Hoy analizaremos los nombramientos de embajadores y cónsules, el enfrentamiento del gobierno de Gustavo Petro con la carrera diplomática y los retos de Abelardo De La Espriella. Adelantando que defendemos la profesionalización del servicio exterior, pero también exigimos resultados, transparencia y control ciudadano.
Cambian los presidentes, pero la disputa continúa
La designación de embajadores y cónsules colombianos vuelve a encender una controversia que Colombia lleva décadas sin resolver; y es.
¿Deben las representaciones diplomáticas y consulares estar dirigidas prioritariamente por funcionarios que han ingresado a la carrera diplomática mediante concurso público y se han formado durante años para ejercerla, o debe el presidente de turno disponer de esos cargos para designar a personas de su confianza política?
Esta es una pregunta viejísima, al igual que las denuncias sobre clientelismo, improvisación, nombramientos cuestionados, funcionarios sin suficiente preparación y decisiones administrativas que terminan perjudicando la atención de los colombianos residentes en el exterior.
Lo novedoso es que, después de cuatro años de enfrentamientos entre el gobierno de Gustavo Petro y sectores de la carrera diplomática, la administración de Abelardo De La Espriella ha comenzado a definir su propio mapa de representación internacional. Y lo está haciendo en medio de una controversia que no se limita a la ideología de los designados, sino que involucra su preparación, su trayectoria, su capacidad de interlocución y la conveniencia de sus nombramientos para los intereses de Colombia.
Los casos de Carlos Felipe Mejía, propuesto para la Embajada en España, y Miguel Uribe Londoño, designado para la del Reino Unido, han concentrado parte de la atención mediática por la falta de beneplácito de los respectivos gobiernos receptores.
El día de ayer 15 de octubre, el periodico de mayor repercusión en España, El País, publicó nuevos antecedentes sobre las declaraciones políticas de Mejía contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y sobre las dificultades que enfrenta su designación, la cual pueden ver aquí bajo el titular “Pedro Sánchez HDP”; “El Gobierno es cómplice de la tiranía”: los mensajes del elegido por De la Espriella como embajador en España».
Al mismo tiempo, la Cancillería anunció el pasado miércoles 14 que el presidente De La Espriella había decidido designar a varios funcionarios de la carrera diplomática y consular como embajadores y jefes de misión en el exterior.
Sin embargo, el anuncio no identificó públicamente a todos los funcionarios ni los destinos asignados, lo que dificulta evaluar el alcance real de esa decisión.
El asunto, por tanto, no puede reducirse a una disputa entre izquierda y derecha, entre funcionarios antiguos y nuevos, ni entre simpatizantes y detractores del Gobierno.
Lo que está en juego es la calidad de la representación del Estado colombiano, el uso de los recursos públicos, la defensa de los derechos de nuestros connacionales y la consolidación de un servicio exterior profesional que sobreviva a los cambios de gobierno.
Desde esta Casa hemos denunciado durante años los problemas de la Cancillería y de sus representaciones en el extranjero. Por eso, nuestra posición debe ser coherente y seguir sosteniendo que:
«Defenderemos la carrera diplomática, reconoceremos el mérito donde exista, denunciaremos las irregularidades sin distinción partidista y exigiremos resultados a todos los funcionarios, sin importar quién los haya nombrado».
¿Qué ha nombrado Abelardo De La Espriella y qué sabemos de sus designaciones?
El primer asunto que debe aclararse es la diferencia entre anunciar un nombramiento, formalizarlo mediante el acto administrativo correspondiente, obtener el beneplácito del Estado receptor y asumir efectivamente el cargo.
En la diplomacia, esas etapas no son equivalentes. Una persona anunciada como futura embajadora puede no haber recibido todavía la autorización del país al que será enviada. Por ello, presentar todos los anuncios como nombramientos plenamente ejecutados puede inducir a error.
Entre las designaciones y posesiones divulgadas por medios y fuentes oficiales durante el Gobierno de Abelardo De La Espriella figuran las siguientes:
Esta relación no constituye un inventario completo de los nombramientos del actual Gobierno. Tampoco significa que las personas mencionadas pertenezcan a la carrera diplomática, pues esa condición debe comprobarse individualmente mediante sus antecedentes y la documentación oficial.
Precisamente, esa es una de las principales deficiencias de la información pública sobre el servicio exterior, que los ciudadanos pueden conocer los anuncios políticos, pero no siempre disponen de una relación consolidada que les permita identificar qué funcionarios son de carrera, cuáles llegan por libre nombramiento y remoción, qué requisitos acreditan y qué resultados deben producir.
De ahí que COLEXRET oficia permanentemente a la Cancillería para que informe sobre el particular y poder darlo a conocer a nuestros lectores, aunque eso, les incomoda, les molesta, o les jode, tal y como lo insinuó en varias ocasiones el gobierno de Gustavo Petro a través de la misma entidad, en especial cuando estuvo bajo la dirección de la Sra. Rosa Yolanda Villavicencio Mapy.
El caso de España es un nombramiento que merece especial atención
Carlos Felipe Mejía, exsenador y dirigente conservador, fue anunciado como embajador en España. Su designación ha suscitado críticas por sus antecedentes políticos y por publicaciones anteriores en redes sociales dirigidas contra Pedro Sánchez y el Gobierno español.
