Como bien es sabido, desde el mes de Febrero de 2019, los Gobiernos de Colombia y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas, trayendo entre otras desafortunadas consecuencias que los funcionarios destinados a nuestra Embajada y Consulados allí, salieran de ellas y regresaran a Colombia.  Y si bien los mas afectados de esta situación fueron y siguen siendo nuestros connacionales residentes en ese País, también se ha afectado enormemente nuestro Erario Público, toda vez que algunas de esas Sedes son en propiedad, y su sostenimiento es muy elevado.  Sostenimiento que incluye vigilancia, limpieza, etc., y que por obvias razones debe realizarse.  Además, las sedes que se encontraban en alquiler al momento de romper relaciones con Venezuela, deben igualmente seguirse sosteniendo, tanto su arrendamiento como demás gastos, asi no haya personal desempeñando funciones al público en ellas, pues como bien dice el Ministerio de Relaciones Exteriores, &#8220;se está a la espera de la evolución de la coyuntura actual entre los dos países&#8221;.  El problema es que mientras esté Nicolás Maduro en el poder venezolano, e Iván Duque en el colombiano, es prácticamente imposible que esas relaciones diplomáticas vuelvan a la normalidad.
Si bien las relaciones con Venezuela se rompieron en Febrero de 2019, las sedes donde funcionaban la Embajada y Consulados quedaron desalojadas de funcionarios a partir de Marzo del mismo año, y a la fecha continúan asi.
Los datos que ofreceremos a continuación, fueron suministrados por la propia Cancillería colombiana, extrañando que solo nos los haya enviado a corte de Octubre de 2019, y por lo tanto carecemos de información sobre el tema de los meses Noviembre y Diciembre de 2019, y lo corrido del presente 2020, aunque mas adelante para otro informe los pediremos.  Veamos:
Los terrenos y la casa de la embajada de Colombia en Caracas, destinada a residencia, fue adquirida en el año 1973, por un valor de $568.947´716.427.  Y la sede donde funcionan las oficinas de la embajada, también en Caracas, fue comprada en el año 1998 por 
$3.618´583.743. Por su parte el edificio y terrenos donde se haya el Consulado colombiano en Caracas, fue adquirido en el año 1987 por un valor de $340.842´798.919.
El total por la adquisición de esas propiedades en su momento ascendió a 
$913.409´099.089, y extrañamente, de acuerdo a los libros de Registro del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, al día de hoy cuestan $906´238.770.972.  Es decir, que han sufrido un devalúo o desvalorización de $7.170´328.117. Aunque tratándose de Venezuela no nos sorprende, pues conocemos muy bien la situación que vive ese país.
Las demás sedes de Consulados colombianos en Venezuela son en alquiler.
Mas detalles sobre el particular, y demás propiedades del Estado colombiano en el exterior, de algunas sedes de Embajadas y Consulados, las estaremos publicando en un próximo artículo.
Del mes de Marzo a Octubre de 2019, los gastos por sostenimiento en general de esos inmuebles, en propiedad o alquiler, sin estar funcionando al público, fue de US$263.652 = $790´956.000.  Redondeado, creemos que desde hace 11 meses en que dichas propiedades llevan &#8220;desocupadas&#8221;, han tenido un costo en gastos de $1000.000.000 aprox., y seguirá siendo el valor de sostenimiento por cada año de más que continúe el rompimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela.
Mientras que los servicios públicos, vigilancia y demás sostenimiento de esas sedes, por simple lógica aumentarán anualmente; como ya se ha visto las que son de propiedad nuestra se siguen desvalorizando.
Al día de hoy, con la información que reposa en nuestro poder, de no tener una aclaración por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, en especial sobre el devalúo o desvalorización que han tenido nuestras propiedades en el exterior, donde se encuentran las sedes de algunas Embajadas y Consulados, desde su adquisición a la fecha, tal y como aparece en los libros que contienen los Estados Financieros de esa Cartera ministerial, elaboraremos un minucioso informe y será remitido tanto a la Contraloría de la República como a la Procuraduría General de la Nación, pues consideramos que debe abrirse una rigurosa investigación sobre estos hechos.
Es imposible, salvo en Venezuela, que nuestras propiedades, adquiridas hace 2, 4, 6, 10, 20, 40 y más años, en vez de valorizarse hayan tenido un devalúo considerable.  Aunque también se deben revisar los precios de compra, pues creemos son muy elevados para las fechas en que se adquirieron.  Pero bueno, eso ya le corresponde a los Entes de investigación.
Fuente: Cancillería colombiana: Radicado S-GSE-19-050843 del 16 Dic. 2019

Que ha pasado con la sede de la Embajada y Consulados colombianos en Venezuela

Después de 28 años…¡LO CONSEGUIMOS!

El 10 de Marzo de 2016, con radicado S-GCIAC-16-024098 la Entidad encargada de la expedición de pasaportes colombianos a nivel mundial (Ministerio de Relaciones Exteriores) responde a uno de nuestros interrogantes sobre esta historia, que “El Estatuto Tributario contempla el Impuesto de Timbre tanto en el ámbito Nacional como Internacional, para la venta de los servicios que realiza el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, prueba de ello se encuentra establecido en el artículo 525 del Estatuto Tributario”, con lo cual demostraba un total desconocimiento sobre el tema, puesto que el Art. al que hace referencia fue modificado por el Art. 1° del Decreto 4838 de 2010, y trata exclusivamente sobre el Impuesto de Timbre para actuaciones que se cumplan en el exterior.  E incluso con anterioridad esta misma Institución  respondía que la diferencia en el costo de los pasaportes expedidos en Colombia, con los que se expiden en el exterior a través de los Consulados, se debía precisamente a que en éstos últimos se aplicaba el Impuesto de Timbre Nacional, mientras que en los primeros no.
