¿Cómo un asesor del Congreso colombiano gana millones en Bogotá mientras da clases en São Paulo – Brasil, ganándose otra millonada, cuando su labor inicial y para la cual se le paga del Erario público le obligan a laborar 8 horas diarias?
¿Asesoría o Ausentismo? El millonario salario del asesor de la UTL en el exterior que trabaja en dos países a la vez.
El erario público de los colombianos es sagrado, o al menos ese ha sido el lema bandera de las corrientes progresistas que hoy ostentan el poder legislativo en el país.
Sin embargo, cuando se examina con lupa el uso de los recursos destinados a las Unidades de Trabajo Legislativo «UTL» de los congresistas electos por las circunscripciones internacionales, la brecha entre el discurso de la austeridad y la realidad contractual se convierte en un abismo ético y legal.
El caso del jurista, académico y directivo político Pietro de Jesús Alarcón Lora, adscrito a la Unidad de Trabajo Legislativo -UTL- de la Representante a la Cámara por los Colombianos en el Exterior, Carmen Felisa Ramírez Boscán (Pacto Histórico), abre un debate impostergable:
¿Es físicamente posible cumplir con una jornada laboral de 8 horas diarias para el Congreso de Colombia y, al mismo tiempo, ejercer como docente titular y director de programas universitarios en São Paulo, Brasil, recibiendo doble remuneración?
Entre septiembre de 2023 y febrero de 2025, Alarcón Lora percibió un millonario sueldo del presupuesto nacional colombiano mientras su agenda académica en Brasil transcurría con total normalidad. Un don de la ubicuidad financiado por los contribuyentes que exige respuestas inmediatas de los entes de control.
Un perfil de alto nivel con agenda compartida
Para entender la dimensión del debate, es indispensable revisar quién es el funcionario en cuestión.
El Dr. Pietro de Jesús Alarcón Lora posee una robusta y respetable trayectoria académica que nadie pone en duda, pero que colisiona frontalmente con las obligaciones de un servidor público bajo régimen de subordinación en Colombia.
¿Quién es Pietro de Jesús Alarcón Lora?
Pietro de Jesús Alarcón Lora es un reconocido jurista, académico y líder político colombiano, vinculado a la coalición del Pacto Histórico.
Dentro de la coyuntura política colombiana, ha sido una figura clave en la representación internacional de los movimientos de izquierda, fungiendo como miembro activo de la dirección de la Unión Patriótica (UP) y coordinador de la comisión internacional de dicha coalición.
En el ámbito internacional, es profesor titular en la prestigiosa Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP) en Brasil, donde además se desempeña como Coordinador del Área de Derecho Constitucional.
Es el director de la Cátedra Sérgio Vieira de Mello en convenio con el ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados) y dicta clases en el programa de posgrado del Centro Universitário de Bauru (CEUB/ITE).
Durante el periodo de su vinculación legislativa, publicó libros bajo el sello Tirant lo Blanch Brasil (mayo de 2024) y recibió homenajes de la Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) por su labor académica activa y presencial en territorio brasileño.
Salario del Congreso en Bogotá, vida presencial en São Paulo
El ingreso formal de Alarcón Lora a la nómina del Congreso se dio en el mes de octubre de 2023 como asesor de la congresista Carmen Felisa Ramírez Boscán, con quien comparte militancia ideológica. Su vinculación permaneció vigente durante todo el periodo analizado hasta febrero de 2025.
Durante estos mismos meses, las bitácoras universitarias del estado de São Paulo demuestran que el Sr. Alarcón Lora dictó clases presenciales, coordinó comités curriculares, lanzó el libro “Constitucionalismo e Refúgio” en agosto de 2024 y cumplió con las obligaciones propias de un profesor de planta en Brasil.
Frente a este solapamiento de actividades surgen las preguntas críticas que estructuran esta denuncia:
¿A qué horas y qué días laboraba para el Congreso de Colombia si el calendario de la PUC-SP exige dedicación académica presencial?
Si los funcionarios de la UTL están sujetos a una jornada laboral estándar en el sector público, ¿en qué momento del día ejecutaba las labores de asesoría técnica legislativa por las cuales recibía millones de pesos mensuales?
¿Qué dice la normativa colombiana?
El argumento de defensa común en estos casos es que los congresistas de la circunscripción internacional están facultados para asignar personal de su UTL en el extranjero.
Si bien la Ley 2043 de 2020 y la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso) introdujeron flexibilidades para que los asesores operen desde regiones o el exterior si la naturaleza de la curul lo amerita, la ley jamás eliminó el principio de la jornada laboral ni autorizó el multiempleo simultáneo con entidades extranjeras privadas o públicas.