El 15 de octubre de 2026, el periódico El País volvió sobre esos mensajes, entre ellos expresiones ofensivas contra Sánchez y afirmaciones en las que Mejía acusaba al Gobierno español de ser cómplice de la tiranía venezolana. (Con razón se dice en el argot popular que «la lengua es castigo del c…).
La publicación también señaló que España todavía no había concedido el beneplácito (Ver aquí).
Es necesario precisar que la falta de respuesta no equivale automáticamente a un rechazo formal. El beneplácito es una decisión soberana del Estado receptor y no existe un plazo universal que obligue a concederlo en un periodo determinado.
Pero la controversia plantea si ¿debe el Gobierno examinar con mayor rigor la capacidad de interlocución de quienes propone como representantes diplomáticos?
Un embajador no representa únicamente al presidente que lo nombra. Representa a la República de Colombia, a sus instituciones y a sus ciudadanos. Debe poder mantener canales de comunicación con gobiernos de orientaciones distintas, defender las posiciones oficiales con argumentos sólidos y actuar con prudencia cuando existen diferencias políticas.
La libertad de expresión de un dirigente no desaparece por aspirar a un cargo diplomático. Sin embargo, quien pretende representar internacionalmente al país debe comprender que sus declaraciones pueden tener consecuencias para las relaciones bilaterales.
La Cancillería debería evaluar ese riesgo antes de solicitar el beneplácito.
Y otra cuestión es que España es uno de los principales destinos de la emigración colombiana. La comunidad colombiana residente allí necesita una embajada capaz de mantener una interlocución eficaz con las autoridades españolas y de trabajar coordinadamente con los consulados.
La prioridad debe ser que Colombia cuente con una representación que esté a la altura de esa responsabilidad.
Se comenta en España que el gobierno de Pedro Sanchez seguirá guardando silencio a espera del resultado de las elecciones para la presidencia de ese país que se realizarán el 29 de noviembre del presente año, en donde las encuestas dan por segura ganadora la agrupación de derechas, el Partido Popular «PP», con la compañía y apoyo de la extrema derecha, el Partido «VOX». Esta última bien reconocida por su rechazo a la migración.
La carrera diplomática no es un privilegio, es una institución del Estado
Para entender esta controversia es necesario recordar qué significa pertenecer a la carrera diplomática y consular colombiana.
El Decreto-Ley 274 de 2000 regula el servicio exterior y establece un régimen especial y jerarquizado basado en el mérito, con disposiciones sobre ingreso, ascensos, permanencia y retiro.
El ingreso ordinario a la carrera se realiza mediante concurso público y formación en la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. Los funcionarios avanzan por un escalafón que comienza en tercer secretario y continúa por distintas categorías hasta la de embajador.
No se trata de una oficina de colocación política ni de un mecanismo para acceder a un cargo en el extranjero.
Un diplomático profesional debe desarrollar conocimientos de derecho internacional, relaciones internacionales, negociación, protocolo, política exterior, economía internacional y asuntos consulares. También necesita experiencia práctica y comprensión de las particularidades de los países en los que presta sus servicios.
Esa formación tiene un valor estratégico para Colombia.
Un funcionario experimentado puede anticipar conflictos, negociar acuerdos, proteger a ciudadanos detenidos o vulnerables, gestionar crisis consulares, identificar oportunidades comerciales y comprender las consecuencias de una decisión internacional.
Existe, además, un elemento que con frecuencia se olvida, y es que el funcionario de carrera pertenece a una estructura profesional que debe contribuir a preservar la memoria institucional y la continuidad de la política exterior, incluso cuando cambia el partido gobernante.
¿Significa esto que todos los diplomáticos de carrera son excelentes?
No. Y sería un error afirmarlo.
Ingresar mediante concurso, superar una formación especializada y ascender en el escalafón son elementos importantes de idoneidad, pero no garantizan por sí solos un desempeño sobresaliente en todos los destinos.
Puede haber funcionarios de carrera que no atiendan adecuadamente a los usuarios, administren mal los recursos, incumplan sus obligaciones o no estén a la altura de sus responsabilidades.
Tal es el caso del anterior Cónsul en el Consulado de Colombia en Madrid, Javier Darío Higuera Ángel, que con 30 años de experiencia en la carrera diplomática, pasará a la historia como el peor funcionario en ese cargo. (Ver parte de esa historia aquí).
También puede haber profesionales ajenos a la carrera que posean excelentes capacidades de dirección, sensibilidad humana, conocimiento del país de destino y una vocación de servicio ejemplar.
Y de esos han habido muchos, y como para resaltar, a María Margarita Salas y a Gloria Restrepo en el Consulado General Central de Colombia en Madrid – España.
La respuesta correcta no consiste en sustituir una generalización por otra. Consiste en establecer requisitos, controles y evaluaciones que permitan reconocer el mérito y corregir las deficiencias.
La carrera diplomática merece protección institucional, pero ninguno de sus integrantes debe quedar por encima de la evaluación, la responsabilidad disciplinaria o la ley.
Gustavo Petro: de la promesa de profesionalización a la confrontación con la carrera diplomática
Si el Gobierno actual quiere demostrar que sus decisiones responden a una política de Estado y no a la simple alternancia de cuotas partidistas, debe examinar con rigor lo ocurrido durante la administración de Gustavo Petro.
