SENA y colombianos retornados: ¿igualdad formal o desigualdad real en el acceso al Fondo Emprender?
La reciente respuesta entregada por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, bajo presión de una Acción de tutela por parte de COLEXRET, vuelve a poner sobre la mesa una discusión que Colombia aún no resuelve de fondo,
¿El Estado realmente comprende las condiciones particulares de los colombianos retornados?
La entidad respondió oficialmente que los colombianos retornados que aspiren a acceder a mecanismos de financiación empresarial del Fondo Emprender deberán cumplir “los mismos requisitos, condiciones y procedimientos” establecidos para cualquier ciudadano colombiano.
Aunque el SENA reconoce que pueden existir convocatorias focalizadas para población retornada, en esencia mantiene una postura de igualdad procedimental: mismos requisitos, misma ruta emprendedora y mismas condiciones de competencia presupuestal.
Sin embargo, detrás de esa aparente igualdad emerge una pregunta inevitable:
¿Es jurídicamente suficiente tratar igual a personas cuyas circunstancias sociales, económicas y humanas son profundamente distintas?
La respuesta oficial del SENA: igualdad administrativa
La entidad dejó claro que los retornados deben acreditar su condición mediante certificación expedida por la Cancillería (RUR); deben inscribirse en la plataforma del Fondo Emprender, que tienen que cursar obligatoriamente la Ruta Emprendedora, que la culminación del proceso no garantiza financiación; y que la asignación depende de disponibilidad presupuestal y cumplimiento de requisitos.
Posteriormente, al responder sobre los colombianos que siempre han residido en el país, el SENA indicó que el procedimiento es esencialmente el mismo.
En otras palabras, institucionalmente no existe una diferenciación estructural de acceso; y es ahí donde precisamente aparece el núcleo del debate.
El problema de fondo: igualdad no siempre significa equidad
Desde una perspectiva estrictamente administrativa, el SENA podría sostener que está actuando bajo principios de igualdad y universalidad del acceso.
Pero desde una óptica constitucional, social y de derechos humanos, el asunto es mucho más complejo.
La Corte Constitucional colombiana ha reiterado durante años que el principio de igualdad no consiste únicamente en tratar igual a todos, sino en reconocer diferencias materiales cuando existen condiciones de vulnerabilidad.
El artículo 13 de la Constitución Política establece que “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva”.
Ese concepto de “igualdad real y efectiva” implica que personas en situaciones desiguales pueden requerir medidas diferenciadas.
Y justamente los colombianos retornados enfrentan condiciones particulares que difícilmente pueden equipararse a las de alguien que nunca abandonó el país.
La Ley 1565 de 2012 sí reconoce una condición diferencial
La llamada Ley de Retorno, Ley 1565 de 2012 fue creada precisamente para reconocer que quienes regresan al país después de residir en el exterior requieren incentivos especiales y acompañamiento institucional.
La norma establece expresamente:
- Incentivos tributarios,
- Acompañamiento integral,
- Acceso a emprendimiento,
- Orientación laboral,
- Apoyo para proyectos productivos, y
- Articulación institucional para facilitar la reintegración económica.
Especialmente importante resulta el concepto de “retorno productivo”, definido como aquel mediante el cual el colombiano retorna para implementar una idea de negocio o fortalecer un proyecto productivo.
La propia ley señala que el Gobierno debe buscar alternativas para incluir a la población retornada como sujeto de las políticas y fondos de emprendimiento vigentes.
Esto último es fundamental porque aunque el SENA formalmente no excluye a los retornados, tampoco parece existir una política estructural suficientemente diferenciada que reconozca sus desventajas reales.
¿Qué diferencias enfrenta realmente un colombiano retornado?
Aquí el análisis debe ir más allá del simple trámite administrativo. Un colombiano retornado frecuentemente enfrenta:
1. Ruptura económica
Muchos retornan tras perder estabilidad en el exterior, sufrir crisis migratorias o quedar en condición de vulnerabilidad.
No llegan al país en igualdad financiera frente a quienes mantuvieron redes económicas permanentes en Colombia.
2. Debilidad de redes sociales y laborales
Quien ha pasado años fuera del país suele regresar con redes laborales debilitadas, historial financiero inexistente en Colombia, desconocimiento del mercado local, y dificultades de adaptación institucional.
3. Impacto psicosocial
El retorno no siempre es voluntario ni exitoso.
Existen retornos derivados de deportaciones, crisis económicas, conflictos migratorios, discriminación, pérdida de empleo, o rupturas familiares.
4. Desactualización normativa y productiva
Muchos retornados encuentran un país completamente distinto al que dejaron, como por ejemplo: nuevas cargas tributarias, digitalización obligatoria, reformas laborales, nuevos modelos económicos, y barreras burocráticas desconocidas.
Por ello, sostener que compiten en igualdad material frente a residentes permanentes resulta, cuando menos, discutible.
El Fondo Emprender: oportunidades, pero también críticas históricas
El Fondo Emprender ha sido presentado durante años como uno de los principales instrumentos de capital semilla del país.
