<h2>Solicitud de retractación y rectificación de UNIDIPLO.</h2>
A raíz de la solicitud de Retractación y rectificación presentada a esta Casa informativa por la Unión Diplomática de Colombia «UNIDIPLO», y que publicamos junto con nuestra respuesta en <a href="https://www.colexret.com/varios/la-union-diplomatica-pide-rectificacion-de-articulo-retuiteado-por-el-presidente-petro/">artículo visible aquí,</a> encontramos para nuestro alegato de defensa y respuesta a dicha Organización de la diplomacia, la <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-594-17.htm">Sentencia T-594/17</a>, emanada por nuestra H. Corte Constitucional, con la ponencia del H. Magistrado Carlos Bernal Pulido.
En esa sentencia vemos detalladamente y con total claridad, como se manifiesta el máximo Órgano judicial en Colombia, acerca de la protección de las fuentes informativas de un Medio de Comunicación.
Conozca el contenido de nuestro titular «La justicia protege la reserva de las fuentes informativas: en COLEXRET están seguras», leyendo hasta el final este artículo.
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<h2>Nuestras fuentes continuarán 100% protegidas, como hasta ahora.</h2>
Esto, también para decirle a nuestros seguidores y lectores, principalmente colombianos en el exterior, que no teman suministrarnos información acerca de irregularidades que detecten en Consulado y Embajadas, lo mismo que cualquier situación donde se incluya a la Cancillería colombiana.
Obviamente esa información debe venir sustentada con pruebas, al igual que debe ser dirigida a nosotros en papel firmado, documento de identificación, correo electrónico personal, y un No. telefónico.  Incluso es necesario tener comunicación telefónica o videoconferencia con nuestro director <a href="https://www.colexret.com/secciones/editorial/">Ricardo Marín Rodríguez.</a>
En el documento deben narrarse los hechos lo más detallada y específicamente posible, y en el mismo autorizar su publicación por parte de COLEXRET.
Si el denunciante no quiere, su nombre y demás datos permanecerán en absoluta reserva, y salvo en el futuro, si llegado el caso, un juez los llegara a necesitar para que ratificara, ampliara o se retractara sobre lo denunciado, se los entregaríamos, de lo contrario jamás saldrán a la luz pública.
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<h2>¿Qué dice la <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-594-17.htm">Sentencia T-594/17</a>, con relación a la reserva de las fuentes periodísticas?</h2>
Dijo la H. Corte Constitucional que:
«La reserva de las fuentes es una parte central de la libertad de información, y un derecho fundamental de quienes ejercen la profesión periodística, cuya libertad e independencia el Estado debe, de acuerdo con la Constitución Política, proteger especialmente.
La Corte Constitucional ha entendido este derecho como aquel que permite que un periodista guarde la reserva, secreto o sigilo sobre: i) la existencia de una determinada información, ii) su contenido, iii) el origen o la fuente de la misma y iv) la manera como obtuvo dicha información. 
La ha considerado, así, como una garantía fundamental y necesaria para proteger la independencia del periodista, y para que pueda ejercer la profesión y satisfacer el derecho a la información, sin que existan limitaciones indirectas ni amenazas que inhiban la difusión de datos relevantes para el público».
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Continúa la Corte Constitucional indicando en la misma Sentencia, que,
«El derecho a la reserva de las fuentes protege, sin duda alguna, algo más que la confidencialidad e identidad de las fuentes humanas de un periodista (una noción estrecha más compatible con lo que se entiende, estricto sensu, como secreto profesional). 
Estamos ante un derecho fundamental que salvaguarda la facultad del comunicador de negarse a revelar, en general, todos los documentos que componen el material de sus actividades periodísticas (entrevistas, apuntes, escritos, archivos, fichas, videos, audios, etc.), sin la cual, el libre ejercicio de su profesión y, más importante aún, la libertad de informar (artículo 20 de la Constitución Política), se tornarían nugatorios.
Es claro, en criterio de esta Sala, que el derecho a la rectificación, respuesta o réplica que tiene una persona potencialmente afectada por un reportaje, en modo alguno comprende el derecho a que el medio de comunicación revele, a ella o a un tercero, sus fuentes periodísticas, entendidas en el sentido amplio que se explicó líneas arriba. 
Cierto es que la jurisprudencia exige al programa informar al afectado, con la claridad suficiente, aun cuando no de manera exhaustiva, sobre la “acusación” que en su contra pesa y alrededor de la cual gira el reportaje, de modo que tenga los elementos mínimos para dar las explicaciones del caso, pero de ello no se sigue, bajo punto de vista alguno, un acceso pleno al material investigativo que soporta la emisión.
i) En un sentido comprehensivo, el derecho del periodista a la reserva de las fuentes, como parte de la libertad de información, cobija, además de las fuentes propiamente dichas, todo el material documental que hace parte del ejercicio periodístico en cuestión, en aras de proteger la independencia e integridad de la labor del comunicador. 
ii) Existe una prevalencia de la reserva de las fuentes prima facie. El acceso al material periodístico debe estar absolutamente justificado en la garantía de otro derecho fundamental, y en todo caso, superar un test de ponderación estricto. 
iii) El derecho a la réplica, y el deber correlativo de contraste de las fuentes, no precisan, per se, el acceso del potencial afectado con el reportaje al material periodístico. En caso de ser así, se deberá cumplir con una carga argumentativa cualificada y superar el respectivo test de ponderación. 
iv) A mayor esfuerzo del periodista por contrastar sus fuentes y procurar la versión del afectado, menor posibilidad de restringir la reserva de su material periodístico. 
v) Se tiene como regla general que toda forma de control externo sobre el material periodístico, antes de la publicación del respectivo reportaje, constituye censura previa».

