Ministerio de Agricultura reconoce importancia de la gobernanza alimentaria, pero frena creación de nuevo sistema y viceministerio en Colombia.
La respuesta oficial emitida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a una propuesta presentada por el líder colombiano socio-político en Taiwán (Asia), y Delegado de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, Inder Ramírez, sobre la creación del «Sistema Nacional de Gobernanza Alimentaria Sostenible» y de un «Viceministerio de Gobernanza Alimentaria Sostenible» terminó convirtiéndose en mucho más que un simple trámite administrativo.
Esa iniciativa abrió una discusión de fondo sobre el futuro alimentario de Colombia, la lucha contra el hambre, la sostenibilidad rural, la eficiencia estatal y la necesidad, o no, de crear nuevas estructuras burocráticas para enfrentar una de las mayores crisis sociales del país.
El documento, fechado el 12 de mayo de 2026 y firmado por la «Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos» del Ministerio de Agricultura, que adjuntaremos al completo al finalizar, reconoce expresamente que “la garantía del derecho a la alimentación es una prioridad en la política pública” y un compromiso constitucional e internacional del Estado colombiano.
Sin embargo, la respuesta también deja claro que el Gobierno considera prematuro crear nuevas entidades administrativas antes de que avance la discusión legislativa sobre el derecho humano a la alimentación y la reorganización institucional que actualmente se tramita en el Congreso de la República.
Un debate que trasciende la burocracia
La discusión no es menor, pues Colombia sigue enfrentando profundas desigualdades en el acceso a los alimentos, elevados índices de inseguridad alimentaria, desperdicio de alimentos, pobreza rural, concentración de tierras y dependencia creciente de cadenas agroindustriales que han debilitado históricamente a pequeños productores y economías campesinas.
En ese contexto, la idea de construir un «Sistema Nacional de Gobernanza Alimentaria Sostenible» busca centralizar políticas públicas relacionadas con producción, distribución, comercialización, abastecimiento, desperdicio alimentario y soberanía alimentaria bajo una arquitectura institucional más sólida y coordinada.
La propuesta aparece en un momento especialmente sensible para el país:
- Avanza en la discusión de una Ley Estatutaria del Derecho Humano a la Alimentación.
- Impulsa transformaciones derivadas de la Reforma Rural Integral.
- La crisis climática amenaza la estabilidad agrícola.
- El costo de los alimentos continúa golpeando a millones de hogares.
- Las cadenas de abastecimiento siguen mostrando enormes debilidades territoriales.
El propio Ministerio reconoce en su respuesta que el país atraviesa un proceso de redefinición estructural del derecho humano a la alimentación.
¿Qué dice realmente el Ministerio de Agricultura Colombiano?
Aunque el documento evita cerrar completamente la puerta a la propuesta, el mensaje institucional es claro, el Gobierno considera que actualmente ya existen suficientes mecanismos normativos y administrativos para abordar la gobernanza alimentaria; y responde que Colombia ya cuenta con varias instancias legales sobre el tema. Entre ellas:
- La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONPES 113 de 2008).
- El Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación.
- La Comisión Intersectorial del Derecho Humano a la Alimentación (CIDHA).
- La política contra pérdida y desperdicio de alimentos creada mediante la Ley 1990 de 2019.
- Planes rurales derivados del Acuerdo de Paz.
- Programas de fortalecimiento de la economía campesina y comercialización rural.
La tesis central del Ministerio es que crear nuevas instancias podría generar duplicidad funcional, conflictos de competencias, incremento burocrático, mayores costos fiscales, superposición institucional, e incluso incoherencias jurídicas frente a futuras leyes estatutarias.
El verdadero trasfondo político
Más allá de la respuesta técnica, el debate refleja una tensión histórica dentro del Estado colombiano, «los problemas estructurales se solucionan creando nuevas instituciones o fortaleciendo las existentes?».
Durante décadas, Colombia ha respondido a crisis sociales mediante la creación de comisiones, sistemas, observatorios, consejerías y organismos especializados. Muchos de ellos terminan debilitados por falta de presupuesto, dispersión de competencias o baja coordinación interinstitucional.
Los defensores de un nuevo Sistema Nacional de Gobernanza Alimentaria sostienen que precisamente esa fragmentación institucional es la causa del fracaso histórico de las políticas alimentarias; argumentando que hoy las competencias están dispersas entre múltiples ministerios y entidades:, como:
- Agricultura,
- Salud,
- Educación,
- Ambiente,
- Prosperidad Social,
- ICBF,
- Ministerio de Igualdad,
- Gobiernos territoriales,
- Agencias rurales,
- Organismos internacionales, y
- Múltiples sistemas paralelos.
Desde esta perspectiva, la gobernanza alimentaria requeriría una autoridad más fuerte, transversal y especializada.