COLEXRET abordó reiteradamente este asunto. Entre las publicaciones que permiten reconstruir aquella controversia, resaltamos:
- La eterna pelea del presidente Gustavo Petro con la carrera diplomática.
- La Academia Diplomática responde a denuncia presentada contra la carrera diplomática.
- Dura denuncia contra la carrera diplomática colombiana.
- Al paso que va Colombia, cualquier «burro» podrá ser cónsul o embajador.
- Paso a paso: la historia de la carrera diplomática colombiana.
- Nombramientos y destituciones en embajadas y consulados durante los gobiernos de Duque y Petro.
Estas publicaciones, entre muchas otras, constituyen antecedentes relevantes de la posición editorial de COLEXRET. Denuncias y conclusiones que deben distinguirse de los hechos acreditados mediante documentos oficiales o decisiones judiciales, pero en conjunto reflejan una preocupación persistente por el uso político de las embajadas y los consulados.
La promesa de nombrar más diplomáticos de carrera
Una de las principales críticas formuladas al gobierno Petro fue la distancia entre sus promesas de cambio y sus prácticas de nombramiento en el servicio exterior.
Una investigación publicada por La Silla Vacía el 22 de julio de 2026 examinó bases de datos sobre nombramientos desde el año 2000, perfiles de funcionarios y más de 200 decretos y resoluciones relacionados con la planta externa.
Según esa investigación, el gobierno Petro efectuó 484 nombramientos durante el periodo analizado, de los cuales el 54% correspondió a funcionarios de carrera diplomática. Sin embargo, al observar exclusivamente los cargos de embajador, de 97 designaciones, 71 correspondieron a personas ajenas a la carrera, aproximadamente el 73%.
El contraste histórico también resulta significativo, pues la misma investigación señaló que el gobierno de Iván Duque nombró 65 embajadores políticos de un total de 77 designaciones, cerca del 84%.
Estas cifras requieren dos precisiones.
Primera: no es correcto afirmar que todos los nombramientos del gobierno Petro fueron políticos ni que la carrera diplomática desapareció durante su mandato. De hecho, la mayoría de los 484 nombramientos examinados por La Silla Vacía correspondió a funcionarios de carrera.
Segunda: que un gobierno nombre menos funcionarios de carrera que otro, o que una parte importante de sus embajadores no pertenezca al escalafón, no demuestra por sí solo una ilegalidad, ya que para establecerla hay que examinar la naturaleza del cargo, la disponibilidad de personal de carrera, las normas aplicables y las circunstancias de cada designación.
Pero las cifras sí permiten formular la crítica sobre, si un presidente promete fortalecer la meritocracia, debe explicar por qué mantiene una proporción tan elevada de embajadores ajenos a la carrera y qué medidas concretas adopta para profesionalizar el servicio exterior.
El discurso presidencial y la descalificación de los diplomáticos
La controversia no se limitó a los porcentajes, ya que durante su administración, Petro protagonizó enfrentamientos públicos con sectores de la carrera diplomática y utilizó expresiones descalificadoras al referirse a la Academia y a sus integrantes.
Una cosa es cuestionar los privilegios, la falta de resultados o las prácticas corporativas que puedan existir en una institución pública. Otra muy distinta es deslegitimar colectivamente a sus profesionales por sus opiniones o por las tradiciones de la institución a la que pertenecen.
La carrera diplomática no es propiedad de quienes la integran. Pero tampoco es propiedad del presidente de turno. Pertenece al Estado colombiano y debe servir a todos los ciudadanos.
Si existían deficiencias en su funcionamiento, la respuesta debía ser una reforma construida mediante diálogo institucional, revisión de los mecanismos de ingreso, evaluación del desempeño y fortalecimiento de los controles. No una confrontación que debilitara la confianza entre la dirección política de la Cancillería y sus profesionales.
¿Se pretendió debilitar la carrera para facilitar nombramientos políticos?
Esa es una de las preguntas centrales que COLEXRET ha planteado durante muchos años.
La evidencia permite sostener que hubo tensiones, decisiones controvertidas y una proporción elevada de embajadores ajenos a la carrera durante el gobierno Petro. También se documentaron litigios y nulidades de nombramientos en el servicio exterior.
En su momento reportamos que 45 nombramientos fueron anulados por el Consejo de Estado durante ese periodo, en el contexto de controversias sobre la legalidad de determinadas designaciones.
Lo que no sería riguroso es afirmar, sin un expediente documental completo, que cada reforma, cada nombramiento o cada crítica a la carrera obedeció exclusivamente a un plan para colocar personas afines a una ideología.
Esa conclusión requiere probar la finalidad de las decisiones concretas.
No obstante, existe una cuestión política que merece ser respondida:
¿Por qué un Gobierno que prometió cambiar las prácticas tradicionales terminó enfrentando cuestionamientos por nombramientos políticos, controversias judiciales y decisiones que afectaron la confianza institucional?
La respuesta no puede ser que todos los gobiernos lo han hecho. Que una práctica sea habitual no la convierte en buena.
Y mucho menos puede utilizarse la conducta de Petro como justificación para que su sucesor repita los mismos errores con personas de una orientación ideológica diferente.
Cambiar las cuotas de izquierda por cuotas de derecha no es profesionalizar la diplomacia. Es cambiar los beneficiarios del mismo sistema.
¿Qué nombramientos hizo Petro y qué enseñanzas deja su administración?
