Alejandro Murcia ganó en el Consejo de Estado, pero ¿con qué derecho sus seguidores atacan a quienes revelaron su renuncia?
Congresista Alejandro Murcia: una renuncia, una campaña ajena y una victoria judicial que no borra la historia
El fallo que mantiene la Curul Internacional no borra una renuncia que está documentada, ni el trabajo que realizaron Olga Lucía Murcia y Álvaro Camilo Florido para conseguir la elección. Una cosa es ganar jurídicamente una demanda y otra muy distinta pretender aparecer como víctima, desconocer los hechos y descalificar a quienes los llevaron ante la justicia.
La decisión del Consejo de Estado que dejó en firme la elección de Pedro Alejandro Murcia Lamprea como representante a la Cámara por los colombianos en el exterior ha desatado una serie de celebraciones, comentarios y enfrentamientos en las redes sociales.
Mientras el congresista se vanagloria del resultado judicial, algunos de sus simpatizantes han dirigido sus críticas contra quienes promovieron la demanda, llegando, según las reacciones que se han conocido, a descalificaciones personales que poco o nada aportan a una discusión democrática.
Lo más preocupante es que en medio de la euforia por el fallo, parece que algunos han decidido borrar de la historia los acontecimientos que dieron origen a la controversia.
Como si la sentencia hubiera eliminado una comunicación de renuncia que efectivamente existió. Como si hubiera hecho desaparecer el trabajo de quienes impulsaron la campaña. Como si el resultado electoral pudiera convertir automáticamente en protagonista exclusivo a quien, según las declaraciones de sus propios compañeros de lista, y las pruebas aportadas, se había apartado de las actividades proselitistas.
Y como si quienes acudieron a la justicia tuvieran que pedir disculpas por haber cuestionado una situación que consideraban irregular.
Desde COLEXRET consideramos necesario poner las cosas en su lugar. No para desconocer el fallo, ni para desconocer el derecho de Alejandro Murcia a ocupar la curul que le fue adjudicada, así fuera de forma ilegítima, sino para impedir que una decisión judicial sea utilizada como argumento para ocultar los antecedentes de una controversia que merece un análisis mucho más profundo.
El Consejo de Estado resolvió la legalidad de la elección. No expidió un certificado de impecabilidad política, ética o personal del elegido.
Lo que decidió y lo que no decidió el fallo del Consejo de Estado
La controversia se originó en una comunicación enviada por Murcia el 29 de enero de 2026 a las directivas del Centro Democrático, mediante la cual manifestó su renuncia a la candidatura, con efectos inmediatos, argumentando dificultades internas y falta de respaldo financiero. (Ver aquí texto completo de la renuncia de Alejandro Murcia)
En esa renuncia se puede leer muy claro como Alejandro Murcia culpa de su retiro directamente al Partido que le había dado el Aval, argumentado el que no le hubiera dado dinero para la financiación de la misma cuando él se lo exigió.
Igualmente ataca a su compañera de lista Olga Lucía Murcia por las desaveniencias que tuvo con ella, pero si indicar la verdad total, como fue que ella se oponía a las sucias formas de Alejandro de hacer la campaña, y que ya explicaremos y aportaremos prueba de ello en otro artículo.
El asunto llegó a la justicia porque preciamente Olga Lucía Murcia y Álvaro Camilo Florido (Segunda y tercero, pero en el papel, pues en la realidad fue ella quien encabezó la lista ante los ciudadanos una vez Pedro Alejandro renunció), consideraron que esa manifestación debía tener consecuencias sobre la continuidad de su candidatura y sobre la posibilidad de que otra integrante de la lista asumiera la representación si se obtenía la curul.
El Consejo de Estado distinguió entre renunciar a la militancia de un partido y renunciar formalmente a una candidatura inscrita. Determinó que la renuncia electoral debía presentarse ante la autoridad competente y que la comunicación dirigida a las directivas partidistas no cumplió ese procedimiento.
Por esa razón, concluyó que la candidatura permaneció jurídicamente vigente desde su inscripción hasta la declaratoria de elección.
En consecuencia, negó las pretensiones de nulidad.
Hasta ahí, el fallo es claro y debe respetarse.
Pero hay un detalle que algunos parecen convenientemente olvidar, y es que el Consejo de Estado no convirtió en inexistente la comunicación del 29 de enero, ni borró el hecho histórico de que Alejandro Murcia manifestó expresamente su voluntad de renunciar.
Una cosa es que aquella renuncia no hubiera cumplido los requisitos para producir efectos ante las autoridades electorales y otra muy distinta es sostener que nunca existió.
