Lo que comenzó como un legítimo derecho de petición terminó convirtiéndose en uno de los episodios judiciales y políticos más delicados relacionados con la Curul Internacional de la Cámara de Representantes.
Si, uno de los más delicados luego del pronunciamiento de la Corte Constitucional colombiana a través de la <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2025/t-149-25.htm">Sentencia T-149 de 2025</a>, en contra de la Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, Carmen Felisa Ramírez Boscán, donde estableció la vulneración a derechos tales como:
<ul>
<li><a href="https://www.colexret.com/politica/asi-vulnero-derecho-a-la-libertad-de-expresion-la-congresista-carmen-ramirez-boscan/">Libertad de expresión,</a></li>
<li><a href="https://www.colexret.com/politica/congresista-carmen-ramirez-boscan-vulnero-derecho-a-la-informacion-publica-corte-constitucional/">Acceso a información pública,</a> y</li>
<li><a href="https://www.colexret.com/politica/congresista-carmen-ramirez-tambien-vulnero-derecho-al-control-politico-corte-constitucional/">Control político.</a></li>
</ul>
<h2>Congresista Carmen Ramírez Boscán, vulneradora de derechos ciudadanos</h2>
Un caso extremadamente delicado, que la responsable no ha tenido aún la delicadeza y respeto ciudadano por salir a explicar públicamente.
Ha callado todo lo relacionado con ello, pero a cambio, se ha centrado en intentar desvirtuar esas acusaciones jurisprudenciales con el hecho de la <a href="https://www.colexret.com/politica/violencia-de-genero-contra-la-mujer-en-politica-sentencia-t-149-2025-corte-constitucional/">«Violencia de género contra la mujer en política»</a>, también establecida en la misma Sentencia de la Corte, contra el denunciante Ricardo Marín Rodríguez.
Ésta última decisión adoptada en el fallo se debió a que el denunciante Marín Rodríguez, utilizó algunos términos y frases contempladas en la Real Academia de la Lengua Española «RAE», y en el argot popular colombiano, contra la denunciada Ramírez Boscán, tales como «inepta», «mediocre», «payasa», o «no sabe nada de migración».
Términos que puestos en consideración de los ciudadanos, se ajustan a la realidad del trabajo desempeñado durante el último cuatrienio por la mencionada Congresista, pero que se deben calificar con otras palabras.
Como complemento, vean aquí, <a href="https://www.colexret.com/editorial/nuestros-politicos-no-son-ladrones-ineptos-mediocres-payasos-falsos-mentirosos-ni-hipocritas/">«Nuestros políticos no son ladrones, ineptos, mediocres, payasos, falsos, mentirosos ni hipócritas».</a>
<a href="https://www.colexret.com/temas/sentencia-t-149-2025/">Recomendamos ingresar aquí, </a>donde podrán  conocer toda la historia al máximo detalle, del fallo constitucional referenciado.
<h2>Congresista Carmen Ramírez Boscán vuelve a ser cuestionada por la justicia.</h2>
Y ya para el caso a tratar hoy, la protagonista es nuevamente Carmen Felisa Ramírez Boscán, Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, cuya actuación terminó siendo dura y reiterativamente cuestionada por la justicia colombiana.
El ciudadano, <a href="https://www.colexret.com/colombianos-invisibles/ricardo-marin-rodriguez-investigador-migracion-colexret-espana-mundo/">investigador y director de COLEXRET, Ricardo Marín Rodríguez</a>, solicitó información pública relacionada, entre otras, con:
<ul>
<li>Actividades legislativas.</li>
<li>Viajes nacionales e internacionales.</li>
<li>Costos asumidos.</li>
<li>Nóminas.</li>
<li>Integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo.</li>
<li>Proyectos presentados.</li>
<li>Gestión frente a los colombianos en el exterior.</li>
</ul>
<a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQCfxNJJEV3fRpC-q8VidJpWAb8ZiRpMxzaqjG3wpsP579E?e=0HS8Zl">Ver aquí Derecho de petición al completo.</a>
<h2>Congresista Carmen Ramírez Boscán entutelada junto con el Congreso.</h2>
Sin embargo, las respuestas dadas por la congresista terminaron desencadenando una acción de tutela <a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQBxtH4xK_hIQZZA5vIwWyr2ARC9Tmom3suZaOiMkP2-rIA?e=wbs8hO">(Ver aquí).</a>
Y fue precisamente la justicia la que emitió algunos de los pronunciamientos más contundentes del caso.
Dice exactamente el Despacho judicial que, «A partir de lo reseñado, es claro que la contestación emitida por la Representante a la Cámara, Carmen Felisa Ramírez Boscán no cumple con los presupuestos de atención integral y precisa de la garantía fundamental de petición. (Resaltado nuestro).
Y el Juzgado lanza un golpe jurídico y justo muy certero, al indicar que: «La respuesta emitida por la funcionarla legislativa es francamente ambigua y ambivalente». (Resaltado fuera de texto).
Justificándolo en que, «de una parte, se limita a indicarle a Ricardo Marín Rodríguez respecto de quienes integran e integraron su unidad de trabajo, así como de establecer que ha estado trabajando en opciones de reforma a las normas que regulan las políticas migratorias del Estado colombiano, sin que se haya establecido ciertamente los proyectos que tiene pendientes por presentar, 
y de la otra, se sustrajo injustificadamente de manifestarse frente a las preguntas inherentes a viajes realizados en el interior y al exterior del país, los costos asumidos por los mismos, así como la individualización de las nóminas pagadas a favor de la congresista.» 

<h3>Pero el reproche judicial fue aún más fuerte. Esto dijo la justicia:</h3>
“En fin, no encuentra el juzgado que se trate de una contestación clara, precisa y coherente, que le permita al demandante conocer con suficiencia la información de interés general a cargo exclusivo de la Representante a la Cámara, Carmen Felisa Ramírez Boscán en tomo a sus funciones legislativas.” (Resaltado nuestro).
Estas afirmaciones no son simples observaciones administrativas, son cuestionamientos constitucionales directos frente a la conducta de una congresista de la República.
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<h2>Congresista Carmen Ramírez Boscán responde de forma antitécnica y farragosa.</h2>
Expresa además el Fallo en Primera Instancia, <a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQCj04QfcQSXRqsIaKLxueH7AYdpj3KP69NO6sdobP2j8FA?e=NCxSdR">que pueden ver aquí,</a> que:
«Lógicamente, lo censurado por el juzgado es la manera, tan antitécnica y farragosa con la cual la ciudadana accionada abordó el caso, brindándole al actor información insustancial y, se insiste, sumamente difusa». (Resaltado fuera de texto).
Agrega el Despacho judicial que, «Ante ese panorama, resulta pertinente traer a colación lo sostenido por el máximo órgano de la jurisdicción constitucional en la Sentencia T-230 de 2020: 

Otro componente del núcleo esencial supone que la contestación á los derechos de petición debe observar ciertas condiciones para que sea constitucionalmente válida. 
Al respecto, esta Corporación ha señalado que la respuesta de la autoridad debe ser: 
<ul>
<li>«(i) clara, esto es. Inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión;</li>
<li>(ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas; </li>
<li>(iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y además.</li>
<li>(iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente».</li>
</ul>
<a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQCj04QfcQSXRqsIaKLxueH7AYdpj3KP69NO6sdobP2j8FA?e=UkZFBg">El Fallo 11001-31-87-006-2026-00026-00, del 19 de los corrientes</a>, emanado por el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, bajo la dirección del H. Juez 
César Acosta García, creemos, dio por terminada esta situación.
Si, a la Congresista Carmen Ramírez Boscán, no le queda otro camino que responder, tal y como lo ordena el Juzgado, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la sentencia, así:
«Segundo: Sin perjuicio de lo anterior, amparar el derecho fundamental de petición invocado por Ricardo Marín Rodríguez, vulnerado por la Representante a la Cámara, Carmen Felisa Ramírez Boscán. 
En consecuencia, se ordena a la ciudadana Carmen Felisa Ramírez Boscán, en su calidad de Representante a la Cámara que, en el término improrrogable de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la sentencia, resuelva de fondo los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 de la petición radicada por Ricardo Marín Rodríguez.»
<h2>La Corte Constitucional ya había advertido sobre respuestas evasivas</h2>
El juzgado fundamentó su decisión en la <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/t-230-20.htm">Sentencia T-230 de 2020</a> de la Corte Constitucional.
En esa providencia, la Corte dejó claro que las respuestas a derechos de petición deben ser claras, precisas, congruentes, y consecuentes.
Además, advirtió que las autoridades no pueden recurrir a, “fórmulas evasivas o elusivas”.
Precisamente, eso fue lo que el juez encontró en las respuestas emitidas por Carmen Ramírez Boscán.
<h2>Del derecho de petición a la tutela y el desacato</h2>
El conflicto no terminó con el primer fallo, pues el caso avanzó hacia <a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQAtvVwnXi1-RJhMa5W5PQOBAVQR55EjU4LorraBEWqBBag?e=yR4S7e">procesos de nulidad;</a> discusiones sobre cumplimiento, y <a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQAtvVwnXi1-RJhMa5W5PQOBAVQR55EjU4LorraBEWqBBag?e=yR4S7e">posibles desacatos.</a>
<h2>Debates sobre responsabilidades institucionales.</h2>
Finalmente, una de las decisiones terminó exonerando a la Cámara de Representantes y algunas de sus dependencias, concentrando la responsabilidad directamente en cabeza de la congresista.
Ese detalle tiene enorme relevancia política y jurídica, porque la justicia terminó concluyendo que el deber de respuesta recaía principalmente sobre Carmen Ramírez Boscán.
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<h2>Una curul cada vez más cuestionada</h2>
El caso revive una discusión que desde hace años acompaña a la Circunscripción Internacional:
¿Realmente los colombianos en el exterior están siendo representados?
Diversos sectores han cuestionado entre otras acciones:
<ul>
<li>La baja producción legislativa.</li>
<li>La falta de control político.</li>
<li>El incumplimiento de promesas electorales.</li>
<li>La desconexión frente a la realidad migratoria.</li>
<li>La escasa transparencia.</li>
</ul>
COLEXRET ha venido documentando durante años múltiples problemáticas relacionadas con la representación internacional, y que <a href="https://www.colexret.com/secciones/politica/">pueden verlo aquí en nuestra Sección política.</a>
Allí hemos publicado al detalle el derecho al control político que comenzamos a ejercer desde el año 2010, con Jaime Buenahora Febres.
Al día de hoy seguimos y seguiremos aplicando exactamente igual control y Veeduría ciudadana con la Representación actual de los colombianos en el exterior en esa Corporación, y continuará con quien le recibirá el Sillón a partir del 20 de julio del presente 2026.
Éste nuevo caso con Carmen Felisa Ramírez Boscán terminó convirtiéndose en un símbolo de esa crisis de Representación de los colombianos en el exterior en el Congreso.
<h2>Transparencia y representación democrática</h2>
La gravedad del asunto trasciende lo personal, porque aquí no solamente se discute una respuesta insuficiente. Aquí lo que está en juego, entre otros, es:
<ul>
<li>El derecho ciudadano a controlar políticamente.</li>
<li>El acceso a la información pública.</li>
<li>El respeto a las decisiones judiciales.</li>
<li>La transparencia institucional.</li>
<li>La legitimidad de la representación política.</li>
</ul>
Cuando un ciudadano necesita acudir a tutela para obtener información pública de una congresista, algo claramente está fallando en el sistema democrático.
Y cuando la justicia termina calificando las respuestas como ambiguas, evasivas y carentes de precisión, el problema adquiere dimensiones mucho más profundas.
<h2>El mensaje para los colombianos en el exterior</h2>
La Curul Internacional fue creada para representar millones de colombianos que viven fuera del país.
Una población históricamente olvidada y enfrentada a, barreras institucionales, <a href="https://www.colexret.com/secciones/consulados/">problemas consulares,</a> <a href="https://www.colexret.com/politica-migratoria/historia-migracion-colombiana-diaspora-colombianos-exterior/">dificultades migratorias</a>, <a href="https://www.colexret.com/buscar/?s=Reformas">falta de políticas públicas,</a> y en especial, <a href="https://www.colexret.com/editorial/colombia-un-estado-de-derecho-excluyente-con-los-colombianos-en-el-exterior/">ausencia de protección estatal.</a>
Todo eso y mucho más sobre otros temas relacionados, lo plasmó <a href="https://www.colexret.com/colombianos-invisibles/ricardo-marin-rodriguez-investigador-migracion-colexret-espana-mundo/">Ricardo Marín Rodríguez</a> y Lucy Torres, en su obra <a href="https://www.amazon.es/Colombianos-Invisibles-Gesti%C3%B3n-Migratoria-Inexistente/dp/B085D8742S">«Gestión Migratoria Inexistente &#8211; Colombianos Invisibles».</a>
La transparencia y la rendición de cuentas deberían ser pilares fundamentales de esa representación en el Congreso.
Sin embargo, el caso judicial contra Carmen Ramírez Boscán deja una pregunta inevitable:
¿Está cumpliendo realmente la Curul Internacional el propósito para el cual fue creada?
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<h2>Una crisis que apenas comienza</h2>
Más allá del desenlace judicial, el caso deja una profunda huella política.
Demuestra que el control ciudadano sí puede producir efectos, que la justicia puede intervenir frente a respuestas evasivas, y que los congresistas también están obligados a rendir cuentas.
Pero también deja en evidencia una preocupante realidad:
La enorme distancia existente entre muchos representantes políticos y los ciudadanos que los eligieron.
Y en el caso de los colombianos en el exterior, esa distancia parece crecer cada vez más.
Fuentes: 
<ul>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQCfxNJJEV3fRpC-q8VidJpWAb8ZiRpMxzaqjG3wpsP579E?e=76jfJx">Derecho de petición</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQBxtH4xK_hIQZZA5vIwWyr2ARC9Tmom3suZaOiMkP2-rIA?e=hntcMg">Acción de tutela</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQA15oW8djR2TLWJdhzNjYcmAd6GVmPPc4HJOuC772mapSQ?e=8dbtfV">Primer fallo en Primera Instancia</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQAtvVwnXi1-RJhMa5W5PQOBAVQR55EjU4LorraBEWqBBag?e=bbRSHG">Fallo en Segunda Instancia decretando nulidad</a></li>
<li><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQCj04QfcQSXRqsIaKLxueH7AYdpj3KP69NO6sdobP2j8FA?e=cmhqLd">Nuevo fallo en Primera Instancia</a></li>
<li>Jurisprudencia Corte Constitucional transcrita.</li>
</ul>

Fallo de la justicia contra Congresista Carmen Ramírez Boscán

Justicia golpea a Carmen Ramírez Boscán por respuestas farragosas, ambiguas, evasivas, difusas y antitécnicas.

