Cómo lo ha venido haciendo COLEXRET desde el año 2010 con cada uno de los Representantes a la Cámara por los colombianos en el exterior, hasta el último minuto que estén en ese cargo, ejerceremos nuestros derechos a la «Participación y veeduría ciudadana», «Control Político», «Libertad de expresión», «Información pública», «Libertad de prensa».
Es así como nuestra denuncia de hoy es con base en este interrogante, ¿Qué oculta Carmen Ramírez Boscán al solicitar prórroga sobre su UTL en el exterior?
El silencio estratégico de la Representante Carmen Ramírez Boscán sobre sus asesores en el extranjero
Siempre hemos sostenido que la transparencia en la gestión pública no debería ser una concesión opcional, sino una práctica inmediata, especialmente cuando se trata de la representación de los más de cinco (5) millones de connacionales que residen fuera del país.
Por ello es muy extraña la reciente respuesta de la Representante a la Cámara por la Circunscripción Internacional, Carmen Felisa Ramírez Boscán, quien mediante comunicación del 9 de junio de 2026, solicitó una prórroga para responder a un detallado Derecho de Petición enviado por este medio el pasado 21 de mayo de 2026.
La petición es relacionada con las publicaciones realizadas por esta Casa informativa en los siguientes titulares:
- ¿Asesoría o Ausentismo? El millonario salario del asesor de la UTL en el exterior que trabaja en dos países a la vez.
- ¿Asesor del Congreso o profesor en Brasil? Denuncia contra Congresista Carmen Ramírez Boscán y su UTL por presuntas irregularidades.
La solicitud de información apuntaba al núcleo del uso de los recursos públicos, las actividades, sustentos legales y contratos de los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo «UTL», específicamente los señores Pietro de Jesús Alarcón Lora quien operó desde São Paulo, Brasil, y Miguel Ángel Rojas Barrera desde Santiago de Chile.
La excusa de la Congresista para pedir prórroga para responder es que, «por la cantidad y especificidad de la información, esta todavía se encuentra en proceso de consolidación».
Si bien este aplazamiento se ampara bajo la legalidad, desde la lógica del control ciudadano la pregunta es,
¿Qué pretende ocultar o qué respuestas está fabricando si se supone que toda esta documentación debe reposar de manera organizada en sus propios archivos de gestión?
Y consideramos que es una mera excusa, puesto que no se entiende cómo, si el Estado destina casi CIEN MILLONES ($100.000.000) de pesos de los impuestos ciudadanos para la contratación de asesores (UTL) para esa Curul, no se cuente con al menos uno de ellos que lleve los archivos de manera ordenada para una respuesta pronta y de fondo a cualquier derecho de petición que se le eleve.
La legalidad contra la lógica administrativa
Desde el punto de vista estrictamente legal, la Congresista Ramírez Boscán está en su derecho.
El parágrafo del artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), sustituido por la Ley 1755 de 2015, faculta a las autoridades a informar al peticionario la imposibilidad de responder en el término inicial de quince (15) días, permitiendo una ampliación de hasta el doble del tiempo.
Sin embargo, el amparo legal no exime la contradicción administrativa, ya que el objeto de la petición, basado en el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015 y el artículo 23 de la Constitución Política, busca esclarecer bajo qué norma constitucional o reglamentaria del Congreso se autoriza el traslado de funciones de una UTL fuera del territorio nacional.
Un aforismo básico de la administración pública dicta que los servidores solo pueden hacer aquello que la ley les permite expresamente.
Si la Congresista autorizó misiones prolongadas en el exterior entre 2023 y 2026 , los actos administrativos, resoluciones de nombramiento, bitácoras de supervisión e informes de actividades debieron ser transversales a dicho ejercicio.
¿Por qué «consolidar» entonces a última hora una información que debió ser el requisito previo para el desembolso de los salarios públicos de dichos asesores?
Del trasfondo político y social surge la pregunta, ¿Representación o Desconexión?
El análisis político de este aplazamiento revela una preocupante fisura en el control institucional, ya que la Circunscripción Internacional fue creada para dar voz a la diáspora colombiana en el mundo y defender sus derechos.
Justificar la permanencia de asesores estatales en determinados países, como en el caso tratado, Brasil y Chile, requiere un sustento de idoneidad, necesidad y proporcionalidad respecto a la distribución geográfica de los migrantes colombianos.
Al dilatar las respuestas sobre las actividades mensuales y los recursos públicos invertidos en São Paulo (Brasil) o Santiago de Chile (Chile), la congresista Ramírez Boscán no solo evade temporalmente al periodismo investigativo de COLEXRET, sino que debilita los principios de Veeduría Ciudadana y Control Político que sus mismos electores reclaman.
Aunque ya es muy común en esta Congresista la vulneración de esos y otros derechos, tal y como lo estableció la Corte Constitucional en Sentencia T-149 de 2025
La ciudadanía tiene el derecho legítimo de saber si estas asignaciones respondieron a necesidades reales de las comunidades en el exterior o si obedecieron puramente a criterios discrecionales y conveniencias particulares.
Proponemos una Reforma de las UTL del Congreso
En COLEXRET mantenemos una postura tan crítica frente a las opacidades institucionales como propositiva de cara al fortalecimiento democrático.
Este episodio evidencia la urgencia de establecer límites claros y reglas de juego públicas para las Unidades de Trabajo Legislativo de los congresistas de la diáspora. De ahí que proponemos:
Reglamentación Específica:
El Congreso de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública deben emitir una directriz clara que regule de manera estricta el teletrabajo o las comisiones en el extranjero para miembros de las UTL, definiendo topes temporales, condiciones jurídicas y el carácter excepcional de estas misiones.
Plataformas de Transparencia Activa:
Las bitácoras de actividades, informes de gestión y resultados e indicadores de impacto de las UTL que operen total o parcialmente fuera de Colombia deberían ser de acceso público y permanente en los portales web de las corporaciones, eliminando la necesidad de recurrir a derechos de petición para destapar la cotidianidad del gasto público.
Rendición de Cuentas Georreferenciada:
Los congresistas elegidos por los colombianos en el exterior deberían justificar anualmente, mediante un mapa de gestión, la distribución de su equipo de trabajo de cara a las oficinas consulares y las necesidades prioritarias de los retornados y migrantes.
¿Hasta cuándo la prórroga solicitada para responder?
Como la prórroga solicitada por la Representante Carmen Ramírez Boscán expira pronto, desde este espacio fiscalizaremos rigurosamente que la respuesta final no sea un mero saludo a la bandera lleno de generalidades ambiguas, sino el desglose detallado, técnico y transparente que la ley exige y que la comunidad internacional merece recibir.
La confianza de los millones de colombianos en el exterior no se sostiene con dilaciones, se consolida con cuentas claras.
Tal y como entró así sale «Por la puerta de atrás».
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