La carrera diplomática colombiana atraviesa uno de sus momentos más delicados. Después de los enfrentamientos que marcaron la administración de Gustavo Petro, el gobierno de Abelardo De La Espriella vuelve a encontrarse con una fuerte resistencia de las organizaciones que representan a los funcionarios de carrera.
Las fuentes consultadas para este artículo se indicarán al finalizar.
De Petro a De La Espriella: ¿quién está acabando con la carrera diplomática colombiana?
Traslados, denuncias y un enfrentamiento que escala
Una convocatoria presidencial cuestionada por ASODIPLO, una denuncia formal de UNIDIPLO contra el embajador ante Naciones Unidas, Mauricio Gaona, y una relación de 25 funcionarios que serían trasladados de sus actuales sedes han convertido una controversia administrativa en un problema institucional de mayores dimensiones.
- ¿Está el Gobierno reorganizando legítimamente el servicio exterior o está desconociendo las garantías de una carrera especial?
- ¿Puede un presidente trasladar funcionarios sin respetar los procedimientos de alternación?
- ¿Por qué se habla de falta de competencia cuando, según UNIDIPLO, no existen evaluaciones desfavorables?
- ¿Qué está pasando en los consulados de Madrid y Londres?
- Y, sobre todo, ¿quién está pensando en los colombianos que necesitan que sus embajadas y consulados funcionen?
COLEXRET examina los antecedentes, las decisiones, los cuestionamientos sindicales, el marco jurídico y las consecuencias de una disputa que ya no puede reducirse a una diferencia entre un presidente y un sindicato.
La historia vuelve a repetirse: Petro y De La Espriella frente a la carrera diplomática
La carrera diplomática colombiana parece condenada a vivir entre promesas presidenciales de profesionalización y decisiones administrativas que terminan enfrentándola con los gobiernos de turno.
Durante la administración de Gustavo Petro, UNIDIPLO mantuvo una confrontación pública por los nombramientos, las modificaciones que se pretendían introducir en el servicio exterior y lo que consideraba un debilitamiento de la carrera diplomática. («La eterna pelea del Presidente Gustavo Petro con la Carrera diplomática»).
Petro llegó al poder prometiendo cambios en la manera de nombrar embajadores y cónsules, cuestionando el clientelismo y anunciando una mayor participación de funcionarios de carrera. Sin embargo, su administración también recibió críticas por nombramientos políticos y decisiones que generaron controversia dentro de Cancillería.
La situación actual presenta una coincidencia que merece análisis.
Abelardo De La Espriella llegó a la Presidencia anunciando respeto por el mérito, fortalecimiento institucional y una diplomacia orientada a resultados. Pero sus primeros nombramientos, las salidas de funcionarios de carrera, los traslados y los recientes conflictos con las organizaciones diplomáticas han generado nuevas preguntas.
¿Cambió realmente la manera de administrar la carrera diplomática o solamente cambiaron los protagonistas?
La comparación no debe limitarse a los discursos. Hay que examinar las cifras, los nombramientos, las disposiciones administrativas, las garantías laborales y los resultados.
La politización del servicio exterior no comenzó con Petro y tampoco puede atribuirse exclusivamente a De La Espriella. Es una práctica que atraviesa diferentes administraciones y que ha impedido consolidar una política de Estado suficientemente estable.
La diferencia es que ahora la controversia ha adquirido nuevas dimensiones, pues ya no se discuten solamente los embajadores políticos, sino también los movimientos de funcionarios que pertenecen a la carrera y la forma como se están tomando decisiones sobre sus destinos.
Los nombramientos presidenciales: ¿mérito profesional o compromisos políticos?
Una de las primeras controversias del actual Gobierno fue la selección de personas ajenas a la carrera diplomática para representar a Colombia en diferentes países. Algo muy tradicional en la política colombiana.
El presidente tiene facultades constitucionales para nombrar embajadores y no existe una obligación de que la totalidad de ellos pertenezca a la carrera diplomática. Sin embargo, esa facultad debe ejercerse respetando los límites legales y los principios que rigen la administración pública.
La cuestión es, ¿qué criterios se están utilizando?
Un empresario puede tener experiencia comercial; un político puede conocer las relaciones institucionales; un abogado puede tener formación jurídica. Pero representar a Colombia exige mucho más que tener cercanía con el presidente.