Pero aparte de ello, los Juristas de Cancillería desconocían también que el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario), en su Título V, Art. 530, Numeral 33, establece que están exentos del Impuesto de Timbre Nacional, “Los pasaportes de trabajadores manuales, esto es, de obreros, choferes, agricultores asalariados y personas que presten servicio doméstico, residentes en Venezuela, Ecuador y Panamá” (Resaltado nuestro).
Cuando indagamos a Cancillería sobre los Medios utilizados por esa Entidad para informar a los ciudadanos de que trata el Art. referido en el parágrafo anterior, sobre la exención del Impuesto de Timbre a que tenían derecho en la expedición de sus pasaportes, responde que “Sea lo primero reiterar que el Estatuto Tributario, fue debidamente publicado en el Diario Oficial No. 38.756 de 30 de marzo de 1989, en concordancia con el principio de publicidad y de oponibilidad a terceros…” (Resaltado fuera de texto).
Respuesta bastante absurda y hasta ridícula, pues cómo en el año 1989 se iba a enterar un colombiano viviendo en Venezuela, Ecuador o Panamá, que esa normativa se había publicado en el tal Diario Oficial, si para esa época a los países de Sudamérica y Centroamérica no había llegado públicamente Internet, y por ende los ciudadanos no podían tener acceso a esa tecnología como para decir que al menos por ese medio se hubieran podido enterar de tal acción?.
Respuestas como las anteriores duelen, y mucho, pues se demuestra que nuestros impuestos se utilizan para pagar a Funcionarios supuestamente profesionales por que ostentan un título de abogados (en el caso que nos ocupa), y no tengan ni idea de las normas vigentes para responder a los ciudadanos sus peticiones con veracidad.  Y aún asi se extrañan del por qué cada día el pueblo pierde mas la credibilidad en nuestras Instituciones.
Conociendo entonces que existía una Norma que exoneraba del pago del Impuesto de Timbre Nacional en sus pasaportes a los colombianos que residieran en Venezuela, Ecuador y Panamá, y que laboraran como obreros, choferes, agricultores asalariados y en el servicio doméstico; y que además por ningún medio oficial y veraz se les había informado de ello; mas la gravedad de que se les  venía cobrando tal impuesto, se le pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores creara los mecanismos necesarios para la devolución de esos dineros a los afectados, por cuanto se trataba del “cobro indebido” de un impuesto, y además le exigimos desde &#8220;COLEXRET&#8221;, que creara los mecanismos necesarios para que tal anomalía no se siguiera presentando, pero esa Entidad viendo lo grave del problema, optó por “lavarse las manos” y le tiró la pelota al Ministerio de Hacienda, enviándole la petición, dizque por competencia.
Para sustentar nuestra exigencia, le argumentamos a Cancillería:
&#8220;Con el fin de aplicar el Espíritu de Justicia, el legislador incluyó dentro del Estatuto Tributario, el artículo 683, en el que explica que la aplicación de la ley debe estar presidida de ese espíritu de justicia, para evitar que se le exija al contribuyente más de lo que la ley quiso imponerle. Y lo que está claro en el caso que planteo, es que al ciudadano se le ha cobrado un impuesto que no debió haberse cobrado por cuanto así lo establece la Norma.
“El pago indebido o ilegal se presenta cuando se paga algo que la ley no exige, cuando no hay un sustento legal para dicho pago”. Es el caso exacto del cobro del Impuesto que se ha realizado en los pasaportes de los colombianos en los países contemplados en el Numeral 33, Art. 530, del Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario).
Independientemente de los casos tratados en cada sentencia, nuestra Corte Constitucional, habla del pago indebido de un impuesto, así:
(Sentencia C-796/00): “No puede el Estado cobrarle a los contribuyentes tributos por encima de los previstos en la ley vigente, ni siquiera a pretexto de que en el supuesto que ello ocurra resulta ser el producto de un error que no quiso ni buscó, y mucho menos cuando el Estado, como sucede en el caso sub-lite, persigue ese enriquecimiento adoptando una ley que prohíbe la devolución del pago indebido por error”.
(Sentencia C-369/00): “Para la Corporación, el principio de legalidad tributaria, comporta que no puede haber impuesto sin ley que lo establezca, vale decir, que el Congreso, en ejercicio de sus competencias, al elaborar la norma tributaria, está en la obligación de determinar con claridad los elementos de la relación tributaria, esto es, los sujetos, los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas. Por lo tanto, la exigencia del respeto al principio de legalidad, por parte del poder público, implica que el legislador tributario, a través de las disposiciones fiscales, elimine la arbitrariedad en el cobro de impuestos inexistentes o habilite a la administración tributaria para su recaudo”.