Durante el gobierno de Gustavo Petro se anunciaron y posesionaron numerosas personas en embajadas y misiones permanentes. Entre los casos más conocidos figuran Camilo Romero en Argentina, León Fredy Muñoz en Nicaragua, Juan José Quintana en Uruguay, Luis Ernesto Vargas ante la Organización de los Estados Americanos y Leonor Zalabata ante las Naciones Unidas.
También fueron designados otros representantes diplomáticos en países europeos, americanos y asiáticos, dentro de una política exterior que incluyó la reapertura y el fortalecimiento de relaciones con distintos países.
No podemos dejar a un lado los casos del tan cuestionado Armando Benedetti y que en su momento denunciamos bajo títulares como:
- ¿Más Embajadas colombianas pa´tapar bocas como la de Armando Benedetti?
- Armando Benedetti renuncia a la Embajada de la FAO, e irá como Asesor del Presidente Petro.
- ¿Echará, o reubicará Gustavo Petro al múltiplemente investigado Armando Benedetti?
Estos nombres no deben confundirse con un listado de funcionarios de carrera, pues solo identifican designaciones realizadas durante el gobierno Petro, no la condición de cada persona dentro del escalafón.
Para evaluar esa administración hay que estudiar por separado:
- Las designaciones de embajadores políticos.
- Los nombramientos de funcionarios de carrera en embajadas y consulados.
- Los cargos de consejeros, secretarios y otros funcionarios de la planta externa.
- Las designaciones anuladas judicialmente.
- Los funcionarios que fueron retirados, trasladados o regresaron a la planta interna.
- Los nombramientos realizados en consulados, incluidos los de quienes no tenían experiencia previa en atención consular.
- Las decisiones sobre apertura, reapertura y cierre de representaciones en el exterior.
Diferentes investigaciones también advirtieron sobre nombramientos políticos en niveles inferiores al de embajador y sobre funcionarios de carrera que terminaban desempeñando funciones por debajo de su categoría.
Este último asunto es especialmente importante, pues no basta con que el Estado conserve formalmente a sus diplomáticos profesionales. También debe ofrecerles oportunidades razonables de desarrollo, respetar el escalafón y utilizar sus conocimientos de acuerdo con las necesidades del servicio.
Un sistema que invierte años en formar profesionales y luego los desplaza sistemáticamente de los cargos de mayor responsabilidad desaprovecha su capital humano y puede terminar desincentivando el ingreso de nuevas generaciones.
Las cifras de COLEXRET y el seguimiento a los nombramientos
En nuestro artículo sobre los nombramientos y las destituciones durante los gobiernos de Duque y Petro, publicamos estadísticas suministradas por la Cancillería mediante el radicado S-OCID-24-004104 del 10 de abril de 2024.
Informamos que, entre agosto de 2018 y agosto de 2022 se registraron 627 contrataciones para trabajar en embajadas y consulados, de las cuales 393 correspondían a funcionarios de carrera diplomática.
Para el periodo comprendido entre agosto de 2022 y abril de 2024, COLEXRET contabilizó 308 contrataciones en el exterior, con 143 funcionarios de carrera.
Estas cifras corresponden a periodos de distinta duración y no deben compararse como si abarcaran cuatro años completos en ambos casos. Tampoco deben mezclarse automáticamente con la base de 484 nombramientos que tiene un periodo y una metodología propios.
Sin embargo, constituyen un antecedente importante de las preguntas que COLEXRET viene formulando:
¿Cuántos cargos se proveen con funcionarios de carrera?, ¿Cuántos se destinan a nombramientos políticos?, ¿Cuánto cuesta cada decisión? y ¿Qué resultados obtiene la ciudadanía?
Las respuestas deben construirse a partir de bases de datos completas, homogéneas y verificables, no de cifras aisladas.
Los nombramientos de carrera durante el Gobierno actual: ¿qué se puede afirmar?
La administración de Abelardo De La Espriella ha recibido una Cancillería con una carrera diplomática establecida por ley, funcionarios en proceso de alternación y procedimientos de ingreso y ascenso que continúan vigentes.
En junio de 2026, la Cancillería informó sobre la convocatoria para el concurso de ingreso correspondiente a 2028, que había registrado 5.215 inscritos y ofrecía hasta 60 cupos para el proceso de formación.
Estas convocatorias son importantes porque muestran que el funcionamiento de la carrera no se reduce a los nombramientos de embajadores, sino que incluye el ingreso de nuevas generaciones, la formación, los ascensos y la continuidad del servicio exterior.
El pasado miércoles, la Cancillería anunció que el presidente había decidido designar a varios funcionarios de carrera diplomática y consular como embajadores y jefes de misión. La comunicación fue presentada como un reconocimiento a la trayectoria, la formación especializada y la experiencia internacional de esos profesionales.
Sin embargo, el anuncio no identificó a todos los designados ni especificó sus destinos. Por tanto, no permite establecer cuántos cargos se cubrirán con funcionarios de carrera, qué embajadas recibirán a esos profesionales ni qué proporción representan respecto del conjunto de las designaciones del Gobierno.
Este anuncio debe ser valorado positivamente en cuanto a su orientación, pero también debe ser seguido de información concreta.
No basta con anunciar que se nombrará a diplomáticos de carrera, también hay que decir quiénes son, dónde prestarán sus servicios y cómo se adoptaron las decisiones.