Se requiere preparación internacional, conocimiento del país receptor, capacidad de negociación, dominio de idiomas, conocimiento de los derechos de los colombianos en el exterior y comprensión de las responsabilidades diplomáticas y consulares.
La discusión debe ser individualizada. No todos los nombramientos externos son necesariamente inadecuados, pero tampoco pueden justificarse por la sola confianza presidencial.
El problema se agrava cuando, al mismo tiempo que se anuncian oportunidades para los funcionarios de carrera, se conocen decisiones que los retiran de diferentes representaciones.
¿Se está fortaleciendo el mérito o se está reorganizando el servicio exterior conforme a las preferencias de la administración?
Esta pregunta como muchas otras exigen respuestas documentadas y aquí las tenemos.
La convocatoria presidencial que terminó enfrentando al Gobierno con ASODIPLO
El presidente anunció una convocatoria para seleccionar funcionarios de carrera que asumirían jefaturas de misión en cinco embajadas.
La decisión fue presentada como una oportunidad para fortalecer la profesionalización del servicio exterior, pero en el día de ayer 4 de noviembre se conoció un pronunciamiento que introdujo una nueva controversia.
La Asociación Diplomática y Consular de Colombia (ASODIPLO) pidió a los funcionarios de carrera considerar abstenerse de participar en las convocatorias correspondientes a Vietnam, Filipinas y Finlandia.
¿Por qué?
Según la organización, esas tres embajadas ya cuentan con jefes de misión pertenecientes a la carrera diplomática, designados mediante procedimientos de alternación, con criterios y puntajes establecidos, y cuyos periodos todavía no han terminado.
ASODIPLO cuestionó que se abriera un procedimiento sin criterios de evaluación, puntajes ni ponderaciones previamente definidos.
En su pronunciamiento señaló que no conocía antecedentes de convocatorias de esta naturaleza para proveer jefaturas de misión que ya estuvieran ocupadas por funcionarios de carrera.
La organización también sostuvo que existen numerosos funcionarios preparados para asumir embajadas que actualmente no están dirigidas por profesionales de carrera.
Su planteamiento no fue rechazar la presencia de diplomáticos profesionales en las embajadas, sino cuestionar el procedimiento utilizado y la posible afectación de quienes ya ocupan esos cargos.
Aquí aparecen interrogantes que la Presidencia y la Cancillería deben responder:
- ¿Por qué convocar para embajadas que, según ASODIPLO, ya tienen jefes de misión de carrera?
- ¿Qué norma autoriza el procedimiento escogido?
- ¿Por qué no se publicaron previamente los criterios y las ponderaciones?
- ¿Qué garantías tienen los funcionarios que ya ocupan esas representaciones?
- ¿Qué ocurrirá con los periodos de alternación de los actuales jefes de misión?
- ¿Por qué no se priorizaron las numerosas embajadas que están en manos de funcionarios ajenos a la carrera?
La convocatoria debía convertirse en una oportunidad para acercar al Gobierno con los profesionales del servicio exterior. En cambio, terminó abriendo otro frente de discusión.
Y esto es particularmente preocupante porque una política de fortalecimiento institucional no puede construirse generando incertidumbre sobre las reglas que deben protegerla.
Mauricio Gaona y la Misión ante Naciones Unidas: el conflicto que hizo estallar nuevas alarmas
Si la convocatoria presidencial ya había generado inconformidad, lo ocurrido en la Misión de Colombia ante las Naciones Unidas, en Nueva York, elevó la controversia a otro nivel.
El embajador Mauricio Gaona solicitó el traslado de varios funcionarios de esa representación.
De acuerdo con la información conocida y transmitida por Caracol Radio, la justificación transmitida desde la Cancillería estaba relacionada con presuntas dificultades de algunos funcionarios para cumplir sus responsabilidades por falta de competencia.
Sin embargo, las resoluciones administrativas, según la información publicada, fundamentaron los movimientos en las denominadas «necesidades del servicio».
La diferencia entre ambas expresiones es grande, pues una cosa es sostener que una persona no está cumpliendo adecuadamente sus funciones por falta de competencia, y otra es justificar un traslado por necesidades institucionales.
Si existen deficiencias profesionales, deberían existir evaluaciones, antecedentes, requerimientos o elementos objetivos que permitan conocerlas y responder a ellas.
Si se trata de necesidades del servicio, también deben explicarse las circunstancias que justifican los movimientos.
¿Qué respondió UNIDIPLO?