El 30 de abril de 2025, a través de la Sentencia T-149, la Corte Constitucional se pronunció frente a la demanda interpuesta por Ricardo Marín Rodríguez, creador y director de esta Casa informativa, contra la Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior Carmen Ramírez Boscán.
Para entender mejor esta historia, recomendamos leer hasta el final este artículo y conocer cómo «El bloqueo parcial en redes sociales también es censura y vulnera derechos: Corte Constitucional.
<h2>El caso Ricardo Marín Rodríguez Vs. Congresista Carmen Ramírez Boscán.</h2>
Los motivos de la denuncia interpuesta inicialmente a través de una Acción de tutela, obedecieron a que la referida Congresista bloqueó totalmente de sus espacios en redes sociales al demandante Marín Rodríguez y a la plataforma COLEXRET, vulnerando con ello sus derechos al «Control político». «Acceso a información pública», «Veeduría y control ciudadano», y «Libertad de pensamiento y expresión».
Aparte de declarar la C. Constitucional que efectivamente esos derechos fueron vulnerados por la demandada Congresista Ramírez Boscán, y le ordena desbloquear a Ricardo Marín y a COLEXRET, también trató el tema de la «Violencia de género contra la mujer en política», atribuyéndoselo al denunciante Marín Rodríguez.
Sobre ese tema, la Alta corporación señaló que Marín utilizó términos o expresiones que generaban tal acción, y por ello le concedió a Carmen Ramírez la oportunidad de que ese bloqueo fuera «parcial», es decir, que el denunciante podía ver lo que ella publicaba en sus espacios, pero no podía participar ni interactuar sobre ello.
COLEXRET con su director Ricardo Marín Rodríguez al frente, en varias publicaciones cuyo enlace adjuntaremos al finalizar, nos hemos pronunciado al máximo detalle sobre todo el contenido de la Sentencia T-149/2025, desglosando cada uno de los derechos vulnerados por la Congresista Ramírez Boscán, e incluso tratando en profundidad el caso de «Violencia de género contra la mujer en política».
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<h2>Falsas aseveraciones.</h2>
Por su parte, la vulneradora de derechos a la «Libertad de expresión», «Control político», «Participación ciudadana», y «Acceso a la información pública, (lo dijo la Corte), la Representante Carmen Ramírez Boscán,  solo se ha dedicado en foros, reuniones públicas y privadas, e incluso en el Congreso, a hacer ver al denunciante como maltratador de mujeres, extendiendo malevamente el caso exclusivo de ella al resto de las mujeres.
Además lo utilizó como «Caballito de batalla» en la pasada contienda electoral donde fue bien y justamente derrotada en las urnas y tendrá que dejar el cargo de Congresista el próximo 20 de julio.
«El pretender hacer ver a Ricardo Marín Rodríguez como un maltratador de mujeres, es una gran falsedad, pues nada tiene que ver la «Violencia de género en política», léanlo bien por favor, ¡en política», con el maltratar a las mujeres, algo que ni Marín Rodríguez ni COLEXRET han hecho jamás.
Llevada al parecer por un sentimiento de odio y venganza, dado el férreo control político que Ricardo Marín Rodríguez le ha hecho desde su posesión como Congresista por la Circunscripción Internacional, más el certero golpe judicial que le propinó a través de la decisión de la Corte Constitucional, la Congresista Ramírez, pregona que el mencionado es un «violentador de mujeres».
Esa es una aseveración igualmente falsa, ya que el máximo ente judicial colombiano, hizo referencia exclusiva a los hechos presentados entre «Marín Rodríguez y Ramírez Boscán».
La Corte en ningún momento dijo en el fallo que Ricardo Marín Rodríguez ni COLEXRET eran «maltratadores de mujeres».  Y cuando habló sobre la «Violencia de género contra la mujer en política», se refirió fue al caso explícito acaecido entre ellos dos.
Reiteramos, la Corte Constitucional Colombiana, únicamente estableció «Violencia de género contra la mujer en política», por parte de Ricardo Marín Rodríguez, en el caso de Carmen Ramírez Boscán, y exclusivamente por utilizar en sus escritos términos y expresiones que a pesar de hacer parte del argot popular, y establecidas en la Real Academia de la Lengua Española «RAE», generan eso, «violencia de género en política».
Lo que no se le ha visto ni escuchado a la Sra. Congresista Carmen Ramírez Boscán, es pronunciarse acerca del fallo de la Corte en su contra. No ha tenido el valor de dar la cara y reconocer que SI vulneró derechos fundamentales y constitucionales.
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<h2>Erróneas interpretaciones de la Sentencia T-149 de 2025.</h2>
El caso sucedido y que ya es jurisprudencia, viene siendo interpretado erróneamente por algunos funcionarios, entre ellos Congresistas, ejerciendo un bloqueo, si no total, si parcial en sus perfiles de redes sociales contra algunos ciudadanos, lo cual contraviene lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-149 de 2025, entre otras anteriores. Veamos:
En el ecosistema digital de hoy, el botón de «bloquear» o la restricción de comentarios se han convertido en el refugio de muchos funcionarios públicos para silenciar la crítica. Sin embargo, la Sentencia T-149 de 2025 de la Corte Constitucional colombiana ha trazado una línea roja:
«La censura digital, ya sea mediante un bloqueo total o un bloqueo parcial, es, por regla general, inconstitucional».
<h2>El mito del bloqueo parcial como «punto medio»</h2>
Muchos legisladores y gobernantes creen que, mientras el ciudadano pueda «ver» sus publicaciones, restringirle la capacidad de comentar, etiquetar o interactuar (bloqueo parcial) es una facultad legítima, pero la jurisprudencia ha dicho lo contrario.
La Corte Constitucional ha dejado claro que la interacción es la esencia del foro público. En la Sentencia T-124 de 2021, el tribunal ya advertía que:
«La libertad de expresión en el entorno digital no se agota con la posibilidad de recibir información, sino que incluye el derecho a participar activamente en el debate que se genera en torno a ella.
Por lo tanto, impedir que un ciudadano responda o cuestione una publicación oficial mediante restricciones técnicas (bloqueo parcial) es una fragmentación del derecho fundamental que la Constitución no permite de forma arbitraria».
<h2>¿Por qué el bloqueo parcial también es inconstitucional?</h2>
El bloqueo parcial es inconstitucional porque constituye una «restricción selectiva del discurso». De acuerdo con el análisis minucioso de la Sentencia T-149 de 2025, cuando un funcionario limita la interacción de un usuario específico, está creando una discriminación en el acceso al debate público.
La Corte señala que:
«El bloqueo de usuarios de redes sociales por parte de servidores públicos que utilizan estas plataformas para informar sobre su gestión vulnera los derechos a la libertad de expresión, acceso a información pública y participación política».
Esta vulneración ocurre incluso si es parcial, porque el ciudadano queda en una situación de inferioridad frente al resto de la audiencia, perdiendo su capacidad de ejercer el control político en tiempo real, una característica vital de la democracia digital.
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<h2>La Sentencia T-149 de 2025: Un caso excepcional, no un cheque en blanco</h2>
Como lo manifestamos al comienzo, y que es imperativo aclarar, es el punto que los funcionarios están queriendo malinterpretar: el bloqueo parcial autorizado a la congresista Carmen Ramírez Boscán contra el ciudadano Ricardo Marín Rodríguez. En dicho fallo, la Corte permitió una restricción técnica exclusivamente porque se probaron acciones que desbordaron el debate público.
Sin embargo, la Corte fue enfática en que el bloqueo no puede ser la norma. Literalmente, la sentencia advierte:
«El bloqueo total constituye una medida de restricción permanente, sin límite y excesiva».
Y añade un estándar riguroso para cualquier tipo de limitación: el juicio estricto de proporcionalidad. Esto significa que, si un funcionario desea bloquear parcial o totalmente a un ciudadano, no basta con que se sienta «ofendido» o «incómodo». Debe existir una prueba irrefutable de un daño o agresión que supere el «deber de mayor tolerancia» al que están obligados por ley. Sin esa prueba, cualquier restricción es un acto de censura.
<h2>Jurisprudencia literal: El sustento de tu derecho</h2>
Para que ningún gobernante pueda engañarte, aquí están los apartes literales de los fallos que protegen tu voz:
<h3>Sobre la función pública de la cuenta (Sentencia T-155 de 2019):</h3>
«Cuando un servidor público utiliza una red social para asuntos relacionados con su cargo, la cuenta pierde su carácter estrictamente privado y se convierte en un canal de información pública que debe estar abierto al escrutinio ciudadano».
<h3>Sobre la prohibición de censura previa (Sentencia T-149 de 2025):</h3>
«Mantener una medida de bloqueo se configura como un mecanismo de censura previa, en la medida en la que se imposibilita cualquier tipo de interacción a futuro sobre asuntos que tienen protección constitucional».
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<h3>Sobre el control político (Sentencia T-124 de 2021):</h3>
«El bloqueo en redes sociales de un funcionario público impide el ejercicio de la veeduría ciudadana y el control político, elementos esenciales del Estado Social de Derecho».
En conclusión, el bloqueo parcial no es una «atenuación» de la censura; es censura aplicada a cuentagotas. 
La Sentencia T-149 de 2025 es una herramienta de empoderamiento, pues nos dice que el funcionario debe convivir con el disenso.
Si te han bloqueado la capacidad de comentar o interactuar bajo la excusa de este fallo, recuerda: la excepción aplicada en el caso Ramírez Boscán fue por hechos probados de incidentes delicados personales y no autoriza a los demás políticos a silenciar las críticas legítimas sobre su gestión.
Las redes sociales de los gobernantes son plazas públicas. Nadie tiene derecho a ponerle un bozal digital a tu derecho a cuestionar el poder.
Muy pronto conocerán un nuevo fallo sobre este tema, gracias a una nueva denuncia, a través de tutela, que presentó Ricardo Marín Rodríguez, contra un Congresista que sin haberse posesionado en el cargo, ya comienza a dar muestras de que seguirá el camino de su antecesora a partir del 20 de julio de 2026, Carmen Ramírez Boscán.
Pero COLEXRET, al igual que lo ha hecho con los anteriores cuatro (4) Representantes a la Cámara que han tenido los colombianos en el exterior desde el 2010, en cabeza de nuestro director Ricardo Marín Rodríguez, seguirá ejerciendo control político permanente ante el Congresista por la Circunscripción Internacional, sea quien sea.
Si deseas conocer más al detalle esta interesante historia en favor de tus derechos y de la democracia, te invitamos a ingresar al siguiente enlace donde encontrarás todas las publicaciones lanzadas sobre el tema.
<h3 style="text-align: center;"><a href="https://www.colexret.com/temas/sentencia-t-149-2025/">Publicaciones relacionadas con la Sentencia T-149 
del 30 de abril de 2025.</a></h3>

Bloqueo en Redes sociales y la Corte Constitucional Colombiana.

El bloqueo parcial en redes sociales también es censura y vulnera derechos: Corte Constitucional

Cuando pusimos en consideración este artículo ante el Departamento editorial de COLEXRET, llovieron infinidad de propuestas para su título, y el elegido fue, «Colombianos en el exterior: una ciudadanía que depende de los jueces para ser protegida», pues es el que mejor resumen esta situación, y que invitamos leer hasta el final para entenderla mejor.
Colombia cuenta con una de las diásporas más grandes de América Latina. Sin embargo, el vínculo jurídico entre el Estado y sus ciudadanos fuera de las fronteras ha sido históricamente, un terreno de promesas legislativas y carencias ejecutivas. En los últimos años, han sido las Altas Cortes (Corte Constitucional y Consejo de Estado) las encargadas de llenar los vacíos de la Política Integral Migratoria (PIM).
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<h2>El Derecho a la Repatriación y la Dignidad Humana.</h2>
COLEXRET ha tratado en anteriores artículos un punto más que sensible: el manejo de los restos mortales de colombianos fallecidos en el extranjero. La <a class="external-link" href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2025/T-498-25.htm" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">Sentencia T-498 del 10 de diciembre de 2025</a> emanada por la Corte Constitucional marcó un hito al reiterar que la asistencia consular no es una facultad discrecional absoluta, sino un deber cuando está en juego el principio de dignidad humana y el duelo de las familias vulnerables.
Así lo expresó nuestra Corte Constitucional en la mencionada sentencia,
«El Ministerio de Relaciones Exteriores no puede limitar su actuación a una simple asesoría administrativa cuando el núcleo familiar del connacional demuestra carencia de recursos. La protección del Estado se extiende más allá de las fronteras, debiendo activar mecanismos de repatriación bajo criterios de solidaridad y enfoque diferencial.»
Dentro de un análisis crítico, este pronunciamiento evidencia que la <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=168067">Ley 2136 de 2021 (Política Integral Migratoria)</a> sigue siendo insuficiente en su reglamentación presupuestal, pues mientras que la ley habla de «gestión», la Corte habla de «obligación». Existe una desconexión entre la capacidad operativa de los consulados y las expectativas de derechos fundamentales de los ciudadanos.
<h2>El Vínculo con la Nacionalidad y la Unidad Familiar.</h2>
La jurisprudencia también ha evolucionado en la protección de los hijos de colombianos nacidos en el exterior y en tránsito. La <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2024/t-166-24.htm">Sentencia T-166 de 2024</a>, aunque enfocada en población migrante en Colombia, ha sentado las bases sobre el derecho a la personalidad jurídica y la unidad familiar, aplicable por analogía a los colombianos en situaciones de irregularidad en el exterior.
La Corte ha señalado que el Estado colombiano debe garantizar que sus consulados sean «puertos seguros» para la regularización documental, evitando que la burocracia convierta al nacional en un apátrida de facto.
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<h2>Carrera Diplomática y Justicia Administrativa.</h2>
Por su parte, el Consejo de Estado ha sido enfático en la profesionalización del servicio exterior. En recientes fallos sobre la nulidad de nombramientos «en provisionalidad» de cargos consulares, el Tribunal ha protegido el derecho de los colombianos en el exterior a ser atendidos por personal idóneo.
Como apartado clave indicó la Sección Quinta del Consejo de Estado, que. «La eficacia de los derechos de los nacionales en el extranjero depende directamente de la idoneidad del cuerpo diplomático. El mérito en la Carrera Diplomática y Consular no es solo una norma administrativa, sino una garantía para el ciudadano de que su representación estatal cumple con estándares de profesionalismo y legalidad.» 
Como análisis jurídico propositivo, hacia una Política Migratoria Real, actualmente, la situación de los colombianos en el exterior se encuentra en una «paradoja de protección». Por un lado, tenemos una de las legislaciones más modernas de la región <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2024/t-166-24.htm">(Ley 2136/2021);</a> por otro, una implementación que depende casi exclusivamente de la acción de tutela.
<h2>Desafíos Actuales frente a la Política Migratoria Colombiana.</h2>
<h3>Falta de Enfoque Diferencial:</h3>
La PIM aún no diferencia claramente entre el migrante por motivos económicos, el exiliado político y el colombiano retornado.
<h3>Barreras Presupuestales:</h3>
Los Fondos de Solidaridad para connacionales son limitados y su acceso está plagado de requisitos que ignoran la realidad de la precariedad en el extranjero.
<h2>Las Altas Cortes colombianas se han convertido en los verdaderos defensores de la diáspora.</h2>
Tal cual, ante la falta de leyes, y una normativa que cobije en realidad a los más de cinco (5) millones de colombianos residentes en el exterior, las Altas Cortes colombianas, aunque no suficientemente, se han convertido en los verdaderos defensores de la diáspora. Sin embargo, la justicia no debería ser el primer recurso, sino el último.
Una Política Migratoria Integral exitosa será aquella que logre que un colombiano en cualquier país del mundo, no necesite una sentencia judicial para que su consulado le tienda la mano.
La situación de los más de cinco (5) millones de colombianos que residen fuera del país ha dejado de ser un tema periférico para convertirse en un eje central de la constitucionalidad. La interacción entre las decisiones de las Altas Cortes y la literatura académica especializada revela que el concepto de «soberanía» está mutando hacia un modelo de protección desterritorializada. Veamos:
1. El Mandato de Protección y la Doctrina Especializada. Libros como «Derecho Migratorio Colombiano» de diversos autores académicos, «Gestión Migratoria Inexistente &#8211; Colombianos Invisibles», autoría de Ricardo Marín Rodríguez y Lucy Torres, y tratados sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sostienen que el Estado tiene una «omisión legislativa relativa» cuando no garantiza recursos para la defensa de sus nacionales.
La perspectiva doctrinaria señala que, «El vínculo de la nacionalidad genera un contrato social que no se extingue al cruzar la frontera. El Estado colombiano, bajo el principio de «asistencia consular reforzada», debe actuar no solo como un tramitador de documentos, sino como un garante de derechos ante jurisdicciones extranjeras que pueden ser hostiles.» (Referencia a textos sobre Política Exterior y Derechos Humanos).
Este concepto académico se refleja en la <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2022/t-063-22.htm">Sentencia T-063 de 2022</a>, donde la Corte Constitucional enfatizó:
«La asistencia consular no es un acto de caridad del Gobierno de turno, sino una obligación constitucional derivada del derecho a la igualdad y el deber de protección a los nacionales en situación de indefensión.»
2. El Consejo de Estado y la Eficacia Administrativa. En el libro «La Carrera Diplomática en Colombia: Retos y Realidades», se analiza cómo la politización de los consulados afecta la calidad jurídica de la asistencia. El Consejo de Estado ha recogido esta preocupación en múltiples fallos de nulidad de nombramientos.
Como apartado clave tenemos que, «La profesionalización de la función consular es el presupuesto mínimo para la efectividad de la Política Migratoria Integral. Sin funcionarios de carrera debidamente formados en derecho migratorio local y asistencia humanitaria, la Ley 2136 de 2021 es letra muerta.» Así lo dijo el Consejo de Estado, Sección Quinta.
3. Análisis Crítico: El Abismo entre la Ley y la Práctica. La actual Política Migratoria Integral (PIM), si bien es un avance, padece de lo que la doctrina llama «fetichismo legal»: creer que la creación de la ley soluciona el problema sin asignar presupuestos específicos. Los colombianos en el exterior aportan miles de millones de dólares en remesas (casi el 2.5% del PIB), pero la inversión estatal en su protección jurídica es desproporcionadamente baja.
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<h2>Propuestas para una Política Migratoria Efectiva:</h2>
Para que la situación de los colombianos en el exterior mejore, es necesario transitar de una política de «trámites» a una de «derechos». Aquí se presentan algunas pocas propuestas basadas en el análisis jurídico y académico:
<ul>
<li>Regulación de la Asistencia Jurídica Gratuita: El Estado debe establecer convenios con defensorías públicas extranjeras o clínicas jurídicas universitarias para representar a colombianos en procesos de deportación o vulneración de derechos laborales. O bien, crear un fondo robusto que financie abogados locales en el extranjero para casos de colombianos enfrentando procesos de deportación, discriminación laboral o custodia de menores.</li>
<li>Digitalización Consular Integral: La jurisprudencia pide eliminar barreras geográficas. Es urgente que el 100% de los trámites notariales sean digitales y gratuitos para poblaciones vulnerables.</li>
<li>Fortalecimiento del Retorno: No basta con que el colombiano regrese; se requiere que la «Ley de Retorno» se integre con los sistemas de salud y pensiones de manera automática, validando los aportes realizados en el exterior (Convenios de Seguridad Social), acompañada de un programa que no solo facilite el regreso, sino que ofrezca capital semilla y beneficios tributarios a colombianos que deseen emprender en el país con conocimiento adquirido en el exterior.</li>
<li>Defensoría del Pueblo Transnacional: Establecer delegados de la Defensoría del Pueblo en los consulados con mayor flujo migratorio, con autonomía del Ministerio de Relaciones Exteriores para vigilar la gestión consular.</li>
<li>Seguridad Social Sin Fronteras: Implementar más tratados bilaterales de «totalización de aportes» para que el tiempo laborado en el exterior cuente para la pensión en Colombia y viceversa, sin trámites onerosos.</li>
<li>Convalidación Automática de Títulos: Crear una plataforma de homologación ágil y gratuita para los colombianos que retornan o que necesitan certificar sus estudios colombianos fuera, eliminando los costos excesivos de apostilla y traducción.</li>
<li>Salud Mental para la Diáspora: Servicios de telemedicina psicológica especializados en el duelo migratorio y el choque cultural, financiados por el Estado.</li>
<li>Protocolo de Repatriación de Emergencia: Establecer criterios claros y presupuestos fijos para la repatriación de cuerpos o de personas en situación de calle en el extranjero, sin necesidad de interponer tutelas.</li>
<li>Ventanilla Única Migratoria Digital: Una aplicación móvil que integre todos los servicios del Estado (registraduría, DIAN, pensiones, salud) para evitar desplazamientos a consulados lejanos.</li>
<li>Inclusión de la Diáspora en el Plan Nacional de Desarrollo: Que los colombianos en el exterior sean incluidos permanentemente en los diferentes Planes Nacionales de Desarrollo, como sujetos de política pública activa, no solo receptores de asistencia en crisis.</li>
<li>Creación del Fondo Nacional de Migraciones: Con personería jurídica y autonomía propia, a través de este Fondo se recopilarían, incrementándolas, todas las ayudas económicas existentes actualmente, provenientes del presupuesto nacional, donaciones nacionales e internacionales, y recursos propios obtenidos de su funcionamiento, entre otros.</li>
<li>Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones: Total modificación para convertirla en un Organismo independiente ciudadano, con voz y voto ante el Sistema Nacional de Migraciones, con poder inclusivo, decisorio y con incidencia política.</li>
</ul>
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<h2>Concientización de los colombianos en el exterior.</h2>
Todo lo anterior y mucho más deberá ser incluido en una Ley General Migratoria, con base en la ya existente <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=168067">Política Integral Migratoria Colombiana (Ley 2136 de 2021).</a>
Y ya para finalizar, es claro que la jurisprudencia de las Altas Cortes colombianas ha dado el primer paso, reconocer que los colombianos no pierden sus derechos al salir del territorio nacional. La doctrina académica ha dado el segundo, estructurar la teoría de la ciudadanía transnacional; y el tercer paso le corresponde al legislativo y al ejecutivo, convertir estas propuestas en una realidad palpable que honre el aporte y la dignidad de quienes llevan a Colombia en su pasaporte y en su corazón.
Pero, quizá el paso más importante es la concientización de los colombianos, principalmente quienes residen fuera del territorio nacional, de exigir sus derechos a través de la Veeduría ciudadana, y ejercer su derecho al voto para poder ser visibles ante el Sistema Socio-político de Colombia.