La transparencia debe incluir los nombramientos de cónsules, ministros consejeros, consejeros, primeros y segundos secretarios y demás integrantes de las representaciones colombianas.
El país necesita conocer no solo los nombres de los embajadores anunciados en los medios, sino también la distribución completa de los cargos entre funcionarios de carrera y personas ajenas a ella.
Y el nuevo Gobierno debe responder una pregunta que no admite evasivas:
¿Su compromiso con la carrera diplomática se traducirá en decisiones verificables o se limitará a utilizar la experiencia de algunos funcionarios mientras reserva otros cargos para sus aliados?
María Margarita Salas y Gloria Restrepo: también hay que reconocer los aciertos
La defensa de la carrera diplomática no puede llevarnos a cometer la injusticia de desconocer el trabajo de quienes, sin pertenecer necesariamente a ella, han demostrado capacidad, compromiso y sensibilidad en la atención de los colombianos en el exterior.
En Madrid, COLEXRET ha señalado los nombres de María Margarita Salas y Gloria Restrepo como referencias para analizar la experiencia de profesionales que desempeñaron funciones consulares y cuyo trabajo merece ser examinado más allá de su condición administrativa.
María Margarita Salas fue cónsul general de Colombia en Madrid entre los años 2013 y 2019. Su trayectoria constituye un antecedente concreto para estudiar la gestión consular de personas que han ocupado responsabilidades relevantes fuera del esquema de una carrera diplomática tradicional.
En el caso de Gloria Restrepo, quien le recibió el Consulado a María Margaria Salas en 2019, así como en el de otros funcionarios en diferentes Consulados de Colombia en el mundo, que no han sido de carrera diplomática, COLEXRET ha destacado, , su gran trabajo y responsabilidad en el cargo, lo que los ha llevado a recibir un amplio y merecido reconocimiento por parte de la ciudadanía.
Luego entonces, la valoración favorable de una persona no debe confundirse con una certificación oficial de desempeño. Pero el principio que defendemos es que el mérito debe reconocerse allí donde exista, independientemente de la forma en que una persona haya ingresado al servicio público.
Un profesional ajeno a la carrera puede aportar conocimientos especializados, capacidad de gestión, experiencia empresarial, dominio de idiomas, sensibilidad social o un conocimiento profundo de la comunidad colombiana en el país de destino. Esas capacidades pueden resultar valiosas para determinadas responsabilidades.
Lo que no puede hacerse es convertir las excepciones exitosas en una justificación para eliminar los concursos, debilitar los requisitos o abrir indiscriminadamente los cargos a personas sin preparación suficiente.
¿Qué otros perfiles pueden aportar a la diplomacia?
Hay que mirar más allá de la confrontación entre carrera y nombramientos políticos.
Un economista con experiencia en comercio internacional puede contribuir a la atracción de inversiones. Un jurista especializado en derecho internacional puede resultar valioso en negociaciones complejas. Un investigador con conocimiento de una región puede fortalecer la cooperación científica. Una persona con experiencia demostrada en derechos humanos puede contribuir a la protección de comunidades vulnerables.
Las trayectorias públicas de figuras como Luis Gilberto Murillo y Daniel García-Peña, quienes ejercieron responsabilidades diplomáticas durante la administración anterior, ilustran que también existen perfiles ajenos al escalafón tradicional con experiencia en política exterior y relaciones internacionales.
Sin embargo, cada gestión debe evaluarse individualmente, sin presumir que la trayectoria política garantiza buenos resultados.
Sin lugar a dudas, el país necesita una combinación inteligente de experiencia diplomática, conocimiento especializado y capacidad de representación.
Pero esa combinación debe construirse con criterios públicos, no mediante favores personales.
¿Qué debería reformarse en la carrera diplomática colombiana?
Nosotros consideramos que el debate no debe quedarse en la defensa de lo existente. La carrera diplomática necesita ser protegida frente a la interferencia política, pero también debe modernizarse, corregir deficiencias y responder mejor a las necesidades de Colombia y de su diáspora.
El marco normativo actual, establecido principalmente por el Decreto-Ley 274 de 2000, constituye el punto de partida. Una reforma debe estudiar sus disposiciones, las modificaciones posteriores, la jurisprudencia y las necesidades actuales del servicio exterior.
Estas son nuestras principales propuestas.
Establecer una prioridad efectiva para los funcionarios de carrera
Los cargos diplomáticos y consulares deben proveerse prioritariamente con funcionarios de carrera que reúnan los requisitos legales, tengan la categoría adecuada y acrediten las competencias necesarias para el destino.
Los nombramientos políticos deben responder a excepciones justificadas, no convertirse en la regla para los cargos de mayor visibilidad.
Cuando exista un funcionario de carrera disponible e idóneo, la Cancillería debería publicar una justificación verificable de cualquier decisión que se aparte de esa opción, respetando las normas aplicables y la información legalmente reservada.
No se trata de eliminar las facultades presidenciales, sino de exigir que se ejerzan de manera responsable y transparente.
Revisar los requisitos para embajadores y cónsules
El país debe discutir si la experiencia diplomática, el conocimiento de idiomas, la formación en relaciones internacionales y la trayectoria en gestión pública deben tener un peso mayor en determinados destinos.
No todos los países ni todas las misiones presentan las mismas necesidades. Una embajada encargada de negociaciones comerciales complejas puede requerir competencias distintas de las de una representación ante un organismo multilateral.