La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular presentó una queja formal ante la Cancillería y solicitó investigar denuncias de presuntos malos tratos y abuso de poder que habrían afectado a funcionarios de la Misión ante la ONU.
UNIDIPLO expresó solidaridad con cuatro diplomáticos de carrera trasladados de esa representación y sostuvo que su trayectoria profesional no podía juzgarse por coyunturas políticas.
También afirmó que ninguno de los casos había estado precedido de evaluaciones de desempeño desfavorables ni llamados de atención.
La organización anunció que solicitaría al embajador Gaona una rectificación y pidió formalmente a la Cancillería investigar los hechos denunciados.
Es indispensable aclarar que estamos ante denuncias que deben investigarse. No corresponde presentar los presuntos malos tratos como hechos judicial o disciplinariamente probados, ni declarar responsable al embajador sin una actuación que establezca lo ocurrido.
Pero tampoco sería aceptable que la Cancillería ignorara una queja formal de esta naturaleza.
Las preguntas que debe responder el embajador
- ¿Qué dificultades concretas encontró en el desempeño de los funcionarios?
- ¿Qué evaluaciones sustentaron sus apreciaciones?
- ¿Se comunicaron previamente esas observaciones a los afectados?
- ¿Se acudió a los procedimientos internos de evaluación y gestión del talento humano?
- ¿Por qué se consideró necesario solicitar los traslados?
- ¿Qué circunstancias justificaron los cambios?
- ¿Qué respuesta dará a las denuncias de presuntos malos tratos?
Un embajador tiene autoridad para dirigir la misión a su cargo y exigir resultados. Pero esa autoridad debe ejercerse dentro del marco legal, respetando la dignidad de los funcionarios y los procedimientos administrativos.
La disciplina institucional no puede confundirse con la arbitrariedad, así como la pertenencia a la carrera no puede convertirse en una excusa para eludir las responsabilidades profesionales.
Veinticinco funcionarios trasladados: la controversia deja de ser un caso aislado
Ayer Caracol Radio publicó el listado completo de 25 funcionarios que serían trasladados de sus actuales sedes, incluyendo a algunos que ya lo fueron.
16 funcionarios pertenecientes a la carrera diplomática y consular, y 9 funcionarios vinculados provisionalmente.
Los movimientos comprenden diferentes representaciones y destinos.
Entre los casos reportados, y que la mayoría ya eran conocidos, se encuentran:
Consulado de Colombia en Madrid
Javier Darío Higuera Ángel, cónsul general central, trasladado a Frankfurt (Alemania). Funcionario este que no debió haber sido trasladado a ningún otro Consulado ni sede diplomática, sino echado de la Cancillería, dada su pésima actuación frente a la sede consular en la capital madrileña.
John Quintero, primer secretario, trasladado a Canarias (España).
María Alejandra Robayo, tercera secretaria, trasladada a Frankfurt (Alemania).
La información publicada, y ya conocida con anterioridad, identifica a Paulina Estrada como reemplazo de Higuera en Madrid, quien ya ha dado pasos en falso y posiblemente será investigada por las autoridades disciplinarias dentro de poco tiempo. (Ver aquí).
Embajadas en Europa y otras regiones
Carlos Arturo Forero, embajador en Marruecos.
Francisco Echeverri, embajador en Berna.
Dora Lucía González, embajadora en Honduras.
Diego Felipe Cadena, embajador en Australia.
La relación publicada también identifica posibles reemplazos para algunas de estas representaciones, entre ellos Néstor Alfredo Laso Dosal, Sofía Gómez y Andrés Duque.
Estos nombramientos y perfiles deben ser examinados individualmente, verificando sus hojas de vida, experiencia, requisitos y actos administrativos. La información periodística sobre sus posibles reemplazos no permite, por sí sola, concluir que exista una irregularidad.
Embajada de Colombia en Londres
También aparecen movimientos de funcionarios de carrera hacia otras dependencias, entre ellos Jorge Enrique Córdoba y Gustavo Andrés Gómez.
Misión de Colombia ante Naciones Unidas
Se identifican los traslados de, Raúl Esteban Niño, María Rosa Ferrer Cabrales, Francisco Gutiérrez, y Miguel Ángel González.
Otros movimientos
La relación incluye funcionarios provenientes de la Misión ante la OEA, la Misión ante la FAO en Roma, Washington, Beijing, Panamá, República Dominicana y Ginebra, entre otras sedes.