La diferencia es grande, y la puede ver cualquiera.
No se puede utilizar un fallo sobre un procedimiento administrativo electoral para reescribir los acontecimientos que originaron el conflicto.
¡Sí hubo renuncia! Lo que faltó fue el trámite ante la autoridad competente
Este es posiblemente el punto que más deben comprender quienes hoy pretenden presentar a Alejandro Murcia como alguien injustamente atacado. Como el Santo de la película. Como la pobre víctima, cuando en realidad, nosotros que conocemos al mínimo detalle los hechos, seguiremos sosteniendo que es un victimario, oportunista, aprovechado, machista y falso, en este asunto.
La renuncia no fue una invención de Olga Lucía Murcia ni de Álvaro Camilo Florido. Tampoco fue una historia fabricada para quitarle una curul al Centro Democrático.
Existió una comunicación escrita del propio Alejandro Murcia, fechada el 29 de enero de 2026, en la que expresó su decisión de renunciar a su aspiración, señalando que la decisión tendría efectos inmediatos.
La prensa nacional recogió su contenido y dio a conocer los motivos que allí expuso, entre ellos las dificultades con Olga Lucía Murcia y la falta de respaldo financiero del partido.
Por tanto, no estamos hablando de una renuncia imaginaria, sino de una manifestación de voluntad documentada. Algo real.
¿Qué fue lo que ocurrió entonces?
Que esa comunicación no se presentó ante la autoridad electoral que debía recibirla para producir los efectos jurídicos correspondientes.
Y aquí aparece una pregunta que no puede despacharse con una simple celebración judicial:
¿Quién tenía la responsabilidad de tramitar, comunicar o aclarar aquella situación ante las autoridades electorales?
¿El propio candidato? ¿Las directivas del partido? ¿Ambos?
¿Se informó debidamente a los demás integrantes de la lista sobre las consecuencias de aquella comunicación?
¿Se explicó a Olga Lucía Murcia y a Álvaro Camilo Florido que, a pesar de la renuncia manifestada por el cabeza de lista, este podría continuar jurídicamente como candidato si no se cumplía el procedimiento electoral?
Estas preguntas no desaparecen porque el Consejo de Estado haya negado la demanda.
Y mucho menos justifican que se insulte a quienes buscaron una respuesta judicial.
Mientras unos trabajaban por la campaña, ¿qué hacía Alejandro Murcia?
Aquí, uno de los aspectos más delicados de toda esta controversia y que merece mucha más atención de la que ha recibido.
No son afirmaciones que COLEXRET haya inventado. Son versiones atribuidas a los propios protagonistas y difundidas por medios de comunicación nacionales.
De acuerdo con esas declaraciones, mientras Olga Lucía y Camilo Florido asumían actividades de promoción, financiación y organización para conseguir los votos necesarios, Alejandro Murcia permanecía apartado de la actividad proselitista.
Eso no solo lo ha manifestado Olga y Camilo, sino que es ratificado por los propios electores.
Y aquí debemos detenernos.
Si un candidato comunica formalmente que renuncia, manifiesta que no continuará en la contienda y posteriormente deja de participar en la campaña, ¿con qué fundamento moral, ético y político puede desconocerse después todo ese contexto y reclamar el resultado como si el esfuerzo hubiera sido exclusivamente suyo?
El asunto no consiste en discutir si tenía derecho jurídico a reclamar su credencial. El Consejo de Estado resolvió esa cuestión.
El asunto es, ¿qué reconocimiento merece el trabajo de quienes, según las versiones publicadas, hicieron posible que la lista consiguiera la votación que terminó otorgándole la curul?
Porque una cosa es aparecer encabezando una lista en los documentos electorales y otra muy distinta es asumir efectivamente el trabajo de una campaña.
Y si las declaraciones de los compañeros de lista e infinidad de ciudadanos, reflejan lo sucedido, la historia no puede contarse como si Alejandro Murcia hubiera sido el único protagonista del esfuerzo electoral.
Olga Lucía Murcia: el trabajo de una mujer que no puede desaparecer de la historia
Nos parece especialmente importante detenernos en la participación de Olga Lucía Murcia.
No podemos reducir su papel a ser la segunda candidata de una lista ni presentar toda esta controversia como una simple disputa por un puesto en el Congreso.
Según las informaciones publicadas y corroboradas por este Medio, Olga Lucía participó en la financiación de la campaña con recursos propios y préstamos, además de promover la candidatura en diferentes países.
También manifestó que existía un compromiso interno, al que denominó un acuerdo de caballeros, según el cual Alejandro Murcia no asumiría la curul si la lista resultaba elegida.