El mito de la «libertad de horario» en las UTL
El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), mediante el Concepto 163951 de 2019, ha sido tajante al definir el régimen de estos servidores:
«Los empleados de las UTL están sujetos a las condiciones especiales de horarios y días hábiles, teniendo en cuenta que estas unidades están concebidas bajo la idea de elevar y hacer más eficientes las labores del legislativo… debiendo cumplir con la carga de disponibilidad y subordinación orgánica».
Un empleado público en Colombia, por regla general, debe cumplir una jornada de 44 horas semanales (Decreto 1042 de 1978). Aunque los asesores de UTL manejan esquemas de «confianza y manejo», están obligados a certificar mensualmente el cumplimiento de sus funciones para poder cobrar sus honorarios.
Prohibición de doble asignación pública y conflicto de intereses
El artículo 128 de la Constitución Política de Colombia es explícito sobre las limitaciones de los servidores públicos, al establecer que,
«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte principal el Estado, salvo las excepciones determinadas por la ley.»
Si bien la PUC-SP de Brasil es una institución de carácter privado/pontificio, lo que técnicamente la saca de la prohibición de la doble asignación presupuestal colombiana, el conflicto radica en la incompatibilidad de tiempos.
No se puede estar físicamente dictando una cátedra en el hemisferio sur y, simultáneamente, proyectando ponencias de ley para la Cámara de Representantes en Bogotá durante la jornada laboral ordinaria.
La Jurisprudencia de las Altas Cortes
El Consejo de Estado de Colombia, en reiterada jurisprudencia respecto a la pérdida de investidura y la conducta de los funcionarios de las UTL, ha manifestado que la destinación de estos recursos es exclusiva para la labor legislativa.
En sentencias de unificación de la Sala de lo Contencioso Administrativo se ha dejado claro que:
«La alteración o simulación en los reportes de actividades de los miembros de las Unidades de Trabajo Legislativo, o el pago de salarios a personas que no prestan efectivamente el servicio en los términos exigidos por la ley, constituye una desviación de poder y una falta gravísima que afecta la moralidad administrativa.»
El silencio de la coherencia, causante de impacto Político y Social
El análisis sociopolítico de este caso es demoledor para la confianza ciudadana, puesto que la Congresista Carmen Ramírez Boscán llegó al Congreso bajo las banderas del cambio, prometiendo pulcritud y el fin de las «corbata» (término coloquial colombiano para los puestos públicos donde se cobra sin trabajar).
Entregar un cargo de alta remuneración a un ideólogo de su mismo partido, permitiéndole residir y trabajar a tiempo completo para el sistema universitario de otro país, configura un claro favoritismo político.
¿Merece el caso ser denunciado?
Un rotundo sí. Y por eso COLEXRET pondrá este caso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para que investigue de oficio los siguientes elementos:
Certificaciones de Cumplimiento: Revisar los informes mensuales que la Congresista Ramírez Boscán firmó para autorizar el pago de Alarcón Lora entre septiembre de 2023 y febrero de 2025.
Cruces de Migración y Horarios: Confrontar las horas de las cátedras presenciales dictadas en São Paulo (Brásil), con las horas de los debates y comisiones legislativas en Colombia.
El Rol de las UTL en el Exterior: Legislar de manera urgente para que los asesores de la diáspora tengan un control biométrico o digital de actividades verificable por la ciudadanía a través de datos abiertos.
Conclusión y Propuestas para Remediar el Vacío Ético
Las investigaciones y denuncias publicadas por Colexret demuestran que el control de las UTL en el exterior es una zona gris propicia para el abuso institucional.
Para evitar que el Congreso siga siendo una caja menor de favores políticos internacionales, se propone:
Reforma a la Ley 5ª de 1992: Prohibir explícitamente que los miembros de las UTL tengan contratos laborales vigentes o vinculaciones de planta en los países donde son destacados de forma remota.
Plataforma de Transparencia Real: Obligar a que todos los productos legislativos (conceptos, ponencias, minutas) firmados por los asesores de las UTL sean de acceso público para verificar si realmente justifican el salario devengado.
Rendición de Cuentas de la Curul Internacional: Exigir un cronograma público de los asesores destacados en el exterior que detalle sus horas de atención a la comunidad migrante, desvinculándolos de agendas académicas o corporativas privadas en el extranjero.
El cambio no es un discurso de campaña; se demuestra en el diseño institucional y en la fiscalización implacable de quienes, bajo la excusa de la academia y la diplomacia informal, terminan recibiendo dos salarios a costa del esfuerzo de los ciudadanos colombianos.
Comentarios