Corte Constitucional colombiana y los colombianos en el exterior

Colombianos en el exterior: una ciudadanía que depende de los jueces para ser protegida.

<h2>El camino legal para la repatriación de colombianos.</h2>
Para comprender el contexto legal de este procedimiento, recomendamos leer nuestro análisis previo: <a href="https://www.colexret.com/politica-migratoria/sentencia-t-498-2025-repatriacion-cuerpos-colombianos-exterior-precedente/">«Sentencia constitucional obliga a Cancillería a repatriar cuerpos de colombianos fallecidos en el exterior», disponible aquí.</a> En dicho texto detallamos la base jurídica que obliga al Estado a intervenir por razones de pobreza o causas humanitarias, y sufragar el costo que acarree la repatriación del cuerpo de un connacional fallecido fuera del territorio nacional.
Leyendo hasta el final este artículo, conocerán la «Guía práctica de cómo exigir a Cancillería la repatriación del cuerpo de un familiar fallecido en el exterior». Así mismo, al finalizar encontrarán un enlace que los redirigirá a un borrador del formato de la Acción de tutela que se puede instaurar para estos casos.
A continuación, presentamos la ruta de acción recomendada basada en la experiencia jurídica reciente:
<h3>1. El primer paso: Contacto consular.</h3>
Aunque existen diversos canales, lo más efectivo es informar de inmediato al Consulado respectivo. La solicitud de ayuda económica debe ser explícita y fundamentarse en la <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2025/T-498-25.htm">Sentencia T-498 del 10 de diciembre de 2025.</a>
<h3>2. Documentación clave.</h3>
El Consulado solicitará documentos básicos, pero el eje central del proceso es la prueba de insolvencia. Para obtener el apoyo total o parcial, el solicitante debe demostrar:
<ul>
<li>Situación de pobreza extrema o alta vulnerabilidad.</li>
<li>Incapacidad económica para asumir los costos del traslado internacional.</li>
</ul>
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<h2>El factor tiempo y la Acción de Tutela.</h2>
La celeridad es vital en estos casos. Si tras entregar la documentación pasan 72 horas sin una respuesta efectiva por parte de la Cancillería, la vía administrativa se agota en la práctica y se debe pasar a la judicial.
Recomendamos acudir a la Acción de Tutela, solicitando medidas preventivas dentro del recurso. Al invocar la <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2025/T-498-25.htm">Sentencia T-498 de 2025</a>, se busca que un juez ordene de manera inmediata a la Cancillería apersonarse del caso y sufragar los costos de repatriación.
<h2>Objetivo de la tutela.</h2>
El objetivo de la tutela es proteger los derechos fundamentales de las familias en duelo, evitando que el factor económico sea una barrera para la dignidad póstuma.
<h2>Formato de Acción de Tutela.</h2>
Para facilitar este proceso a las familias que atraviesan este difícil momento, hemos elaborado un modelo descargable. Este borrador contiene los argumentos jurídicos necesarios y el espacio para adjuntar sus pruebas de vulnerabilidad.
<h4 style="text-align: center;"><a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/IQBIpVGjTKWkQ4HCVeIB1BgDAfRVivgvy_-ysutVfiTB7YY?e=KdPmK7">Descargue aquí el formato de Acción de Tutela para Repatriación.</a></h4>

Cómo solicitar la repatriación de un colombiano fallecido en el exterior?

Guía práctica de cómo exigir a Cancillería la repatriación del cuerpo de un familiar fallecido en el exterior

Una lucha de más de diez (10) años que hemos liberado desde esta Casa informativa, está a punto de gritar ¡victoria!; y aunque podríamos gritarla desde ahora, es necesario esperar hasta que un Congresista, o la propia Cancillería presente un proyecto de ley que obligue al Estado colombiano a sufragar los costos por la repatriación de cuerpos de colombianos fallecidos fuera del país.
Un proyecto de ley basado en la jurisprudencia emanada de nuestra Corte Constitucional a través de la <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2025/T-498-25.htm">Sentencia T-498 del 10 de diciembre de 2025</a>, entre otras, y tal como lo verán en adelante, es aplicable a todos los casos venideros que reúnan las mismas, o similares características.
Si continúa leyendo hasta el final, conocerán todos los detalles sobre cómo «Sentencia constitucional obliga a Cancillería a repatriar cuerpos de colombianos fallecidos en el exterior»
Lo del proyecto de ley es porque, si bien es cierto que el caso tratado en esa Sentencia puede aplicarse a los que sucedan en adelante, es, no solo cierto, sino más práctico y de obligatorio y permanente cumplimiento si se establece a través de una Ley de la República de Colombia.
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<h2>La historia detrás del fallo: una familia en situación de vulnerabilidad.</h2>
La <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2025/T-498-25.htm">Sentencia T-498 de 2025</a> surge de la acción de tutela presentada por familiares de un ciudadano colombiano fallecido en el exterior, más exactamente en Brasil, que no contaban con recursos económicos para trasladar el cuerpo a Colombia.
El caso evidenció una realidad recurrente, la ausencia de una política pública efectiva para garantizar la repatriación digna de los nacionales fallecidos fuera del país, especialmente cuando sus familias se encuentran en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.
En dicha sentencia la Corte analizó si la negativa o inacción del Estado vulneraba derechos fundamentales como la dignidad humana, el de la igualdad, la unidad familiar, el acceso efectivo a servicios consulares, y el derecho a una muerte digna.
<h2>La dignidad humana no termina con la muerte.</h2>
Uno de los elementos centrales del fallo es la afirmación de que el deber estatal no se limita a la vida, sino que se extiende al trato digno del cuerpo después de la muerte. En este sentido la Corte señaló que:
“La dignidad humana no se extingue con el fallecimiento de una persona, y el Estado tiene la obligación de adoptar medidas razonables para garantizar un trato digno a los restos mortales.”
Además, el tribunal reconoció que las familias en situación de vulnerabilidad enfrentan barreras económicas y administrativas que pueden convertir la repatriación en un proceso imposible. Por ello, estableció que,
“Las exigencias administrativas no pueden convertirse en obstáculos desproporcionados que impidan el ejercicio efectivo de derechos fundamentales.”
Este principio es jurídicamente trasladable a la repatriación de cuerpos, donde los requisitos económicos o burocráticos pueden impedir el acceso al servicio consular.
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<h2>El núcleo jurídico del fallo: responsabilidad del Estado en situaciones de vulnerabilidad.</h2>
La Corte reiteró que el Estado colombiano tiene obligaciones positivas, no solo negativas. Es decir, no basta con no impedir el derecho, sino que debe actuar para hacerlo posible.
El fallo sostiene que las autoridades deben identificar la situación particular de las personas, simplificar requisitos administrativos y adoptar medidas afirmativas en casos de vulnerabilidad. Así lo explicó la Corte Constitucional:
“La materialización de los derechos fundamentales está condicionada a la adopción de medidas afirmativas por parte de las autoridades estatales.”
Este principio es clave para la repatriación de cuerpos, porque convierte el apoyo estatal en una obligación jurídica, no en un acto discrecional.
<h2>Las órdenes de la Corte: más allá del caso individual.</h2>
El fallo dictado dentro de la <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2025/T-498-25.htm">Sentencia T-498/2025</a>, no se limitó a resolver el caso concreto, pues también ordenó adoptar medidas para garantizar el derecho vulnerado, revisar procedimientos administrativos, y evitar que la situación se repita.
Esto es lo que en derecho constitucional se denomina «medidas estructurales», es decir, decisiones que obligan a cambiar la práctica institucional.
De ahí que en la parte resolutiva de ese fallo la Corte Constitucional le ordena a la Cancillería colombiana,
<ul>
<li>«ORDENAR al Ministerio de Relaciones Exteriores que, dentro de un término de seis (6) meses, capacite al personal encargado de prestar servicios en el consulado de Colombia en Sao Paulo, sobre las funciones consulares relacionadas con la asistencia a connacionales en el exterior y la protección inmediata establecida para el Fondo Especial para las Migraciones, de tal forma que brinden una atención y acompañamiento integral, oportuno y adecuado en aquellos casos en que se busca la repatriación de connacionales y al hacerlo, tengan especial cuidado con los solicitantes que se encuentren en especiales condiciones de vulnerabilidad.</li>
<li>El Ministerio de Relaciones Exteriores, una vez culminado el término anterior, deberá allegar un informe ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales, conforme a la parte motiva de esta providencia.</li>
<li>INSTAR al Ministerio de Relaciones Exteriores para que capacite a todo el servicio diplomático y consular sobre la atención y acompañamiento integral, oportuno y adecuado que deben brindar ante la repatriación de connacionales, en particular, cuando se evidencien especiales condiciones de vulnerabilidad.»</li>
</ul>
En la parte resolutiva no se incluye la obligación de repatriación del cuerpo del fallecido, por cuanto ya se había llevado a cabo, pero en la narración de los considerandos de la sentencia queda más que clara esa situación como obligatoria, tal y como lo hemos transcrito anteriormente.
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<h2>¿Por qué este fallo sí puede aplicarse a todos los casos futuros?</h2>
Sencillamente porque, la razón es jurídica no política. Debe tenerse en cuenta que las sentencias de tutela de la Corte Constitucional crean precedente obligatorio, lo que obliga a las respectivas autoridades a aplicar el mismo criterio cuando existan situaciones similares.
Ese principio se conoce como «precedente constitucional vinculante». En términos prácticos, «si se repite la misma situación debe repetirse la misma solución».
<h2>¿Cómo hacer que la Cancillería aplique este fallo en todos los casos de repatriación?</h2>
Considerando que esta es la parte más importante desde el punto de vista práctico, sostuvimos varias reuniones con algunos abogados, entre ellos constitucionalistas, y pudimos dar con cinco mecanismos jurídicos reales que pueden hacer que este fallo sea aplicado a todos los demás casos similares por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.  Estos son:
1. Invocar el precedente en una nueva acción de tutela. Este es el mecanismo más directo, debiéndose argumentar identidad de hechos, identidad de derechos vulnerados, y la existencia de precedente constitucional.
Como base jurídica, aparte del artículo 230 de la Constitución Política de Colombia, se debe tener en cuenta la doctrina del precedente judicial contemplada principalmente en la referida <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2025/T-498-25.htm">Sentencia T-498, del 10 de diciembre de 2025.</a>
2. Solicitar la extensión de efectos de la sentencia. Este mecanismo es poco utilizado, pero muy poderoso, y puede aplicarse cuando muchas personas están en la misma situación. En este caso, se solicita que la autoridad aplique el mismo criterio sin necesidad de nueva tutela.
3. Presentar una acción de cumplimiento. Esta procede cuando la entidad no aplica una norma o un fallo obligatorio. Se utiliza para obligar a ejecutar sentencias, reglamentos, y políticas públicas.
4. Solicitar medidas estructurales en una tutela colectiva. Este mecanismo permite pedir un cambio institucional permanente, por ejemplo, la creación de un protocolo nacional de repatriación, un fondo estatal obligatorio, y el procedimiento automático de asistencia.
5. Denunciar desacato. Si la entidad ignora el precedente, el juez puede imponer sanciones que incluyen multas, arresto, y órdenes directas de ejecución.
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<h2>Lo que realmente significa este fallo para la política consular.</h2>
Sin lugar a dudas, esta <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2025/T-498-25.htm">sentencia T-498/2025,</a> transforma la repatriación de cuerpos de colombianos fallecidos en el exterior, de un acto discrecional en una obligación constitucional condicionada por la vulnerabilidad.
Esto implica que el Estado debe evaluar cada caso, adoptar medidas razonables, y evitar cargas desproporcionadas.
<h2>El precedente que se consolida.</h2>
El mensaje jurídico del fallo es claro, «El Estado no puede negar asistencia consular cuando la falta de recursos convierte la repatriación en un acto imposible.»
En otras palabras, «La dignidad humana obliga al Estado a intervenir.»
<h2>¿Cómo podría redactarse una solicitud basada en este precedente?</h2>
Ejemplo de argumento jurídico:
Se solicita la aplicación del precedente fijado en la <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2025/T-498-25.htm">Sentencia T-498 de 2025</a>, en virtud del cual la Corte Constitucional estableció que las autoridades estatales deben adoptar medidas afirmativas para garantizar el trato digno de los restos mortales de ciudadanos en situación de vulnerabilidad, evitando cargas administrativas o económicas desproporcionadas que impidan el ejercicio de derechos fundamentales.
Para mayor claridad y orientación, al finalizar dejaremos el enlace a donde se pueden dirigir y encontrar un formato de Acción de tutela para presentar en el evento en que se vean incursos en casos como este o similar.
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<h2>La <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2025/T-498-25.htm">Sentencia T-498 de 2025</a> no es solo una decisión sobre un caso individual.</h2>
Es un precedente que redefine la responsabilidad del Estado colombiano frente a sus ciudadanos en el exterior.
Y, sobre todo, es una herramienta jurídica que permite exigir que la repatriación digna deje de depender de la capacidad económica de una familia y se convierta en un derecho real.
<h4><a href="https://www.colexret.com/politica-migratoria/guia-repatriacion-cuerpos-cancilleria-sentencia-498/">Aquí puedes seguir leyendo para conocer la guía práctica de cómo exigir a Cancillería la repatriación del cuerpo de un familiar fallecido en el exterior, y descargar el formato de Acción de tutela.</a></h4>

Repatriación de colombianos fallecidos en el exterior.