Naturalmente, esas declaraciones, aunque existe grabaciones al respecto, deben entenderse como la versión de una de las partes y no como una conclusión judicial sobre la existencia y alcance de dicho acuerdo.
Pero eso no las convierte en irrelevantes.
Lo que merece examinarse es si una mujer que, según los testimonios conocidos, aportó trabajo, recursos y esfuerzo para sacar adelante una candidatura terminó viendo cómo el resultado de ese trabajo era reclamado por quien previamente había comunicado su renuncia y se había apartado de la campaña.
¿No merece esa situación una reflexión?
¿No es legítimo preguntarse si existió un aprovechamiento del trabajo ajeno?
¿No merece examinarse si se produjo una relación desigual en la que el esfuerzo de una mujer terminó beneficiando políticamente a un hombre que había manifestado su intención de retirarse?
No estamos afirmando que el Consejo de Estado haya declarado una conducta machista, porque no fue ese el objeto del proceso. Ese Alto Tribunal no podía manifestarse sobre algo que no figuraba dentro del expediente.
Pero sí consideramos que el componente de género merece ser examinado, especialmente cuando se habla de reconocimiento del trabajo, distribución de responsabilidades y posibles desigualdades en el ejercicio del poder político.
No sería aceptable que el trabajo de una mujer se convierta en un recurso aprovechable cuando se necesita conseguir una elección, pero pierda importancia cuando llega el momento de reconocer quién debe asumir sus resultados.
La democracia también exige valorar el trabajo de quienes no terminan ocupando el cargo.
¿Y el Centro Democrático? ¿Puede el partido salir de esta controversia como si no tuviera responsabilidad alguna?
Hay otro protagonista que no puede quedar por fuera de este análisis, e incluso nosotros consideramos que es el máximo responsable en este asunto, el Centro Democrático.
La comunicación de renuncia fue dirigida a sus directivas. Por tanto, el partido conoció la situación y tenía la responsabilidad política de darle el tratamiento correspondiente, aclarar las condiciones de continuidad de la candidatura y evitar que sus integrantes quedaran expuestos a interpretaciones contradictorias.
Los demandantes sostuvieron que hubo conversaciones con Gabriel Vallejo, director nacional de la colectividad, y de Fabio Andrade el coordinador internacional, quienes les transmitieron que Alejandro Murcia no asumiría la curul si la lista resultaba elegida.
Y que se atrevan esos dos a desmentirlo, para sacar a la luz pública grabaciones y testimonios que así lo confirman.
Olga Lucía Murcia habló de un acuerdo de caballeros. Camilo Florido también hizo referencia a que se les había dicho que Murcia se mantendría al margen de la campaña y no se posesionaría.
Si tales compromisos existieron en los términos que ellos relatan, ¿por qué no se formalizaron adecuadamente?
¿Por qué no se aclaró oportunamente ante las autoridades electorales la situación de la candidatura?
¿Por qué se permitió que los integrantes de la lista llegaran a las elecciones con expectativas aparentemente diferentes sobre quién asumiría la representación?
¿Quién debe responder por esa falta de claridad?
No sería serio responsabilizar exclusivamente a los demandantes por las consecuencias de una situación que, según los antecedentes publicados, involucró también decisiones y comunicaciones de las directivas partidistas.
El partido no puede beneficiarse políticamente de una campaña, dejar sin resolver adecuadamente una controversia interna y después pretender que todo se reduzca a la victoria judicial de uno de sus integrantes.
Si existió un acuerdo, debe explicarse. Si no existió, también debe aclararse. Y si hubo compromisos verbales que nunca se formalizaron, es necesario reconocer las consecuencias que ello pudo tener para los demás integrantes de la lista.
La responsabilidad institucional no desaparece con una sentencia que resuelve la legalidad de una elección.
Ganar una demanda no convierte al demandante en mentiroso
Este es el punto que deberían comprender especialmente quienes han salido a descalificar a Olga Lucía Murcia y Álvaro Camilo Florido.
¿Desde cuándo acudir a la justicia para cuestionar una elección constituye una conducta vergonzosa?
¿Desde cuándo quien pierde una demanda debe soportar insultos, burlas y acusaciones personales?
Los demandantes acudieron al Consejo de Estado porque consideraban que existían razones para cuestionar la elección de quien había manifestado por escrito su renuncia a la candidatura.
La justicia examinó sus argumentos y resolvió que, desde el punto de vista del procedimiento electoral, aquella comunicación no había producido la renuncia formal exigida por la ley.