La justicia protege la reserva de las fuentes informativas: En COLEXRET están seguras.

Rechazo a la violencia política.

Términos y expresiones constitutivos de violencia de género en política: Sentencia T-149/2025

Corte constitucional y la violencia de género contra la mujer en política.

Violencia de género contra la mujer en política: «Sentencia T-149/2025 – Corte Constitucional»

Bloqueo a la información pública.

Congresista Carmen Ramírez Boscán vulneró Derecho a la información pública: Corte Constitucional

Congresista Carmen Ramírez Boscán bloquea ciudadanos en Redes sociales.

Así vulneró Derecho a la Libertad de expresión, la Congresista Carmen Ramírez Boscán

Corte Constitucional Colombiana y el bloqueo en Redes sociales.

Derecho a la Libertad de expresión frente al bloqueo en Redes sociales: Corte Constitucional

Bloqueo en Redes sociales en Colombia.

Fin del bloqueo ciudadano en Redes Sociales, 10 años de trabajo detrás de la historia.

<ul>
<li>Conseguir la inclusión de la población retornada dentro de las políticas y Reglamento del «SENA», me costó más DOS (2) años de trabajo.</li>
<li>Conseguir el reconocimiento de toda la geografía colombiana en nuestro pasaporte, me costó más de UN (1) año.</li>
</ul>
Cuando terminen de leer esta historia, sabrán por qué digo que el «Fallo de la Corte Constitucional contra el bloqueo en Redes sociales, mi más grande logro»; en donde no gané yo, sino el Derecho a la libertad de expresión, a la Libertad de prensa e información, y Control político. Ganó la democracia.
<ul>
<li>Conseguir la eliminación del Impuesto de timbre nacional, equivalente al 40% del costo de los trámites que se realizan en Consulados, tardó más de DIEZ (10) años. Próximamente lanzaré mi segundo libro «Así tumbamos un impuesto», donde contaré la verdad sobre este logro.</li>
<li>Conseguir la inclusión de todos los colombianos como suscriptores al Fondo Nacional del Ahorro, para poder adquirir mediante financiación vivienda en Colombia dentro del «Programa de Ahorro Contractual Voluntario me costó más de TRES (3) años.</li>
<li>Conseguir la conformación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, me costó más de DIEZ (10) años, y me sigue costando, pues al día de hoy no se ha creado como en realidad debe ser.</li>
<li>Conseguir que, hasta la fecha, se hayan firmado CINCO (5) Convenios sobre la convalidación de la licencia de conducir colombiana, con países extranjeros, me ha costado OCHO (8) años.</li>
<li>Conseguir la expedición por parte del Ministerio de Trabajo de la <a class="external-link" href="https://1drv.ms/b/s!An8E19XYxHC1piBHZ_4ffjOnQYz9" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">“Cartilla de Información y Orientación Laboral para la Población Colombiana en Situación de Retorno”</a>, al igual que la expedición por parte de la «DIAN» de la <a class="external-link" href="https://onedrive.live.com/?authkey=%21APpC8XmMyEgoyik&amp;cid=B570C4D8D5D7047F&amp;id=B570C4D8D5D7047F%215803&amp;parId=B570C4D8D5D7047F%215800&amp;o=OneUp" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">“Cartilla sobre Incentivos tributarios para colombianos que regresan y establecen su domicilio en el país”</a>, me llevaron más de CINCO (5) años.</li>
<li>Conseguir como principal protagonista, la expedición de la  <a class="external-link" href="https://1drv.ms/b/s!An8E19XYxHC18xo4X8SYgOwXBSu6?e=YtP4OD" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">Ley 2136 del 04 de Agosto de 2021 «Por medio de la cual se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la Política Integral Migratoria del Estado colombiano  – PIM, y se dictan otras disposiciones</a>, que modificó y/o adicionó algunos artículos de la <a class="external-link" href="https://1drv.ms/b/s!An8E19XYxHC1p1YmAy7FrdwLgRJl?e=4qB15j" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">Ley 1465 del 29 de junio de 2011 «Por la cual se crea el Sistema NACIONAL DE Migraciones y se expiden normas para la protección de los colombianos en el exterior»</a>, tardé más de OCHO (8) años.</li>
<li>Conseguir la inclusión de los colombianos en el exterior dentro de un Programa electoral presidencial, para luego incluirlo en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 &#8211; 2022, y la realización en gran parte de esas inclusiones, me llevó más de CINCO (5) años.</li>
<li>Conseguir la publicación de mi primer libro de la colección «Colombianos Invisibles», «Gestión Migratoria Inexistente» <a href="https://www.amazon.es/Colombianos-Invisibles-Gesti%C3%B3n-Migratoria-Inexistente/dp/B085D8742S">(Descargable aquí)</a>, donde denuncio la invisibilización de los colombianos en el exterior dentro del Sistema Socio-político colombiano, me costó poco más de OCHO (8) años.</li>
</ul>