Sentencia constitucional obliga a Cancillería a repatriar cuerpos de colombianos fallecidos en el exterior

Repatriación de cuerpos de colombianos en el exterior: la Corte Constitucional reafirma una obligación estatal que la Cancillería sigue tratando como un favor.
Este artículo complementa el tema tratado en nuestra publicación titulada «Repatriar a nuestros muertos: Obligación del Estado colombiano, no una carga familiar», y que <a href="https://www.colexret.com/politica-migratoria/repatriacion-cuerpos-colombianos-exterior-obligacion-estado/">recomendamos leer aquí.</a>
Continúa leyendo hasta el final para conocer cómo la «Corte constitucional ampara repatriación de colombianos fallecidos en el exterior, pero el Estado desobedece»
<h2>La dignidad no se detiene en la frontera, pero el Estado sí.</h2>
La <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2025/T-498-25.htm">Sentencia T-498 de 2025</a> de la Corte Constitucional vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda, reiterada y sistemáticamente ignorada,
La repatriación de cuerpos de colombianos fallecidos en el exterior no es un acto de caridad institucional, sino una obligación constitucional derivada de la dignidad humana.
Sin embargo, lo que debería ser un protocolo sólido, financiado y garantizado por el Estado colombiano, continúa dependiendo, en la práctica, de la capacidad económica de familias migrantes devastadas emocional y financieramente.
Y es ahí donde este fallo jurisprudencial se vuelve incómodo para la Cancillería, puesto que la Corte no solo recuerda el deber, sino que evidencia el incumplimiento estructural.
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<h2>La Corte es clara: la dignidad no termina con la muerte.</h2>
En esa Sentencia <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2025/T-498-25.htm">T-498 de 2025</a>, el Alto Tribunal insiste en que el cuerpo del fallecido sigue protegido por el principio de dignidad humana, implicando trato respetuoso, gestión estatal activa, asistencia consular efectiva, y eliminación de barreras económicas insalvables
La Corte es contundente al señalar que cuando la familia no puede pagar, el Estado no puede simplemente observar. Pero en la práctica, eso es exactamente lo que ocurre.
<h2>Un problema estructural que no es nuevo: el Estado ya había sido advertido.</h2>
El fallo a través de la <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2025/T-498-25.htm">Sentencia T-498 de 2025</a> no es un punto de partida. Es un nuevo capítulo de una línea jurisprudencial ya consolidada.
Veamos algunos pronunciamientos que en ese sentido ha dictado la H. Corte Constitucional Colombiana:
<a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2024/t-150-24">Sentencia T-150 de 2024:</a> En esta, la Corte ya había advertido que la asistencia consular debe ser efectiva y no meramente formal.
El Estado debe evitar que la vulnerabilidad económica de los migrantes se convierta en una barrera de acceso a derechos fundamentales
La dignidad humana se proyecta sobre el cadáver como extensión del respeto constitucional.
Esta sentencia ya había encendido las alarmas institucionales, pero hasta hoy no ha habido corrección estructural.
<a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2024/t-150-24.htm">Sentencia SU-540 de 2018:</a> La Corte estableció un principio clave: «El servicio consular no es discrecional cuando están comprometidos derechos fundamentales», pues la omisión estatal puede configurar vulneración directa del derecho a la dignidad y al debido proceso administrativo.
Este precedente es clave porque desmonta el argumento recurrente de “limitaciones presupuestales” como excusa institucional.
<a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-411-17.htm">Sentencia T-411 de 2017: </a>En este fallo, la Corte reforzó que la protección del colombiano en el exterior incluye escenarios de muerte, en donde el Estado tiene un deber de acompañamiento integral a las familias en situaciones de vulnerabilidad extrema.
De los anteriores pronunciamientos constitucionales, queremos resaltar el más reciente, y es la Sentencia T- 498 del 10 de diciembre de 2025, en donde en uno de sus apartes la Corte, como remedio constitucional, ordenó a la Cancillería colombiana capacitar al personal encargado de prestar servicios en los consulados precitado, sobre las funciones consulares relacionadas con la asistencia a connacionales en el exterior y la protección inmediata establecida para el Fondo Especial para las Migraciones.
Así lo estableció la Corte para que en adelante las sedes consulares puedan brindar una atención y acompañamiento integral, oportuno y adecuado en aquellos casos en que se busca la repatriación de connacionales y con especial atención a los solicitantes que se encuentren en especiales condiciones de vulnerabilidad.
Así mismo, la H. Corte Constitucional instó al Ministerio de Relaciones Exteriores a capacitar a todo el servicio diplomático y consular sobre la atención y acompañamiento integral, oportuno y adecuado que deben brindar ante la repatriación de connacionales, en particular, cuando se evidencien especiales condiciones de vulnerabilidad.
<h2>El Sistema consular está desconectado de la realidad migrante.</h2>
Desde COLEXRET lo hemos venido advirtiendo desde hace mucho tiempo: el sistema consular está desconectado de la realidad migrante.
La problemática de la repatriación de cuerpos no es jurídica en su origen, es estructural, administrativa y política.
Desde esta Casa informativa hemos tratado y documentado que:
<ul>
<li>Los costos de repatriación pueden superar ampliamente los ingresos de una familia migrante promedio.</li>
<li>Los tiempos de respuesta consular son inconsistentes.</li>
<li>La información sobre ayudas estatales es opaca o insuficiente.</li>
<li>No existe un sistema de financiación pública universal para estos casos</li>
</ul>
El resultado es un escenario absurdo, ya que un derecho reconocido por la Corte, es condicionado en la práctica al dinero de los familiares.
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<h2>La contradicción institucional: un derecho constitucional convertido en trámite imposible.</h2>
La <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2025/T-498-25.htm">Sentencia T-498 de 2025</a> evidencia una tensión que el Estado colombiano no ha resuelto, pues mientras la Constitución ordena proteger la dignidad humana, y la Corte exige la intervención estatal en casos de vulnerabilidad, la administración consular opera bajo lógica de disponibilidad presupuestal y gestión reactiva.
Esta contradicción produce un efecto perverso, derechos reconocidos judicialmente pero materialmente inaccesibles.
<h2>Lo que ordena la Corte y lo que el Estado colombiano sigue sin cumplir plenamente.</h2>
De la línea jurisprudencial consolidada se desprenden obligaciones claras, tales como:
1. Asistencia consular obligatoria y no opcional: El acompañamiento no puede depender de interpretación administrativa.
2. Intervención estatal en casos de pobreza: Si la familia no puede pagar, el Estado debe actuar.
3. Protección reforzada de la dignidad post mortem: El cuerpo del fallecido no es un bien logístico, es un sujeto de protección constitucional.
4. Eliminación de barreras económicas desproporcionadas: El costo no puede convertirse en negación del derecho.
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<h2>Un fallo constitucional que desnuda una política consular insuficiente.</h2>
La <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2025/T-498-25.htm">Sentencia T-498 de 2025</a> no introduce un nuevo derecho, lo que hace es algo más incómodo, expone que el derecho ya existe, pero no se cumple de forma estructural, pues el problema no es la ausencia de norma, sino la ausencia de ejecución real.
Mientras tanto, miles de familias colombianas en el exterior siguen enfrentando la misma realidad: burocracia consular, costos imposibles, y un Estado que responde tarde o no responde.
Ya la Corte ha hablado con claridad, ahora la pregunta no es jurídica, sino política e institucional:
¿Seguirá el Estado tratando la repatriación como un favor, o asumirá finalmente su obligación constitucional?
La pregunta que siempre hacemos cuando se presentan estos problemas que tienen solución, pero por falta de voluntad política no se remedian, «¿Dónde está la representación política de los colombianos en el Congreso?»
<h4><a href="https://www.colexret.com/politica-migratoria/sentencia-t-498-2025-repatriacion-cuerpos-colombianos-exterior-precedente/">Si continúa leyendo, aquí podrá conocer la Sentencia constitucional que obliga a la Cancillería a repatriar cuerpos de colombianos fallecidos en el exterior.</a></h4>

Corte Constitucional colombiana y la repatriación de colombianos fallecidos en el exterior.

Corte constitucional ampara repatriación de colombianos fallecidos en el exterior, pero el Estado desobedece

Mientras miles de familias enfrentan la tragedia de perder a un ser querido en el exterior, el Estado colombiano insiste en limitar su papel a la orientación administrativa, pese a que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la dignidad humana y el derecho a la sepultura digna generan obligaciones concretas de protección y asistencia.
Para entender mejor nuestro titular «Repatriar a nuestros muertos: Obligación del Estado colombiano, no una carga familiar», te invitamos a leer hasta el final este artículo.
No existe en el mundo, entidad o persona alguna diferente a COLEXRET que se haya preocupado más por este tema. Ya completamos casi diez (10) años de estar gestionando e intercambiando conceptos con diferentes autoridades y juristas sobre la obligación del Estado colombiano de repatriar los cuerpos de nuestros connacionales fallecidos fuera del país. <a href="https://www.colexret.com/temas/repatriacion-de-fallecidos/">(Ver aquí nuestras gestiones sobre el tema).</a>
Cada día nos acercamos más para hacer esas gestiones realidad; y en esta publicación reforzaremos jurisprudencialmente nuestro objetivo.
<h2>Repatriar a nuestros muertos: entre la dignidad humana y la responsabilidad del Estado colombiano.</h2>
La muerte de un colombiano en el exterior suele convertirse en una tragedia doble, el dolor por la pérdida y la angustia económica para poder traer el cuerpo al país. En muchos casos, las familias deben asumir costos que pueden oscilar entre 10.000 y 30.000 dólares, dependiendo del país y los trámites necesarios, una carga imposible para hogares de escasos recursos.
Sin embargo, la discusión no es solo económica. Es jurídica, constitucional y profundamente humana.
La repatriación de cuerpos no es un favor ni un acto de solidaridad institucional: es un tema de derechos fundamentales y de responsabilidad estatal.
<div class="related-posts">(Historia macabra : <a href="https://www.colexret.com/politica-migratoria/congresista-carmen-ramirez-boscan-y-la-repatriacion-de-colombianos-fallecidos-en-el-exterior/" alt="Congresista Carmen Ramírez Boscán y la repatriación de colombianos fallecidos en el exterior." title="Congresista Carmen Ramírez Boscán y la repatriación de colombianos fallecidos en el exterior." class="related-posts-link">Congresista Carmen Ramírez Boscán y la repatriación de colombianos fallecidos en el exterior.</a>)</div>
<h2>Posición del Estado frente a la repatriación de fallecidos en el exterior: orientación sin financiación.</h2>
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha sostenido reiteradamente que su función en estos casos se limita a brindar orientación jurídica y acompañamiento administrativo, ya que no existe una asignación presupuestal específica para costear la repatriación de restos humanos.
Esta postura ha sido respaldada en normas administrativas que definen la asistencia consular como un conjunto de gestiones y apoyo informativo, pero sin implicar desembolso económico por parte del Estado.
No obstante, esta interpretación ha sido cuestionada desde el ámbito constitucional y desde sectores de la sociedad civil y la ciudadanía, especialmente por organizaciones y plataformas dedicadas a la defensa de los derechos de los colombianos en el exterior, que consideran que el Estado ha invisibilizado las necesidades reales de esta población.
<h2>Lo que dice la ley frente a los mecanismos para cubrir los gastos de repatriación de fallecidos.</h2>
El Congreso colombiano expidió la <a href="https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30043821">Ley 2171 de 2021</a>, cuyo objetivo es crear mecanismos para cubrir los gastos y servicios necesarios para la repatriación de cuerpos o restos humanos de colombianos fallecidos en el exterior.
Desde cuando dicha norma era solo un proyecto, en COLEXRET hemos sostenido que es mala, vacía e inoperante. Una de las pésimas herencias que dejó Juan David Vélez Trujillo, Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior 2018 &#8211; 2022.
Esa norma reconoce formalmente la necesidad de garantizar el retorno digno de los fallecidos, estableciendo herramientas que permitan financiar los costos funerarios y logísticos asociados al traslado del cuerpo al país.
Sin embargo, en la práctica, el sistema ha sido criticado por trasladar la responsabilidad financiera a los ciudadanos mediante contratos exequiales o seguros privados, en lugar de consolidar un mecanismo estatal directo de protección universal.
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<h2>Jurisprudencia constitucional sobre repatriación de colombianos fallecidos.</h2>
La falta de voluntad política y conocimiento sobre estos temas, de quienes han ocupado el cargo de Representantes a la Cámara por los colombianos en el exterior, es realmente inexplicable.
Como lo podrán ver enseguida, han tenido en sus manos las herramientas ofrecidas por los pronunciamientos de nuestra H. Corte Constitucional, para haber promulgado ya una verdadera Ley de repatriación donde sea el Estado colombiano quien sufrague los costos por la llevada del cuerpo de uno connacional fallecido fuera de su tierra, y no lo han hecho.
Estos son algunos de los pronunciamiento de nuestra C. Constitucional:
La línea jurisprudencial nos dice que la muerte no elimina la dignidad humana, y en ese sentido la Corte Constitucional colombiana ha construido una línea jurisprudencial constante en torno a la protección del cuerpo humano después de la muerte, especialmente en relación con el derecho a la dignidad humana, el derecho al duelo de los familiares, la libertad religiosa, la protección de la unidad familiar, y la obligación de trato digno del cadáver.
Entre las decisiones más relevantes que consolidan este enfoque destacamos:
<ul>
<li><a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-462-17.htm">Sentencia T-462 de 2017</a>: Reconoce que el cuerpo humano sin vida merece protección jurídica y que las autoridades deben garantizar condiciones mínimas de respeto y dignidad en su manejo.</li>
<li><a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-741-17.htm">Sentencia T-741 de 2017</a>: Desarrolla el derecho de los familiares a realizar rituales funerarios conforme a sus creencias, incluso frente a limitaciones institucionales o administrativas.</li>
<li><a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=100324">Sentencia T-322 de 2019</a>: Refuerza que las cargas administrativas o económicas no pueden convertirse en barreras desproporcionadas para el ejercicio del derecho al duelo.</li>
<li><a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/t-012-20.htm">Sentencia T-012 de 2020</a>: Enfatiza la protección especial de colombianos en el exterior y el deber de asistencia consular cuando están comprometidos derechos fundamentales.</li>
<li><a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2025/T-498-25.htm">Sentencia T-498 de 2025</a>, la Corte Constitucional analizó el caso de una madre en situación de pobreza extrema que no podía costear la repatriación del cuerpo de su hijo fallecido en el exterior.</li>
</ul>
En conjunto, esta línea jurisprudencial consolida una idea central, y es que «la dignidad humana no se extingue con la muerte, y el Estado conserva deberes positivos de protección».
<div class="related-posts">(Artículo relacionado: <a href="https://www.colexret.com/politica-migratoria/reglamentacion-sepulto-en-vida-la-ley-de-repatriacion-de-colombianos-fallecidos-en-el-exterior/" alt="Reglamentación sepultó en vida la Ley de repatriación de colombianos fallecidos en el exterior" title="Reglamentación sepultó en vida la Ley de repatriación de colombianos fallecidos en el exterior" class="related-posts-link">Reglamentación sepultó en vida la Ley de repatriación de colombianos fallecidos en el exterior</a>)</div>
<h2>La repatriación es un asunto de dignidad humana: Corte Constitucional.</h2>
La jurisprudencia constitucional colombiana ha sido clara en señalar que la repatriación de un cuerpo no es un trámite administrativo, sino un derecho vinculado a la dignidad humana y a las creencias religiosas y culturales de las familias.
En la <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2025/T-498-25.htm">Sentencia T-498 de 2025</a>, la Corte Constitucional analizó el caso de una madre en situación de pobreza extrema que no podía costear la repatriación del cuerpo de su hijo fallecido en el exterior. Allí la Corte sostuvo que:
<ul>
<li>La dignidad humana se extiende al trato respetuoso del cuerpo sin vida.</li>
<li>El traslado del cadáver debe realizarse con celeridad y respeto.</li>
<li>La imposición de barreras económicas puede vulnerar derechos fundamentales.</li>
</ul>
En esa decisión, el alto tribunal enfatizó que el cuerpo humano, incluso después de la muerte, mantiene una protección jurídica especial que obliga a las autoridades a garantizar un trato decoroso y respetuoso.
<h2>Un principio constitucional: sepultura digna y protección familiar.</h2>
La Corte Constitucional ha reiterado en múltiples decisiones que el derecho a la sepultura digna está estrechamente relacionado con la dignidad humana, la libertad religiosa, el derecho al duelo, y la unidad familiar.
Negar o dificultar la repatriación de un cuerpo puede afectar estos derechos, especialmente cuando las familias no tienen recursos económicos para asumir los costos del traslado internacional.
En otras palabras, la repatriación de un cuerpo no es solo un acto logístico: es un acto de humanidad.
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<h2>El debate de fondo: ¿responsabilidad estatal o carga familiar?</h2>
El problema central no es la inexistencia de normas, sino la interpretación de las obligaciones estatales.
Hoy, el modelo vigente se basa en tres supuestos:
<ul>
<li>La familia debe asumir los costos.</li>
<li>El Estado brinda orientación administrativa. y</li>
<li>Los seguros privados son la solución.</li>
</ul>
Este esquema ha sido cuestionado por expertos y organizaciones sociales que consideran que el Estado colombiano debe asumir un rol más activo, especialmente en casos de vulnerabilidad económica.
Desde esta perspectiva, la repatriación de un colombiano fallecido en el exterior debería considerarse un servicio público esencial, una obligación de protección consular, un deber derivado de la dignidad humana, y hasta una deuda histórica con los colombianos en el exterior
Más de cinco millones de colombianos residen fuera del país, y muchos de ellos viven en condiciones económicas precarias, o sencillamente viven dentro de las capacidades económicas normales o ajustadas. Para estas familias, la muerte de un ser querido en el extranjero puede convertirse en una tragedia financiera y emocional.
Diversas voces han señalado que la falta de políticas públicas efectivas en materia de repatriación refleja una forma de invisibilización institucional de los colombianos en el exterior.
En este contexto, la repatriación de cuerpos no es solo un asunto administrativo, sino un indicador del nivel de protección que el Estado brinda a sus ciudadanos fuera del territorio nacional.
<div class="related-posts">(Vean aquí: <a href="https://www.colexret.com/consulados/consulados-y-el-fondo-para-las-migraciones-el-bien-y-el-mal-frente-a-la-repatriacion-de-fallecidos/" alt="Consulados y el Fondo para las Migraciones: El bien y el mal frente a la repatriación de fallecidos" title="Consulados y el Fondo para las Migraciones: El bien y el mal frente a la repatriación de fallecidos" class="related-posts-link">Consulados y el Fondo para las Migraciones: El bien y el mal frente a la repatriación de fallecidos</a>)</div>
<h2>La dignidad humana no puede depender del dinero.</h2>
La repatriación de un cuerpo no debería depender de la capacidad económica de una familia.
Cuando un colombiano muere en el exterior, el Estado no puede limitarse a orientar trámites. Debe garantizar condiciones reales para que ese ciudadano regrese a su país con dignidad.
Porque así como la dignidad humana no termina con la muerte, la responsabilidad del Estado tampoco.
<h3><a href="https://www.colexret.com/politica-migratoria/repatriacion-cuerpos-colombianos-exterior-sentencia-t498-2025/">Si sigues leyendo aquí, conocerás cómo la Corte constitucional ampara repatriación de colombianos fallecidos en el exterior, pero el Estado no cumple.</a></h3>