De acuerdo a lo anterior, y considerando que se ha realizado el cobro indebido de un impuesto, se tiene que devolver ese dinero a los ciudadanos que estipula el Numeral 33, Art. 530, del Estatuto Tributario, y que desde el año 1989 han obtenido su pasaporte.  La cuestión aquí es que según la ley, la reclamación para el “cobro indebido” de un impuesto prescribe a los cinco (5) años.&#8221;
En la edición de COLEXRET, del 11 de Enero del presente año, <a href="https://www.colexret.com/2017/01/11/los-colombianos-residentes-en-venezuela-ecuador-y-panama-que-laboren-como-obreros-choferes-agricultores-y-en-servicio-domestico-estan-exentos-de-pagar-el-impuesto-de-timbre-nacional-en-el-costo-d/">&#8220;Exoneración Impuesto de Timbre Nal. en Pasaporte a Colombianos en Venezuela, Ecuador y Panamá&#8221;</a>, profetizábamos que tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el de Hacienda, iban a argumentar cualquier cosa, y que según ellos se ajustaría a la ley, para no devolver esos dineros por el “cobro indebido” realizado; y además, no harían nada para evitar que esta anomalía se siguiera aplicando en los Consulados de Venezuela, Ecuador y Panamá, y asi está sucediendo, como se podrá apreciar a continuación.
Conocimos el 22 de Febrero del año en curso, por información de la propia Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Atención al Ciudadano, dirigida para ese entonces por el Sr. Javier Higuera Angel, que “Tratándose de la aplicación del numeral 33 del artículo 530 del Decreto 624 de 1989, la Cancillería se ha encontrado con la dificultad de la falta de reglamentación, la cual está en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, necesaria a efectos de operativizar el beneficio y establecer los controles pertinentes al mismo. Dicha falta de reglamentación afecta el alcance de la norma, en especial teniendo en cuenta la amplitud de algunos términos y de las diferentes posturas sobre el concepto de “residencia”.”
¿Qué ha hecho la Cancillería colombiana para subsanar esta situación?:
El 21 de abril de 2016, esa Entidad recibe un concepto del consultor en materia tributaria, donde le señala que no existe reglamentación tributaria alguna para el numeral 33 del artículo 530 del Estatuto Tributario, que permita establecer definiciones especiales para efectos tributarios o requerimientos de documentación para implementar la exención allí señalada.
El 3 de mayo de 2016, la Cancillería solicita un concepto a la DIAN sobre la vigencia, alcance, definiciones y reglamentación del numeral 33 del artículo 530 del Estatuto Tributario, la cual le responde el 27 mayo del mismo año, señalando que el aspecto de probar la residencia bien sea en Venezuela, Ecuador o Panamá, es competencia de los Cónsules; y que la Visa de residente debidamente autenticada, podría usarse como prueba.
Dijo la DIAN que para la aplicación de la norma solo basta que se demuestre ser residente y 
trabajar en las labores señaladas, las cuales conceptuó utilizando las definiciones del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE).
El 23 de mayo de 2016, la Oficina Asesora Jurídica Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores solicito a la DIAN, concepto sobre la vigencia, alcance, modificación y 
reglamentación de los numerales 31 y 33 del artículo 530 del Estatuto Tributario, preguntando sobre los documentos que acrediten los oficios de “trabajador manual”, “obrero”, “chofer”, “agricultor asalariado” y “personas al servicio doméstico”, de que habla la norma en mención, para la exoneración del Impuesto de Timbre Nacional en sus pasaportes. Igualmente pide que se precise el concepto de residencia.
Por último, en la misma petición solicita se especifiquen los factores que se deben ponderar a efectos de verificar o no la capacidad de pago del tributo.
Mientras respondía la DIAN, el Ministerio de Justicia, con fecha 31 de mayo de 2016, conceptúa sobre la vigencia de la norma, donde señaló que los numerales 31 y 33 del artículo 530 del Estatuto Tributario, no han sido derogados en forma expresa por el Legislador, ni han sido declarados inexequibles por la Corte Constitucional.
El 17 de junio de 2016, la DIAN responde a la solicitud de la Oficina Asesora Jurídica Interna de la Cancillería, remitiéndose a conceptos anteriores.
El 5 de julio del mismo año, esa Oficina Asesora Jurídica remitió el concepto dado por la DIAN a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, y puso en 
conocimiento la respuesta que en otra ocasión, la misma DIAN había respondido a un ciudadano, en la que señalaba que para la residencia debía tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 10 del Estatuto Tributario, mediante un certificado de residencia fiscal o con un documento equivalente expedido por el país del cual fuera residente.  Indicaba también que para la prueba de las actividades, el solicitante podía utilizar todos los medios probatorios idóneos establecidos en la ley, que le permitieran demostrar la congruencia de los mismos, con los hechos objeto de comprobación.
El 24 de julio de 2016, la DIAN emitió un nuevo concepto donde amplió las definiciones solicitadas respecto de “obrero”, “trabajador manual” y “trabajador doméstico”. Además, sobre el concepto de residente, se remitió a la definición de la RAE: “se aplica al funcionario que debe vivir en el mismo sitio donde tiene el empleo”. Señala expresamente que “el concepto de residente no debe confundirse con el de residencia para efectos tributarios de que trata el artículo 10 del ET”.
Una vez analizados los diferentes conceptos emitidos por la DIAN, la Cancillería colombiana consideró que persistían vacíos que imposibilitaban la aplicación del numeral 33 del Art. 530 del Estatuto Tributario, específicamente en lo relativo a la definición de residencia, la cual fue excluyente o contradictoria en las comunicaciones emitidas por esa Entidad.