En el caso de Rafael Orozco, la información publicada señala que pasaría a una situación sin cargo, mediante licencia no remunerada.
No todos estos movimientos significan lo mismo. Algunos son cambios entre embajadas y consulados; otros son traslados entre países; otros no tienen todavía un nuevo destino informado. Por ello, no debe afirmarse que los 25 funcionarios están siendo retirados de la carrera.
Pero sí hay una cuestión institucional que merece explicación, ¿qué estudio de necesidades del servicio sustenta una reorganización de esta magnitud?
¿Se evaluó el impacto que tendrán estos cambios en las oficinas que pierden personal? ¿Se verificó la continuidad de los servicios? ¿Se tuvieron en cuenta los periodos de alternación y las condiciones particulares de cada funcionario?
La Cancillería debe publicar los actos administrativos, sus fundamentos y los estudios que respaldan estas decisiones, ya que no es suficiente invocar genéricamente las necesidades del servicio.
Madrid, Londres y Nueva York: tres escenarios que merecen especial atención
Los acontecimientos conocidos permiten identificar tres escenarios que deben investigarse por separado.
Madrid: el relevo del cónsul general
Aunque por su gestión debió haberse trasladado mucho tiempo antes, el traslado de Javier Darío Higuera Ángel desde Madrid hacia Frankfurt, y la identificación de Paulina Estrada como su reemplazo, deben analizarse en relación con las necesidades del Consulado General de Colombia en Madrid.
Esta oficina atiende a una comunidad colombiana numerosa y tiene una responsabilidad importante en trámites, asistencia y protección consular.
El Gobierno debe explicar por qué se tomó la decisión, qué criterios se aplicaron para seleccionar al reemplazo y cómo se garantizará la continuidad de la atención. Aunque por la gestión llevada a cabo en la capital española durante la permanencia de Higuera Ángel, en nuestro concepto, está más que justificada la salida de este individuo de allí.
Lo que no hay aún justificación es por el nombramiento de Paulina Estrada como su reemplazo, pues de carrera diplomática, nada. Y ya demostró su primiparada con ciertas actuaciones que COLEXRET está investigando, y probablemente pondrá en conocimiento de las respectivas autoridades.
Londres: movimientos en la embajada
Los cambios reportados en la Embajada de Colombia en Londres también requieren claridad, pues no basta con comunicar quién sale y quién llega. Es necesario conocer qué razones institucionales sustentan los movimientos y cómo se preservará la experiencia acumulada en esa misión.
Nueva York: la Misión ante la ONU
Este es el caso de mayor controversia pública hasta el momento.
A los traslados se suman las denuncias presentadas por UNIDIPLO, la solicitud de rectificación al embajador y la petición de investigación por presuntos malos tratos.
La Cancillería debe garantizar una investigación independiente, imparcial y documentada.
No puede permitirse que una controversia de esta naturaleza termine afectando el trabajo de Colombia ante uno de los organismos internacionales más importantes del mundo.
¿Qué dice la ley? El Gobierno tiene facultades, pero no puede ejercerlas arbitrariamente
La discusión jurídica debe partir del Decreto Ley 274 de 2000, que regula el Servicio Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular.
Su artículo 13 define la carrera como un sistema especial jerarquizado que regula el ingreso, el ascenso, la permanencia y el retiro de sus funcionarios teniendo en cuenta el mérito.
Mientras que el artículo 14 establece que el ingreso se realiza mediante concurso.
Los artículos 35, 36 y 37 del mismo Decreto regulan la alternación entre planta interna y planta externa.
Como regla general, el servicio en el exterior es de cuatro años continuos, prorrogables hasta por dos años más, según las necesidades del servicio y previo concepto favorable de la Comisión de Personal de la Carrera Diplomática y Consular, teniendo en cuenta la voluntad del funcionario.
El artículo 39 de la susodicha norma regula la aplicación de la alternación, el registro de los periodos, los desplazamientos y los tiempos de comunicación de los actos administrativos.
Mientras que el artículo 40 contempla excepciones a la frecuencia de los periodos de alternación bajo las circunstancias que establece la norma.
Esto significa que la administración no puede tratar la alternación como si fuera una simple decisión discrecional sin reglas.
¿Puede la Cancillería trasladar funcionarios por necesidades del servicio?
