Aunque es un tema que ya hemos tratado en varias ocasiones y cuyos enlaces de sus publicaciones adjuntaremos al finalizar, hoy queremos seguir INSISTIENDO, PERSISTIENDO y RESISTIENDO frente a esta situación que está acarreando desde hace muchos años un gran perjuicio a los colombianos que emigran de Colombia y se enfrentan a un mundo totalmente desconocido.
Deportaciones, muertes y desinformación, por incumplimiento de la Cancillería colombiana frente a la Ley 2136
Por años, Colombia ha venido normalizando una tragedia silenciosa:
Miles de ciudadanos salen del país sin información suficiente, sin orientación jurídica mínima, sin acompañamiento institucional y, en demasiados casos, terminan deportados, detenidos, desaparecidos o muertos en rutas migratorias irregulares.
Lo más grave es que esta realidad no obedece únicamente a la desesperación económica o social que empuja a emigrar, sino también al incumplimiento sistemático del Estado colombiano, especialmente de la Cancillería, frente a obligaciones expresas establecidas en la Ley 2136 de 2021, y en el caso tratado, especialmente en el Parágrafo 1, de su artículo 49, y que transcribiremos más adelante.
Mientras el discurso oficial insiste en hablar de “migración segura, ordenada y regular”, (Lema aún más resaltado en la actual administración de Yolanda Villavicencio Mapy en Cancillería), la práctica demuestra exactamente lo contrario: ausencia de pedagogía migratoria real, campañas superficiales en redes sociales, desinformación institucional y un abandono histórico de la diáspora colombiana.
La Ley 2136 no dejó lugar a interpretaciones ambiguas. El legislador fue absolutamente claro al ordenar al Estado colombiano garantizar información íntegra y oportuna sobre los procesos migratorios.
El artículo 3°. de dicha norma establece expresamente:
“El suministro de información oportuna e íntegra deberá acompañar todo lo relacionado con los procesos migratorios.”
No dice “eventualmente”; no dice “cuando haya presupuesto”; no dice “mediante publicaciones esporádicas en redes sociales”; lo que dice claramente es que la información debe acompañar todo lo relacionado con los procesos migratorios.
Más adelante, el artículo 44 de la misma Ley ordena:
“El colombiano migrante deberá informarse de los derechos y deberes que tiene en su condición de migrante en el exterior, para lo cual el Estado colombiano a través de sus misiones consulares deberá facilitar el acceso a dicha información que incluya sitios de atención, información sobre derechos, e información sobre la convención de migrantes.”
La pregunta inevitable es: ¿Dónde está esa información?
Basta observar la realidad migratoria colombiana para concluir que el mandato legal jamás se ha cumplido de manera seria, estructural y permanente.
Pero hay algo con mayor rotundidad que debería hacer que la Cancillería cumpliera, y es lo ordenado en el Parágrafo 1º, del artículo 49 de la referida Ley 2136/2021. Léanlo Uds. mismos:
Parágrafo 1°, «El Ministerio de Relaciones Exteriores utilizará sus herramientas informativas en sus instalaciones y vía online, para ilustrar a los ciudadanos cuando soliciten el pasaporte, sobre las políticas migratorias de los países a donde se vayan a dirigir.» (Resaltado fuera de texto).
Alguien ha visto ese tipo de información, amplia, detallada y entendible en alguna de las sedes consulares o diplomáticas en el exterior? Alguien la ha visto en las oficinas expendedoras de pasaportes en las ciudades colombianas? Aparte de lo superficial que informan en Redes sociales, alguien lo ha visto en otros medios?
La migración colombiana se convirtió en una huida desesperada
El fenómeno migratorio colombiano ya no responde únicamente a perfiles tradicionales de movilidad laboral o académica. Hoy emigran familias enteras huyendo del desempleo, profesionales precarizados, adultos mayores abandonados por el sistema, jóvenes sin futuro económico y madres cabeza de hogar asfixiadas por la pobreza.
Muchos salen creyendo las falsas promesas difundidas en TikTok, Facebook, YouTube y grupos de WhatsApp donde “asesores” improvisados venden sueños migratorios sin advertir riesgos legales, laborales o humanitarios.