“Al respecto, es importante resaltar que los Cónsules de Colombia no cuentan con la experticia técnica necesaria, para realizar la valoración probatoria exigida en el caso de las exenciones tributarias, máxime si se tiene en cuenta que la interpretación de la norma debe darse de manera restrictiva y que no se cuenta con los elementos necesarios para tal efecto”, nos dijo Cancillería.
En atención a ello, el 19 de julio de 2016, Cancillería dirigió nueva comunicación a la DIAN, donde se pusieron de presente las dificultades en la implementación de las exenciones y solicitó realizar una reunión, llevada a cabo el 8 agosto de 2016.
Después de reevaluada la situación por parte de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano en busca de alternativas que permitieran lograr una aplicación efectiva de la norma, se intentó nuevamente comunicación con la DIAN, y se solicitó formalmente una nueva reunión, mediante oficio SDIMCS-17-005258 de 18 de enero de 2017, la cual se adelantó en la sede de dicha entidad el pasado 8 de febrero, en donde se estableció la necesidad de conformar mesas de trabajo para desarrollar la reglamentación, mediante decreto, y, de esa manera, operativizar el beneficio.
Termina Cancillería por decirnos que hasta tanto dicha reglamentación no tenga lugar, no puede procederse a emitir instrucciones a los consulados que eventualmente estarían llamados a aplicarla; lo que indica que el Impuesto de Timbre Nacional en los pasaportes de nuestros compatriotas en Venezuela, Ecuador y Panamá, que laboran como “Obreros”, “trabajador manuales y del Agro” y “trabajadores domésticos”, se seguirá cobrando, a pesar que desde el año 1989, el Estatuto Tributario los exonera de este.
Ante esta situación, desde el mes de Mayo del año en curso, &#8220;COLEXRET&#8221; interpuso una &#8220;Acción de Cumplimiento&#8221; ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de hacer valer lo descrito en el Numeral 33 del Art. 530 del Estatuto Tributario, y después de ires y venires, esa Corporación nos niega en definitiva la petición, con el argumento de que la norma no establece propiamente una orden, sino que simplemente habla de una exoneración del Impuesto de Timbre Nacional; y por tal motivo, ni el Ministerio de Relaciones Exteriores, ni el de Hacienda, estaban incumpliendo un mandato jurídico.
Ante este último fallo, y respetuosos de la Justicia, &#8220;COLEXRET&#8221; ha procedido a oficiar tanto a la Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Hacienda, y al Congreso de la República, para que de una vez por todas coadyuven en la resolución de este &#8220;entuerto&#8221;, pues es inaudito que después de VEINTIOCHO (28) AÑOS de estar infringiendo la ley, mediante el cobro de un impuesto indebido, y con todas las denuncias y presión que se ha ejercido, ninguna de estas Instituciones tenga la solución a la mano.  O mejor, si la tienen, pues de acuerdo a lo aquí narrado, se debe proceder a la reglamentación de la norma jurídica, para entrar a su ejecución, pero desde el mes de Febrero del presente, tanto Cancillería como Hacienda intentan &#8220;sentarse&#8221; a realizarlo, y al día de hoy no hemos sabido se haya hecho.
Mientras que todo esto sucede, los colombianos en Venezuela, Ecuador y Panamá, seguirán siendo víctimas de este &#8220;robo simulado&#8221;, tanto por parte de la Cancillería colombiana, como del Ministerio de Hacienda, pues según la información, hasta tanto no se reglamente el Numeral 33 del Art. 530, del Estatuto Tributario, no es posible proceder a tal efecto.
Algo que nos hemos preguntado constantemente durante toda esta historia, es, cómo es posible qué después de VEINTIOCHO (28) AÑOS, la Cancillería colombiana viene a conocer, y eso porque desde &#8220;COLEXRET&#8221; se lo informamos, que nuestros compatriotas en Venezuela, Ecuador y Panamá estaban exentos del pago de dicho tributo?.
Lo peor es que una vez puesto en conocimiento del Ente encargado de la expedición de pasaportes, salga con que la solución es reglamentar la normativa, y mucho peor que no se haya llevado a cabo después de DIEZ (10) MESES de comunicado.
Desde &#8220;COLEXRET&#8221; seguiremos presionando, tanto a la Cancillería colombiana, como al Ministerio de Hacienda, para que proceda a la reglamentación del Numeral 33, Art. 530 del Estatuto Tributario, y asi poder dar aplicación a la exoneración del Impuesto de Timbre Nacional a los compatriotas y en los países que establece la norma.
Enlaces relacionados con esta publicación:
<a href="http://cloud.colexret.com/index.php/s/bV7nGnvtle6nXjS">&#8220;Estatuto Tributario (Numeral 33, Art. 530)&#8221;</a>
<a href="https://www.colexret.com/2017/03/11/se-ha-cobrado-indebidamente-impuesto-timbre-nacional-28-anos-lo-siguen-cobrando/">https://www.colexret.com/2017/03/11/se-ha-cobrado-indebidamente-impuesto-timbre-nacional-28-anos-lo-siguen-cobrando/</a>
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<a href="https://www.colexret.com/2017/10/06/tendremos-aguantar-otros-28-anos/">https://www.colexret.com/2017/10/06/tendremos-aguantar-otros-28-anos/</a>

Historia de un robo simulado

Desde que en el año 1989 el Gobierno Nacional exoneró a la mayoría de los colombianos residentes en Venezuela, Ecuador y Panamá, del pago del Impuesto de Timbre Nacional en sus pasaportes, nuestra Cancillería ha hecho caso omiso a esa exoneración, y desde hace VEINTIOCHO (28) AÑOS ha venido cobrando un impuesto sin tener competencia para ello.