La administración cuenta con facultades para organizar el servicio exterior y adoptar decisiones de personal, pero estas deben estar jurídicamente justificadas.
La expresión «necesidades del servicio» no constituye una autorización ilimitada.
El artículo 44 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que las decisiones discrecionales deben ser adecuadas a los fines de la norma que las autoriza y proporcionales a los hechos que les sirven de causa.
Este principio es fundamental para examinar los traslados conocidos.
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el Concepto 2365 de 2018, explicó que la discrecionalidad de la administración en asuntos de carrera diplomática no es libre ni absoluta, sino que debe estar vinculada a los fines de la norma y responder a criterios de necesidad y proporcionalidad.
El concepto señala que las necesidades del servicio deben sustentarse en circunstancias objetivas y precisas. La sola invocación de esa expresión no basta.
Es un criterio jurídico especialmente relevante para examinar las decisiones actuales, aunque debe aclararse que se trata de un concepto de la Sala de Consulta, no de una sentencia que haya declarado ilegales estos traslados.
¿Qué debe revisarse en cada traslado?
Por ejemplo,
- El acto administrativo que ordena el movimiento.
- La situación de carrera del funcionario.
- El periodo de alternación que estaba cumpliendo.
- La categoría y equivalencia del cargo de destino.
- Las necesidades concretas que justifican el cambio.
- La proporcionalidad de la medida.
- Las condiciones personales, familiares y laborales que deban ser consideradas.
- El cumplimiento de los procedimientos especiales aplicables.
No es jurídicamente correcto afirmar que todos los traslados son ilegales porque los funcionarios afectados pertenecen a la carrera. Pero tampoco es correcto considerar que todos son legales simplemente porque la resolución mencione las necesidades del servicio.
Cada decisión debe poder sostenerse jurídicamente.
La convocatoria presidencial: otra cuestión jurídica que requiere explicación
El cuestionamiento de ASODIPLO merece un análisis diferente al de los traslados.
El presidente tiene la atribución constitucional de nombrar a los agentes diplomáticos, pero la carrera diplomática está regulada por un estatuto especial.
La convocatoria para seleccionar jefes de misión entre funcionarios de carrera debe tener un fundamento jurídico claro.
Hay que distinguir entre, el concurso de ingreso a la carrera. Los procedimientos de ascenso. La alternación. La designación de funcionarios en cargos de jefatura de misión. Los nombramientos de libre nombramiento y remoción.
No son procedimientos equivalentes.
Por eso, el Gobierno debe explicar qué naturaleza jurídica tiene la convocatoria, qué disposición la autoriza, qué criterios se utilizarán y qué efectos tendrá sobre quienes ya ocupan los cargos.
ASODIPLO sostiene que el procedimiento carece de criterios y puntajes previamente establecidos y que afecta a funcionarios que todavía tienen periodos pendientes.
La Presidencia debe responder a ese cuestionamiento con argumentos jurídicos y no solamente con la afirmación de que busca fortalecer el mérito.
¿Qué está pasando con UNIDIPLO? Una organización que ahora reclama garantías en varios frentes
La actuación de UNIDIPLO durante estos acontecimientos permite identificar varios motivos de inconformidad:
- Los traslados de funcionarios de carrera en la Misión ante la ONU.
- Las denuncias de presuntos malos tratos y abuso de poder.
- La falta de evaluaciones desfavorables, según lo manifestado por la organización.
- La preocupación por los movimientos en Madrid y Londres.
- La posible sustitución de funcionarios de carrera por personas vinculadas políticamente al Gobierno.
- La necesidad de respetar los procedimientos legales de la carrera.
La organización también ha manifestado que los cargos diplomáticos deben estar al servicio del Estado y no de retaliaciones ni intereses políticos.
Si bien este planteamiento merece una respuesta institucional, también debe exigirse a UNIDIPLO que acompañe sus denuncias con los documentos correspondientes, que facilite la investigación y que no convierta la defensa gremial en una presunción automática de irregularidad en cada decisión administrativa.
La carrera diplomática necesita protección, pero también evaluación y rendición de cuentas.
¿Y SEMREX? La Cancillería no está integrada solamente por diplomáticos de carrera
En esta controversia tampoco debe olvidarse al Sindicato de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores, SEMREX.
La Cancillería está integrada por funcionarios de carrera, empleados públicos, trabajadores vinculados bajo diferentes modalidades y personal que cumple funciones administrativas, técnicas y de apoyo.