Y allí precisamente debía actuar el Estado.
La Cancillería tenía, y sigue teniendo la obligación legal de crear campañas masivas, permanentes, pedagógicas y técnicamente sólidas para explicar:
- Requisitos reales de ingreso a cada país.
- Riesgos de permanencia irregular.
- Consecuencias de deportación.
- Restricciones laborales.
- Sistemas de asilo.
- Trata de personas.
- Tráfico de migrantes.
- Derechos laborales mínimos.
- Riesgos de las rutas irregulares.
- Procedimientos de detención migratoria.
- Derechos consulares.
- Convenios internacionales aplicables.
- Normas sanitarias, penales y migratorias de países receptores.
Pero en lugar de eso, la Cancillería ha reducido la “pedagogía migratoria” a publicaciones aisladas, frases genéricas en redes sociales y campañas cosméticas que parecen diseñadas más para aparentar cumplimiento que para cumplir realmente la ley.
Los “aspavientos” institucionales no reemplazan el cumplimiento legal
En los últimos años, la Cancillería ha intentado mostrar actividad mediante piezas gráficas, videos cortos y mensajes superficiales en redes sociales advirtiendo sobre los riesgos de migrar irregularmente.
Sin embargo, esas acciones distan enormemente de satisfacer lo que exige la Ley 2136.
Porque informar no significa publicar ocasionalmente un cartel digital diciendo “migra de forma regular”.
Informar implica desarrollar una política pública integral, permanente, verificable y accesible para toda la población. Y esto no existe.
No existe una plataforma robusta, pedagógica y actualizada país por país que advierta claramente sobre las inadmisiones, deportaciones, perfiles de riesgo, estadísticas reales, requisitos económicos, tiempos de permanencia, sistemas de refugio, riesgos penales, ni consecuencias migratorias.
Tampoco existe una estrategia masiva en televisión nacional, radio comunitaria, universidades, colegios, alcaldías o gobernaciones que prepare realmente al colombiano antes de emigrar.
La Cancillería parece haber confundido el deber legal de informar con una estrategia básica de redes sociales.
Deportaciones y muertes: consecuencias directas del incumplimiento estatal
Cada colombiano deportado por desconocer requisitos migratorios representa también un fracaso institucional.
Cada connacional detenido en aeropuertos internacionales por ignorar normas de ingreso evidencia la ausencia de pedagogía estatal.
Cada muerto en la selva del Darién, en el Río Bravo, en rutas marítimas clandestinas o en manos de redes de tráfico humano expone el vacío de prevención por parte del Estado colombiano.
Resulta jurídicamente insostenible que la Cancillería pretenda desligarse de responsabilidad cuando la ley le asignó expresamente funciones preventivas mediante el suministro de información “oportuna e íntegra”.
Porque no se trata simplemente de “decisiones personales” de quienes emigran, sino que el Estado tenía un deber legal concreto de orientación y prevención, y no lo cumplió, y lo sigue incumpliendo.
Una Cancillería más preocupada por intimidar que por informar
Lo más preocupante es que sectores críticos de la política migratoria han denunciado que, en lugar de abrir espacios de análisis y construcción colectiva, algunas actuaciones institucionales han buscado desacreditar, intimidar o deslegitimar voces ciudadanas que cuestionan el incumplimiento estatal en materia migratoria.
Tal es el caso de lo que, no solo la Sra. Canciller Yolanda Villavicencio, sino algunos funcionarios, especialmente de carrera diplomática, vienen haciendo en contra de esta Casa informativa, en cabeza de nuestro director Ricardo Marín Rodríguez.
Es tan grande el colmo que, algunos funcionarios internamente en Cancillería, y consulares, como en el Consulado de Colombia en Madrid, le dicen a los usuarios que «Lo de esa página o Ricardo Marín es solo desinformación».
Sinvergüenzas!, no se dan cuenta que lo que transmitimos en esta web es información netamente oficial? No se han percatado que nuestras informaciones son transcripciones de las respuestas que nos da la institucionalidad colombiana frente a nuestros derechos de petición?
Ese comportamiento contradice frontalmente el espíritu democrático de la Ley 2136 de 2021, cuyos principios incluyen participación, integralidad, enfoque diferencial y protección de los migrantes.
