Frente a la denuncia instaurada inicialmente por la compra innecesaria del vehículo BMW en casi $300.000.000 por el Cónsul de Colombia en Madrid (España), Javier Darío Higuera Ángel, con la complicidad de la Canciller Yolanda Villavicencio Mapy, la Procuraduría dilató el caso y pretende que la Cancillería se investigue a sí misma.
Escándalo en Consulado de Madrid con participación de la Canciller; y Procuraduría elude investigación
La indignación colectiva de la diáspora colombiana no es un capricho; es el resultado directo de ver cómo los recursos que tanto cuesta generar en el exterior terminan convertidos en prebendas suntuarias para la aristocracia diplomática de turno.
Hoy, desde COLEXRET, ponemos en conocimiento de la opinión pública un nuevo capítulo del sistemático desprecio por la transparencia y los derechos ciudadanos en Colombia.
Si. Se trata del Auto emitido el pasado 11 de junio de 2026 por la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá (Expediente IUS 2026-001297 / IUC D-2026-4371395), mediante el cual el órgano de control decide «lavarse las manos», archivar el proceso en su jurisdicción y remitirlo directamente a las oficinas de la Cancillería.
- ¿Qué hay detrás de esta oportuna e inexplicable remisión de competencias?
- ¿Por qué la Procuraduría guardó un silencio sepulcral durante más de cuatro meses ante nuestra denuncia ciudadana, reaccionando únicamente cuando se vio acorralada por una Acción de Tutela notificada por la justicia ordinaria?
La respuesta es una sola, corta y muy clara…la ruptura de la unidad procesal para favorecer la impunidad.
Un capricho ambiental de 300 millones de pesos
Para entender la gravedad del Auto de la Procuraduría, resulta indispensable reconstruir los hechos que desde este portal investigativo hemos venido denunciando sin descanso.
Todo comenzó cuando el Consulado de Colombia en Madrid, al mando del más que cuestionado Cónsul Javier Darío Higuera Ángel, bajo la bandera de una supuesta «transición energética» y un presunto «amor por el medio ambiente», tramitó la compra del vehículo oficial de alta gama, marca BMW modelo 550e xDrive.
El valor de este automotor no es cualquier cifra, pues hablamos de 64.761€ Euros, dinero público que al cambio representa la escandalosa suma de $293.367.330 pesos colombianos.
Tal y como demostramos en nuestras anteriores publicaciones periodísticas, la necesidad ambiental fue la fachada perfecta. Una de las principales mentiras utilizadas por Higuera Ángel para conseguir dicha adquisición.
Las bitácoras e investigaciones apuntan a que el lujoso automóvil no se adquirió para atender las precarias y necesitadas demandas de asistencia de los miles de colombianos vulnerables radicados en la comunidad de Madrid. No.
El vehículo fue autorizado con la presunta finalidad de servir como el medio de transporte, usufructo y recreación personal de la Ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, y de la jefatura de la misión consular en España, por parte del Cónsul Javier Higuera Ángel.
Mientras a los connacionales en el exterior se les niegan citas consulares eficientes, se les imponen tarifas consulares costosas, y se les desatiende en situaciones de emergencia por «falta de presupuesto», para los altos dignatarios sí existen partidas exprés de 300 millones de pesos destinadas a rodar en automóviles blindados o híbridos de alta gama por las calles de España.
Cuatro meses de silencio y un Auto de «escape», fue el papel de la Procuraduría.
Ante este presunto detrimento patrimonial y evidente abuso de autoridad, COLEXRET radicó una queja formal y detallada ante la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación el 5 de enero de 2026.
Lo que correspondía por ley, según los términos imperativos de la Ley 1755 de 2015, era un examen de competencia y una apertura de indagación rápida. Exactamente lo que si hizo la Contraloría colombiana, y que estamos a espera del resultado prometido por la misma antes de terminar el presente mes de junio.
Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación, entidad encargada de velar por la moralidad pública aplicó la estrategia del desgaste guardando un silencio absoluto durante más de cuatro meses; y cuando el 10 de mayo del presente le solicitamos información al respecto, muy campante vulneró nuestro Derecho Fundamental de Petición negándose a responder.
Fue necesario que instauráramos una Acción de Tutela para que la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción se dignara desempolvar el expediente. Y la respuesta, proferida el 11 de junio, es un monumento a la elusión jurídica.
La Procuradora Martha Patricia Rincón Méndez resolvió que el expediente debía irse a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la propia Cancillería, argumentando que allí radica el «juez natural» de los funcionarios consulares de menor rango.
La falacia de la competencia y la ruptura de la conexidad
Desde el punto de vista estrictamente técnico y legal, esta decisión es aberrante. La Procuraduría omitió deliberadamente que la denuncia penal y disciplinaria interpuesta por COLEXRET involucra la participación directa, coautoría o determinación de la Canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, quien ostenta un fuero disciplinario privativo y constitucional regulado en el Decreto Ley 262 de 2000.