Los problemas de personal afectan a toda la institución.
Por eso, SEMREX debe tener participación en las discusiones sobre condiciones laborales, estabilidad, cargas de trabajo, garantías sindicales y funcionamiento de las sedes.
No se puede construir una reforma del servicio exterior dejando por fuera a quienes hacen posible su operación cotidiana.
Petro, Duque y los gobiernos anteriores: la politización no nació ayer
Para comprender lo que sucede hoy hay que revisar los antecedentes.
Los nombramientos políticos en embajadas y consulados han sido una práctica recurrente en diferentes administraciones.
Durante el gobierno de Iván Duque se registraron numerosos nombramientos externos a la carrera. Durante el gobierno Petro, pese a las promesas de cambio, también se mantuvo una participación considerable de embajadores ajenos a ella.
La diferencia entre los gobiernos no puede establecerse solamente por sus discursos o por la intensidad de las confrontaciones sindicales. Debe examinarse:
- Cuántos embajadores pertenecían a la carrera.
- Cuántos nombramientos externos se realizaron.
- Cuántos funcionarios fueron trasladados.
- Cuántos nombramientos provisionales se efectuaron.
- Cuántas decisiones fueron cuestionadas judicialmente.
- Qué cambios se hicieron en la planta de personal.
- Qué resultados obtuvo cada administración en la atención consular.
La ausencia de enfrentamientos públicos en gobiernos anteriores tampoco significa que no existieran inconformidades.
La visibilidad de las redes sociales y la mayor capacidad de comunicación de las organizaciones sindicales hacen que hoy los conflictos internos tengan una exposición mucho mayor.
Pero lo importante es que la profesionalización no dependa del presidente de turno.
Los lunares negros de la carrera diplomática también deben corregirse
No podemos convertir este análisis en una defensa incondicional de los funcionarios de carrera.
La carrera diplomática tiene una razón de ser legítima, pero sus integrantes también deben responder por su desempeño.
Los colombianos en el exterior han denunciado durante años:
- Dificultades para conseguir citas consulares.
- Demoras en trámites.
- Atención deficiente.
- Falta de información.
- Problemas para recibir asistencia en emergencias.
- Deficiencias en la comunicación con las comunidades.
- Trato inadecuado en determinadas oficinas.
La condición de funcionario de carrera no garantiza automáticamente un buen servicio, se necesitan evaluaciones objetivas, capacitación, transparencia y mecanismos efectivos de queja.
La experiencia debe valorarse, pero también los resultados.
UNIDIPLO debe entender que defender la carrera implica también defender su calidad y corregir sus deficiencias.
El Gobierno, por su parte, debe entender que corregir los errores individuales no autoriza a debilitar el sistema profesional.
¿Cómo afecta todo esto a los colombianos en el exterior?
Este es el punto que más preocupa a COLEXRET.
Las discusiones sobre nombramientos, traslados y conflictos administrativos pueden parecer asuntos internos de Cancillería. Pero sus consecuencias llegan directamente a los ciudadanos.
Cuando se trasladan funcionarios sin una adecuada planificación, las oficinas pueden perder experiencia y capacidad operativa.
Cuando se producen cambios constantes en los equipos, se interrumpen procesos y se pierde continuidad.
Cuando un consulado tiene menos personal del necesario, se multiplican las dificultades para atender trámites y emergencias.
Cuando una embajada no tiene una dirección profesional adecuada a las necesidades del país receptor, puede debilitarse la interlocución institucional.
Y cuando la Cancillería se concentra en resolver sus conflictos internos, los colombianos terminan esperando respuestas que deberían ser oportunas.
Un ciudadano detenido, una familia que necesita registrar un nacimiento, una persona que requiere asistencia por una emergencia o un colombiano que busca orientación consular no puede quedar atrapado en una disputa burocrática.
Por eso, los movimientos de personal deben acompañarse de planes de continuidad del servicio.
La prioridad debe ser garantizar que cada consulado y embajada tenga el personal necesario, la preparación adecuada y los recursos para atender a nuestros compatriotas.
¿Qué hacen otros países para evitar que la diplomacia dependa exclusivamente de los presidentes?
Colombia debería estudiar modelos que combinen la dirección política del Ejecutivo con garantías profesionales.
México: su Ley del Servicio Exterior Mexicano establece una preferencia por funcionarios de carrera para las designaciones de embajadores y cónsules generales, sin eliminar las facultades presidenciales.