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Los anteriores y muchos más logros en pro de los colombianos en el exterior, luchados durante muchos años, los pueden ver <a href="https://www.colexret.com/politica-migratoria/mi-trabajo-en-pro-de-los-colombianos-en-el-exterior-1a-parte/">ingresando aquí.</a>
<h2>COLEXRET, un Medio de comunicación virtual especializado en la Política Migratoria Colombiana, reconocido por todos.</h2>
Quienes han seguido este trabajo, y quienes comienzan a conocerlo, solo han dado muestras de admiración, gratitud y respeto por lo hecho. Incluyo aquellos que llevados simplemente por su radicalismo político han intentado desprestigiar o menospreciarlo, pero reitero, lo hacen porque sus mentes están llenas solo de radicalismo por una ideología, partido, o líder político, y se sienten porque directa o indirectamente dentro de ese trabajo he tenido que «pisar los callos» de quienes estos creen ciegamente. Radicalismo lleno de odio, desprecio y venganza contra quienes piensan diferente a ellos.
Agregado a muchos más logros, el trabajo realizado en pro de mis connacionales residentes fuera del país, ha llevado a que compatriotas exageren y me tilden de «Héroe» (Gracias, pero no lo soy), incluso, Yesid Arteta, colombiano escritor, exiliado y reconocido líder socio-político, residente en Barcelona &#8211; España, en su momento me apodó «Don Quijote», y no precisamente por lo delgado o flacuchento, sino porque compara mi lucha solitaria contra las injusticias del Estado para con los colombianos en el exterior, con la lucha que tuvo que enfrentar «Don Quijote contra los molinos de viento», narrado en la Obra «El Quijote», de Miguel de Cervantes Saavedra.
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Y si retrocedo a mis CATORCE (14) años de edad, recordaré el sobrenombre que me puso el Rector del «Colegio Departamental Integrado Salesiano Miguel Unia», en mi bello y siempre recordado pueblo Agua de Dios, «El abogado de los pobres», por mi lucha desde muy temprana edad por los más desfavorecidos.
Con humildad, pero muy orgulloso, agradezco todas esas adulaciones o reconocimientos, y esas motivadoras expresiones, a lo mejor inmerecidas, como también me hace mucho bien el conocer que importantes personalidades de la vida Social, política, económica, cultural, religiosa y académica, expresan que «No existe una persona en el mundo que sepa o conozca más de la Temática Migratoria Colombiana, relacionada principalmente con los colombianos en el exterior, que Ricardo Marín Rodríguez».  Me disculpan la modestia, pero creo que es así.
Es muy difícil poner en un orden específico mis logros dentro del trabajo <a href="https://www.facebook.com/COLEXRET/">COLEXRET</a>, aunque para mi, el primero, y sin lugar a dudas el mejor, ha sido la «Eliminación del Impuesto de Timbre Nacional» de los trámites en Consulados, que describí anteriormente; pero hoy, y uno muy reciente, se puede poner a su lado, e incluso superarlo.
<h2>Uno de mis más grandes logros.</h2>
Colombianos en el mundo entero: «Después de más de DIEZ (10) años de un arduo trabajo y de gestiones, denuncias, publicaciones y demás, he conseguido que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el bloqueo a los ciudadanos en Redes sociales por parte de Congresistas, gobernadores y funcionarios públicos, estableciendo que ninguno de ellos podrá a partir del 30 de abril del presente 2025, bloquear a las personas dentro de esos espacios, pues al igual que ellos, al utilizarlos para dar a conocer su trabajo, se convierten en públicos, y por ende impedir que la ciudadanía participe, es una clara vulneración a sus derechos a «La libertad de expresión», «Control político», y al libre conocimiento y publicación de información pública.
Como quiera que el fallo dictado el 30 de abril de 2025 (Y que aún no me lo han notificado directamente), por la Sala Segunda de Revisión, de la <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/">Corte Constitucional Colombiana</a>, dentro de la SENTENCIA T-149 DE 2025, como parte del Expediente T-10.261.574, cuyo Magistrado ponente fue Juan Carlos Cortés González, de CIENTO TREINTA Y SEIS (136) FOLIOS, no solo contiene el tema del bloqueo ciudadano en redes sociales por parte de Congresistas, gobernadores y funcionarios públicos, sino también sobre la «Violencia de género en política», tendré que dividir esta historia en dos o tres capítulos.
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En el próximo artículo, que podrán leer desde mañana domingo 22 de junio en <a href="https://x.com/notifications">COLEXRET,</a> trataré el tema principal y específico de la orden dada por la H. Corte Constitucional, a la H. Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, Carmen Ramírez Boscán, consistente en desbloquear al suscrito <a href="https://x.com/notifications">Ricardo Marín Rodríguez</a>, y a este Medio de Comunicación de sus espacios en Redes sociales, específicamente en <a href="https://www.facebook.com/COLEXRET/">Facebook</a> y <a href="https://x.com/notifications">X.</a>