Del mismo modo, la dirección de un consulado que atiende a cientos de miles de colombianos exige capacidades específicas de administración, protección consular y resolución de problemas.
La reforma debería definir perfiles por tipo de misión, sin convertir títulos académicos particulares en barreras arbitrarias ni excluir a candidatos que acrediten competencias equivalentes.
Evaluar el desempeño de todos los funcionarios
La evaluación no puede terminar cuando una persona obtiene su nombramiento. Debe existir un sistema periódico de indicadores para embajadores, cónsules y funcionarios de carrera, adaptado a las responsabilidades de cada puesto.
Entre los aspectos que deberían medirse podrían estár:
- Calidad y oportunidad de la atención consular.
- Resolución de solicitudes, quejas y reclamaciones.
- Cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas.
- Ejecución presupuestal y contratación transparente.
- Gestión de crisis y protección de ciudadanos vulnerables.
- Resultados de la cooperación bilateral y de la promoción comercial.
- Cumplimiento de objetivos de política exterior.
- Satisfacción de los usuarios, medida mediante mecanismos independientes.
- Integridad, transparencia y respeto por los derechos humanos.
Los indicadores deben tener en cuenta las diferencias entre destinos y evitar que un funcionario sea penalizado por circunstancias que escapan a su control.
La evaluación debe conducir a planes de mejoramiento, formación, reconocimiento del buen desempeño o, cuando corresponda y mediante el procedimiento legal pertinente, a sanciones o al retiro.
Impedir que la alternación se convierta en castigo o premio político
La alternación entre la planta interna y la externa forma parte del régimen de la carrera diplomática. Debe garantizar el desarrollo profesional y responder a las necesidades del servicio, no utilizarse para castigar a funcionarios críticos ni favorecer a quienes tienen cercanía con el Gobierno.
Es necesario revisar la distribución de destinos, los criterios de selección, los tiempos de permanencia y las condiciones familiares y laborales, dentro de lo permitido por la ley.
También debe garantizarse que las competencias de los funcionarios sean aprovechadas de manera razonable y que no se convierta en una práctica habitual asignar responsabilidades inferiores a la categoría alcanzada.
Fortalecer la Academia Diplomática
La Academia debe mantener su papel como institución de formación y selección, con procedimientos transparentes, exigentes y abiertos a la diversidad regional y social de Colombia.
Proponemos revisar y actualizar los contenidos relacionados con:
- Atención consular y protección de los colombianos en el exterior.
- Política migratoria y derechos de las personas migrantes.
- Derecho internacional y derechos humanos.
- Negociación diplomática y resolución de conflictos.
- Administración pública, contratación y control fiscal.
- Gestión presupuestal y rendición de cuentas.
- Transformación digital, protección de datos y ciberseguridad.
- Comercio exterior, inversión y cooperación internacional.
- Comunicación pública y manejo de crisis.
- Relaciones con comunidades colombianas organizadas en el exterior.
La formación debe incluir prácticas y evaluaciones aplicadas a situaciones reales. La preparación académica es indispensable, pero debe complementarse con capacidad de resolver problemas concretos.
Abrir vías transparentes para incorporar especialistas externos
No proponemos cerrar las puertas a los profesionales que no pertenecen a la carrera, lo que proponemos es que su ingreso responda a necesidades demostrables y a reglas claras.
Podrían estudiarse mecanismos de selección pública para perfiles especializados, bolsas de expertos, convocatorias para determinadas funciones técnicas y requisitos de experiencia diferenciados según el cargo.
Esos mecanismos deben respetar el régimen legal vigente y no convertirse en una vía paralela para eludir los concursos de carrera.
Un nombramiento político no debe servir para disfrazar una relación permanente que, por su naturaleza, requiera otra forma de vinculación.
Revisar los salarios, los incentivos y las condiciones laborales
La profesionalización también exige condiciones dignas de trabajo.
La reforma debe estudiar los componentes salariales, su actualización, los costos de vida, las condiciones de seguridad y las necesidades familiares de quienes cumplen misiones en el exterior.
Esto no significa justificar remuneraciones elevadas sin evaluación. Significa construir un sistema que atraiga profesionales competentes, preserve la experiencia institucional y utilice los recursos públicos con criterios de eficiencia y equidad.
Proteger la independencia técnica de la Cancillería
Los funcionarios deben cumplir la política exterior definida legítimamente por el Gobierno, pero también tienen la obligación de advertir sobre riesgos jurídicos, diplomáticos y administrativos.
Una Cancillería profesional necesita canales internos para formular observaciones técnicas sin temor a represalias.
El desacuerdo profesional, expresado por los conductos apropiados, no debe confundirse con deslealtad política. Al mismo tiempo, ningún funcionario puede utilizar su posición para sabotear las decisiones legales del Gobierno o desconocer las instrucciones legítimas de sus superiores.
La clave está en delimitar responsabilidades, proteger la integridad profesional y exigir cumplimiento de la ley.
La reforma consular debe estar en el centro de la discusión
Para COLEXRET, la discusión sobre la carrera diplomática no puede separarse de la reforma consular ni de la atención que reciben los colombianos en el exterior.
Durante años hemos insistido en que los consulados no pueden ser vistos simplemente como oficinas para expedir pasaportes, registrar documentos o recaudar derechos consulares.