Desde el año 2015, &#8220;COLEXRET&#8221; dio a conocer a nuestra Cancillería lo establecido en el <a href="http://cloud.colexret.com/index.php/s/bV7nGnvtle6nXjS">Art. 530, Literal 33, del Decreto 624 del 30 de Marzo de 1989</a>, conocido como el Estatuto Tributario, en donde se establece que están exentos del Impuesto de Timbre Nacional, &#8220;Los pasaportes de trabajadores manuales, esto es, de obreros, choferes, agricultores asalariados y personas que presten servicio doméstico, residentes en Venezuela, Ecuador y Panamá&#8221;.
Desde ese entonces hemos venido exigiendo a esa Entidad que informe a los respectivos Consulados de la susodicha norma, para que no sigan realizando ese cobro a los ciudadanos de que habla la misma, y sin embargo, como suele hacerlo siempre, con evasivas y enredos tramitológicoburocráticos se ha desentendido, y al día de hoy se sigue efectuando ese cobro ilegal.
Al finalizar esta nota, encontrarán unos link donde podrán conocer todo esta historia desde su inicio, y cómo ahora la propia justicia a establecido que NO; que la Cancillería no ha desobedecido ninguna normativa.
Vuelve Cancillería a esgrimir ante la justicia lo que siempre ha argumentado, y es que: &#8220;&#8230;no hay legitimación en la causa por pasiva por cuanto la norma no tiene reglamentación que estipule o consagre las características y requisitos que deben reunir los beneficiarios, indicando que según lo dispuso la Corte Constitucional, los Ministerios desarrollan funciones previamente determinadas en la legislación y el el Reglamento, por lo que se debe expedir un Decreto Reglamentario en donde se indique el hecho generador, los requisitos de la exoneración y los sujetos sobre quien recae&#8221;
A continuación transcribiremos los apartes mas importante de la <a href="http://cloud.colexret.com/index.php/s/l8wiXEeuommdp5P">Sentencia 2500023410002017-01359-00, emitida el pasado 25 de Sep. por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera &#8211; Subsección A, con Ponencia del Magistrado Felipe Alirio Solarte Maya,</a> en donde NIEGA la demanda presentada contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la &#8220;Acción de Cumplimiento&#8221;:
&#8220;&#8230;conforme a los parámetros señalados anteriormente sobre la acción de cumplimiento, debe la Sala establecer si la normativa de la cual se pide ordenar su cumplimiento, contiene una obligación clara, expresa y actualmente exigible al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Entonces, en el presente asunto, al estudiar el contenido de la norma, esta Corporación no encuentra que en el artículo reclamado como incumplido haya una obligación clara, expresa y actualmente exigible al demandado.
En principio, se observa que la norma estableció que &#8220;Los pasaportes de trabajadores manuales, esto es, de obreros, choferes, agricultores asalariados y personas que preseten servicio doméstico, residentes en Venezuela, Ecuador y Panamá&#8221;, estarán exentos del impuesto de timbre, pero la norma no prevé que sea el Ministerio de Relaciones Exteriores el que va a entrar a regular la materia, o quien estará a cargo de la aplicación de la disposición o quien tenga la facultad de seleccionar a los beneficiarios de la excepción, sin perjuicio de sus funciones consagradas en el Decreto 869 de 2016 de formular, planear, coordinar, ejecutar y evaluar la política exterior de Colombia, las relaciones internacionales y administrar el servicio exterior de la República.
A pesar de la anterior afirmación, no es posible declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva ya que partiendo de lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 393 de 1997, la acción se dirigirá contra la autoridad a la que corresponda el cumplimiento de la norma con fuerza material de ley o el acto administrativo, lo cual resulta suficiente para establecer que el Ministerio puede comparecer al proceso en calidad de demandado.
&#8230;&#8230;Sin embargo, en lo que respecta al caso en concreto, la Sala no puede desconocer que la norma no contiene una orden que sea de manera automática una obligación clara y exigible para la entidad demandada por lo que se puede afirmar que no hay certeza en cuanto a la existencia del deber jurídico y por tanto no se puede imputar un incumplimiento al Ministerio accionado, hecho que lleva al convencimiento de que en el asunto de la referencia, las pretensiones serán negadas&#8221;.
Resumiendo:
1°. Desde el año 1989, el <a href="http://cloud.colexret.com/index.php/s/bV7nGnvtle6nXjS">Estatuto Tributario en el Literal 33 de su Art. 530</a>, establece que están exonerados de pagar el Impuesto de Timbre Nacional en sus pasaportes, &#8220;trabajadores manuales, esto es, de obreros, choferes, agricultores asalariados y personas que presten servicio doméstico, residentes en Venezuela, Ecuador y Panamá&#8221;.
2°. Durante mas de VEINTICHO (28) AÑOS, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha cobrado ese impuesto en el documento y a los compatriotas que señala la norma.
3°. De acuerdo a los archivos de &#8220;COLEXRET&#8221;, solo hasta finales de 2015, cuando lo dimos a conocer, el Ministerio de Relaciones Exteriores se percató de tal acción.