Allí hablaré de, cómo la Corte Constitucional de nuestro país establece que a partir de la fecha, ningún funcionario, Congresista o gobernante colombiano, puede bloquear de sus espacios en Redes sociales a los ciudadanos, pues de hacerlo estarían vulnerando Derechos fundamentales y constitucionales, como el de «La libertad de expresión y pensamiento», «Información», «Control y participación política», entre otros.
<a href="https://www.colexret.com/temas/bloqueo-en-redes-sociales/">Vean aquí cómo comenzó la historia de mi trabajo en contra del bloqueo en redes sociales a los ciudadanos, por parte de congresistas, para llegar hasta donde he llegado, conseguir que la Corte Constitucional siente jurisprudencia al respecto.</a>
Luego, en el siguiente artículo trataré el tema de la «Violencia de género contra la mujer en política»; ojo, «Violencia política», no otra cosa, en donde también se pronunció nuestra <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/">H. Corte Constitucional</a>, indicando que algunos términos o expresiones utilizadas por el suscrito dentro de las publicaciones donde doy a conocer el trabajo realizado por esa Congresista, no han sido los más apropiados, dando lugar a configurarse esa figura que atenta contra la mujer en el ámbito político.
En lo que a mi respecta, una vez me sea notificado directamente el fallo, acataré lo ordenado por nuestra H. Corte Constitucional; y les adelanto, no acomodaré esa información para defenderme, pues la verdad es que no tengo nada de qué defenderme, ni arrepentirme, por lo que serán unas publicaciones imparciales y objetivas, no como lo que ya comenzó hacer la Sra. Carmen Ramírez, hablando solo de lo que le puede convenir, intentando salvar su responsabilidad directa en la base de la investigación realizada por la más Alta Corporación de justicia en Colombia.
La mencionada Congresista por los colombianos en el exterior, no reconoce que vulneró mis derechos, y las de muchos ciudadanos, al bloquearnos de sus espacios en redes sociales. Pero bueno, allá ella con su conciencia.
Yo si reconozco que me he pasado un poco en la utilización de algunas expresiones dentro de mis publicaciones en COLEXRET, y que bien hizo la Corte en llamarme la atención, pues las ha considerado como «expresiones violentas» y por ende las cataloga como «Violencia de género en la política».  Tristemente, nuestra Corte no analizó que ese mismo trabajo, incluyendo dichas expresiones o términos, los he utilizado cuando, como Representantes a la Cámara por los colombianos en el exterior, han estado hombres.
Es inentendible cómo cuando se utilizan contra los hombres no pasa nada, pero si se hace contra la mujer, es violencia de género.  Qué diferencia puede haber entre hombre y mujer ocupando un cargo público, en especial de elección popular?.  Los dos, independientemente de su genero deben cumplir las mismas funciones que ordena la ley, y el mandato popular, y a los dos se les debe hacer control político.  Obviamente, en mi caso, bajándole el tono a mis expresiones.
<a href="https://www.colexret.com/editorial/fin-del-bloqueo-ciudadano-en-redes-sociales-10-anos-de-trabajo-detras-de-la-historia/">Si continúan leyendo, aquí conocerán por las que tuve que pasar durante DIEZ (10) AÑOS  para conseguir el Fin del bloqueo ciudadano en Redes Sociales, por parte de funcionarios, congresistas y gobernantes.</a>
Un saludo.
<a href="https://www.colexret.com/secciones/editorial/">Ricardo Marín Rodríguez</a> 
Creador de <a class="external-link" href="https://x.com/ricardomarinro" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">COLEXRET.com</a> 
Investigador y escritor de Temática Migratoria Colombiana. 
Precandidato Cámara por los colombianos en el exterior. 
<a class="external-link" href="https://www.facebook.com/opinion.delvotante.9/" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">Facebook</a> –<a class="external-link" href="https://x.com/ricardomarinro" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener"> X</a> – <a class="external-link" href="https://www.instagram.com/colexret/" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">Instagram</a> – <a class="external-link" href="https://www.youtube.com/@colexret" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">Youtube</a> – <a class="external-link" href="https://www.linkedin.com/feed/" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">Linkedin</a> 
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Bloqueo en Redes Sociales en Colombia.

