La expansión normativa y la creación de nuevas instancias de gobernanza migratoria contrastan con la percepción persistente de debilidad en la atención consular, la protección de derechos y la participación efectiva de la diáspora colombiana.
Un análisis crítico de la política migratoria colombiana revela avances institucionales importantes, pero también debilidades estructurales en la atención consular, la gobernanza migratoria y la protección efectiva de los derechos de los migrantes.
No deje de leer hasta el final para que conozca más a fondo sobre «La política migratoria colombiana en la encrucijada: La institucionalidad crece con resultados insuficientes».
Una política migratoria robusta en el papel, pero frágil en la ejecución.
En los últimos quince (15) años, Colombia ha desarrollado un entramado normativo amplio para regular la movilidad humana, consolidado en la denominada Política Integral Migratoria -PIM-, adoptada mediante la Ley 2136 de 2021, que modificó en gran parte la Ley 1465 de 2011 (Sistema Nacional de Migraciones), y la Ley 1565 de 2012 (Ley retorno).
La mencionada Ley 2136/2021 establece los principios rectores de la Política Migratoria Colombiana, incluyendo la protección de los derechos humanos, la integración social y la coordinación institucional. Sin embargo, y aunque es muy debatible, el principal cuestionamiento no se centra en la existencia de la política, sino en su capacidad de ejecución.
Diversos análisis académicos y evaluaciones institucionales coinciden en que el Estado colombiano ha priorizado la creación de estructuras normativas y órganos de coordinación, pero ha avanzado con mayor lentitud en la prestación efectiva de servicios migratorios. Esta brecha entre diseño institucional y resultados operativos constituye uno de los rasgos estructurales de la política migratoria colombiana.
En términos de política pública, este fenómeno se conoce como “institucionalización formal sin capacidad operativa suficiente”, una condición frecuente en sistemas administrativos con limitaciones presupuestales y alta fragmentación institucional.
El Sistema Nacional de Migraciones: gobernanza participativa con desafíos de implementación.
La creación del Sistema Nacional de Migraciones representa uno de los hitos más importantes en la evolución de la política migratoria colombiana. Este sistema fue concebido como un mecanismo de articulación entre el Estado, la sociedad civil, y la ciudadanía compuesta por migrantes, con el objetivo de mejorar la coordinación institucional y fortalecer la gobernanza migratoria.
Desde el punto de vista conceptual, el modelo responde a recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones «OIM» y la Organización de las Naciones Unidas «ONU», que promueven esquemas de gestión migratoria basados en participación social y cooperación interinstitucional.
No obstante, expertos en política pública migratoria, entre ellos nuestro director Ricardo Marín Rodríguez, investigador y escritor de Temática Migratoria Colombiana, advierten que la eficacia de ese Sistema de Migraciones dependerá de su capacidad real para generar decisiones vinculantes y no limitarse a funciones consultivas.
El riesgo principal radica en que estas instancias se conviertan en espacios de deliberación simbólica, sin impacto directo en la formulación de políticas ni en la asignación de recursos. De ahí que el actual Sistema Nacional de Migraciones requiere una modificación y/o reestructuración de fondo, buscando la asignación de funciones individuales y generales para sus integrantes, además de la inclusión de más instituciones del Estado en él.
(Aquí pueden ver el «Análisis de la Ley 2136 de 2021 – Política Integral Migratoria»).
La diáspora colombiana: actor político reconocido, pero institucionalmente subrepresentado.
La migración colombiana constituye uno de los fenómenos sociales más significativos del país contemporáneo. Se estima que más de cinco millones de colombianos residen en el exterior, lo que convierte a la diáspora en una población comparable a la de un departamento completo.
Aunque en este punto es mucho lo que falta, desde la perspectiva normativa, la diáspora ha sido reconocida como sujeto de política pública y actor político, con mecanismos de participación como:
- Representación en la Cámara de Representantes por los colombianos en el exterior.
- Los Consejos de Migrantes (Solo en algunas ciudades y Departamentos colombianos, y no son autoridades)
- Las Mesas de Participación de la Ciudadanía.
Sin embargo, la evidencia empírica sugiere que estos mecanismos presentan limitaciones estructurales. Entre las principales debilidades identificadas se encuentran:
- Participación institucional limitada: La participación de los migrantes en la formulación de políticas públicas sigue siendo consultiva y no decisoria.
- Representación política simbólica: La representación política de los colombianos en el exterior ha enfrentado innumerables cuestionamientos desde diferentes sectores relacionados con legitimidad, capacidad de gestión y articulación con la comunidad migrante.
- Falta de continuidad en políticas públicas: Los programas migratorios suelen depender de cambios administrativos y/o políticos, lo que dificulta su sostenibilidad.
Servicios consulares: el eslabón más visible y más cuestionado de la política migratoria.
El sistema consular constituye el principal punto de contacto entre el Estado colombiano y los migrantes. Por esta razón, la percepción ciudadana sobre la política migratoria suele formarse a partir de la calidad de los servicios consulares.
En este ámbito, los principales problemas identificados por organizaciones migrantes y expertos incluyen:
- Agendamiento de citas.
- Saturación de la demanda de servicios.
- Demoras en trámites documentales.