Repatriar a nuestros muertos: Obligación del Estado colombiano, no una carga familiar

Definitivamente la jurisprudencia expresada por nuestra H. Corte Constitucional en <a class="external-link" href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/ERdyhvO1gC9Mjk8BESZJkRABrSNqP6cpdEBrlrKE09E33w?e=EBMOGh" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">Sentencia T-149 del 30 de abril de 2025, </a>con la ponencia del H. Magistrado Juan Carlos Cortés González, en el caso <a href="https://www.colexret.com/secciones/editorial/">Ricardo Marín Rodríguez,</a> contra Carmen Ramírez Boscán, Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, nos dejó muchas enseñanzas; entre ellas:
<ul>
<li>Gobernantes, legisladores, funcionarios y entidades no pueden bloquear a los usuarios de sus espacios en redes sociales.</li>
<li>Los espacios en redes sociales abiertos por gobernantes, legisladores, funcionarios y entidades públicas, abiertos para brindar información oficial sobre sus actividades, son públicos, y por ende, bloquear a los usuarios en ellos, vulnera sus derechos a «La libertad de expresión», «Información», «Veeduría ciudadana», y «Control político».</li>
<li>La utilización de ciertos términos y frases pueden ocasionar «Violencia de género contra la mujer en política».</li>
</ul>
Dentro de ese pronunciamiento constitucional, la Corte resumió los siguientes casos de bloqueo de ciudadanos en redes sociales en el mundo, resueltos por la justicia, contra funcionarios estatales que en su momento los bloquearon de sus espacios.
<div class="related-posts">(Artículo relacionado: <a href="https://www.colexret.com/consulados/consulado-en-chile-vulnera-derechos-al-bloquear-a-ciudadanos-de-redes-sociales/" alt="Consulado en Chile vulnera derechos al bloquear a ciudadanos de redes sociales." title="Consulado en Chile vulnera derechos al bloquear a ciudadanos de redes sociales." class="related-posts-link">Consulado en Chile vulnera derechos al bloquear a ciudadanos de redes sociales.</a>)</div>
<h3>Corte Suprema de Justicia en México 2018.</h3>
En el 2018, la Corte Suprema de Justicia de México, en el juicio de amparo 1005 de 2018, trató el caso del Fiscal General del Estado de Veracruz que bloqueó a un periodista en X, quien presentó recurso de amparo al considerar que el bloqueo violaba sus derechos a la libertad de expresión y el acceso a información pública.
En primera instancia, el amparo fue concedido al considerar que dichos perfiles en redes sociales, al ser usados por agentes del Estado para la difusión de información propia de su cargo, adquirían la naturaleza de foro público y, en consecuencia, debía garantizarse el acceso en condiciones libres e iguales.
El Fiscal presentó recurso de revisión y la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión acusada. En particular, esta autoridad judicial afirmó que el bloqueo violó el derecho de acceso a la información del afectado, en virtud de que la cuenta contenía información sobre las actividades que realizaba el servidor público. En este caso, el derecho a la información prevaleció sobre el derecho a la intimidad.
Asimismo, la Corte Suprema advirtió que en el proceso no se alegó ni acreditó que el contenido producido por el periodista bloqueado fuera violento o constituyera actos de agresión en contra del servidor público.
Lo anterior, implicó que no existiera ningún elemento que permitiera justificar la legitimidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad del bloqueo. Por lo anterior, ordenó la eliminación de restricciones para el acceso al perfil de X del funcionario público.
Con fundamento en lo anterior, se ordenó restituir completamente en el goce de su derecho de acceso a información del demandante, por lo que se deberá permitir el acceso a la cuenta de la que fue bloqueado.
<div class="related-posts">(Artículo relacionado: <a href="https://www.colexret.com/politica/terminos-y-expresiones-constitutivos-de-violencia-de-genero-en-politica-sentencia-t-149-2025/" alt="Términos y expresiones constitutivos de violencia de género en política: Sentencia T-149/2025" title="Términos y expresiones constitutivos de violencia de género en política: Sentencia T-149/2025" class="related-posts-link">Términos y expresiones constitutivos de violencia de género en política: Sentencia T-149/2025</a>)</div>
<h3>Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en 2018.</h3>
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, en Sentencia No. 03871-2018349, del 9 de marzo de 2018, , estudió el recurso de amparo promovido por un ciudadano en contra del Banco de Costa Rica, entidad estatal que, desde su cuenta institucional de Facebook, bloqueó al accionante, quien había publicado un comentario en el que cuestionó el otorgamiento de un crédito de 20 millones de dólares para la importación de cemento.
Al respecto, la autoridad judicial señaló que las redes sociales son un medio de obtención de información, pero también un espacio de expresión y control social a la gestión de las entidades del Estado. Por lo anterior, cuando entidades estatales o servidores públicos usan sus perfiles en redes sociales para la divulgación de información de interés público y la interacción con la ciudadanía, dichos medios se convierten en foros públicos cuyo acceso no puede ser restringido sin justificación legal. Con fundamento en lo anterior se ordenó el desbloqueó del accionante.
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<h3>Tribunal Constitucional de Perú año 2019.</h3>
El Tribunal Constitucional de Perú, en Sentencia dentro del proceso 0442-2017 del 15 de agosto de 2019, estudió el recurso de amparo presentado por un ciudadano en contra del entonces presidente el Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Esto al considerar que el bloqueo de su perfil personal en X por parte del servidor público violaba sus derechos a la libertad de expresión y acceso a información.
El accionante señaló que usa sus cuentas para la difusión de información de interés general y publicar críticas a la gestión de agentes estatales. En este caso, no se alegó la existencia de actos de violencia, agresión o insultos, ni ninguna justificación especial del bloqueo.
La autoridad judicial negó el amparo. En particular señaló que:
<ul>
<li>El uso que un funcionario público le de a sus perfiles en redes sociales no transforma su naturaleza privada;</li>
<li>La publicación de asuntos relacionados con el ejercicio de su cargo no es razón suficiente para considerar que se trata de un canal oficial de comunicación y</li>
<li>“Obligar a alguien a aceptar seguidores en su cuenta personal de twitter, mediante el desbloqueo de cuentas -sea que se trate de un funcionario o no, e independiente de las motivaciones que hayan generado el bloqueo de algún usuario- vulneraría su libertad personal”</li>
</ul>
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<h3>Tribunal de apelación de París en 2023.</h3>
La Sala Primera del Tribunal de Apelación de lo Contencioso-Administrativo de París (Francia), en Sentencia dentro del proceso no. 21PA00815, del 27 de marzo de 2023, estudió el bloqueo en X efectuado por la Oficina Francesa de Inmigración y de Integración en contra de un usuario que había publicado un comentario sobre la deficiente atención de llamadas y de asignación de citas.
Al respecto, esta autoridad judicial indicó que si una institución pública, actuando en el marco de su misión, decide participar en el debate público en una red social, no solo publicando información sino también reaccionando a los comentarios de otros usuarios, no puede prohibir o limitar el acceso de terceros a sus propias publicaciones y a su posibilidad de comentarlas o reutilizarlas, pues esta actuación vulnera la libertad de expresión y el acceso a información.
Este acceso sólo podrá ser restringido mediante medidas necesarias y proporcionales, que respondan a los siguientes objetivos: protección del orden público, de la reputación de terceros, incluida la de los funcionarios públicos y protección contra actos que constituyan acoso, amenazas, injurias o difamaciones.
En el caso concreto, se encontró que:
<ul>
<li>La entidad estatal ejecuta una política de comunicación e interacción activa en redes sociales;</li>
<li>La publicación de información en X es más frecuente que en el sitio web de la entidad;</li>
<li>La cuenta en X revela una voluntad de participar en el debate público y</li>
<li>No se comprobó que los mensajes difundidos por el usuario bloqueado constituyeran actos de agresión a los servidores públicos o atentaran contra el orden público.</li>
</ul>
Asimismo, señaló que, si bien el usuario bloqueado podría consultar la información publicada por la Oficina de Inmigración, a través de otra cuenta o un perfil creado bajo un pseudónimo, esta posibilidad no desvirtúa la violación generada por el bloqueo.
Con fundamento en lo anterior, las órdenes fueron:
<ul>
<li>Anular la sentencia N°. 1901520 de 15 de diciembre de 2020 del tribunal administrativo de París;</li>
<li>Anular la decisión del 20 de enero de 2019 por la cual el Director General de la Oficina Francesa de Inmigración e Integración bloqueó el acceso desde la cuenta personal de Twitter del demandante a la cuenta de Twitter de este establecimiento público y</li>
<li>Condenar a la Oficina francesa de inmigración e integración a pagar una suma de mil euros al demandante.</li>
</ul>
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<h3>Tribunal Superior de Israel en 2023.</h3>
El Tribunal Supremo de Israel, en el caso Rubinstein v. Kunik et al., en Sentencia SAA 7659/22, 17 de abril 2023, estudió un caso en el que un alcalde bloqueó a un usuario en X que había comentado una publicación criticando la ausencia de una política de movilidad y transporte que protegiera la vida de los peatones. En primera instancia, la Corte de Asuntos Administrativos negó la demanda al considerar que las redes sociales del servidor público eran de carácter privado.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Israel estudió la naturaleza del perfil del servidor público y determinó que, al ser usado como medio de difusión de información propia del cargo que desempeña, esta cuenta adquiere una connotación pública. Al respecto, señaló que resulta necesario efectuar el siguiente test:
<ul>
<li>El fin que se pretende proteger con el bloqueo y su relación con el medio elegido,</li>
<li>La existencia de medios menos dañinos, y</li>
<li>La proporcionalidad en sentido estricto.</li>
</ul>
Con base en este test, esta autoridad judicial afirmó que el bloqueo efectuado por el alcalde constituye un acto desproporcionado que vulnera la libertad de expresión y el acceso a información, pues no se acreditó que fuera un mecanismo necesario para proteger un bien jurídico superior ni que se cumpliera con el requisito de proporcionalidad, especialmente porque el bloqueo se configura como una sanción permanente y previa a los actos de expresión que pueda publicar el usuario a futuro.
En particular, ese tribunal se pronunció sobre la efectividad de otros mecanismos de comunicación. Al respecto, señaló que la existencia de una página web en la que se divulgue la misma información que en redes sociales no es suficiente para considerar protegido el derecho de acceso a información. Pues, en principio, este no es un mecanismo igual de eficiente e inmediato como las redes sociales.
Con fundamento en lo anterior, se ordenó:
<ul>
<li>Conceder la apelación propuesta por el demandante;</li>
<li>La cancelación del bloqueo impuesto por el servidor público en contra del recurrente y</li>
<li>No condenar en costas, en razón a la naturaleza novedosa del litigio y la contribución de las partes a la discusión.</li>
</ul>
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<h3>Tribunal del Distrito de Berlín &#8211; Alemania, año 2023.</h3>
Tribunal del Distrito de Berlín-Mitte, en el Caso 151 C 167/23, Sentencia del 19 de octubre de 2023, estudió el caso de un periodista, director de un medio de comunicación y titular de una cuenta de X, por medio de la cual difunde noticias y artículos de opinión, demandó al Ministro Federal de Salud de Alemania, quien además era profesor universitario. Lo anterior, por cuanto el funcionario público bloqueó de X las cuentas del periodista y del medio de comunicación.
Respecto de la naturaleza del perfil del ministro, se señaló que en esta cuenta:
<ul>
<li>Se describía el cargo que ostentaba el demandado;</li>
<li>Se manifestaba expresamente que se publicaba en nombre propio y de manera personal; y</li>
<li>Sus publicaciones versaban sobre distintos temas, como debates científicos, reuniones con figuras públicas y política partidaria. Asimismo, compartía publicaciones difundidas por el ministerio como institución.</li>
</ul>
Para el demandante, el bloqueo vulneró sus derechos a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de participación en condiciones de igualdad. Lo anterior, al considerar que los contenidos de los mensajes publicados por el ministro demostraban que, en dicha red social, el servidor actuaba a título oficial.
La autoridad judicial negó la demanda. Consideró que los funcionarios públicos tienen derecho a bloquear y restringir la interacción con otros usuarios en sus cuentas personales. Al respecto, señaló que estos perfiles no pueden ser considerados como instituciones públicas, pues para otorgar tal calidad resultaba necesario valorar la totalidad de los mensajes publicados (tuits) y no solo declaraciones individuales.
Esto en la medida en la que se requiere una valoración exhaustiva del contenido, conforme con los siguientes criterios: ¿qué se publica?, ¿cómo se publica?, y el contexto que rodea cada uno de los mensajes.
Con fundamento en esta regla de decisión, declaró infundada la demanda y señaló que la cuenta del demandado no era un perfil institucional, porque publicaba contenido no solo en su calidad de ministro federal, sino también como parlamentario, profesor universitario, investigador y a nombre propio. Finalmente, advirtió que no existía un derecho de acceso a cuentas privadas.
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<h3>Corte Suprema de Estados Unidos, año 2024.</h3>
La Corte Suprema de Estados Unidos, Lindke v. Freed, Sentencia del 15 de marzo de 2024, cuenta que James Freed contaba con una cuenta de Facebook, en la cual realizaba publicaciones personales y otras relacionadas con su trabajo como gestor municipal de Port Huron (MI). Kevin Lindke comentó en esas publicaciones y expresó su inconformidad con el acercamiento que tuvo la ciudad respecto al manejo de la pandemia del COVID-19. Inicialmente, Freed eliminó lo comentarios de Lindke, pero finalmente lo bloqueó.
Por lo anterior, Lindke demandó a Freed al considerar que se vulneraba su derecho a la libertad de expresión pues, en su en su consideración, el perfil de Freed se trataba de un foro público. En primera instancia, la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito negó la demanda al considerar que los perfiles del demandado eran de carácter privado y, por ende, las publicaciones que allí se efectuaron eran de carácter personal.
Sin embargo, la Corte Suprema estableció que, en consideración a que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos solo vincula al gobierno, no es posible establecer alguna responsabilidad por parte de Freed si sus publicaciones fueron realizadas como un privado. Toda vez que, si bien los funcionarios públicos pueden actuar en nombre del Estado, esta situación no implica la imposibilidad de ejercer sus derechos fundamentales como ciudadanos.
Por lo anterior, este tribunal determinó que debe acudirse a la doctrina de acción estatal. En virtud de la cual:
<ul>
<li>La calidad de servidor público no basta para entender que un perfil en redes sociales es de naturaleza pública; por lo tanto,</li>
<li>Es necesario valorar el contenido allí publicado, en atención a los siguientes criterios;</li>
<li>Si el servidor público tiene la autoridad para pronunciarse en nombre del Estado y</li>
<li>Si en el contenido divulgado, el funcionario pretendía ejercer dicha autoridad.</li>
</ul>
De la misma forma concluyó que, se debe revisar la naturaleza de la tecnología utilizada, toda vez que el eliminar comentarios y bloquear al usuario no tienen el mismo efecto. Adicionalmente, advirtió que, en estos casos, la carga de probar el cumplimiento de los elementos de la doctrina de acción estatal es del afectado por el bloqueo.
Fuente: Corte Constitucional Colombiana, <a class="external-link" href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/ERdyhvO1gC9Mjk8BESZJkRABrSNqP6cpdEBrlrKE09E33w?e=EBMOGh" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">Sentencia T-149 del 30 de abril de 2025</a>

Bloqueo en redes sociales a nivel mundial.

Casos de Bloqueo de ciudadanos en redes sociales en el mundo, resueltos por la justicia.

Carmen Ramírez Boscán y María Antonia Pardo.

Congreso, Cancillería y la Justicia deberían poner freno a este par de lenguas viperinas.