Fallo de la Corte Constitucional contra el bloqueo en Redes sociales, mi más grande logro

El 04 de mayo del presente 2024, bajo el titular <a href="https://www.colexret.com/varios/la-justicia-dice-que-congresista-no-vulnera-derechos-por-bloqueo-ciudadano-en-sus-redes-sociales/">«La Justicia dice que Congresista no vulnera derechos por bloqueo ciudadano en sus redes sociales»</a>, terminábamos indicando que:
«Bien podríamos entrar a analizar, debatir, conceptuar y publicar sobre el fallo proferido en Segunda Instancia, más como quiera que aún queda un paso dentro del marco jurídico colombiano, como es el “Recurso de revisión” ante la Corte Constitucional, nos abstendremos por ahora de emitir apreciación alguna sobre el particular, hasta tanto no tengamos los resultados de ese último recurso.
No es difícil presentar un “Recurso de revisión” ante la H. Corte Constitucional, lo difícil y casi imposible es que esta acepte su revisión; sin embargo, no vamos a bajar los brazos hasta tanto, primero, solicitemos esa revisión, y segundo conozcamos un pronunciamiento al respecto. – INSISTIR, PERSISTIR, RESISTIR, y NUNCA DESISTIR. –
Si como lo esperamos nuestra “Solicitud de revisión” es aceptada, nos pronunciaremos luego del fallo de la C. Constitucional, en caso contrario lo haremos en el momento en que la misma sea rechazada para su revisión.»
Vean aquí, <a href="https://www.colexret.com/buscar/?s=bloqueo+en+redes+sociales">«nuestra lucha contra el bloqueo en redes sociales.»</a>)
<h2>Corte Constitucional revisa tutela contra Congresista por bloqueo de ciudadanos en redes sociales.</h2>
Pues bien, lo «casi imposible» desapareció, el «milagro» fue posible.
En una decisión sin precedentes en la historia jurídica de nuestro país, la <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/">Corte Constitucional colombiana</a>, a mediados del mes de julio del año en curso, decidió aceptar los argumentos esbozados por nuestro director <a href="https://x.com/ricardomarinro">Ricardo Marín Rodríguez</a>, dentro de la «Solicitud de revisión de tutela» de los fallos en Primera y Segunda Instancia de la Acción de tutela interpuesta contra la Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, Carmen Felisa Ramírez Boscán, por el bloqueo a que nos tiene sometidos, tanto a la plataforma <a href="https://x.com/colexret">COLEXRET</a>, como a su fundador y director, y a muchos otros ciudadanos.
Como recordarán, en el caso tratado, en principio, tanto el <a class="external-link" href="https://1drv.ms/b/s!An8E19XYxHC1gZNQEhiCijgVTaE8WQ?e=2qt5Lf" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">Fallo en Primera Instancia</a>, como el del <a class="external-link" href="https://1drv.ms/b/s!An8E19XYxHC1gZNRbxB7d7SO2oNvJg?e=A8aOU6" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Segunda Instancia</a>, dio la razón a la denunciada Carmen Felisa Ramírez Boscán, en cuanto a que no vulneraba ningún derecho de los ciudadanos al bloquear a estos de sus espacios en las Redes sociales, principalmente de Facebook y X.
Hoy, podemos informar que la Corte Constitucional Colombiana redimirá ese conflicto, y sentará jurisprudencia frente al bloqueo de los ciudadanos en espacios de las redes sociales de Funcionarios, Gobernantes y Congresistas.
Mediante auto del pasado 25 de julio, la Corte Constitucional declara abierta la investigación, ordenando ciertas pruebas y gestiones para poder entrar a fallar sobre el particular.
Tanto a la denunciada Carmen Ramírez Boscán, como al suscrito, y demás personajes, entidades y organizaciones que la Corte vinculó y/o invitó a este proceso, en el contenido del respectivo auto, se nos prohíbe divulgar cualquier información relacionada con el trámite dentro del respectivo expediente, hasta tanto no haya un pronunciamiento final y oficial.
Por ahora, a esperas del fallo final, consideramos un triunfo de gran importancia para la Democracia colombiana, el hecho de que la Corte Constitucional de nuestro país, haya decidido pronunciarse, como nunca lo ha hecho hasta el momento, sobre este flagelo antidemocrático, como es el bloqueo de los ciudadanos de perfiles de redes sociales por parte de nuestros Gobernantes, Congresistas y Funcionarios.
(Le puede interesar: <a href="https://www.colexret.com/politica-migratoria/10-anos-en-pro-de-los-colombianos-en-el-exterior-1a-parte/">«Más de una década en pro de los colombianos en el exterior.»</a>)
Con ese bloqueo, reiteramos nuestra posición en el sentido de que se vulneran, entre otros, los derechos a la «Participación y veeduría ciudadana», al de la «Libertad de expresión», al «Control político», y al de la «Información».  De ahí que desde hace más de SEIS (6) AÑOS venimos luchando contra ello; y&#8230;.estamos a punto de conseguirlo.
«La verdad, las leyes y la justicia siempre se impondrán contra las injusticias de los malos, y el silencio de los buenos».
En estos casos, «INSISTIENDO, PERSISTIENDO, RESISTIENDO, y sin dejar de INSISTIR» por parte de los ciudadanos, la justicia se encarga del resto.
Una vez podamos hacerlo legalmente, nos pronunciaremos públicamente sobre los pormenores de esta investigación y su fallo, que sin lugar a dudas, independientemente del resultado, pasará a la historia jurídica y política de nuestro país.
«Amanecerá y veremos» dijo el ciego, y «amaneció viendo», pues «No existen cosas imposibles sino seres incapaces.»