Al remitir el expediente a la Cancillería, la Procuraduría viola el principio universal de la Conexidad Procesal (Artículo 81 de la Ley 1952 de 2019 – Código General Disciplinario).
La norma en mención es taxativa, pues establece que cuando varios servidores públicos cometen presuntamente faltas conexas en una misma línea administrativa, el investigado de mayor rango, en este caso la Canciller Villavicencio, atrae la competencia de los no aforados, para el presente, el Cónsul Higuera Ángel.
¿Pretende acaso la Procuraduría que un funcionario subalterno de la Oficina de Control Interno de la Cancillería investigue, califique y sancione las conductas y resoluciones de quien es su jefa suprema de cartera?
Eso es un imposible legal y una garantía segura de archivo express y favorecimiento institucional, como ya ha ocurrido en otros casos.
Ofensiva jurídica de COLEXRET: No permitiremos el archivo del caso
Ante esta maniobra de dilación institucional, informamos a toda la comunidad de colombianos en el exterior y a la ciudadanía en general que aplicando nuestra filosofía de, «INSISTIR, PERSISTIR, RESISTIR, y NUNCA DESISTIR», porque «No existen cosas imposibles sino seres incapaces», COLEXRET no se va a quedar de brazos cruzados.
Las acciones legales ya han sido suscritas y radicadas formalmente ante las autoridades independientes competentes de la siguiente manera:
Denuncia Penal ante la Fiscalía General de la Nación:
Se ha radicado una denuncia penal detallada ante la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue penalmente a la Canciller Villavicencio y al Cónsul Higuera por los presuntos delitos de Peculado por Uso (Art. 398 C.P.) y Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales (Art. 410 C.P.).
Hemos solicitado actos urgentes de investigación, incluyendo la inspección de los servidores de contratación del Ministerio y la cooperación judicial con el Reino de España para rastrear el GPS del BMW de 300 millones de pesos.
Es importante conocer el recorrido realizado por el referido automotor desde su adquisición, con lo que se logrará comprobar, entre otros recorridos no oficiales del mismo, el realizado el 5 de noviembre de 2025, cuando fue a recoger a la Sra. Canciller Yolanda Villavicencio al aeropuerto madrileño sin que se tratara de un viaje oficial.
Claro que eso también lo podrá certificar el conductor que para esa fecha condujo el BMW, que supuestamente es para uso exclusivo, y ojo, OFICIAL, del Cónsul Javier Darío Higuera.
Se establecerá igualmente que el mencionado vehículo no ha sido utilizado en exclusiva para uso oficial de Higuera Ángel, en su calidad de Cónsul, sino para otras cositas que en su momento tendrán que salir a la luz pública. Cierto Don Javier?
Petición de Poder Preferente Absoluto a la Procuradora General:
Ya exigimos formalmente a la Procuradora General de la Nación que ejerza de inmediato el «Poder Preferente Excepcional», contemplado en el art. 3, Ley 1952 de 2019), revoque el Auto de la Procuraduría Distrital y ordene que sea la cúpula del órgano de control en Bogotá la que asuma la investigación conjunta, garantizando la independencia que la Cancillería no posee.
Queja Disciplinaria contra la Procuradora Distrital:
Así mismo, hemos denunciado ante la Veeduría de la Procuraduría a la Dra. Martha Patricia Rincón Méndez por su negligencia administrativa, al haber retenido el expediente durante más de 4 meses sin justificación legal, actuando únicamente bajo la coacción de nuestra tutela.
Memorial de Oposición ante la Cancillería:
Igualmente, radicamos un recurso formal ante la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Cancillería exigiéndoles que se declaren oficialmente incompetentes por razones de fuero y devuelvan las piezas procesales a la Procuraduría General de la Nación para evitar una flagrante nulidad procesal.
El erario público es sagrado
La fiscalización ciudadana en el exterior no dará un paso atrás. Los recursos destinados a los consulados provienen del esfuerzo de millones de migrantes colombianos que envían remesas y sostienen la economía del país, y no pueden ser el botín para financiar el confort personal de los altos funcionarios públicos en Madrid.
Esos bellacos que en muchas ocasiones excásamente se han subido a un «Renault 4», y ven la oportunidad de montarse en un «Ferrari», se dan el lujo de malgastarse, de despilfarrar el dinero de quienes a duras penas tienen para el transporte público.
Esos mismos bellacos que acostumbrados a usar en su muñeca una «manilla de cuero o tela», luego de dejar el cargo resultan luciendo un «rolex».
Aunque la Contraloría General de la República ya adelanta las indagaciones en materia fiscal por detrimento económico, desde COLEXRET exigimos que las responsabilidades disciplinarias y penales se apliquen con todo el peso de la ley.
Seguiremos informando paso a paso el avance de estas denuncias ante la opinión pública. La verdad y el patrimonio del Estado se defienden con la ley en la mano, tal y como lo hace COLEXRET.
«Tarde que temprano caerán». Sean quienes sean.
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