4°. La Cancillería siempre ha argumentado que para poder ejecutar lo que establece la norma, es necesaria una reglamentación de la misma, la cual esta en manos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales &#8220;DIAN&#8221;.
5°. Al instaurar &#8220;COLEXRET&#8221; la respectiva Acción de Cumplimiento, es negada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, aduciendo que la norma no es clara ni exacta para que pueda deducirse que el Ministerio de Relaciones Exteriores la ha incumplido.
Indica lo anterior que efectivamente durante VEINTIOCHO (28) AÑOS se ha venido cobrando un impuesto que la propia ley exonera para unas determinadas poblaciones, y que hasta tanto la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales &#8220;DIAN&#8221; no reglamente la norma que así lo establece, no se puede aplicar.
Desde &#8220;COLEXRET&#8221; seguiremos trabajando para que esa reglamentación se realice cuanto antes, y no tengamos que seguir siendo &#8220;robados&#8221; por el Estado mediante el cobro de un impuesto que él mismo prohíbe cobrar.
Esperamos que la susodicha reglamentación no tarde otros VEINTIOCHO (28) AÑOS.
Enlaces relacionados con este artículo:
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Tendremos que esperar otros 28 años?

“Acción de Cumplimiento” contra Cancillería por incumplimiento de la Ley

Con base en la propuesta que plasmó el Politólogo Javier Urrea Cuellar en su programa de gobierno cuando fué candidato en el año 2014 a la Cámara de Representantes por los colombianos en el exterior, relacionada con la eliminación del Impuesto de Timbre Nacional de los trámites que realizamos los colombianos ante los Consulados en el mundo, incluyendo el pasaporte, la Plataforma <a href="https://www.facebook.com/COLEXRET/">&#8220;Colombianos en el exterior y retornados&#8221;</a> ha venido investigando todo lo relacionado con dicho impuesto, al igual que efectuando una serie de gestiones tendientes a buscar su eliminación.
Dentro de esas gestiones, con radicado S-GCIAC-16-024098 del 10 de Marzo de 2016 se conoció la versión oficial de la Entidad encargada de la expedición de pasaportes colombianos a nivel mundial (Ministerio de Relaciones Exteriores) y asombrosamente responde que &#8220;El Estatuto Tributario contempla el Impuesto de Timbre tanto en el ámbito Nacional como Internacional, para la venta de los servicios que realiza el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, prueba de ello se encuentra establecido en el artículo 525 del Estatuto Tributario&#8221;, con lo cual demuestra un total desconocimiento sobre el tema, puesto que el Art. al que hace referencia fue modificado por el Art. 1° del Decreto 4838 de 2010, y trata exclusivamente sobre el Impuesto de Timbre para actuaciones que se cumplan en el exterior.  E incluso con anterioridad esta misma Institución  respondía que la diferencia en el costo de los pasaportes expedidos en Colombia, con los que se expiden en el exterior a través de los Consulados, se debía precisamente a que en éstos últimos se aplicaba el Impuesto de Timbre Nacional, mientras que en los primeros no.
Pero aparte de ello, los Juristas de Cancillería desconocían también que el <a href="https://1drv.ms/b/s!An8E19XYxHC1pidiqB8SHOdZj8nZ">Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario), en su Título V, Art. 530, Numeral 33</a>, establece que están exentos del Impuesto de Timbre Nacional, “Los pasaportes de trabajadores manuales, esto es, de obreros, choferes, agricultores asalariados y personas que presten servicio doméstico, residentes en Venezuela, Ecuador y Panamá” (Resaltado nuestro).
Cuando indagamos a Cancillería sobre los Medios utilizados por esa Entidad para informar a los ciudadanos de que trata el Art. referido en el parágrafo anterior, sobre la exención del Impuesto de Timbre a que tenían derecho en la expedición de sus pasaportes, responde que &#8220;Sea lo primero reiterar que el Estatuto Tributario, fue debidamente publicado en el Diario Oficial No. 38.756 de 30 de marzo de 1989, en concordancia con el principio de publicidad y de oponibilidad a terceros&#8230;&#8221; (Resaltado fuera de texto).
Respuesta bastante absurda y hasta ridícula, pues cómo en el año 1989 se iba a enterar un colombiano viviendo en Venezuela, Ecuador o Panamá, que esa normativa se había publicado en el tal Diario Oficial, si para esa época a los países de Sudamérica y Centroamérica no había llegado públicamente Internet, y por ende los ciudadanos no podían tener acceso a esa tecnología como para decir que al menos por ese medio se hubieran podido enterar de tal acción?.
Respuestas como las anteriores duelen, y mucho, pues se demuestra que nuestros impuestos se utilizan para pagar a Funcionarios supuestamente profesionales por que ostentan un título de abogados (en el caso que nos ocupa), y no tengan ni idea de las normas vigentes para responder a los ciudadanos sus peticiones con veracidad.  Y aún asi se extrañan del por qué cada día el pueblo pierde mas la credibilidad en nuestras Instituciones.
Conociendo entonces que existía una Norma que exoneraba del pago del Impuesto de Timbre Nacional en sus pasaportes a los colombianos que residieran en Venezuela, Ecuador y Panamá, y que laboraran como obreros, choferes, agricultores asalariados y en el servicio doméstico; y que además por ningún medio oficial y veraz se les había informado de ello; mas la gravedad de que se les  venía cobrando tal impuesto, se le pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores creara los mecanismos necesarios para la devolución de esos dineros a los afectados, por cuanto se trataba del &#8220;cobro indebido&#8221; de un impuesto, pero esa Entidad viendo lo grave del problema, optó por &#8220;lavando las manos&#8221; y le tiró la pelota al Ministerio de Hacienda, enviándole la petición, dizque por competencia.