Revisión Corte Constitucional bloqueo en redes sociales

Corte Constitucional revisa tutela contra Congresista por bloqueo de ciudadanos en redes sociales

Analizando diferentes situaciones publicadas por esta Casa informativa, en donde mostramos nuestro inconformismo frente a las expresiones y formas utilizadas en escenarios públicos, entre ellos las Redes sociales, por algunos Funcionarios y/o Servidores estatales, <a href="https://www.colexret.com/politica/por-que-hace-proselitismo-politico-en-maicao-porque-de-malas/">incluyendo a nuestros H. Congresistas, en especial a la Sra. Carmen Felisa Ramírez Boscán, Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior,</a> hemos querido transcribir apartes de la <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/T-124-21.htm#:~:text=El%20derecho%20a%20la%20religiosidad,la%20autoridad%20o%20de%20particulares.">Sentencia T-124 del 04 de mayo de 2021</a>, con la ponencia de la H. Magistrada Diana Fajardo Rivera, como una forma de darle a conocer a nuestros Congresistas, la obligación que tienen de utilizar la prudencia, lenguaje y formas en las intervenciones que por uno u otro medio voluntaria o accidentalmente de a conocer a los ciudadanos.
Los Congresistas tendrán que entender que ya no son ciudadanos del común, pues desde que toman posesión del cargo como tales, tiene más limitaciones frente a su libertad de expresión que antes. Es decir, tiene que cuidar más lo que sale de su interior.
(Le puede interesar: <a href="https://www.colexret.com/editorial/colombia-un-estado-de-derecho-excluyente-con-los-colombianos-en-el-exterior/">«Colombia, un Estado de derecho excluyente con los colombianos en el exterior.»</a>)
<h2>Corte Constitucional limita la libertad de expresión en Funcionarios públicos.</h2>
Y para que no se le olvide a nuestros legisladores, y demás funcionarios o servidores públicos, entre ellos a los del Ministerio de Relaciones Exteriores, a continuación una breve ilustración sobre la libertad de expresión en Funcionarios públicos en Colombia, dictada por nuestra Corte Constitucional.
«(…), es claro que cuando los funcionarios públicos comunican una información u opinión a la ciudadanía, sin importar que se encuentre contenida en un acto administrativo, tiene la potencialidad de lesionar derechos o principios constitucionales, sin que sea posible escudarse en la ausencia de un acto administrativo para eludir cualquier tipo de responsabilidad. En todo caso, cabe precisar que, las expresiones de los funcionarios públicos no podrán ser objeto de censura previa, sino que están sujetas a responsabilidades ulteriores.»
En el numeral 52, de la <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/T-124-21.htm#:~:text=El%20derecho%20a%20la%20religiosidad,la%20autoridad%20o%20de%20particulares.">Sentencia T-124/2021</a>, observamos:
«Ahora bien, aun cuando la titularidad del derecho a la libertad de expresión es universal, su ámbito de protección se expande o se restringe dependiendo de quién es la persona que emite la opinión o información. Deben valorarse sus cualidades y el rol que ejerce en la sociedad. 
En relación con los funcionarios públicos, tanto la jurisprudencia constitucional como interamericana han coincidido en señalar que el derecho a la libertad de expresión, cuando es ejercido por servidores públicos en el desempeño de sus funciones, tiene limitaciones mayores a las que ostenta cuando lo ejerce un particular, puesto que al pronunciarse como una autoridad pública no está ejerciendo “la simple libertad de expresión reconocida en general a los ciudadanos, sino que están utilizando un medio legítimo para el ejercicio de la autoridad pública.” En todo caso, la libertad de expresión de los funcionarios públicos, al igual que la de cualquier persona, también está sujeta a las reglas de los discursos prohibidos, señaladas en el párrafo 50 de esta providencia.» (Resaltado nuestro.)
En el numeral 53 de la misma sentencia, indica la Corte Constitucional que, «La limitación al derecho a la libertad de expresión de los funcionarios públicos tiene fundamento en el deber constitucional que se les impone de proteger la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades de todas las personas residentes en Colombia, así como asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. En efecto, cuando las autoridades públicas actúan en ejercicio de sus funciones “tienen un rango muy limitado de autonomía y deben orientarse a la defensa de (…) los derechos fundamentales de todas las personas habitantes del territorio.” 