<h2>Solicitud de retractación y rectificación de UNIDIPLO.</h2>
A raíz de la solicitud de Retractación y rectificación presentada a esta Casa informativa por la Unión Diplomática de Colombia «UNIDIPLO», y que publicamos junto con nuestra respuesta en <a href="https://www.colexret.com/varios/la-union-diplomatica-pide-rectificacion-de-articulo-retuiteado-por-el-presidente-petro/">artículo visible aquí,</a> encontramos para nuestro alegato de defensa y respuesta a dicha Organización de la diplomacia, la <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-594-17.htm">Sentencia T-594/17</a>, emanada por nuestra H. Corte Constitucional, con la ponencia del H. Magistrado Carlos Bernal Pulido.
En esa sentencia vemos detalladamente y con total claridad, como se manifiesta el máximo Órgano judicial en Colombia, acerca de la protección de las fuentes informativas de un Medio de Comunicación.
Conozca el contenido de nuestro titular «La justicia protege la reserva de las fuentes informativas: en COLEXRET están seguras», leyendo hasta el final este artículo.
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<h2>Nuestras fuentes continuarán 100% protegidas, como hasta ahora.</h2>
Esto, también para decirle a nuestros seguidores y lectores, principalmente colombianos en el exterior, que no teman suministrarnos información acerca de irregularidades que detecten en Consulado y Embajadas, lo mismo que cualquier situación donde se incluya a la Cancillería colombiana.
Obviamente esa información debe venir sustentada con pruebas, al igual que debe ser dirigida a nosotros en papel firmado, documento de identificación, correo electrónico personal, y un No. telefónico.  Incluso es necesario tener comunicación telefónica o videoconferencia con nuestro director <a href="https://www.colexret.com/secciones/editorial/">Ricardo Marín Rodríguez.</a>
En el documento deben narrarse los hechos lo más detallada y específicamente posible, y en el mismo autorizar su publicación por parte de COLEXRET.
Si el denunciante no quiere, su nombre y demás datos permanecerán en absoluta reserva, y salvo en el futuro, si llegado el caso, un juez los llegara a necesitar para que ratificara, ampliara o se retractara sobre lo denunciado, se los entregaríamos, de lo contrario jamás saldrán a la luz pública.
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<h2>¿Qué dice la <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-594-17.htm">Sentencia T-594/17</a>, con relación a la reserva de las fuentes periodísticas?</h2>
Dijo la H. Corte Constitucional que:
«La reserva de las fuentes es una parte central de la libertad de información, y un derecho fundamental de quienes ejercen la profesión periodística, cuya libertad e independencia el Estado debe, de acuerdo con la Constitución Política, proteger especialmente.
La Corte Constitucional ha entendido este derecho como aquel que permite que un periodista guarde la reserva, secreto o sigilo sobre: i) la existencia de una determinada información, ii) su contenido, iii) el origen o la fuente de la misma y iv) la manera como obtuvo dicha información. 
La ha considerado, así, como una garantía fundamental y necesaria para proteger la independencia del periodista, y para que pueda ejercer la profesión y satisfacer el derecho a la información, sin que existan limitaciones indirectas ni amenazas que inhiban la difusión de datos relevantes para el público».
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Continúa la Corte Constitucional indicando en la misma Sentencia, que,
«El derecho a la reserva de las fuentes protege, sin duda alguna, algo más que la confidencialidad e identidad de las fuentes humanas de un periodista (una noción estrecha más compatible con lo que se entiende, estricto sensu, como secreto profesional). 
Estamos ante un derecho fundamental que salvaguarda la facultad del comunicador de negarse a revelar, en general, todos los documentos que componen el material de sus actividades periodísticas (entrevistas, apuntes, escritos, archivos, fichas, videos, audios, etc.), sin la cual, el libre ejercicio de su profesión y, más importante aún, la libertad de informar (artículo 20 de la Constitución Política), se tornarían nugatorios.
Es claro, en criterio de esta Sala, que el derecho a la rectificación, respuesta o réplica que tiene una persona potencialmente afectada por un reportaje, en modo alguno comprende el derecho a que el medio de comunicación revele, a ella o a un tercero, sus fuentes periodísticas, entendidas en el sentido amplio que se explicó líneas arriba. 
Cierto es que la jurisprudencia exige al programa informar al afectado, con la claridad suficiente, aun cuando no de manera exhaustiva, sobre la “acusación” que en su contra pesa y alrededor de la cual gira el reportaje, de modo que tenga los elementos mínimos para dar las explicaciones del caso, pero de ello no se sigue, bajo punto de vista alguno, un acceso pleno al material investigativo que soporta la emisión.
i) En un sentido comprehensivo, el derecho del periodista a la reserva de las fuentes, como parte de la libertad de información, cobija, además de las fuentes propiamente dichas, todo el material documental que hace parte del ejercicio periodístico en cuestión, en aras de proteger la independencia e integridad de la labor del comunicador. 
ii) Existe una prevalencia de la reserva de las fuentes prima facie. El acceso al material periodístico debe estar absolutamente justificado en la garantía de otro derecho fundamental, y en todo caso, superar un test de ponderación estricto. 
iii) El derecho a la réplica, y el deber correlativo de contraste de las fuentes, no precisan, per se, el acceso del potencial afectado con el reportaje al material periodístico. En caso de ser así, se deberá cumplir con una carga argumentativa cualificada y superar el respectivo test de ponderación. 
iv) A mayor esfuerzo del periodista por contrastar sus fuentes y procurar la versión del afectado, menor posibilidad de restringir la reserva de su material periodístico. 
v) Se tiene como regla general que toda forma de control externo sobre el material periodístico, antes de la publicación del respectivo reportaje, constituye censura previa».
&nbsp;
Revisó y aprobó:
<a href="https://www.colexret.com/editorial/este-es-ricardo-marin-rodriguez-candidato-a-la-camara-por-los-colombianos-en-el-exterior/">Ricardo Marín Rodríguez</a> 
Creador de <a class="external-link" href="https://x.com/ricardomarinro" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">COLEXRET.com</a> 
<a class="external-link" href="https://www.amazon.es/Colombianos-Invisibles-Gesti%C3%B3n-Migratoria-Inexistente/dp/B085D8742S" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">Investigador y escritor de Temática Migratoria Colombiana.</a> 
Precandidato Cámara por los colombianos en el exterior. 
<a class="external-link" href="https://www.facebook.com/opinion.delvotante.9/" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">Facebook</a> –<a class="external-link" href="https://x.com/ricardomarinro" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener"> X</a> – <a class="external-link" href="https://www.instagram.com/colexret/" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">Instagram</a> – <a class="external-link" href="https://www.youtube.com/@colexret" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">Youtube</a> – <a class="external-link" href="https://www.linkedin.com/feed/" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">Linkedin</a> 
direcciongeneral@colexret.com 
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La justicia protege la reserva de las fuentes informativas: En COLEXRET están seguras.

Rechazo a la violencia política.

Términos y expresiones constitutivos de violencia de género en política: Sentencia T-149/2025

Corte constitucional y la violencia de género contra la mujer en política.

Violencia de género contra la mujer en política: «Sentencia T-149/2025 – Corte Constitucional»

En la <a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/ERdyhvO1gC9Mjk8BESZJkRABrSNqP6cpdEBrlrKE09E33w?e=EBMOGh">Sentencia T-149 de 2025, Expediente T-10.261.574, expedida por nuestra H. Corte Constitucional, con la ponencia del H. Magistrado Juan Carlos Cortés González</a>, dentro de la demanda instaurada por el suscrito <a href="https://www.colexret.com/secciones/editorial/">Ricardo Marín Rodríguez</a>, contra la Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, <a href="https://www.colexret.com/politica/congresista-por-el-exterior-bloquea-a-los-ciudadanos-igual-que-su-antecesor/">Carmen Ramírez Boscán, a raíz del bloqueo en sus espacios de Redes sociales</a>, al igual que a este Medio de comunicación, esa Corporación judicial señaló que «la libertad de expresión, el acceso a la información pública y la participación política son garantías constitucionales de especial relevancia para la consolidación de la democracia, la conformación de la opinión pública y el control del ejercicio de los poderes del Estado».
Esos tres derechos, «La libertad de expresión», «Acceso a la información pública», y el «Control político», de acuerdo a lo expresado por nuestra H. Corte Constitucional, fueron vulnerados, y al día de hoy lo siguen siendo, por parte de la Sra. Carmen Ramírez Boscán, en su calidad de <a href="https://www.colexret.com/editorial/bloqueo-en-redes-sociales-por-parte-de-entidades-publicas-congresistas-y-gobernantes/">Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, al bloquear a los ciudadanos de sus espacios en las Redes sociales</a>; en el caso que nos ocupa, en Facebook y X.
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<h2>Congresista Carmen Ramírez también vulneró derecho a la Participación política: Corte Constitucional.</h2>
Lo relacionado a la vulneración al Derecho a la «Libertad de expresión», lo publiqué <a href="https://www.colexret.com/politica/asi-vulnero-derecho-a-la-libertad-de-expresion-la-congresista-carmen-ramirez-boscan/">en artículo visible aquí,</a> mientras que el caso de la vulneración al «Derecho a la Información pública», <a href="https://www.colexret.com/politica/congresista-carmen-ramirez-boscan-vulnero-derecho-a-la-informacion-publica-corte-constitucional/">lo pueden ver aquí.</a> Y hoy, transcribiré los principales apartes que vemos en la <a href="https://1drv.ms/b/c/b570c4d8d5d7047f/ERdyhvO1gC9Mjk8BESZJkRABrSNqP6cpdEBrlrKE09E33w?e=EnqtsO">Sentencia T-149 del 30 de abril de 2025</a>, donde la propia Corte Constitucional estableció que la misma Congresista Carmen Ramírez Boscán, vulneradora de los derechos ya mencionados, también vulneró el Derecho al «Control político» del suscrito, y de este Medio de comunicación COLEXRET.  Así lo expresó el máximo Ente judicial en Colombia:
«En primer lugar, determinó que, de acuerdo con las afirmaciones de la accionada en sede de tutela y de revisión, las pruebas obrantes en el expediente y la aplicación de los criterios previstos en la Sentencia T-124 de 2021, los perfiles de la congresista en redes sociales constituyen foros públicos de manifestación, acceso a información pública, debate y participación. En consecuencia, el acceso a los mismos debe ser libre y en condiciones de igualdad. Por lo que la restricción para acceder a estos espacios digitales públicos, en principio, vulnera los derechos a la libertad de expresión, acceso a información pública y participación política». (Resaltado fuera de texto).
Igualmente manifestó nuestra Corte que «Mantener el bloqueo constituye una medida restrictiva, permanente y excesiva respecto de los derechos a la libertad de expresión, acceso a información pública y participación política del accionante porque le impide su ejercicio. Asimismo, se configura como un mecanismo de censura previa, en la medida en la que se imposibilita cualquier tipo de interacción a futuro sobre asuntos que tienen protección constitucional y que constituyen discursos fundamentales en la democracia digital. Esto último, especialmente, al tener en cuenta que, si bien el accionante incurrió en violencia contra la mujer, estos contenidos no constituyen o comprometen la totalidad de su actividad».
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<h2>El contenido y alcance del derecho fundamental a la participación política.</h2>
Continúa la Corte Constitucional así:
«169. Con la consagración del principio de democracia participativa en la Constitución de 1991 se amplió el margen de intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos. Lo anterior, con el fin primordial de fortalecer los lazos de confianza en la actividad política y crear mecanismos para garantizar no solo el control de la gestión pública, sino también el involucramiento de la ciudadanía en los procesos políticos y de toma de decisiones.
170. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la democracia participativa modifica de manera directa y sustancial el concepto tradicional de ciudadanía y el ejercicio de la misma. Por cuanto:
<ul>
<li>(i) la injerencia social y política de los individuos no se reduce exclusivamente al derecho al voto;</li>
<li>(ii) amplía y asegura el acceso a otros espacios deliberativos y decisorios, relacionados específicamente con la conformación, el ejercicio y el control del poder político y</li>
<li>(iii) “genera la recomposición cualitativa de las dinámicas sociales y públicas, puesto que su espectro trasciende de lo político electoral hacia los planos individual, económico y colectivo”.</li>
</ul>
171. El principio de democracia participativa se materializa a través de los derechos políticos fundamentales, pues “[a]quellos permiten a los ciudadanos participar en la consolidación de los escenarios democráticos en los que se debaten los asuntos trascendentales que impactan de forma multidimensional en la comunidad”.
De acuerdo con el artículo 40 superior, entre otras disposiciones normativas, el derecho a la participación se garantiza a través de los siguientes mecanismos: (i) elegir y ser elegido; (ii) participar en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática; (iii) constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin ninguna limitación; (iv) interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley; (v) difundir ideas y programas políticos; (vi) revocar el mandato de funcionarios electos y (v) acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, entre otros.
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<h2>Contenido y alcance del derecho a la participación política.</h2>
172. Respecto del contenido y alcance del derecho a la participación política, esta Corte ha advertido que dicha garantía constitucional se caracteriza por ser universal, ya que compromete diversos escenarios, procesos y lugares dentro de la esfera pública y privada. Además, porque el concepto de política sobre el que descansa se nutre de todo lo que le puede interesar a la persona, a la comunidad y al Estado. Esto justifica la necesaria garantía de participación en la distribución, el control y la asignación del poder social.
173. También es de “naturaleza expansiva, porque su dinámica comprende el conflicto social y busca encauzarlo a partir del respeto y la constante reivindicación de un mínimo de democracia política y social”. Por tal razón, esa garantía debe ampliarse de manera progresiva con la finalidad de conquistar nuevos ámbitos y profundizar permanentemente en su vigencia. Esto exige de los principales actores públicos y privados, un ineludible compromiso con su efectiva construcción.
174. Es así que, mediante la participación política y en ejercicio de los derechos políticos que la conforman, los ciudadanos ejercen control y vigilancia de los poderes públicos, reformulan los mecanismos de distribución de poder y de toma de decisiones, adquieren injerencia efectiva en los asuntos públicos, exigen de las autoridades la asunción de compromisos tendientes a la maximización de los derechos fundamentales y aseguran la adecuación del ejercicio de las funciones públicas conforme con las necesidades sociales concretas y las nuevas dinámicas de relacionamiento entre la ciudadanía y los agentes estatales.
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<h2>Los derechos políticos también pueden restringirse.</h2>
175. No obstante, este derecho fundamental no es absoluto y puede ser limitado bajo ciertas condiciones. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al adoptar el estándar de protección establecido por la jurisprudencia de la Corte IDH, ha indicado que la participación política y, en consecuencia, los derechos políticos, pueden restringirse siempre que se acrediten los siguientes presupuestos:
“La restricción debe encontrarse prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue”.
Luego, en el numeral 178 la Corte expuso:
«En particular, señalaron que: 
<ul>
<li>(i) los servidores públicos tienen el deber de abrirse a la inspección ciudadana a través de la promoción de espacios de participación y acceso a la información pública relacionada con su cargo; en consecuencia, </li>
<li>(ii) cuando divulgan información relacionada con el ejercicio de su cargo en sus redes sociales personales cumplen con el deber de transparencia activa y, por ende, debe garantizarse el acceso libre, igualitario y público a dicha información. Lo anterior, por cuanto estos perfiles adquieren la calidad de foros públicos. En ese sentido, </li>
<li>(iii) el bloqueo a usuarios, en redes sociales, por parte de servidores públicos que usan habitual o esporádicamente sus perfiles como foros, constituye una vulneración de los derechos a la libertad de expresión, al no superar el test tripartito. Asimismo, afecta de manera arbitraria y desproporcionada el derecho de acceso a información pública y la participación política, al restringir la obtención de información de interés público y prohibir el uso de un espacio público de manifestación para la participación ciudadana. Dicha violación se acentúa si los perfiles bloqueados pertenecen a periodistas y medios de comunicación. Finalmente, </li>
<li>(iv) no se tiene en cuenta que el uso de estos medios digitales de comunicación asegura un mayor alcance de la difusión de información y, con ello, rompe barreras de acceso constituyéndose así en mecanismos más efectivos que los medios tradicionales de comunicación».</li>
</ul>
En la tabla 9, descrita en la sentencia que venimos tratando, bajo el titular «Libertad de expresión, acceso a información pública y participación política en el contexto de ciudadanía y democracia digital. La especial protección de estos derechos en relación con medios de comunicación y periodistas», la Corte constitucional se manifiesta así:
«10. La participación política no se restringe al ejercicio del derecho al voto, sino a la inclusión efectiva de la ciudadanía en la conformación, ejercicio y control de los poderes públicos. Se compone, entre otros, de los siguientes derechos: 
<ul>
<li>(i) elegir y ser elegido; </li>
<li>(ii) participar en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática; </li>
<li>(iii) constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin ninguna limitación; </li>
<li>(iv) interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley; </li>
<li>(v) difundir ideas y programas políticos; </li>
<li>(vi) revocar el mandato de funcionarios electos y (v) acceder al desempeño de funciones y cargos públicos.</li>
</ul>
11. Mediante la participación política y en ejercicio de los derechos políticos que la conforman, los ciudadanos ejercen control y vigilancia de los poderes públicos; reformulan los mecanismos de distribución de poder y de toma de decisiones, adquieren injerencia efectiva en los asuntos públicos; exigen de las autoridades la asunción de compromisos tendientes a la maximización de los derechos fundamentales y aseguran la adecuación del ejercicio de las funciones públicas conforme con las necesidades sociales concretas y las nuevas dinámicas de relacionamiento entre la ciudadanía y los agentes estatales.
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<h2>Requisitos para la restricción de la participación política.</h2>
12. La restricción de la participación política y de los derechos a través de los cuales se manifiesta, debe cumplir con los siguientes requisitos: 
<ul>
<li>(i) previsión legal o constitucional, </li>
<li>(ii) no ser discriminatoria; </li>
<li>(iii) dirigirse a un fin útil y oportuno con el fin de satisfacer un interés público imperativo; </li>
<li>(iv) ser proporcional y </li>
<li>(v) ser necesaria.</li>
</ul>
Sobre el mismo tema, en el numeral 300 de la Sentencia T-149 de 2025, expuso la Corte que, «los perfiles de la accionada en redes sociales, debido a sus características y al uso que ella misma reconoce y acepta, constituyen foros públicos de debate, participación política, acceso a información de interés público y expresión. En especial, el acceso a la información allí divulgada, en principio, no puede ser restringido y mucho menos por razones relacionadas con la calidad e identidad de la persona que pretende acceder a estos datos».
Y ya para terminar sobre este punto, nuestra H. Corte Constitucional, en el numeral 308 de la misma Sentencia, expresó que:
<h2>La Corte ordena a la Congresista Carmen Ramírez Boscán, levantar bloqueo en Redes sociales.</h2>
«Respecto de los derechos a la libertad de expresión, acceso a información pública y participación política, al hallar desproporcional el bloqueo efectuado por la demandada, la Sala ordenará levantar dicha medida de restricción de la interacción respecto de los perfiles de Ricardo Marín Rodríguez y de COLEXRET en Facebook y X. Lo anterior, en el entendido de que el ejercicio de estas garantías constitucionales en ningún caso ampara los discursos constitutivos de violencia contra las mujeres indígenas en política. Asimismo, al tener en cuenta que los medios de comunicación y los periodistas deben ejercer su labor con responsabilidad social, lo que implica abstenerse de perpetuar factores de discriminación y exclusión de la mujer, así como reproducir estereotipos de género».
Así como ocurrió con mi Derecho a la «Libertad de expresión», y mi Derecho al «Acceso a información pública», la H. Corte Constitucional es igualmente clara al exponer que la Sra. Carmen Ramírez Boscán, Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, también vulneró mi derecho al «Control político».
En el próximo artículo trataré el caso de la «Violencia de género contra la mujer en política», a la cual se refirió también nuestra H. Corte Constitucional en la sentencia de autos, al considerar que algunos términos y/u expresiones utilizados en mis publicadas investigaciones constituyen violencia en política contra la mujer.
Gracias y un saludo.
<a href="https://www.colexret.com/editorial/este-es-ricardo-marin-rodriguez-candidato-a-la-camara-por-los-colombianos-en-el-exterior/">Ricardo Marín Rodríguez</a> 
Creador de <a class="external-link" href="https://x.com/ricardomarinro" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">COLEXRET.com</a> 
<a href="https://www.amazon.es/Colombianos-Invisibles-Gesti%C3%B3n-Migratoria-Inexistente/dp/B085D8742S">Investigador y escritor de Temática Migratoria Colombiana.</a> 
<a href="https://www.colexret.com/editorial/colombianos-en-el-exterior-me-gustaria-ser-su-candidato-a-la-camara-en-el-2026/">Precandidato Cámara por los colombianos en el exterior.</a> 
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Congresista Carmen Ramírez Boscán.