España: cuenta con procedimientos profesionales y mecanismos de valoración para la provisión de jefaturas de misión, aunque conserva la posibilidad de nombramientos externos.
Brasil: dispone de una formación diplomática especializada a través del Instituto Rio Branco, que constituye una referencia regional en preparación profesional.
La lección no es que Colombia deba copiar exactamente esos sistemas, sino que la dirección política y la profesionalización no son incompatibles.
Se puede respetar la autoridad presidencial, pero exigir criterios transparentes, preparación y estabilidad institucional.
¿Quién tiene la responsabilidad?
La responsabilidad está distribuida, aunque no todos tienen las mismas obligaciones.
El presidente Abelardo De La Espriella: tiene la responsabilidad política de orientar el servicio exterior, garantizar el cumplimiento de la ley y evitar que la diplomacia se convierta en instrumento de compromisos particulares.
El canciller Omar Bula: debe garantizar la legalidad de las decisiones administrativas, escuchar a los funcionarios y responder por el funcionamiento de las embajadas y consulados.
Los jefes de misión: deben ejercer su autoridad con profesionalismo, respeto y sujeción a los procedimientos administrativos.
UNIDIPLO y ASODIPLO: deben defender la carrera y sus integrantes, pero también contribuir a la transparencia, la evaluación y la modernización institucional.
SEMREX: debe participar en las discusiones sobre las condiciones de los trabajadores de Cancillería.
Los organismos de control: deben investigar las denuncias y determinar si existen irregularidades.
Y hay una responsabilidad adicional que no puede ignorarse, y es la de quienes han permitido durante años que la política de nombramientos diplomáticos cambie de acuerdo con los intereses de cada administración.
¿Qué puede ocurrir si continúa este enfrentamiento?
La prolongación de esta controversia puede producir consecuencias institucionales importantes. Veamos algunas:
- Más litigios contra decisiones administrativas.
- Pérdida de confianza entre el Gobierno y los funcionarios.
- Desmotivación del personal profesional.
- Dificultades para garantizar la continuidad del servicio exterior.
- Conflictos internos en embajadas y consulados.
- Pérdida de experiencia institucional.
- Deterioro de la atención a los colombianos en el exterior.
Pero también existe la posibilidad de convertir esta crisis en una oportunidad para reformar el servicio exterior.
El Gobierno puede corregir los procedimientos, publicar los fundamentos de sus decisiones, escuchar a las organizaciones y establecer una política permanente de profesionalización.
La carrera diplomática también puede comprometerse con una evaluación más rigurosa de sus integrantes, una mejor atención ciudadana y una mayor transparencia.
Un acuerdo nacional por la diplomacia profesional
COLEXRET propone que el presidente convoque una mesa de diálogo con participación de:
- Presidencia de la República.
- Ministerio de Relaciones Exteriores.
- UNIDIPLO.
- ASODIPLO.
- SEMREX.
- Academia Diplomática.
- Representantes de los colombianos en el exterior. (No representantes políticos).
- Expertos en derecho administrativo y relaciones internacionales.
- Organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes.
- Un Representante de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones.
Esa Mesa de Diálogo debería trabajar sobre los siguientes diez compromisos:
- Publicación de los criterios de nombramiento de embajadores y cónsules.
- Respeto integral al Decreto Ley 274 de 2000.
- Revisión jurídica de los traslados realizados y anunciados.
- Transparencia en las convocatorias para jefaturas de misión.
- Evaluación objetiva de los funcionarios.
- Fortalecimiento de la Academia Diplomática.
- Revisión de las necesidades de personal de cada consulado.
- Estudios de impacto antes de cerrar o reorganizar representaciones.
- Rendición pública de cuentas de embajadas y consulados.
- Participación de los colombianos en el exterior en la evaluación de los servicios.
También proponemos crear un observatorio independiente del servicio exterior que permita seguir los nombramientos, traslados, recursos, resultados y calidad de la atención consular.
Presidente De La Espriella: no repita la historia de Petro
Señor presidente:
Usted llegó al Gobierno anunciando una nueva manera de administrar el Estado. También manifestó su intención de fortalecer la carrera diplomática.
Sin embargo, las controversias que hoy se conocen obligan a revisar la manera como se están tomando las decisiones en Cancillería.
