¿Quién vigila a la Cancillería? El polémico sistema con el que el Ministerio investiga a sus propios funcionarios
Cuando un ciudadano colombiano denuncia posibles irregularidades dentro de un consulado en el exterior, la expectativa natural es que exista una investigación independiente, objetiva e imparcial.
Sin embargo, el reciente archivo en primera instancia, por parte de la Oficina de Control Interno de la Cancillería, de una denuncia presentada por Ricardo Marín Rodríguez contra el Consulado de Colombia en Valencia, España, y/o contra la Sra. Cónsul Gillian Maghmud Galindo, hace ya casi 3 años, volvió a abrir un debate incómodo dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores:
¿Qué tan neutral puede ser una investigación disciplinaria cuando quienes investigan pertenecen a la misma entidad, comparten carrera diplomática o incluso forman parte de la misma estructura administrativa de quienes son denunciados?
El caso no solo involucra decisiones administrativas discutibles dentro de una sede consular. También pone bajo la lupa el propio modelo disciplinario interno de la Cancillería colombiana.
La denuncia: atención restringida, registro consular y filas desde la madrugada
La denuncia presentada en agosto de 2023 por Ricardo Marín Rodríguez señalaba varias situaciones ocurridas en el Consulado de Colombia en Valencia, y que al finalizar dejaremos los enlaces para que puedan conocer la historia al completo.
Entre esas situaciones, una de las más delicadas consistía en que la sede consular publicaba el siguiente mensaje:
“Si usted reside en otra población deberá dirigirse al consulado que le corresponda”. Esto, haciendo referencia a los trámites que podrían hacer los ciudadanos; es decir, dándoles a entender que si vivían en otra Circunscripción consular no podían ir al Consulado colombiano en la ciudad de Valencia a realizar dichas diligencias.
Para el denunciante, el uso del término “deberá” transmitía una orden imperativa que prácticamente, reiteramos, excluía de atención a colombianos residentes fuera de la circunscripción consular.
Jurídicamente, el asunto no era menor.
Aunque los consulados funcionan con divisiones territoriales, expertos en derecho administrativo y consular recuerdan que dichas circunscripciones tienen principalmente fines organizativos y no necesariamente constituyen prohibiciones absolutas de atención.
La denuncia también cuestionaba otra publicación oficial del Consulado:
“Para ser atendido, es indispensable que actualice previamente sus datos…”. Aquí se refería la Sra. Gillian Magmuth, Cónsul de Colombia en Valencia, al Registro consular.
El problema jurídico aquí radicaba en el uso del término “indispensable”, que podía interpretarse como una condición obligatoria para acceder a trámites consulares.
Es decir, que debía haber inscripción al Registro consular, o se debían actualizar los datos allí para poder ser atendido; o al menos en mejor forma.
A esto se sumaba la eliminación del sistema de citas y la aparición de extensas filas desde las 4:00 de la madrugada, situación que, según la denuncia, afectaba la dignidad de los usuarios y deterioraba la imagen institucional de Colombia en España.
El archivo del caso y las dudas que deja la investigación
La Oficina de Control Disciplinario Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de casi TRES (3) años de una irrisoria, reprochable y hasta presunta complicidad, archivó el caso en primera instancia argumentando, entre otros puntos, que:
«No existía prueba suficiente de irregularidad disciplinaria»; «que el Consulado tenía autonomía administrativa»; «que no se demostró obligatoriedad del registro consular»; y «que no existía restricción ilegal del servicio».
Pero precisamente ahí surge el debate más complejo,
Distintos juristas consultados históricamente sobre modelos de control disciplinario en Colombia han advertido que muchas veces el verdadero problema no es únicamente el resultado de los procesos, sino la estructura institucional bajo la cual se realizan las investigaciones.
La Cancillería investigándose a sí misma
En Colombia, el control disciplinario interno de las entidades públicas está regulado por la Ley 734 de 2002 y posteriormente por la Ley 1952 de 2019.
El sistema establece que las propias entidades estatales investigan disciplinariamente a sus funcionarios a través de oficinas internas especializadas.
El Consejo de Estado ha explicado que las oficinas de control disciplinario interno tienen competencia general para investigar a los servidores de cada entidad.
Sin embargo, el mismo sistema ha sido objeto de cuestionamientos por posibles problemas de independencia e imparcialidad.
La propia jurisprudencia reconoce que la estructura disciplinaria debe garantizar autonomía y doble instancia real.
El problema práctico es evidente, pues cuando se investiga a un funcionario de carrera diplomática o de planta de la Cancillería, quienes adelantan la actuación disciplinaria pertenecen a la misma institución.