Sin embargo, diversos sectores académicos, empresariales y ciudadanos han cuestionado históricamente la excesiva tramitología, la dificultad técnica de formulación, la baja tasa de aprobación, la concentración sectorial, y la limitada sostenibilidad de algunos proyectos financiados.
En discusiones ciudadanas y experiencias compartidas públicamente, algunos usuarios señalan que el acceso real al Fondo Emprender puede ser complejo para personas sin acompañamiento técnico robusto.
Otros cuestionan que los modelos financiados suelen privilegiar emprendimientos tradicionales frente a iniciativas más innovadoras o tecnológicas.
Si esas barreras ya existen para residentes permanentes, la situación puede resultar aún más difícil para un retornado que llega sin redes institucionales consolidadas.
El vacío institucional: convocatorias focalizadas, pero sin política robusta
El SENA menciona convocatorias focalizadas para retornados.
No obstante, la pregunta de fondo es si esas convocatorias representan realmente una política pública integral o simplemente mecanismos ocasionales.
La diferencia es enorme. Una política robusta implicaría:
- Líneas exclusivas permanentes,
- Flexibilización documental,
- Acompañamiento psicosocial,
- Priorización presupuestal,
- Mentorías especializadas,
- Adaptación territorial, y
- Seguimiento posterior al retorno.
Actualmente, lo que parece existir es una inclusión parcial dentro de esquemas generales.
El análisis político: el retorno sigue siendo una política marginal
En el discurso institucional colombiano, el migrante suele ser visible mientras envía remesas, pero cuando retorna, frecuentemente desaparece del centro de la política pública.
Aunque la Cancillería y algunas entidades han desarrollado programas importantes, la realidad es que el retorno todavía no ocupa un lugar prioritario en la agenda nacional.
Y esto ocurre pese a que Colombia ha vivido históricamente enormes flujos migratorios.
La discusión no es menor, Colombia promueve el emprendimiento como motor económico. El retorno productivo está reconocido legalmente, pero las herramientas diferenciales siguen siendo limitadas.
En consecuencia, muchos retornados terminan enfrentando un doble desafío, reconstruir su vida, y competir en igualdad formal contra personas que nunca perdieron arraigo institucional.
El análisis jurídico: ¿podría existir un debate constitucional?
Jurídicamente, el tema podría abrir discusiones relevantes sobre igualdad material, acciones afirmativas, enfoque diferencial, y protección especial a poblaciones vulnerables.
La propia Corte Constitucional ha sostenido reiteradamente que el trato idéntico entre personas en condiciones desiguales puede convertirse en una forma de discriminación indirecta.
Aunque el SENA cumple formalmente la ley al permitir el acceso de retornados al Fondo Emprender, el debate estaría en determinar si el nivel de diferenciación actual es suficiente para materializar los objetivos de la Ley de Retorno.
La contradicción central del modelo
Aquí emerge una contradicción evidente: La Ley 1565/2012 reconoce que el retornado necesita incentivos y acompañamiento especial.
Pero en la práctica, el acceso al principal mecanismo estatal de emprendimiento opera casi bajo las mismas condiciones generales.
Eso deja abierta una sensación institucional compleja: el Estado reconoce la vulnerabilidad del retornado… pero no necesariamente transforma estructuralmente sus mecanismos para responder a ella.
Un concepto neutral sobre la situación
Desde una visión objetiva y equilibrada, es importante reconocer varios elementos:
El SENA sí ofrece mecanismos de acceso, por lo que no puede afirmarse que exista exclusión absoluta.
La entidad permite participación de retornados, contempla convocatorias focalizadas y desarrolla acompañamiento mediante la Ruta Emprendedora.
Pero persiste un debate legítimo sobre suficiencia.
La discusión no es si existe acceso formal. La discusión real es si las medidas actuales son suficientes para compensar las desventajas estructurales que enfrentan muchos colombianos retornados.
El problema parece más estructural que individual
No se trata exclusivamente del SENA, pues el tema involucra política migratoria, coordinación interinstitucional, presupuesto, enfoque diferencial, y visión estatal sobre el retorno.
Lo que distintos sectores probablemente seguirán exigiendo
Diversos sectores sociales, migratorios y académicos podrían insistir en convocatorias permanentes exclusivas para retornados, fondos diferenciados, reducción de barreras técnicas, fortalecimiento del acompañamiento,
acceso preferencial a capital semilla, y políticas integrales de reinserción económica.
Porque el retorno no es simplemente volver al país; muchas veces significa empezar de cero.
Todo lo anterior permite concluir que, la respuesta del SENA deja claro que, institucionalmente, el colombiano retornado debe competir prácticamente bajo las mismas reglas que cualquier otro ciudadano para acceder al Fondo Emprender.
Sin embargo, la realidad social, económica y humana demuestra que las condiciones de partida no son equivalentes.
Ahí radica el verdadero debate.
El desafío para Colombia no parece ser únicamente permitir el acceso formal de los retornados a programas estatales, sino construir mecanismos que hagan efectiva la promesa de reintegración contemplada en la Ley de Retorno.
Porque tratar igual a quienes viven situaciones profundamente distintas puede terminar produciendo exactamente lo contrario a la igualdad.
Fuentes:
Comentarios