El Ministerio de Hacienda ha venido eludiendo la respuesta, aduciendo haberla contestado ya, pero en realidad nunca ha llegado a nuestro correo electrónico, y optamos nuevamente por enviarle una nueva petición sobre el tema directamente a esta Entidad, y al día de hoy no se ha recibido respuesta, aunque los términos establecidos por la ley aún no se han vencido.
Conociendo el pensamiento de Cancillería y de Hacienda, les contamos lo que puede suceder:
1° Se creará lo que se denomina un &#8220;conflicto de competencias&#8221; para responder una petición, o lo que es igual, querer eludir responsabilidades entre una y otra entidad sobre el error cometido al realizar el &#8220;cobro indebido&#8221; de un impuesto.  Si se presenta esto, tendrán que enviar la petición a algún Tribunal Administrativo, o al  Concejo de Estado que sobre este tipo de situaciones se pronunció el 22 de Mayo de 2008, así:
&#8220;El derecho de petición previsto en el Artículo 23 de la Constitución Política es un derecho de carácter fundamental y forma parte de las garantías inherentes de toda persona en el Estado Social de Derecho. Es de aplicación inmediata y preferente, tutelable incluso en caso de ser desconocido por las autoridades responsables de su atención (art. 86 C.P.).
La Administración, como las demás autoridades públicas, tiene el deber de servir a la comunidad y de hacer efectivos los derechos constitucionales y legales del ciudadano (Arts. 2 C.P. y 2 C.C.A.). Por ello, su posición frente al derecho de petición no es pasiva o de defensa, sino que se encuentra orientaba por un mandato de colaboración con el administrado, en orden a que éste pueda concretar los derechos que le concede el ordenamiento jurídico.
En esa medida, la garantía del derecho de petición por parte de las autoridades públicas lleva implícitos deberes de facilitación y orientación del ciudadano, tanto en la recepción y trámite de las peticiones, como al momento de responder oportuna, de fondo y eficazmente. Y en el caso de que del derecho de petición dependan otros derechos fundamentales o la protección de personas sujetas a una protección constitucional reforzada -como el caso de los pensionados- las acciones afirmativas de la Administración deberán ser de un nivel todavía mayor.
En este contexto, el artículo 33 del Código Contencioso Administrativo sobre remisión por competencia y definición de competencias administrativas en caso de conflicto entre entidades estatales, adquiere relevancia constitucional en materia de protección y efectividad del derecho de petición, en la medida que impide que las autoridades rechacen o devuelvan las peticiones por razón de competencia o que hagan reenvíos indefinidos de éstas, a expensas del tiempo y expectativas legítimas del peticionario.
En su lugar, la entidad no competente para atender una petición debe remitirla a la autoridad que corresponda, lo que implica que deba revisar: (i) si tiene o no competencia para responder; y (ii) en caso negativo, cuál es la entidad que tiene competencia para ello (concreción del mandato general de colaboración de la Administración). Ambos extremos del análisis, en cuanto necesarios para la protección y eficacia del derecho fundamental de petición, exigen de la respectiva entidad una ponderación seria y razonada como requisito previo a la activación del mecanismo de remisión por competencia.
Y, para que la persona no quede sujeta a una discusión indefinida al interior del propio Estado sobre quién debe atender su petición, lo que también representaría una violación de este derecho fundamental, el artículo 33 del C.C.A. establece que la entidad que recibe de otra una petición por razón de competencia, está obligada o bien a responder oportunamente la petición, o bien a formular de manera inmediata el conflicto negativo de competencias administrativas, en orden a que se defina por los Tribunales Administrativos  o por esta Sala , la autoridad que debe atender la petición .”
En este orden, la entidad que niega su competencia para tramitar una actuación administrativa no sólo debe remitirla a la autoridad competente para ello, sino que le asiste un deber especial de sustentación de esa decisión, de manera que, no tenga duda alguna de que el asunto escapa del ámbito de su competencia; por su parte, la entidad que recibe la actuación por remisión competencial de otra, tiene una carga especial de verificación seria y motivada y ante todo ab initio,  sobre si tiene o no la competencia que se le imputa, pues en caso de no tenerla debe provocar de inmediato el conflicto negativo de competencias administrativas (art.33 C.C.A), para que el asunto sea resuelto sin afectar el derecho del peticionario a una respuesta oportuna, que es un elemento propio del núcleo esencial del derecho de petición.
Por ello, en el contexto de la protección que deben brindar las autoridades administrativas a los derechos fundamentales de los ciudadanos (arts. 2 C.P. y 2º del C.C.A) la no tramitación de los conflictos de competencia administrativa de manera seria y fundada y en las oportunidades previstas en el artículo 33 del Código Contencioso Administrativo, constituye una violación del derecho de petición, que puede comprometer la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos encargados de su tramitación.
Específicamente en estos casos son conductas que violan el derecho de petición, entre otras: (i) devolver la petición al interesado en lugar de remitirla a la autoridad competente; (ii) no provocar el conflicto negativo de competencias cuando la entidad que recibe de otra una actuación tampoco se considera competente para decidir; (iii) demorar injustificadamente la resolución del conflicto de competencias en cualquiera de sus etapas. Esas conductas interfieren indebidamente el derecho del peticionario a obtener una decisión de fondo dentro de las oportunidades legales que se han previsto para ello.