En muchos casos son compañeros de carrera; pertenecen al mismo entorno administrativo; responden jerárquicamente a la misma entidad; o incluso forman parte del mismo círculo institucional que realizó los nombramientos.
¿Existe verdadera independencia?
Es la pregunta que resulta inevitable.
Aunque jurídicamente las oficinas de control disciplinario interno poseen autonomía funcional, distintos sectores han cuestionado históricamente si ello basta para garantizar una independencia real.
El propio artículo 76 de la Ley 734/2002 estableció que la estructura debía preservar la garantía de doble instancia y que, cuando ello no fuera posible, debía intervenir la Procuraduría General de la Nación.
El problema es que, en la práctica, tanto la primera como la segunda instancia suelen mantenerse dentro de la misma entidad.
Es decir, la primera decisión la toma una dependencia de la Cancillería.
La segunda instancia normalmente termina siendo resuelta también dentro del propio Ministerio; y eso alimenta cuestionamientos sobre la percepción de neutralidad institucional.
Los antecedentes: una discusión vieja dentro del Estado colombiano
El debate no es nuevo, pues desde hace años existen críticas al modelo de control disciplinario interno en Colombia, especialmente cuando se trata de entidades altamente jerarquizadas o cerradas institucionalmente.
El Consejo de Estado ha advertido incluso que existen situaciones donde la investigación debe salir de la entidad cuando no pueda garantizarse plenamente la imparcialidad o la doble instancia efectiva.
La jurisprudencia también ha señalado que la discrecionalidad administrativa no puede confundirse con arbitrariedad.
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-031 de 1995, precisó que, “No debe confundirse lo arbitrario con lo discrecional”.
Y agregó que, «el poder discrecional está sometido a límites constitucionales y legales.»
Ese aspecto resulta central en el caso del Consulado de Valencia, denunciado por Ricardo Marín Rodríguez, donde justamente uno de los puntos discutidos era si la autonomía administrativa podía justificar restricciones prácticas de acceso al servicio consular.
¿Por qué este caso genera tanto debate?
Porque el expediente toca simultáneamente dos temas extremadamente sensibles:
El acceso real de los colombianos en el exterior a los servicios consulares, y la credibilidad del sistema disciplinario interno del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La controversia va mucho más allá de una discusión administrativa sobre citas o registros consulares.
Lo que realmente se debate es si un sistema donde funcionarios investigan a sus propios compañeros puede ofrecer suficientes garantías de objetividad cuando las denuncias afectan directamente la imagen institucional de la propia entidad.
La segunda instancia: otra vez la misma institución
Uno de los aspectos más discutidos del modelo disciplinario colombiano aparece precisamente en la segunda instancia.
Aunque formalmente existe doble instancia, esta muchas veces continúa dentro de la misma estructura administrativa.
Eso significa que la revisión del fallo inicial puede terminar nuevamente en manos de funcionarios pertenecientes al mismo Ministerio.
Jurídicamente, ello puede ser legal, pero desde el punto de vista de percepción ciudadana e institucional, el debate sigue abierto.
Especialmente en casos donde existen denuncias públicas, cuestionamientos sobre nombramientos, conflictos institucionales, o afectaciones reputacionales para la propia entidad investigadora.
El fondo del debate: confianza institucional
Más allá de cómo termine finalmente este caso en particular, el expediente del Consulado colombiano en Valencia volvió a poner sobre la mesa una discusión que durante años ha acompañado al Estado colombiano:
¿Puede existir verdadera confianza ciudadana cuando las entidades públicas terminan investigándose a sí mismas?
La respuesta jurídica probablemente seguirá siendo objeto de interpretación.
Pero en términos de legitimidad institucional, el debate apenas comienza.
Como lo prometimos al comienzo, les dejamos a continuación los enlaces en los cuales encontrarán todos los detalles de esta historia:
- Eliminación de citas en Consulado colombiano, resultó peor la cura que la enfermedad.
- ¿Se avecina otro caso de impunidad en la Cancillería colombiana?.
- Cónsul colombiana denunciada retrocede, y tuvo que agachar la cabeza ante sus errores.
- Cónsul colombiana protegida del Presidente Petro lo hace quedar como un c…
- Consulado colombiano en España está a punto de estallar.
Y aquí puede continuar leyendo el debate y concepto jurídico sobre el caso específico del Consulado de Colombia en Valencia – España, cuando estuvo dirigido por la Sra. Gillian Magmuth Galind, y cuya investigación acaba de ser archivada, pero sujeta al recurso de apelación que ya interpuso Ricardo Marín Rodríguez.
Comentarios