Son instituciones públicas que deben proteger a los ciudadanos, orientar a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad y facilitar el ejercicio de sus derechos.
Un buen cónsul necesita conocimientos jurídicos y administrativos, capacidad de dirección, empatía, dominio de los procedimientos y habilidad para coordinar con las autoridades del país receptor.
Por ello, proponemos que cualquier reforma consular incluya los siguientes compromisos:
Carta de servicios consulares: publicación clara de trámites, requisitos, plazos, costos y canales de reclamación.
Sistema unificado de quejas: registro de solicitudes, seguimiento de casos y respuestas verificables.
Evaluación ciudadana independiente: encuestas transparentes y auditorías de calidad.
Protocolos de protección: atención prioritaria de víctimas de violencia, menores, detenidos, personas mayores y ciudadanos en situación de vulnerabilidad.
Control de recursos: publicación de información presupuestal y revisión periódica de contratos y gastos.
Indicadores comparables: evaluación de los consulados con criterios adaptados a su tamaño, presupuesto y población atendida.
Participación de la diáspora: mecanismos para escuchar a las organizaciones de colombianos en el exterior, a la Mesa Colombiana de las Migraciones, y a ciudadanos en general,y responder a sus propuestas.
Continuidad del servicio: planes para evitar que los cambios de cónsul paralicen trámites o interrumpan la atención.
La calidad de un consulado no puede medirse únicamente por la cantidad de trámites realizados. También debe evaluarse por su capacidad de resolver problemas, proteger derechos y tratar dignamente a los usuarios.
Y aquí volvemos al principio, un funcionario de carrera puede ser excelente o deficiente, igual que una persona nombrada por fuera de ella. La diferencia debe establecerse mediante resultados comprobables, no por prejuicios.
Una veeduría independiente para embajadas y consulados
COLEXRET considera que ha llegado la hora de construir un mecanismo permanente de vigilancia ciudadana del servicio exterior colombiano. Es más, sería uno de los puntos que se incluirían dentro del «Estatuto Migratorio Colombiano» elaborado a través de la «Consejería Presidencial para las Migraciones» que venimos proponiendo.
No basta con publicar los nombres de los designados ni con esperar a que aparezca un escándalo para revisar la gestión de una embajada o un consulado.
La diáspora necesita información periódica, mecanismos de denuncia y una forma organizada de hacer seguimiento a los compromisos de la Cancillería.
Dentro de ese Estatuto Migratorio proponemos impulsar una Veeduría Ciudadana del Servicio Exterior Colombiano, constituida conforme a las normas aplicables y con independencia de los partidos políticos, del Gobierno y de los funcionarios objeto de vigilancia.
Su funcionamiento podría organizarse alrededor de cinco líneas; veamos:
Primera: seguimiento a los nombramientos. Publicar una matriz que identifique a cada funcionario, el cargo, el destino, la fecha del nombramiento, la fecha de posesión, su condición de carrera o de libre nombramiento y los requisitos exigidos.
Segunda: vigilancia del desempeño. Recopilar información sobre atención consular, cumplimiento de funciones, quejas, tiempos de respuesta y resultados, respetando la protección de datos personales y las reservas legales.
Tercera: seguimiento a los recursos públicos. Examinar información presupuestal, contratación, alquileres, traslados, gastos de representación y demás asuntos susceptibles de control ciudadano.
Cuarta: canal de denuncias documentadas. Recibir información, verificarla y remitir los hallazgos a las autoridades competentes cuando existan elementos suficientes, sin convertir las denuncias en juicios anticipados ni en instrumentos de persecución política.
Quinta: informes periódicos. Publicar balances semestrales o anuales que permitan comparar resultados entre destinos, identificar buenas prácticas y formular recomendaciones.
La veeduría no sustituiría a la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, los jueces ni los órganos de control disciplinario. Tampoco podría nombrar, retirar o sancionar funcionarios.
Su función sería complementar los controles institucionales mediante vigilancia ciudadana, acceso a información pública y seguimiento de compromisos.
COLEXRET, por su trayectoria en la defensa de los colombianos en el exterior y sus publicaciones sobre la Cancillería, puede contribuir a promover esa iniciativa junto con otras organizaciones de la diáspora, profesionales del derecho, académicos y ciudadanos interesados.
Pero su credibilidad dependerá de una condición indispensable, aplicar el mismo rigor a los funcionarios nombrados por De La Espriella que a los designados durante los gobiernos de Petro o Duque.
No tendría sentido crear una veeduría para perseguir a los adversarios de un sector político. Debe servir para defender a los ciudadanos y el patrimonio público.
¿Qué debería retirar o corregir una reforma de la carrera diplomática?
Reformar no significa añadir nuevas obligaciones sin revisar las existentes. También es necesario identificar prácticas que deben desaparecer o disposiciones que requieren corrección.
Proponemos estudiar la eliminación o modificación de:
La discrecionalidad sin suficiente justificación: las decisiones de nombramiento deben tener motivaciones verificables cuando corresponda, especialmente si existen funcionarios de carrera idóneos disponibles.
Los privilegios sin evaluación: ningún cargo debe convertirse en una garantía de permanencia independiente del desempeño y de las obligaciones legales.
Los procedimientos opacos: las decisiones de alternación, los criterios de asignación de destinos y las evaluaciones deben contar con reglas claras.