Eso es todo lo que puede atribuirse a la decisión judicial en este aspecto.
No declaró que los demandantes hubieran inventado la comunicación. No declaró que hubieran actuado de mala fe por presentar la demanda. No declaró que sus cuestionamientos sobre la campaña fueran falsos por el simple hecho de negar la nulidad.
Por consiguiente, quienes pretenden utilizar el fallo para desacreditarlos están extendiendo sus efectos mucho más allá de lo que realmente resolvió el tribunal.
Y eso es precisamente lo que debemos cuestionar.
Se puede defender a Alejandro Murcia sin atacar a Olga Lucía y a Camilo Florido.
Se puede celebrar la sentencia sin desconocer los antecedentes.
Se puede reconocer que la elección quedó en firme sin convertir a los demandantes en enemigos de la democracia.
La justicia no es un instrumento para castigar socialmente a quien se atreve a cuestionar una elección.
La radicalización y el sectarísmo político está impidiendo ver los hechos
Quizás el aspecto más preocupante de las reacciones que se han producido es la manera en que algunas personas parecen haber sustituido el análisis de los acontecimientos por la defensa incondicional de una inclinación política.
Cuando la simpatía por un partido o por un dirigente se convierte en el criterio para determinar qué es verdad y qué no, la objetividad desaparece.
Entonces, los hechos dejan de examinarse por su contenido y comienzan a valorarse según quién los cuenta.
Si alguien cuestiona a nuestro candidato, está atacando al partido. Si alguien denuncia una irregularidad, está trabajando para la oposición. Si alguien demanda una elección, es un enemigo político.
Pero cuando los mismos comportamientos se presentan en un dirigente contrario, entonces sí se exige transparencia, explicaciones y responsabilidades.
Esa doble moral es uno de los mayores obstáculos para construir una cultura democrática.
No importa si Alejandro Murcia pertenece al Centro Democrático, al Pacto Histórico o a cualquier otra colectividad. Los mismos criterios deben aplicarse a todos.
Si un candidato comunica su renuncia y después deja de participar en la campaña, esa circunstancia merece ser examinada, independientemente de su partido.
Si otras personas financian y promueven la campaña, su contribución merece reconocimiento.
Si las directivas partidistas reciben una comunicación de renuncia y no se tramita ante las autoridades correspondientes, deben explicar qué ocurrió.
Y si alguien presenta una demanda para que un juez resuelva las consecuencias de esos acontecimientos, no merece ser insultado por ello.
La objetividad no consiste en defender al nuestro. Consiste en reconocer los hechos incluso cuando resultan incómodos para nuestros propios intereses políticos.
La celebración de Alejandro Murcia no puede borrar la responsabilidad política
El congresista tiene todo el derecho a celebrar el resultado judicial. Su elección quedó en firme y puede ejercer el cargo para el que fue declarado electo.
Es una comunicación legítima sobre el resultado del proceso.
Pero hay una diferencia entre informar que se ganó una demanda y presentar esa victoria como si con ella se hubieran desvirtuado todos los cuestionamientos sobre el comportamiento durante la campaña.
La sentencia no borró el correo del 29 de enero, o sea, la renuncia.
No hizo desaparecer las declaraciones de sus compañeros de lista.
No eliminó las versiones sobre los recursos y el trabajo aportados por Olga Lucía Murcia y Álvaro Camilo Florido.
Tampoco resolvió las preguntas sobre la actuación de las directivas del partido.
Y, sobre todo, no convirtió en ilegítimo el derecho de los ciudadanos y de los medios de comunicación a examinar esos acontecimientos.
La legitimidad jurídica de una elección y la evaluación política de las actuaciones de un elegido son dos asuntos diferentes.
Un congresista puede tener su elección plenamente respaldada por la justicia y, al mismo tiempo, estar obligado a responder ante la ciudadanía por las decisiones que tomó antes, durante y después de la campaña.
La curul quedó en firme. La discusión sobre la responsabilidad política no tiene por qué terminar.
La Curul Internacional no es un trofeo del Centro Democrático ni una propiedad de Alejandro Murcia
No podemos permitir que esta controversia desvíe la atención del verdadero propósito de la representación de los colombianos en el exterior.
La Curul Internacional no pertenece a ningún partido político ni a la persona que resulte elegida para ocuparla.
Su razón de ser es representar a los colombianos que viven fuera del país, defender sus intereses y promover soluciones a sus necesidades.
Por eso, resulta lamentable que una controversia sobre la campaña y la elección termine convertida en una guerra de simpatizantes y contradictores, mientras los problemas de los connacionales siguen esperando atención.