Además, es claro que si la autoridad administrativa considera que no tiene competencia para decidir debe abstenerse de decidir de fondo la actuación, pues en tal caso, lo que llegue a decir sobre el derecho reclamado por el particular no puede tener efecto vinculante ni ser obligatorio para el ciudadano.
En ese sentido, cabe decir que la decisión de declararse incompetente para resolver una actuación administrativa constituye apenas un acto de trámite dentro de la actuación administrativa que sirve para activar los mecanismos previstos en la ley para identificar a la entidad competente y que por lo mismo no tiene la virtualidad de cambiar la posición jurídica del administrado en relación con el derecho que reclama ante la Administración, cuya existencia o no aún está pendiente de resolver&#8221;
2°. Tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el de Hacienda, van a argumentar cualquier cosa, y que según ellos se ajusta jurídicamente, para no devolver esos dineros por el &#8220;cobro indebido&#8221; realizado.
Al respecto COLEXRET conceptúa:
Con el fin de aplicar el Espíritu de Justicia, el legislador incluyó dentro del Estatuto Tributario, el artículo 683, en el que explica que la aplicación de la ley debe estar presidida de ese espíritu de justicia, para evitar que se le exija al contribuyente más de lo que la ley quiso imponerle. Y lo que está claro en el caso que planteo, es que al ciudadano se le ha cobrado un impuesto que no debió haberse cobrado por cuanto asi lo establece la Norma.
“El pago indebido o ilegal se presenta cuando se paga algo que la ley no exige, cuando no hay un sustento legal para dicho pago”. Es el caso exacto del cobro del Impuesto que se ha realizado en los pasaportes de los colombianos en los países contemplados en el <a href="https://1drv.ms/b/s!An8E19XYxHC1pidiqB8SHOdZj8nZ">Numeral 33, Art. 530, del Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario).</a>
Independientemente de los casos tratados en cada sentencia, nuestra Corte Constitucional, habla del pago indebido de un impuesto, así:
(Sentencia C-796/00): “No puede el Estado cobrarle a los contribuyentes tributos por encima de los previstos en la ley vigente, ni siquiera a pretexto de que en el supuesto que ello ocurra resulta ser el producto de un error que no quiso ni buscó, y mucho menos cuando el Estado, como sucede en el caso sub-lite, persigue ese enriquecimiento adoptando una ley que prohíbe la devolución del pago indebido por error”.
(Sentencia C-369/00): “Para la Corporación, el principio de legalidad tributaria, comporta que no puede haber impuesto sin ley que lo establezca, vale decir, que el Congreso, en ejercicio de sus competencias, al elaborar la norma tributaria, está en la obligación de determinar con claridad los elementos de la relación tributaria, esto es, los sujetos, los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas. Por lo tanto, la exigencia del respeto al principio de legalidad, por parte del poder público, implica que el legislador tributario, a través de las disposiciones fiscales, elimine la arbitrariedad en el cobro de impuestos inexistentes o habilite a la administración tributaria para su recaudo”.
De acuerdo a lo anterior, y considerando que se ha realizado el cobro indebido de un impuesto, se tiene que devolver ese dinero a los ciudadanos que estipula el Numeral 33, Art. 530, del Estatuto Tributario, y que desde el año 1989 han obtenido su pasaporte.  La cuestión aquí es que según la ley, la reclamación para el &#8220;cobro indebido&#8221; de un impuesto prescribe a los cinco (5) años.
3° Remotamente puede suceder que entre Cancillería y Hacienda reconozcan el error cometido y accedan de alguna forma a devolver esos dineros, pero para ello primero tienen que investigar el número y a qué ciudadanos de los que exonera  el Numeral 33, Art. 530, del Estatuto Tributario específicamente se les ha cobrado, tarea que yo veo imposible la realicen estas dos Entidades.
Una forma para que sean devueltos estos dineros, es que los ciudadanos afectados se unan y contraten abogado para que entable las acciones judiciales a que haya lugar para ello, con las consecuencias lógicas que eso acarrea el pago de honorarios a dicho profesional del derecho.
Otra forma es que esos ciudadanos afectados nos escriban, a través de la Plataforma en Facebook <a href="https://www.facebook.com/COLEXRET/">&#8220;Colombianos en el exterior y retornados&#8221;</a>, o dejen su comentario en esta Pag. Web al finalizar esta nota, y nosotros les indicaremos qué pruebas deben aportar, para encargarnos de entablar una acción judicial (gratuitamente) y evitar que sus derechos sean vulnerados, y recuperar el dinerito que hasta hoy está mas perdido que &#8220;Adán el día de la madre&#8221;.
De todas formas, y dependiendo de la respuesta del Ministerio de Hacienda especialmente, enviaremos este caso a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría y Defensoría del pueblo, para que se encarguen de investigar y concluir lo que a sus criterios consideren.
Lo que no podemos permitir es que este tipo de actos irresponsables e inmorales se pasen por alto, y los responsables continúen actuando como si no pasara nada.
Para terminar, pedimos a nuestros lectores, y principalmente a los colombianos afectados directamente con esta situación, que no dejen de seguir esta Pag. donde seguiremos publicando los resultados finales sobre este tema.

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