En consecuencia, dado que “ostentan una posición de garante frente a las prerrogativas de los asociados, es necesario que se guíen bajo el criterio de máxima prudencia al momento de emitir manifestaciones que pongan en riesgo o constituyan injerencias lesivas sobre tales derechos.” Lo anterior aunado al hecho de que la emisión de opiniones o información por parte de funcionarios públicos “puede tener un impacto mucho mayor en el imaginario colectivo, en las creencias de las gentes e incluso en su conducta, dado el enorme grado de confianza que las personas suelen tener en las afirmaciones de quienes ocupan los cargos más representativos.”
<h2>El derecho a la libertad de expresión de los funcionarios públicos se restringe debido al mayor compromiso social que tienen respecto de un particular.</h2>
En este mismo sentido, en la Sentencia T- 949 de 2011, la Corte Constitucional resaltó que el derecho a la libertad de expresión de los funcionarios públicos se restringe debido al mayor compromiso social que tienen respecto de un particular: “[s]i bien es cierto que los servidores públicos mantienen su libertad de información y de opinión, en su calidad de ciudadanos, también lo es que se les restringe, por su mayor compromiso social y debido a que el servicio público es una actividad altamente reglada, que impone mayor prudencia y respeto, por ejemplo, al expedir opiniones y dar información. En esa medida, claro está que deviene diferente el ámbito de la libertad de expresión de los servidores públicos, cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales debe activar su derecho/deber de difundir o expresar información oficialmente relevante.” (Resaltado fuera de texto.)
(Entérate cómo, <a href="https://www.colexret.com/cancilleria/colombia-nos-une-podria-naufragar-por-culpa-de-su-coordinadora-internacional/">«Colombia Nos Une podría naufragar por culpa de su Coordinadora Internacional.»</a>)
Luego, en el numeral 54 de la sentencia de autos, dice la H. Corte Constitucional, que,
«Ahora bien, en algunas sentencias esta Corte ha establecido que los altos funcionarios del Estado, cuando emiten una opinión o presentan una información, más que el simple ejercicio del derecho a la libertad de expresión, ejercen un poder-deber de comunicación permanente con la ciudadanía. Esto significa que los pronunciamientos y declaraciones públicas de estos servidores no entran exclusivamente en el ámbito de su libertad de expresión, sino que constituyen una forma de ejercer sus deberes frente a los administrados, además de constituir un mecanismo que facilita la conformación de una opinión pública libre e informada, lo que posibilita la discusión y participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones que los afectan, así como el control del poder público.» (Resaltado nuestro.)
Por su parte, en los numerales 55, 56 y 57 de la referida sentencia, expresa la Corte que, » 55. A partir de lo anterior la Corte ha señalado que en ejercicio de este poder deber, los altos funcionarios del Estado tienen la facultad y, a su vez, la obligación de (i) informar sobre asuntos de su competencia; (ii) fijar la posición de la entidad frente a los mismos; (iii) dar a conocer las políticas oficiales; (iv) analizar, comentar, opinar y, defender el programa gubernamental que desarrollan; (v) responder a las críticas; y (vi) fomentar el ejercicio de una participación ciudadana responsable, entre otros. 
Por lo anterior, se han identificado dos escenarios del referido ejercicio comunicativo, diferenciables a partir de la intención del discurso divulgado, a saber: (i) aquellas manifestaciones que pretenden trasmitir información objetiva a los ciudadanos sobre asuntos de interés general; y (ii) aquellas otras en las que, más allá de la transmisión objetiva de información, se expresan cuestiones acerca de la política oficial, defienden su gestión, responden a sus críticos, o expresan su opinión sobre algún asunto, casos estos últimos en los cuales caben apreciaciones subjetivas formuladas a partir de criterios personales.»
