaluando la aplicación de la cláusula penal pecuniaria.
Eso significa que el Estado aún puede recuperar recursos, pero también indica que el proyecto no se ejecutó plenamente y que el sistema que debía modernizar la infraestructura tecnológica del Ministerio no cumplió sus objetivos.
Pregunta aún sin respuesta.
Han pasado meses desde la terminación del contrato, se anunció investigación, se remitieron informes, se activaron procesos administrativos, pero públicamente, el resultado concreto aún no es claro. Hasta ahora no hay:
- Fallos disciplinarios conocidos.
- Responsabilidades fiscales definidas.
- Sanciones penales anunciadas.
- Recuperación total de recursos confirmada
Lo que sí existe es un expediente en curso, y una duda institucional que sigue abierta.
El patrón estructural: legal, pero cuestionable
El caso no se reduce a una empresa, ni a un contrato, ni a un funcionario. El verdadero debate es estructural, puesto que el modelo utilizado permite, entre otras:
- Contratación directa.
- Subcontratación privada.
- Selección sin competencia abierta.
- Delegación de responsabilidad operativa
Todo dentro de la legalidad formal, pero no necesariamente dentro de la lógica de transparencia efectiva.
Dimensión política y administrativa.
Este contrato se firmó en un contexto de presión institucional por modernizar los sistemas tecnológicos de la Cancillería.
Una presión real porque los problemas tecnológicos venían de años atrás; e incluso informes y denuncias previas, entre ellas la de COLEXRET, habían advertido que el software institucional estaba desactualizado y con limitaciones operativas; o sea el tal «SITAC».
La modernización era necesaria, lo que falló fue el proceso.
Este caso no es simplemente una irregularidad administrativa.
Es un ejemplo de cómo la arquitectura de la contratación pública puede permitir decisiones formalmente legales que terminan generando riesgos institucionales.
Aquí no se trata únicamente de una empresa nueva, de un contrato millonario o una subcontratación cuestionable, sino de algo más profundo:
La distancia entre la legalidad procedimental y la responsabilidad pública.
Porque cuando un contrato termina en investigación, cuando un proyecto tecnológico fracasa,
cuando el Estado debe revisar su propio expediente, la pregunta no es si el proceso fue legal, sino si fue responsable.
Y esa respuesta, todavía, no ha llegado.
Lo que si sigue llegando es el inconformismo ciudadano, especialmente en el exterior, por el mal funcionamiento del tal «SITAC» que es el que permite el agendamiento de las citas para cualquier trámite consular.
Un ejemplo de cómo los ciudadanos deben pagar los platos rotos que rompen nuestras instituciones. Y lo más triste es que aún con estas noticias hay ciudadanos que critican de forma maleva a COLEXRET por ejercer control político, veeduría ciudadana, denunciar e informar públicamente estas, similares y peores actuaciones.
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