Congresista Carmen Ramírez también vulneró derecho al Control político: Corte Constitucional

Bloqueo a la información pública.

Congresista Carmen Ramírez Boscán vulneró Derecho a la información pública: Corte Constitucional

Congresista Carmen Ramírez Boscán bloquea ciudadanos en Redes sociales.

Así vulneró Derecho a la Libertad de expresión, la Congresista Carmen Ramírez Boscán

Corte Constitucional Colombiana y el bloqueo en Redes sociales.

Derecho a la Libertad de expresión frente al bloqueo en Redes sociales: Corte Constitucional

Bloqueo en Redes sociales en Colombia.

Fin del bloqueo ciudadano en Redes Sociales, 10 años de trabajo detrás de la historia.

<ul>
<li>Conseguir la inclusión de la población retornada dentro de las políticas y Reglamento del «SENA», me costó más DOS (2) años de trabajo.</li>
<li>Conseguir el reconocimiento de toda la geografía colombiana en nuestro pasaporte, me costó más de UN (1) año.</li>
</ul>
Cuando terminen de leer esta historia, sabrán por qué digo que el «Fallo de la Corte Constitucional contra el bloqueo en Redes sociales, mi más grande logro»; en donde no gané yo, sino el Derecho a la libertad de expresión, a la Libertad de prensa e información, y Control político. Ganó la democracia.
<ul>
<li>Conseguir la eliminación del Impuesto de timbre nacional, equivalente al 40% del costo de los trámites que se realizan en Consulados, tardó más de DIEZ (10) años. Próximamente lanzaré mi segundo libro «Así tumbamos un impuesto», donde contaré la verdad sobre este logro.</li>
<li>Conseguir la inclusión de todos los colombianos como suscriptores al Fondo Nacional del Ahorro, para poder adquirir mediante financiación vivienda en Colombia dentro del «Programa de Ahorro Contractual Voluntario me costó más de TRES (3) años.</li>
<li>Conseguir la conformación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, me costó más de DIEZ (10) años, y me sigue costando, pues al día de hoy no se ha creado como en realidad debe ser.</li>
<li>Conseguir que, hasta la fecha, se hayan firmado CINCO (5) Convenios sobre la convalidación de la licencia de conducir colombiana, con países extranjeros, me ha costado OCHO (8) años.</li>
<li>Conseguir la expedición por parte del Ministerio de Trabajo de la <a class="external-link" href="https://1drv.ms/b/s!An8E19XYxHC1piBHZ_4ffjOnQYz9" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">“Cartilla de Información y Orientación Laboral para la Población Colombiana en Situación de Retorno”</a>, al igual que la expedición por parte de la «DIAN» de la <a class="external-link" href="https://onedrive.live.com/?authkey=%21APpC8XmMyEgoyik&amp;cid=B570C4D8D5D7047F&amp;id=B570C4D8D5D7047F%215803&amp;parId=B570C4D8D5D7047F%215800&amp;o=OneUp" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">“Cartilla sobre Incentivos tributarios para colombianos que regresan y establecen su domicilio en el país”</a>, me llevaron más de CINCO (5) años.</li>
<li>Conseguir como principal protagonista, la expedición de la  <a class="external-link" href="https://1drv.ms/b/s!An8E19XYxHC18xo4X8SYgOwXBSu6?e=YtP4OD" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">Ley 2136 del 04 de Agosto de 2021 «Por medio de la cual se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la Política Integral Migratoria del Estado colombiano  – PIM, y se dictan otras disposiciones</a>, que modificó y/o adicionó algunos artículos de la <a class="external-link" href="https://1drv.ms/b/s!An8E19XYxHC1p1YmAy7FrdwLgRJl?e=4qB15j" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">Ley 1465 del 29 de junio de 2011 «Por la cual se crea el Sistema NACIONAL DE Migraciones y se expiden normas para la protección de los colombianos en el exterior»</a>, tardé más de OCHO (8) años.</li>
<li>Conseguir la inclusión de los colombianos en el exterior dentro de un Programa electoral presidencial, para luego incluirlo en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 &#8211; 2022, y la realización en gran parte de esas inclusiones, me llevó más de CINCO (5) años.</li>
<li>Conseguir la publicación de mi primer libro de la colección «Colombianos Invisibles», «Gestión Migratoria Inexistente» <a href="https://www.amazon.es/Colombianos-Invisibles-Gesti%C3%B3n-Migratoria-Inexistente/dp/B085D8742S">(Descargable aquí)</a>, donde denuncio la invisibilización de los colombianos en el exterior dentro del Sistema Socio-político colombiano, me costó poco más de OCHO (8) años.</li>
</ul>
<div class="related-posts">(Vean aquí: <a href="https://www.colexret.com/editorial/este-es-ricardo-marin-rodriguez-candidato-a-la-camara-por-los-colombianos-en-el-exterior/" alt="Éste es Ricardo Marín Rodríguez, Candidato a la Cámara por los colombianos en el exterior" title="Éste es Ricardo Marín Rodríguez, Candidato a la Cámara por los colombianos en el exterior" class="related-posts-link">Éste es Ricardo Marín Rodríguez, Candidato a la Cámara por los colombianos en el exterior</a>)</div>
Los anteriores y muchos más logros en pro de los colombianos en el exterior, luchados durante muchos años, los pueden ver <a href="https://www.colexret.com/politica-migratoria/mi-trabajo-en-pro-de-los-colombianos-en-el-exterior-1a-parte/">ingresando aquí.</a>
<h2>COLEXRET, un Medio de comunicación virtual especializado en la Política Migratoria Colombiana, reconocido por todos.</h2>
Quienes han seguido este trabajo, y quienes comienzan a conocerlo, solo han dado muestras de admiración, gratitud y respeto por lo hecho. Incluyo aquellos que llevados simplemente por su radicalismo político han intentado desprestigiar o menospreciarlo, pero reitero, lo hacen porque sus mentes están llenas solo de radicalismo por una ideología, partido, o líder político, y se sienten porque directa o indirectamente dentro de ese trabajo he tenido que «pisar los callos» de quienes estos creen ciegamente. Radicalismo lleno de odio, desprecio y venganza contra quienes piensan diferente a ellos.
Agregado a muchos más logros, el trabajo realizado en pro de mis connacionales residentes fuera del país, ha llevado a que compatriotas exageren y me tilden de «Héroe» (Gracias, pero no lo soy), incluso, Yesid Arteta, colombiano escritor, exiliado y reconocido líder socio-político, residente en Barcelona &#8211; España, en su momento me apodó «Don Quijote», y no precisamente por lo delgado o flacuchento, sino porque compara mi lucha solitaria contra las injusticias del Estado para con los colombianos en el exterior, con la lucha que tuvo que enfrentar «Don Quijote contra los molinos de viento», narrado en la Obra «El Quijote», de Miguel de Cervantes Saavedra.
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Y si retrocedo a mis CATORCE (14) años de edad, recordaré el sobrenombre que me puso el Rector del «Colegio Departamental Integrado Salesiano Miguel Unia», en mi bello y siempre recordado pueblo Agua de Dios, «El abogado de los pobres», por mi lucha desde muy temprana edad por los más desfavorecidos.
Con humildad, pero muy orgulloso, agradezco todas esas adulaciones o reconocimientos, y esas motivadoras expresiones, a lo mejor inmerecidas, como también me hace mucho bien el conocer que importantes personalidades de la vida Social, política, económica, cultural, religiosa y académica, expresan que «No existe una persona en el mundo que sepa o conozca más de la Temática Migratoria Colombiana, relacionada principalmente con los colombianos en el exterior, que Ricardo Marín Rodríguez».  Me disculpan la modestia, pero creo que es así.
Es muy difícil poner en un orden específico mis logros dentro del trabajo <a href="https://www.facebook.com/COLEXRET/">COLEXRET</a>, aunque para mi, el primero, y sin lugar a dudas el mejor, ha sido la «Eliminación del Impuesto de Timbre Nacional» de los trámites en Consulados, que describí anteriormente; pero hoy, y uno muy reciente, se puede poner a su lado, e incluso superarlo.
<h2>Uno de mis más grandes logros.</h2>
Colombianos en el mundo entero: «Después de más de DIEZ (10) años de un arduo trabajo y de gestiones, denuncias, publicaciones y demás, he conseguido que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el bloqueo a los ciudadanos en Redes sociales por parte de Congresistas, gobernadores y funcionarios públicos, estableciendo que ninguno de ellos podrá a partir del 30 de abril del presente 2025, bloquear a las personas dentro de esos espacios, pues al igual que ellos, al utilizarlos para dar a conocer su trabajo, se convierten en públicos, y por ende impedir que la ciudadanía participe, es una clara vulneración a sus derechos a «La libertad de expresión», «Control político», y al libre conocimiento y publicación de información pública.
Como quiera que el fallo dictado el 30 de abril de 2025 (Y que aún no me lo han notificado directamente), por la Sala Segunda de Revisión, de la <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/">Corte Constitucional Colombiana</a>, dentro de la SENTENCIA T-149 DE 2025, como parte del Expediente T-10.261.574, cuyo Magistrado ponente fue Juan Carlos Cortés González, de CIENTO TREINTA Y SEIS (136) FOLIOS, no solo contiene el tema del bloqueo ciudadano en redes sociales por parte de Congresistas, gobernadores y funcionarios públicos, sino también sobre la «Violencia de género en política», tendré que dividir esta historia en dos o tres capítulos.
<div class="related-posts">(Le puede interesar: <a href="https://www.colexret.com/mesa-nacional-sociedad-civil/mesa-colombiana-para-las-migraciones-tendra-que-modificarse/" alt="Mesa Colombiana para las Migraciones tendrá que modificarse." title="Mesa Colombiana para las Migraciones tendrá que modificarse." class="related-posts-link">Mesa Colombiana para las Migraciones tendrá que modificarse.</a>)</div>
En el próximo artículo, que podrán leer desde mañana domingo 22 de junio en <a href="https://x.com/notifications">COLEXRET,</a> trataré el tema principal y específico de la orden dada por la H. Corte Constitucional, a la H. Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, Carmen Ramírez Boscán, consistente en desbloquear al suscrito <a href="https://x.com/notifications">Ricardo Marín Rodríguez</a>, y a este Medio de Comunicación de sus espacios en Redes sociales, específicamente en <a href="https://www.facebook.com/COLEXRET/">Facebook</a> y <a href="https://x.com/notifications">X.</a>
Allí hablaré de, cómo la Corte Constitucional de nuestro país establece que a partir de la fecha, ningún funcionario, Congresista o gobernante colombiano, puede bloquear de sus espacios en Redes sociales a los ciudadanos, pues de hacerlo estarían vulnerando Derechos fundamentales y constitucionales, como el de «La libertad de expresión y pensamiento», «Información», «Control y participación política», entre otros.
<a href="https://www.colexret.com/temas/bloqueo-en-redes-sociales/">Vean aquí cómo comenzó la historia de mi trabajo en contra del bloqueo en redes sociales a los ciudadanos, por parte de congresistas, para llegar hasta donde he llegado, conseguir que la Corte Constitucional siente jurisprudencia al respecto.</a>
Luego, en el siguiente artículo trataré el tema de la «Violencia de género contra la mujer en política»; ojo, «Violencia política», no otra cosa, en donde también se pronunció nuestra <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/">H. Corte Constitucional</a>, indicando que algunos términos o expresiones utilizadas por el suscrito dentro de las publicaciones donde doy a conocer el trabajo realizado por esa Congresista, no han sido los más apropiados, dando lugar a configurarse esa figura que atenta contra la mujer en el ámbito político.
En lo que a mi respecta, una vez me sea notificado directamente el fallo, acataré lo ordenado por nuestra H. Corte Constitucional; y les adelanto, no acomodaré esa información para defenderme, pues la verdad es que no tengo nada de qué defenderme, ni arrepentirme, por lo que serán unas publicaciones imparciales y objetivas, no como lo que ya comenzó hacer la Sra. Carmen Ramírez, hablando solo de lo que le puede convenir, intentando salvar su responsabilidad directa en la base de la investigación realizada por la más Alta Corporación de justicia en Colombia.
La mencionada Congresista por los colombianos en el exterior, no reconoce que vulneró mis derechos, y las de muchos ciudadanos, al bloquearnos de sus espacios en redes sociales. Pero bueno, allá ella con su conciencia.
Yo si reconozco que me he pasado un poco en la utilización de algunas expresiones dentro de mis publicaciones en COLEXRET, y que bien hizo la Corte en llamarme la atención, pues las ha considerado como «expresiones violentas» y por ende las cataloga como «Violencia de género en la política».  Tristemente, nuestra Corte no analizó que ese mismo trabajo, incluyendo dichas expresiones o términos, los he utilizado cuando, como Representantes a la Cámara por los colombianos en el exterior, han estado hombres.
Es inentendible cómo cuando se utilizan contra los hombres no pasa nada, pero si se hace contra la mujer, es violencia de género.  Qué diferencia puede haber entre hombre y mujer ocupando un cargo público, en especial de elección popular?.  Los dos, independientemente de su genero deben cumplir las mismas funciones que ordena la ley, y el mandato popular, y a los dos se les debe hacer control político.  Obviamente, en mi caso, bajándole el tono a mis expresiones.
<a href="https://www.colexret.com/editorial/fin-del-bloqueo-ciudadano-en-redes-sociales-10-anos-de-trabajo-detras-de-la-historia/">Si continúan leyendo, aquí conocerán por las que tuve que pasar durante DIEZ (10) AÑOS  para conseguir el Fin del bloqueo ciudadano en Redes Sociales, por parte de funcionarios, congresistas y gobernantes.</a>
Un saludo.
<a href="https://www.colexret.com/secciones/editorial/">Ricardo Marín Rodríguez</a> 
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Bloqueo en Redes Sociales en Colombia.