No basta con anunciar que habrá embajadores de carrera si simultáneamente se generan cuestionamientos por los procedimientos utilizados para seleccionarlos.
No basta con invocar las necesidades del servicio si no se explican las razones concretas de los traslados.
No basta con exigir resultados si no se garantizan las condiciones institucionales para obtenerlos.
Y no basta con delegar en el canciller una controversia que compromete directamente el modelo de diplomacia que usted quiere establecer.
Escuche a UNIDIPLO. Escuche a ASODIPLO. Escuche a SEMREX. Pero escuche también a los colombianos que diariamente enfrentan las dificultades de los consulados.
Si existen funcionarios que no cumplen adecuadamente sus obligaciones, aplíquense los mecanismos legales correspondientes.
Si existen decisiones administrativas contrarias al régimen de carrera, corríjanse.
Si hay denuncias de abuso de poder y malos tratos, investíguense.
Y si los procedimientos de selección necesitan reglamentación o mayor transparencia, establézcanse las reglas antes de convocar a los funcionarios.
No permita que la carrera diplomática termine enfrentada nuevamente con la Presidencia por decisiones que pudieron discutirse y fundamentarse previamente.
No defenderemos gobiernos ni sindicatos por encima de los colombianos
Nuestra posición debe quedar absolutamente clara.
COLEXRET ha tenido diferencias con UNIDIPLO. Incluso existió una controversia judicial promovida por esa organización contra nuestro medio, que terminó con un resultado favorable a COLEXRET.
También hemos buscado acercamientos directos para dialogar, sin que hasta ahora haya sido posible concretarlos.
No ocultamos esos antecedentes, pero tampoco permitiremos que determinen nuestra posición periodística.
No defendemos incondicionalmente a UNIDIPLO, ni a ASODIPLO, ni a los funcionarios de carrera.
Tampoco defendemos incondicionalmente al presidente De La Espriella, al canciller o a ningún otro funcionario.
Hemos cuestionado al gobierno de Gustavo Petro cuando consideramos que sus actuaciones perjudicaban a los colombianos en el exterior y haremos lo mismo con la administración actual.
Haber anunciado nuestro respaldo al actual Gobierno no significa renunciar a la independencia periodística.
Precisamente por eso consideramos necesario advertir que las decisiones que hoy se conocen merecen explicaciones, revisión jurídica y, cuando corresponda, rectificaciones.
La carrera diplomática necesita reformas, pero no puede debilitarse por decisiones improvisadas. Necesita funcionarios competentes, pero también garantías. Necesita dirección política, pero no subordinación partidista.
Los embajadores representan a Colombia, no a quien los nombró. Los consulados pertenecen a los ciudadanos, no a los gobiernos de turno. Y la carrera diplomática es una institución del Estado, no un patrimonio de sus funcionarios ni de los presidentes.
La pregunta final no debería ser quién gana la pelea entre la Presidencia y UNIDIPLO.
La pregunta es quién responde por los colombianos que necesitan una Cancillería eficiente, profesional y respetuosa de la ley.
Porque mientras los funcionarios discuten sus traslados, los sindicatos presentan denuncias y el Gobierno defiende sus decisiones, millones de colombianos siguen esperando que el Estado cumpla con su obligación de representarlos y protegerlos en el mundo.
COLEXRET exige diálogo, transparencia, legalidad y resultados. No queremos una carrera diplomática intocable, pero tampoco una diplomacia sometida a los caprichos del poder político. Queremos una Cancillería que funcione y que nunca vuelva a olvidar para quién existe, para Colombia y para los colombianos, estén donde estén.
Fuentes base para esta publicación
1. Caracol Radio: ASODIPLO rechaza convocatoria de Presidencia para ser embajador (4 de noviembre).
2. Caracol Radio: piden investigar presuntos malos tratos en la Misión ante la ONU (4 de noviembre).
3. Caracol Radio: traslados solicitados por Mauricio Gaona (3 de noviembre).
4. Caracol Radio: listado de los 25 funcionarios trasladados (4 de noviembre).
5. Infobae: relación de traslados, destinos y reemplazos.
6. Decreto Ley 274 de 2000 – Función Pública.
7. Concepto 2365 de 2018 – Consejo de Estado y Función Pública.
8. Consejo de Estado: interpretación de la alternación de funcionarios diplomáticos.
9. Pronunciamiento de UNIDIPLO difundido en X sobre Mauricio Gaona y los traslados.
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