Pero los críticos consideran que crear más burocracia no garantiza mejores resultados y podría terminar absorbiendo recursos que deberían destinarse directamente a producción agrícola, infraestructura rural o programas alimentarios.
Los argumentos a favor de crear el sistema
Quienes respaldan la propuesta consideran que Colombia necesita una transformación profunda del modelo agroalimentario. Veamos:
1. Coordinación nacional real
Actualmente las políticas alimentarias funcionan de manera fragmentada. Un sistema nacional especializado podría articular producción, distribución, nutrición, comercio, sostenibilidad ambiental, abastecimiento urbano, economía campesina, y prevención del desperdicio.
2. Mayor capacidad de respuesta frente al hambre
La inseguridad alimentaria sigue afectando a millones de colombianos, especialmente en regiones rurales, territorios indígenas y zonas periféricas urbanas, por lo que un sistema especializado podría mejorar monitoreo, focalización, respuesta rápida, logística alimentaria, y abastecimiento regional.
3. Enfoque de soberanía alimentaria
La propuesta se alinea con corrientes internacionales que promueven que los países reduzcan su dependencia de importaciones alimentarias y fortalezcan la producción local.
4. Articulación climática y agroecológica
La crisis climática obliga a replantear sistemas de producción agrícola sostenibles y resilientes.
5. Participación ciudadana y territorial
Uno de los aspectos más relevantes del debate es la inclusión de comunidades campesinas, étnicas y territoriales en la toma de decisiones alimentarias.
Los riesgos y críticas al modelo
El propio Ministerio enumera varios riesgos implícitos en la propuesta, y los transcribimos así:
1. Duplicidad institucional
Ya existen estructuras similares como CIDHA, CISAN, Sistemas territoriales, Observatorios, y múltiples planes sectoriales.
2. Costos fiscales
Dice Minagricultura que «crear un viceministerio implica nóminas, infraestructura, reorganización administrativa, presupuesto permanente, y nuevas cargas fiscales», lo que en un contexto de presión presupuestal podría generar resistencia política y económica.
3. Riesgo de burocratización
Algunos expertos advierten que nuevas instituciones pueden convertirse en estructuras lentas y poco operativas.
4. Conflictos de competencias
La gobernanza alimentaria cruza múltiples sectores y podría generar disputas entre ministerios.
5. Politización
Existe el riesgo de que una nueva entidad termine subordinada a intereses políticos coyunturales y no a políticas de largo plazo.
El antecedente internacional
La discusión colombiana no ocurre en el vacío, ya que países como Brasil, México, Ecuador y Bolivia han desarrollado estructuras de gobernanza alimentaria con distintos niveles de éxito.
Brasil, por ejemplo, logró reconocimiento internacional con el programa “Fome Zero” y sistemas de participación social alimentaria durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, muchos de esos avances sufrieron retrocesos con posteriores cambios políticos.
En Europa, el concepto de “gobernanza alimentaria” se ha fortalecido alrededor de sostenibilidad, cadenas cortas de comercialización, agricultura ecológica, y reducción del desperdicio alimentario.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) también viene impulsando enfoques integrales de sistemas agroalimentarios sostenibles.
El gran problema de fondo: hambre en un país agrícola
La paradoja colombiana sigue siendo contundente: un país con enorme capacidad agrícola continúa enfrentando hambre, desnutrición y dificultades de acceso a alimentos.
La respuesta del Ministerio de Agricultura reconoce indirectamente esa contradicción al enumerar la cantidad de políticas, programas y sistemas ya existentes.
Precisamente allí surge la gran pregunta, si ya existen tantos mecanismos institucionales, ¿por qué persisten los problemas estructurales?
La respuesta posiblemente no esté únicamente en crear nuevas entidades, pero tampoco en mantener intacto un modelo institucional que durante décadas no ha logrado resolver plenamente las brechas alimentarias y rurales del país.
Un debate que apenas comienza
La respuesta de MinAgricultura a Inder Ramírez no cierra el debate; por el contrario, lo profundiza.
El documento deja entrever que el Gobierno espera primero la consolidación del marco legislativo sobre el derecho humano a la alimentación antes de evaluar transformaciones administrativas mayores.
Sin embargo, también reconoce que el país necesita fortalecer la gobernanza alimentaria y avanzar hacia sistemas agroalimentarios sostenibles.
En otras palabras, la discusión ya no parece centrarse en si Colombia necesita una política integral de alimentación, sino en cuál debe ser el modelo institucional adecuado para implementarla.
Y esa discusión involucra no solamente asuntos técnicos y presupuestales, sino también profundas dimensiones sociales, políticas, territoriales, culturales y éticas sobre el futuro del campo colombiano y el derecho fundamental de millones de ciudadanos a alimentarse dignamente.
Fuentes:
- Inder Ramírez, y
- Radicado de Minagricultura colombiano 2026-460-010245-1, del 13 de mayo de 2026
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