La migración no puede manejarse desde la propaganda institucional ni desde la susceptibilidad burocrática; requiere transparencia, autocrítica y responsabilidad pública.
El incumplimiento también podría configurar faltas disciplinarias
La situación ya no debería limitarse al debate mediático o político, pues existen fundamentos jurídicos suficientes para exigir responsabilidad institucional.
La omisión prolongada de funciones legales podría derivar en investigaciones disciplinarias, acciones de cumplimiento, acciones populares, demandas contencioso-administrativas, e incluso control político en el Congreso. El problema es que para esto último, y que podría resultar efectivo, no hay Representación política en el Congreso por parte de los colombianos en el exterior.
La Constitución Política y la Ley 393 de 1997 permiten presentar Acción de Cumplimiento cuando una autoridad incumple un mandato legal expreso.
Y aquí existe un mandato expreso, la Ley 2136/2021 obliga a suministrar información íntegra y oportuna sobre procesos migratorios. No es una sugerencia, es una obligación legal.
Además, podrían promoverse derechos de petición masivos, solicitudes de información pública, denuncias ante Procuraduría, vigilancia preventiva de la Defensoría del Pueblo, debates de control político, y acciones colectivas de organizaciones migratorias. Pero, donde están los ciudadanos con el suficiente carácter y valentía para hacer todo esto. «Una sola golondrina no llama agua».
La diáspora colombiana sigue siendo útil para las remesas, pero invisible para las políticas públicas
El país celebra cada año el crecimiento histórico de las remesas enviadas por colombianos en el exterior, recursos que sostienen millones de hogares y alivian indicadores económicos nacionales, pero mientras el Estado recibe los beneficios económicos de la emigración, continúa sin garantizar una política seria de protección migratoria.
La contradicción es brutal, Colombia depende cada vez más de las remesas, pero sigue abandonando a quienes las generan.
La diáspora colombiana no puede continuar siendo vista únicamente como fuente de divisas, debe ser tratada como sujeto de derechos.
El problema ya no es falta de ley, es falta de voluntad política, ya que la Ley 2136 de 2021 existe, los mandatos son claros, y las obligaciones están escritas.
El problema real es que la Cancillería colombiana no ha demostrado voluntad política para ejecutar integralmente la política migratoria que el Congreso ordenó.
Y mientras eso ocurre, continúan las deportaciones, aumentan las rutas irregulares, crecen las redes de tráfico migratorio, miles emigran desinformados, y el Estado sigue respondiendo con campañas superficiales incapaces de prevenir la tragedia migratoria colombiana.
La pregunta ya no es cuántos colombianos más serán deportados o morirán intentando emigrar, la verdadera pregunta es:
¿Cuántas tragedias más tendrán que ocurrir para que la Cancillería colombiana decida cumplir la ley?
¿Dónde están los defensores de la Canciller que salgan a desmentir todo esto?
Dónde están los «lavacanchosos» (Sin ofender a los perritos), de la Sra. Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, que salgan a desmentir lo que aquí, o en cualquiera de nuestros escritos, hemos hecho referencia a ella como responsable de lo que está aconteciendo en esa institución desde que es la Canciller?
Nosotros si sabemos dónde están:
- Muchos están repartidos como trabajadores, y algunos como funcionarios, por todos los Consulados y Embajadas de Colombia en el mundo.
- Otros están dentro de la propia Cancillería, y en los tales Centros de Referenciación y Oportunidad para el Retorno «CRORE».
- Algotros están disfrutando del dinerito que se embolsillaron gracias a los proyectos que les aprobaron a través de «Colombia Nos Une» cuando la susodicha Villavicencio fue la Coordinadora de esa dependencia; e incluso después.
- Y otros están calladitos esperando nuevas convocatorias para volver a pasar, o presentar nuevos proyectos ante la Cancillería.
- Ah, y algunos ilusos siguen esperando esperanzados de que su «jefecita» los voltee a mirar y los ponga en algún puestico.
A continuación los enlaces de las demás publicaciones que sobre el tema tratado hemos, previas investigaciones, dadas a conocer:
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