Los nombramientos que desconozcan las normas: debe impedirse que las necesidades políticas prevalezcan sobre los requisitos legales y los derechos de los funcionarios.
La formación desactualizada: los programas académicos deben revisarse periódicamente, con base en las nuevas necesidades del servicio exterior.
La evaluación puramente formal: los ascensos y las asignaciones deben sustentarse en competencias y resultados, dentro del marco legal de la carrera.
La ausencia de indicadores públicos: la Cancillería debe facilitar información que permita evaluar la calidad del servicio, respetando las reservas legales.
Estas reformas requieren un análisis jurídico detallado. No sería adecuado suprimir garantías de estabilidad, modificar causales de retiro o alterar el régimen de carrera mediante simples decisiones administrativas cuando se requiera una norma de mayor jerarquía.
La finalidad debe ser corregir deficiencias sin destruir las garantías que protegen la profesionalización frente a la interferencia política.
El Gobierno de De La Espriella tiene la oportunidad de demostrar que aprendió de los errores anteriores
La administración de Abelardo De La Espriella puede reivindicar la importancia de los diplomáticos profesionales y mejorar el funcionamiento de la Cancillería. Pero para hacerlo necesita algo más que declaraciones favorables a la meritocracia.
Debe demostrar que sus decisiones son coherentes con ese principio.
Los casos de Carlos Felipe Mejía y Miguel Uribe Londoño, cuyos beneplácitos siguen pendientes, plantean interrogantes sobre la preparación de las designaciones y la prudencia con la que deben gestionarse las relaciones bilaterales.
El anuncio del pasado día miercoles sobre nuevos nombramientos de funcionarios de carrera constituye una señal que debe examinarse con atención. Pero mientras no se publiquen los nombres, los destinos y los actos correspondientes, no es posible determinar el alcance real de esa decisión ni concluir que la política de nombramientos haya cambiado de manera sustancial.
El análisis tampoco debe agotarse en los embajadores.
La ciudadanía necesita conocer qué está ocurriendo con los consulados, cuántos funcionarios de carrera se encuentran en puestos acordes con su experiencia, qué personas han sido designadas mediante mecanismos políticos y qué resultados están obteniendo las representaciones.
El Gobierno debe publicar esa información y someterse a una evaluación objetiva.
Si un funcionario de carrera no cumple sus obligaciones, debe ser evaluado y, cuando proceda legalmente, investigado o retirado mediante el procedimiento correspondiente.
Si un funcionario nombrado por fuera de la carrera demuestra excelentes resultados, debe reconocerse su gestión. Si incumple, debe responder en las mismas condiciones que cualquier otro servidor público.
No se trata de proteger personas. Se trata de proteger instituciones.
Ni la diplomacia como botín ni la carrera como privilegio
Colombia no puede seguir repitiendo el ciclo que, un presidente llega al poder, critica los nombramientos de su antecesor, promete profesionalizar el servicio exterior y termina utilizando una parte de las embajadas y los consulados para atender compromisos políticos.
La historia reciente demuestra que el problema no pertenece exclusivamente a una ideología. El gobierno de Iván Duque registró una elevada proporción de embajadores ajenos a la carrera; el de Gustavo Petro tampoco cumplió plenamente sus promesas de profesionalización.
Ahora corresponde al Gobierno de Abelardo De La Espriella demostrar que no repetirá esas prácticas.
La carrera diplomática merece respeto porque representa una inversión institucional de largo plazo. Sus integrantes se preparan, ascienden y adquieren experiencia que no debería desperdiciarse por cambios de orientación política.
Pero también deben aceptar la evaluación, el control ciudadano y la responsabilidad por sus actuaciones. La pertenencia a la carrera no puede convertirse en un escudo frente a las críticas legítimas ni frente a las consecuencias de incumplir sus funciones.
De igual manera, los profesionales que llegan desde otros ámbitos pueden aportar conocimientos y capacidades valiosas, siempre que su selección responda a criterios verificables de idoneidad y no a la simple cercanía con el presidente.
COLEXRET no defiende una diplomacia de privilegios; es más, la detesta. Lo que defendemos es una diplomacia profesional, transparente, eficaz y comprometida con los colombianos dentro y fuera del país. Unos diplomáticos con sentido y sentimiento social.
Por eso insistimos en la necesidad de reformar la carrera, modernizar los consulados y crear una veeduría ciudadana que vigile los nombramientos y los resultados de cada representación.
El mérito debe ser la regla. La excepción debe justificarse. Los resultados deben evaluarse. Y quien incumpla debe responder, tenga o no tenga padrinos políticos.
Porque las embajadas y los consulados no pertenecen a Gustavo Petro, a Abelardo De La Espriella ni a ningún partido o ideología política, pertenecen a Colombia.
Y los colombianos que viven en el exterior tienen derecho a exigir que quienes los representan estén a la altura de esa responsabilidad.
Una vez se cumplan los primeros 3 meses del gobierno del Sr. Abelardo De La Espriella, lanzaremos un amplio artículo sobre sus aciertos y desaciertos dentro de la Política Exterior Colombiana, con especial énfasis en los colombianos en el exterior, la población retornada, los extranjeros en Colombiana, y en general frente a la Temática Migratoria de nuestro país.
Todo ello, obteniendo información de fuentes oficiales, y escuchando a diferentes colombianos residentes en el exterior.
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