Fallo de la Corte Constitucional contra el bloqueo en Redes sociales, mi más grande logro

El 04 de mayo del presente 2024, bajo el titular <a href="https://www.colexret.com/varios/la-justicia-dice-que-congresista-no-vulnera-derechos-por-bloqueo-ciudadano-en-sus-redes-sociales/">«La Justicia dice que Congresista no vulnera derechos por bloqueo ciudadano en sus redes sociales»</a>, terminábamos indicando que:
«Bien podríamos entrar a analizar, debatir, conceptuar y publicar sobre el fallo proferido en Segunda Instancia, más como quiera que aún queda un paso dentro del marco jurídico colombiano, como es el “Recurso de revisión” ante la Corte Constitucional, nos abstendremos por ahora de emitir apreciación alguna sobre el particular, hasta tanto no tengamos los resultados de ese último recurso.
No es difícil presentar un “Recurso de revisión” ante la H. Corte Constitucional, lo difícil y casi imposible es que esta acepte su revisión; sin embargo, no vamos a bajar los brazos hasta tanto, primero, solicitemos esa revisión, y segundo conozcamos un pronunciamiento al respecto. – INSISTIR, PERSISTIR, RESISTIR, y NUNCA DESISTIR. –
Si como lo esperamos nuestra “Solicitud de revisión” es aceptada, nos pronunciaremos luego del fallo de la C. Constitucional, en caso contrario lo haremos en el momento en que la misma sea rechazada para su revisión.»
Vean aquí, <a href="https://www.colexret.com/buscar/?s=bloqueo+en+redes+sociales">«nuestra lucha contra el bloqueo en redes sociales.»</a>)
<h2>Corte Constitucional revisa tutela contra Congresista por bloqueo de ciudadanos en redes sociales.</h2>
Pues bien, lo «casi imposible» desapareció, el «milagro» fue posible.
En una decisión sin precedentes en la historia jurídica de nuestro país, la <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/">Corte Constitucional colombiana</a>, a mediados del mes de julio del año en curso, decidió aceptar los argumentos esbozados por nuestro director <a href="https://x.com/ricardomarinro">Ricardo Marín Rodríguez</a>, dentro de la «Solicitud de revisión de tutela» de los fallos en Primera y Segunda Instancia de la Acción de tutela interpuesta contra la Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, Carmen Felisa Ramírez Boscán, por el bloqueo a que nos tiene sometidos, tanto a la plataforma <a href="https://x.com/colexret">COLEXRET</a>, como a su fundador y director, y a muchos otros ciudadanos.
Como recordarán, en el caso tratado, en principio, tanto el <a class="external-link" href="https://1drv.ms/b/s!An8E19XYxHC1gZNQEhiCijgVTaE8WQ?e=2qt5Lf" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">Fallo en Primera Instancia</a>, como el del <a class="external-link" href="https://1drv.ms/b/s!An8E19XYxHC1gZNRbxB7d7SO2oNvJg?e=A8aOU6" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Segunda Instancia</a>, dio la razón a la denunciada Carmen Felisa Ramírez Boscán, en cuanto a que no vulneraba ningún derecho de los ciudadanos al bloquear a estos de sus espacios en las Redes sociales, principalmente de Facebook y X.
Hoy, podemos informar que la Corte Constitucional Colombiana redimirá ese conflicto, y sentará jurisprudencia frente al bloqueo de los ciudadanos en espacios de las redes sociales de Funcionarios, Gobernantes y Congresistas.
Mediante auto del pasado 25 de julio, la Corte Constitucional declara abierta la investigación, ordenando ciertas pruebas y gestiones para poder entrar a fallar sobre el particular.
Tanto a la denunciada Carmen Ramírez Boscán, como al suscrito, y demás personajes, entidades y organizaciones que la Corte vinculó y/o invitó a este proceso, en el contenido del respectivo auto, se nos prohíbe divulgar cualquier información relacionada con el trámite dentro del respectivo expediente, hasta tanto no haya un pronunciamiento final y oficial.
Por ahora, a esperas del fallo final, consideramos un triunfo de gran importancia para la Democracia colombiana, el hecho de que la Corte Constitucional de nuestro país, haya decidido pronunciarse, como nunca lo ha hecho hasta el momento, sobre este flagelo antidemocrático, como es el bloqueo de los ciudadanos de perfiles de redes sociales por parte de nuestros Gobernantes, Congresistas y Funcionarios.
(Le puede interesar: <a href="https://www.colexret.com/politica-migratoria/10-anos-en-pro-de-los-colombianos-en-el-exterior-1a-parte/">«Más de una década en pro de los colombianos en el exterior.»</a>)
Con ese bloqueo, reiteramos nuestra posición en el sentido de que se vulneran, entre otros, los derechos a la «Participación y veeduría ciudadana», al de la «Libertad de expresión», al «Control político», y al de la «Información».  De ahí que desde hace más de SEIS (6) AÑOS venimos luchando contra ello; y&#8230;.estamos a punto de conseguirlo.
«La verdad, las leyes y la justicia siempre se impondrán contra las injusticias de los malos, y el silencio de los buenos».
En estos casos, «INSISTIENDO, PERSISTIENDO, RESISTIENDO, y sin dejar de INSISTIR» por parte de los ciudadanos, la justicia se encarga del resto.
Una vez podamos hacerlo legalmente, nos pronunciaremos públicamente sobre los pormenores de esta investigación y su fallo, que sin lugar a dudas, independientemente del resultado, pasará a la historia jurídica y política de nuestro país.
«Amanecerá y veremos» dijo el ciego, y «amaneció viendo», pues «No existen cosas imposibles sino seres incapaces.»

Revisión Corte Constitucional bloqueo en redes sociales

Corte Constitucional revisa tutela contra Congresista por bloqueo de ciudadanos en redes sociales

Analizando diferentes situaciones publicadas por esta Casa informativa, en donde mostramos nuestro inconformismo frente a las expresiones y formas utilizadas en escenarios públicos, entre ellos las Redes sociales, por algunos Funcionarios y/o Servidores estatales, <a href="https://www.colexret.com/politica/por-que-hace-proselitismo-politico-en-maicao-porque-de-malas/">incluyendo a nuestros H. Congresistas, en especial a la Sra. Carmen Felisa Ramírez Boscán, Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior,</a> hemos querido transcribir apartes de la <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/T-124-21.htm#:~:text=El%20derecho%20a%20la%20religiosidad,la%20autoridad%20o%20de%20particulares.">Sentencia T-124 del 04 de mayo de 2021</a>, con la ponencia de la H. Magistrada Diana Fajardo Rivera, como una forma de darle a conocer a nuestros Congresistas, la obligación que tienen de utilizar la prudencia, lenguaje y formas en las intervenciones que por uno u otro medio voluntaria o accidentalmente de a conocer a los ciudadanos.
Los Congresistas tendrán que entender que ya no son ciudadanos del común, pues desde que toman posesión del cargo como tales, tiene más limitaciones frente a su libertad de expresión que antes. Es decir, tiene que cuidar más lo que sale de su interior.
(Le puede interesar: <a href="https://www.colexret.com/editorial/colombia-un-estado-de-derecho-excluyente-con-los-colombianos-en-el-exterior/">«Colombia, un Estado de derecho excluyente con los colombianos en el exterior.»</a>)
<h2>Corte Constitucional limita la libertad de expresión en Funcionarios públicos.</h2>
Y para que no se le olvide a nuestros legisladores, y demás funcionarios o servidores públicos, entre ellos a los del Ministerio de Relaciones Exteriores, a continuación una breve ilustración sobre la libertad de expresión en Funcionarios públicos en Colombia, dictada por nuestra Corte Constitucional.
«(…), es claro que cuando los funcionarios públicos comunican una información u opinión a la ciudadanía, sin importar que se encuentre contenida en un acto administrativo, tiene la potencialidad de lesionar derechos o principios constitucionales, sin que sea posible escudarse en la ausencia de un acto administrativo para eludir cualquier tipo de responsabilidad. En todo caso, cabe precisar que, las expresiones de los funcionarios públicos no podrán ser objeto de censura previa, sino que están sujetas a responsabilidades ulteriores.»
En el numeral 52, de la <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/T-124-21.htm#:~:text=El%20derecho%20a%20la%20religiosidad,la%20autoridad%20o%20de%20particulares.">Sentencia T-124/2021</a>, observamos:
«Ahora bien, aun cuando la titularidad del derecho a la libertad de expresión es universal, su ámbito de protección se expande o se restringe dependiendo de quién es la persona que emite la opinión o información. Deben valorarse sus cualidades y el rol que ejerce en la sociedad. 
En relación con los funcionarios públicos, tanto la jurisprudencia constitucional como interamericana han coincidido en señalar que el derecho a la libertad de expresión, cuando es ejercido por servidores públicos en el desempeño de sus funciones, tiene limitaciones mayores a las que ostenta cuando lo ejerce un particular, puesto que al pronunciarse como una autoridad pública no está ejerciendo “la simple libertad de expresión reconocida en general a los ciudadanos, sino que están utilizando un medio legítimo para el ejercicio de la autoridad pública.” En todo caso, la libertad de expresión de los funcionarios públicos, al igual que la de cualquier persona, también está sujeta a las reglas de los discursos prohibidos, señaladas en el párrafo 50 de esta providencia.» (Resaltado nuestro.)
En el numeral 53 de la misma sentencia, indica la Corte Constitucional que, «La limitación al derecho a la libertad de expresión de los funcionarios públicos tiene fundamento en el deber constitucional que se les impone de proteger la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades de todas las personas residentes en Colombia, así como asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. En efecto, cuando las autoridades públicas actúan en ejercicio de sus funciones “tienen un rango muy limitado de autonomía y deben orientarse a la defensa de (…) los derechos fundamentales de todas las personas habitantes del territorio.” 
En consecuencia, dado que “ostentan una posición de garante frente a las prerrogativas de los asociados, es necesario que se guíen bajo el criterio de máxima prudencia al momento de emitir manifestaciones que pongan en riesgo o constituyan injerencias lesivas sobre tales derechos.” Lo anterior aunado al hecho de que la emisión de opiniones o información por parte de funcionarios públicos “puede tener un impacto mucho mayor en el imaginario colectivo, en las creencias de las gentes e incluso en su conducta, dado el enorme grado de confianza que las personas suelen tener en las afirmaciones de quienes ocupan los cargos más representativos.”
<h2>El derecho a la libertad de expresión de los funcionarios públicos se restringe debido al mayor compromiso social que tienen respecto de un particular.</h2>
En este mismo sentido, en la Sentencia T- 949 de 2011, la Corte Constitucional resaltó que el derecho a la libertad de expresión de los funcionarios públicos se restringe debido al mayor compromiso social que tienen respecto de un particular: “[s]i bien es cierto que los servidores públicos mantienen su libertad de información y de opinión, en su calidad de ciudadanos, también lo es que se les restringe, por su mayor compromiso social y debido a que el servicio público es una actividad altamente reglada, que impone mayor prudencia y respeto, por ejemplo, al expedir opiniones y dar información. En esa medida, claro está que deviene diferente el ámbito de la libertad de expresión de los servidores públicos, cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales debe activar su derecho/deber de difundir o expresar información oficialmente relevante.” (Resaltado fuera de texto.)
(Entérate cómo, <a href="https://www.colexret.com/cancilleria/colombia-nos-une-podria-naufragar-por-culpa-de-su-coordinadora-internacional/">«Colombia Nos Une podría naufragar por culpa de su Coordinadora Internacional.»</a>)
Luego, en el numeral 54 de la sentencia de autos, dice la H. Corte Constitucional, que,
«Ahora bien, en algunas sentencias esta Corte ha establecido que los altos funcionarios del Estado, cuando emiten una opinión o presentan una información, más que el simple ejercicio del derecho a la libertad de expresión, ejercen un poder-deber de comunicación permanente con la ciudadanía. Esto significa que los pronunciamientos y declaraciones públicas de estos servidores no entran exclusivamente en el ámbito de su libertad de expresión, sino que constituyen una forma de ejercer sus deberes frente a los administrados, además de constituir un mecanismo que facilita la conformación de una opinión pública libre e informada, lo que posibilita la discusión y participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones que los afectan, así como el control del poder público.» (Resaltado nuestro.)
Por su parte, en los numerales 55, 56 y 57 de la referida sentencia, expresa la Corte que, » 55. A partir de lo anterior la Corte ha señalado que en ejercicio de este poder deber, los altos funcionarios del Estado tienen la facultad y, a su vez, la obligación de (i) informar sobre asuntos de su competencia; (ii) fijar la posición de la entidad frente a los mismos; (iii) dar a conocer las políticas oficiales; (iv) analizar, comentar, opinar y, defender el programa gubernamental que desarrollan; (v) responder a las críticas; y (vi) fomentar el ejercicio de una participación ciudadana responsable, entre otros. 
Por lo anterior, se han identificado dos escenarios del referido ejercicio comunicativo, diferenciables a partir de la intención del discurso divulgado, a saber: (i) aquellas manifestaciones que pretenden trasmitir información objetiva a los ciudadanos sobre asuntos de interés general; y (ii) aquellas otras en las que, más allá de la transmisión objetiva de información, se expresan cuestiones acerca de la política oficial, defienden su gestión, responden a sus críticos, o expresan su opinión sobre algún asunto, casos estos últimos en los cuales caben apreciaciones subjetivas formuladas a partir de criterios personales.»
«56. En el primer escenario, al estar involucrado el derecho a la información, esta debe someterse a las cargas de veracidad e imparcialidad. Por su parte, en el segundo evento, dado que no existe una intención de transmitir información, sino de divulgar criterios personales sobre la política oficial, defender la gestión, responder a críticas, o emitir juicios sobre algún asunto, cabe la apreciación personal y subjetiva, no siendo exigible la estricta objetividad. No obstante, para garantizar la formación de una opinión pública verdaderamente libre, estas opiniones no pueden ser formuladas sino a partir de mínimo de justificación fáctica real y de criterios de razonabilidad.
<h2>Libertad de expresión de funcionarios en Redes sociales.</h2>
«57. De otro lado, esta Corte también ha precisado que el uso de medios masivos de comunicación por parte de altos funcionarios del Estado exige de estos un uso cuidadoso. En efecto, “el empleo de estos medios genera una responsabilidad mayor (…) en atención a la gran capacidad de penetración en todas las esferas de la sociedad que éstos poseen, al número considerable de receptores a los que pueden llegar, al impacto inmediato que poseen sobre la formación de la opinión pública e, incluso, sobre los comportamientos y reacciones de los individuos.” 
Dentro de los medios masivos de comunicación, ha considerado este Tribunal que también deben incluirse las redes sociales, pues “constituyen un canal con una amplia difusión y/o capacidad para llegar a un número extenso e indeterminado de personas”, razón por la cual “el uso de este tipo de instrumentos por funcionarios públicos, especialmente aquellos que ostentan altos cargos, genera una mayor responsabilidad, dada la importancia que para la opinión pública presentan sus declaraciones.”
Y sobre el tema de la Libertad de expresión en funcionarios o servidores públicos, termina nuestra Corte Constitucional argumentando en el <a href="https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/T-124-21.htm#:~:text=El%20derecho%20a%20la%20religiosidad,la%20autoridad%20o%20de%20particulares.">numeral 58 de la Sentencia T124/2021</a>, que,
«En suma, dado que los funcionarios públicos tienen el deber de garantizar los derechos de todas las personas y asegurar la vigencia del ordenamiento jurídico, es necesario que el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión se encuentre sometido a cargas especiales y a mayores restricciones que el resto las demás personas. Por tanto, las opiniones o informaciones que trasmitan a los ciudadanos, en especial si se trata de altos funcionarios del Estado, deben estar provistas de una especial diligencia y cuidado a fin de evitar que con éstas se lesionen o pongan en riesgo los derechos de las personas. Esta responsabilidad se acentúa cuando el mensaje se transmite a través de medios masivos de comunicación, como las redes sociales, dada su amplia capacidad de difusión y penetración en la sociedad.»
(Así es la <a href="https://www.colexret.com/cancilleria/impunidad-en-la-cancilleria-colombiana-al-omitir-sanciones-a-sus-funcionarios-por-faltas-graves/">«Impunidad en la Cancillería colombiana al omitir sanciones a sus funcionarios por faltas graves.»</a>)
En un próximo artículo les traeremos lo que sobre el «Irrespeto ciudadano» ha dicho nuestra Corte Constitucional, para que tanto funcionarios como servidores públicos dejen a un lado su sensible delicadeza e ínfulas de Reyes o Amos, argumentando que se les está irrespetando por el solo hecho de decirles unas cuantas verdades, o de exigirles cumplir con sus promesas electorales, o con las funciones que revisten sus cargos. Por decirles mentirosos porque mienten, falsos porque falsean, Corruptos porque cometen actos de corrupción, traidores porque traicionan, cobardes por no enfrentar los debates públicos, y más cobardes <a href="https://www.colexret.com/cancilleria/bloqueo-en-redes-sociales-cancilleria-y-colombia-nos-une-imitan-a-congresistas/">por eliminar de sus espacios en Redes sociales a quienes ejercemos nuestro derecho al «Control político.</a>»
Con relación a esto último, trabajamos muy duro desde hace varios años, y creemos que el momento de ponerle tatequieto a los funcionarios, gobernantes y congresistas que bloquean a los ciudadanos de sus espacios en las Redes sociales, ha llegado. Muy pronto tendrán noticias sobre el tema, y aspiramos decirles que, si bien al respecto hemos perdido algunas batallas, ganamos la guerra.

Congresista Carmen Ramírez Boscán

Corte Constitucional