- Limitaciones de personal y recursos.
- Desigualdad en la calidad del servicio entre consulados.
- Insuficiencia en la solución de casos de alta vulnerabilidad o por razones humanitarias.
Desde una perspectiva institucional, en la mayoría de los casos estas dificultades no necesariamente reflejan fallas normativas, sino restricciones operativas y presupuestales.
En otras palabras, y aunque haya que tratar e incorporar mucho con relación a este punto, el desafío central no es la ausencia de política migratoria, sino la insuficiencia de capacidad administrativa para ejecutarla.
La política migratoria como política exterior: seguridad, economía y derechos humanos.
En el contexto internacional actual, la migración se ha convertido en un componente estratégico de la política exterior. Colombia enfrenta simultáneamente cuatro (4) dinámicas migratorias:
- Emigración de ciudadanos colombianos.
- Inmigración de población extranjera.
- Migración de tránsito hacia otros países, y
- El retorno de colombianos desde el exterior.
Aunque para muchos no hace parte de este componente, para COLEXRET es importante y necesario incluir el tema del retorno, puesto que es una consecuencia lógica de la emigración. Y así como se tiene el derecho a emigrar, también se contempla el de regresar o retornar.
Esa cuadruple condición exige un enfoque integral que combine:
- Seguridad fronteriza.
- Protección de derechos humanos.
- Integración socioeconómica.
- Cooperación internacional.
En este escenario, organismos multilaterales han insistido en la necesidad de fortalecer los sistemas estadísticos, la planificación estratégica y la coordinación interinstitucional como elementos esenciales de una política migratoria efectiva.
La brecha estructural: normativa avanzada, implementación limitada.
El análisis comparado de la política migratoria colombiana permite identificar una paradoja institucional:
Aunque es mucho lo que falta, Colombia cuenta con uno de los marcos normativos migratorios más completos de América Latina, pero enfrenta dificultades persistentes en su implementación.
Esta brecha estructural se explica por factores recurrentes:
- Limitaciones presupuestales: La financiación de la política migratoria no siempre corresponde a la magnitud del fenómeno migratorio.
- Fragmentación institucional: La multiplicidad de entidades responsables genera duplicidad de funciones y retrasos administrativos.
- Debilidad en la evaluación de políticas públicas: La ausencia de indicadores claros dificulta medir el impacto real de las políticas migratorias.
- Centralización administrativa: Las decisiones estratégicas suelen concentrarse en el nivel central, lo que reduce la capacidad de respuesta en el exterior.
La política migratoria colombiana necesita consolidar su fase operativa.
Aunque reiteramos, falta mucho por hacer, la política migratoria colombiana ha avanzado significativamente en términos normativos e institucionales. No obstante, el reto fundamental, y aunque es necesario realizar algunas modificaciones y adiciones a la actual estructura legal, es igualmente necesario y urgente consolidar el funcionamiento operativo de lo existente.
El futuro de la política migratoria dependerá de la capacidad del Estado para:
- Revisar minuciosamente la actual Política Integral Migratoria regida por la Ley 2136 de 2021, y mediante un grupo de expertos, en donde se centren Instituciones nacionales e internacionales, la Academia, Agrupaciones políticas, Organizaciones sindicales, Organizaciones No Gubernamentales dedicadas al tema migratorio, el gremio privado, la Sociedad civil y la Ciudadanía, realizarle las modificaciones y adiciones a que haya lugar.
- Fortalecer los servicios consulares.
- Garantizar la participación efectiva de la diáspora, y entre otras acciones, está la de crear una verdadera y funcional «Mesa Colombiana para las Migraciones».
- Mejorar la coordinación institucional. «Que todos tiren del mismo carro en la misma dirección».
- Asignar recursos suficientes a la gestión migratoria. Y que sean administrados y ejecutados a través de un «Fondo Nacional para las Migraciones» que deberá crearse en reemplazo del actual «Fondo Especial para las Migraciones» que dirige en exclusiva la Cancillería colombiana.
- Transformar la gobernanza migratoria en resultados tangibles
En términos analíticos, la política migratoria colombiana ha adelantado mucho en la fase de diseño institucional. El desafío actual es demostrar que esa institucionalidad puede producir resultados reales para los migrantes con lo que tiene por ahora dentro del diseño actual, mientras que se refuerza aún más a través de una «Ley General Migratoria Colombiana» con base en la mencionada Ley 2136/2021.
Olga Lucía Murcia, electa Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior (2026 – 2030), tendrá la gran responsabilidad.
Esa «Ley General Migratoria Colombiana» la que llevamos más de quince (15) años tratando, divulgando y proponiendo, debe agruparlo todo (Emigración = Colombianos en el exterior; Inmigración = Extranjeros en Colombia; y Población retornada = Colombianos que regresan al país luego de residir determinados años fuera).
Como quiera que es su compromiso electoral y responsabilidad, estamos convencidos que todo lo anterior, incluyendo la creación de esa «Ley General Migratoria Colombiana», podrá convertirse en realidad una vez se posesione Olga Lucía Murcia del Centro democrático como Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, quien fue la legalmente electa por la Diáspora en las pasadas elecciones celebradas entre el 02 y 08 de marzo.
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