«56. En el primer escenario, al estar involucrado el derecho a la información, esta debe someterse a las cargas de veracidad e imparcialidad. Por su parte, en el segundo evento, dado que no existe una intención de transmitir información, sino de divulgar criterios personales sobre la política oficial, defender la gestión, responder a críticas, o emitir juicios sobre algún asunto, cabe la apreciación personal y subjetiva, no siendo exigible la estricta objetividad. No obstante, para garantizar la formación de una opinión pública verdaderamente libre, estas opiniones no pueden ser formuladas sino a partir de mínimo de justificación fáctica real y de criterios de razonabilidad.
<h2>Libertad de expresión de funcionarios en Redes sociales.</h2>
«57. De otro lado, esta Corte también ha precisado que el uso de medios masivos de comunicación por parte de altos funcionarios del Estado exige de estos un uso cuidadoso. En efecto, “el empleo de estos medios genera una responsabilidad mayor (…) en atención a la gran capacidad de penetración en todas las esferas de la sociedad que éstos poseen, al número considerable de receptores a los que pueden llegar, al impacto inmediato que poseen sobre la formación de la opinión pública e, incluso, sobre los comportamientos y reacciones de los individuos.” 
Dentro de los medios masivos de comunicación, ha considerado este Tribunal que también deben incluirse las redes sociales, pues “constituyen un canal con una amplia difusión y/o capacidad para llegar a un número extenso e indeterminado de personas”, razón por la cual “el uso de este tipo de instrumentos por funcionarios públicos, especialmente aquellos que ostentan altos cargos, genera una mayor responsabilidad, dada la importancia que para la opinión pública presentan sus declaraciones.”
Y sobre el tema de la Libertad de expresión en funcionarios o servidores públicos, termina nuestra Corte Constitucional argumentando en el <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/T-124-21.htm#:~:text=El%20derecho%20a%20la%20religiosidad,la%20autoridad%20o%20de%20particulares.">numeral 58 de la Sentencia T124/2021</a>, que,
«En suma, dado que los funcionarios públicos tienen el deber de garantizar los derechos de todas las personas y asegurar la vigencia del ordenamiento jurídico, es necesario que el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión se encuentre sometido a cargas especiales y a mayores restricciones que el resto las demás personas. Por tanto, las opiniones o informaciones que trasmitan a los ciudadanos, en especial si se trata de altos funcionarios del Estado, deben estar provistas de una especial diligencia y cuidado a fin de evitar que con éstas se lesionen o pongan en riesgo los derechos de las personas. Esta responsabilidad se acentúa cuando el mensaje se transmite a través de medios masivos de comunicación, como las redes sociales, dada su amplia capacidad de difusión y penetración en la sociedad.»
(Así es la <a href="https://www.colexret.com/cancilleria/impunidad-en-la-cancilleria-colombiana-al-omitir-sanciones-a-sus-funcionarios-por-faltas-graves/">«Impunidad en la Cancillería colombiana al omitir sanciones a sus funcionarios por faltas graves.»</a>)
En un próximo artículo les traeremos lo que sobre el «Irrespeto ciudadano» ha dicho nuestra Corte Constitucional, para que tanto funcionarios como servidores públicos dejen a un lado su sensible delicadeza e ínfulas de Reyes o Amos, argumentando que se les está irrespetando por el solo hecho de decirles unas cuantas verdades, o de exigirles cumplir con sus promesas electorales, o con las funciones que revisten sus cargos. Por decirles mentirosos porque mienten, falsos porque falsean, Corruptos porque cometen actos de corrupción, traidores porque traicionan, cobardes por no enfrentar los debates públicos, y más cobardes <a href="https://www.colexret.com/cancilleria/bloqueo-en-redes-sociales-cancilleria-y-colombia-nos-une-imitan-a-congresistas/">por eliminar de sus espacios en Redes sociales a quienes ejercemos nuestro derecho al «Control político.</a>»
Con relación a esto último, trabajamos muy duro desde hace varios años, y creemos que el momento de ponerle tatequieto a los funcionarios, gobernantes y congresistas que bloquean a los ciudadanos de sus espacios en las Redes sociales, ha llegado. Muy pronto tendrán noticias sobre el tema, y aspiramos decirles que, si bien al respecto hemos perdido algunas batallas, ganamos la guerra.

Congresista Carmen Ramírez Boscán