Por favor lea esta cifra en pesos: $40.440.981.000.000.
Ese dineral, amigos, de casi 40 billones y medio de pesos, mucho más elevado que el presupuesto anual de Bogotá (que es de poco más de 31 billones) equivale a las remesas enviadas al país el año pasado por los colombianos que residen (o residimos) en el exterior. Somos más de 5 millones de compatriotas, de los cuales cerca de 2.600.000 residen en Estados Unidos.
Calculando, un poco más, un poco menos, la diáspora equivale a un 10% de la población de Colombia. Y lo que envía al país anualmente (según cifras del Banco de la República) representa el primer renglón de ingresos para Colombia.
¿Se imagina usted la importancia que tiene este segmento de población para nuestro país? Y, además, no me canso de repetirlo, los colombianos residentes en el exterior son los generadores número uno de turistas que ingresan a Colombia. Bien sea ellos mismos como visitantes o por la enorme cantidad de acompañantes que traen.
Si el envío de remesas se detuviera un solo día, significaría el caos financiero para millones de colombianos. Y serios problemas para la economía nacional.
La gran falla de este importante grupo de compatriotas fuera del país, es su notable apatía, casi total despreocupación, por los procesos electorales en Colombia. Error que es incorregible y que los políticos de turno no perdonan, pues al fin y al cabo, su mayor interés es acumular votos y para ello no cuentan con un número elevado de esos electores residentes en el exterior.
El castigo entonces, a pesar de esas cifras y significativo valor monetario o financiero, es el de la desidia, desinterés, olvido, rechazo a los intereses de los colombianos en el exterior, por parte de políticos y gobernantes, quienes al final son también políticos.
No dudo que las buenas intenciones han acompañado a los ponentes de leyes que pretenden regular la migración colombiana, que incluye a emigrantes tanto como a inmigrantes, retornados y refugiados de otras nacionalidades. Hablo de leyes como la 1465 de 2011 y la 2136 de 2021. Aunque no cabe duda que quienes las redactaron cometieron serios errores, omitieron asuntos de gran importancia y se quedaron a mitad de camino en muchos aspectos. Sin embargo, repito, aplaudimos el hecho de tener dichas leyes.
(Le puede interesar: “¡Pilas Canciller Leyva y Presidente Petro con las investigaciones de la Cancillería!”)
Pero, tristemente, desde el año 2011 ningún presidente, ningún o ninguna canciller, ningún alto funcionario relacionado con el asunto, ha sido capaz de cumplir fielmente el mandato de estas leyes creando, como debe ser, la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones y dando vida a la Política Integral Migratoria del Estado Colombiano como ordenan las mismas leyes.
Es por ello que nos alegra, con reparos, claro está, al menos la intención de la actual administración de dar un paso a través de una resolución de la Cancillería (la versión que tengo en mi poder es sin número y sin fecha) -Ver aquí-, para reglamentar el proceso de convocatoria a la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. Es un documento que cada colombiano residente en el exterior debiera tomarse el trabajo de leer, opinar y poner en práctica lo que le corresponda, y especialmente registrarse ante la Mesa, de acuerdo con los parámetros que esperamos muy pronto dé a conocer Colombia Nos Une, organismo encargado de ese asunto.
El Título II de dicha resolución define el proceso de inscripción a la Mesa. En el Título III se hace la convocatoria a participar en las discusiones y desarrollo de la Política Integral Migratoria ante el Sistema Nacional de Migraciones.
Y para quienes tengan interés en participar en calidad de “delegados” en la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, el Título IV define los detalles.
No sé si es política del señor Canciller o desconocimiento, o mala intención de quien redactó dicha resolución, el inventarse unos “delegados”, de los que no hablan las leyes, pretendiendo que asuman la enorme responsabilidad que el “cargo” representa, sin recibir remuneración alguna. Quien se lance como candidato para ser “delegado” deberá estar dispuesto(a) a asumir funciones que fácilmente podrían significarle una jornada laboral completa, a cambio simplemente del honor. Honor que pronto se convertirá en deshonra para quienes acepten tal función, pues no es posible que cumplan con las tareas que la misma resolución define como funciones de tales delegados.
Debo aclarar, si es que al final se impone el asunto de los delegados, que personalmente no estoy de acuerdo con varios puntos de la Resolución, como por ejemplo, entre otras cosas, la falta de equidad en el número de delegados, expuesta en los parágrafos uno y dos del Artículo 12. Es absurdo que Norteamérica, con más de 3 millones de colombianos en la diáspora, tenga derecho a un solo delegado al igual, por ejemplo, que Oceanía. Y el Artículo 20 pretende ser equitativo pero no lo es, dice: “En caso de que no se presenten aspirantes a delegados en una circunscripción, el puesto de delegado será sumado a la circunscripción que haya tenido mayor apoyo dentro del tipo de población respectivo”.
(De interés: “Manual de Retorno para Colombianos desde el Exterior.”)
Es la Cancillería la que crea, en su Resolución, el término “delegados”, pues la leyes no hablan de ello. Y es, por ende, la Cancillería la que crea las funciones o actividades de esos delegados. Y, también, de los voceros ante el Sistema Nacional de Migraciones. ¿Tendremos que acogernos a ello?.
También la Cancillería decide que, es el llamado Grupo Interno de Trabajo de Colombia Nos Une, el encargado de las relaciones entre dicho ministerio y la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. Aspecto que no tiene objeción, aunque no queda muy claro el punto b) del Artículo 28 sobre la manera como se controlará el que los delegados cumplan o no con sus funciones. Trabajarán gratis y encima, los señores de Colombia Nos Une serán quienes decidan si su trabajo es bueno o es malo. Y pregunto con ironía… ¿cómo castigarán a quienes ellos decidan que lo están haciendo mal?
Veremos si el proceso funciona y si la equidad se impone. No tengo claro de qué manera se hará conocer todo este proceso a los colombianos residentes en el exterior para evitar que, al final, sean unos cuantos quienes, de forma amañada, tomen decisiones en nombre de las mayorías.
Sería justo, sensato, equitativo, elegante y lógico que quienes redactan resoluciones como ésta en nuestra Cancillería, al menos escucharan opiniones de líderes en la diáspora quienes conocen bien este tema y no que busquen imponer ideas particulares que no están acorde con los mandatos de la ley.
Fernando Escobar Giraldo
Abogado, periodista, escritor, catedrático universitario,
conferencista internacional.
Nota: Otras opiniones de este columnista haciendo clic aquí.
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