Los colombianos en el exterior necesitan una representación que se ocupe de sus dificultades consulares, de la política migratoria, de sus derechos, de sus posibilidades de retorno, de la protección de sus familias y de su participación en las decisiones nacionales.
Necesitan iniciativas legislativas, control político, interlocución institucional y resultados.
No necesitan que el debate sobre su representación se convierta en una competencia para determinar quién es más fiel a un partido.
Alejandro Murcia tiene ahora la responsabilidad de demostrar que su gestión estará a la altura de la representación que recibió.
Y quienes lo apoyan deberían exigirle resultados con el mismo entusiasmo con el que hoy celebran el fallo, o sencillamente quedarán como «idiotas útiles» o «perros falderos».
COLEXRET no defiende a los perdedores ni ataca a los ganadores: defiende el derecho a conocer la verdad
Desde COLEXRET hemos seguido esta controversia porque consideramos que la Curul Internacional merece un seguimiento independiente y permanente, sin importar quién la ocupe ni la colectividad política a la que pertenezca.
Y desde ya, humildemente, les podemos decir que difícilmente otro Medio de comunicación conoce tan al detalle este caso como nosotros. Más por ello, no pretendemos desconocer la decisión del Consejo de Estado. Tampoco afirmamos que los demandantes ganaron un proceso que judicialmente perdieron.
Lo que rechazamos es que se pretenda utilizar esa decisión para borrar los antecedentes de la controversia y desacreditar a quienes acudieron a la justicia.
Nos parece necesario recordar que hubo una renuncia escrita, que hubo declaraciones sobre la falta de participación del candidato en la campaña después de esa comunicación, que sus compañeros de lista fueron quienes aportaron recursos y trabajo para conseguir la elección y que existen interrogantes sobre el papel de las directivas partidistas.
Son hechos y versiones que merecen ser examinados con rigor, no sepultados bajo una celebración política.
Tampoco aceptamos que el periodismo tenga que guardar silencio cuando un juez resuelve una controversia electoral. Nuestra obligación es informar sobre la decisión, explicar sus alcances y seguir examinando los asuntos de interés público que no fueron resueltos por ella.
La independencia periodística no consiste en aplaudir al ganador ni en acompañar al perdedor. Consiste en no permitir que los intereses políticos determinen qué hechos pueden contarse y cuáles deben ocultarse.
Una reflexión final: ¿quién se está quedando realmente con el reconocimiento del trabajo ajeno?
A quienes hoy salen a defender a Alejandro Murcia descalificando a Olga Lucía Murcia y Álvaro Camilo Florido les proponemos una reflexión.
Antes de insultar a quienes demandaron, revisen la comunicación de renuncia del 29 de enero.
Antes de afirmar que todo fue una persecución, revisen las declaraciones de los integrantes de la lista sobre quiénes financiaron y promovieron la campaña.
Antes de presentar al congresista como una víctima de sus compañeros, pregúntense por qué se produjo la controversia y qué papel desempeñaron las directivas del partido.
Y antes de convertir una sentencia en un argumento para descalificar a los contradictores, lean lo que realmente resolvió el Consejo de Estado.
No se trata de desconocer que Alejandro Murcia ganó judicialmente. Se trata de comprender que ganar un proceso no significa que todas las actuaciones anteriores queden automáticamente justificadas.
Una renuncia comunicada por escrito no desaparece porque no se haya formalizado ante la autoridad electoral. El trabajo de una mujer y de otros integrantes de una campaña no desaparece porque otro termine ocupando la curul. Y el derecho a acudir a la justicia no desaparece porque el resultado judicial no sea favorable.
Si algo debería enseñarnos esta controversia es que la política no puede convertirse en un escenario donde el reconocimiento del esfuerzo depende exclusivamente de quién termina ocupando el cargo.
Tampoco puede aceptarse que la lealtad partidista esté por encima de la verdad, de la transparencia y del respeto por quienes piensan diferente.
Alejandro Murcia conserva su curul hasta 2030. Esa es la realidad jurídica. «Por ahora».
Pero los colombianos en el exterior tienen derecho a conocer la historia completa, a exigir explicaciones y a evaluar las actuaciones de quienes los representan.
Y quienes hoy celebran el fallo tienen una oportunidad de demostrar que su defensa del congresista no está por encima de la objetividad.
Porque una cosa es ganar una curul y otra muy distinta es demostrar que se estuvo a la altura de quienes trabajaron para conseguirla.
La primera ya ocurrió. La segunda todavía tiene que demostrarse.
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