Este es el primer artículo de la serie de investigación electoral de COLEXRET sobre las propuestas migratorias de los partidos que concurren a las elecciones generales españolas el próximo 29 de noviembre de 2026.
El análisis se centra especialmente en las consecuencias que podrían tener para los colombianos residentes en España, sin confundir las promesas electorales con las normas que ya están vigentes.
El documento examinado en esta publicación es el programa oficial del Partido Popular «PP», titulado «La Reconstrucción Nacional. – El programa del cambio necesario para España 2026», presentado por Alberto Núñez Feijóo el 10 de noviembre de 2026.
Partido Popular «PP» – Alberto Núñez Feijóo
¿Qué propone el PP para los inmigrantes en España? Regularización, nacionalidad, empleo y control migratorio
Una nueva Ley de Nacionalidad, cupos anuales de trabajadores extranjeros, restricciones a las regularizaciones, compromisos obligatorios de integración y una política más estricta de retornos son algunas de las propuestas del Partido Popular.
¿Qué significarían para los millones de extranjeros que viven en España y, particularmente, para los colombianos?
La inmigración en el proyecto de Feijóo
La inmigración ocupa un lugar destacado en el programa electoral que el Partido Popular (PP), encabezado por Alberto Núñez Feijóo, presenta para las elecciones generales españolas del 29 de noviembre de 2026.
El documento, titulado «La Reconstrucción Nacional. El programa del cambio necesario para España 2026», fue presentado el pasado 10 de noviembre y contiene 249 medidas.
Su planteamiento migratorio parte de la premisa de que España debe controlar sus fronteras, limitar la entrada irregular, seleccionar la inmigración laboral conforme a las necesidades económicas y exigir mayores condiciones de integración a quienes quieran residir en el país.
Pero el programa va más allá del control fronterizo. También plantea modificar las condiciones para obtener la nacionalidad española, restringir las vías de regularización, condicionar determinados beneficios públicos al vínculo con España y reforzar las expulsiones de extranjeros condenados por ciertos delitos.
Para los colombianos residentes en España, estas propuestas merecen especial atención, pues Colombia tiene una relación migratoria particular con España, ya que sus ciudadanos pueden solicitar la nacionalidad española después de dos años de residencia legal y continuada, tienen acceso al voto municipal bajo determinadas condiciones y mantienen vínculos históricos, culturales y lingüísticos que el propio «PP» dice querer reconocer mediante un tratamiento preferente para los países de la Hispanidad.
La pregunta entonces no es simplemente si el «PP» propone una política migratoria más estricta, sino, qué consecuencias concretas podría tener esa política para quienes ya viven, trabajan, estudian, emprenden, cotizan y han formado sus familias en España.
¿Qué dice exactamente el programa del Partido Popular sobre inmigración?
El programa desarrolla sus principales propuestas migratorias en el apartado 1.5, denominado «Nuestro país recuperará el control de sus fronteras», y en el apartado 1.6, «Vivir en España será un compromiso mutuo». También incluye medidas sobre ayudas públicas y nacionalidad en los apartados 3.1 y 3.5.
A continuación presentamos los principales compromisos, identificando las medidas del documento y explicando su alcance.
1). Identificación y devolución de quienes entren irregularmente
El «PP» propone identificar en un máximo de una semana a las personas interceptadas al cruzar ilegalmente las fronteras españolas, comprobar si representan un riesgo para la seguridad y tramitar con rapidez las solicitudes de asilo o las devoluciones que correspondan.
En situaciones de emergencia migratoria, promete reducir los plazos y trámites para acelerar los retornos, en coordinación con el mecanismo europeo.
Análisis COLEXRET:
La identificación de las personas que ingresan irregularmente y la tramitación de sus expedientes son funciones legítimas de los Estados. El problema aparece cuando la rapidez administrativa se convierte en una prioridad superior a la evaluación individual de cada caso.
Una persona que entra irregularmente no pierde automáticamente el derecho a solicitar protección internacional. Tampoco puede ser devuelta a un país donde corra riesgo de persecución, tortura u otros daños graves, si concurren las condiciones de protección previstas por el derecho internacional.
El programa reconoce que deben tramitarse las solicitudes de asilo, pero el desafío será garantizar que la reducción de plazos no termine debilitando las garantías de quienes realmente necesitan protección.
Para los colombianos, esta medida no supone por sí misma un cambio en las condiciones de residencia de quienes se encuentran legalmente establecidos en España. Su impacto se concentraría en las personas que ingresen irregularmente y en quienes estén sometidos a procedimientos de devolución.
2). Asilo: agilización de solicitudes y acuerdos con terceros países
El PP propone resolver las solicitudes de asilo pendientes, reducir los tiempos de tramitación y rechazar con rapidez las peticiones que considere infundadas. También plantea aplicar el Pacto Europeo de Migración y Asilo e impulsar acuerdos con países seguros para que examinen solicitudes y acojan a personas necesitadas de protección.
Añade que la presentación sucesiva de solicitudes rechazadas, sin aportar hechos nuevos, no deberá servir para bloquear una expulsión.
Análisis COLEXRET:
Reducir los retrasos en los procedimientos de asilo puede beneficiar tanto a quienes tienen derecho a protección como a las administraciones que deben resolver los expedientes. Una persona solicitante no debería permanecer indefinidamente en la incertidumbre.
Sin embargo, calificar una petición de infundada exige una evaluación individual y motivada. No todas las solicitudes rechazadas son fraudulentas y no toda persona que vuelve a solicitar protección está actuando de mala fe.
En el caso colombiano, conviene recordar que la situación de seguridad y las circunstancias personales pueden variar. Un ciudadano colombiano que solicite protección debe ser evaluado conforme a sus circunstancias particulares, no mediante generalizaciones sobre su nacionalidad.
3). Visados por puntos y selección de trabajadores extranjeros
Una de las propuestas centrales del PP consiste en implantar un sistema de visados por puntos que valore:
- La formación académica y profesional.
- La experiencia laboral.
- El conocimiento del idioma.
- La integración.
Para trabajar en sectores donde falten trabajadores, el programa contempla dos vías, llegar con un contrato firmado en el país de origen o acceder mediante un visado temporal para buscar empleo, sujeto a controles y plazos definidos.
También promete agilizar la homologación de títulos en sectores con alta demanda, reforzando los controles para verificar las cualificaciones.
Análisis COLEXRET:
La selección de trabajadores conforme a las necesidades del mercado laboral puede facilitar la contratación internacional y reducir la irregularidad asociada a la falta de oportunidades legales de empleo.
La propuesta de un visado temporal para buscar trabajo merece especial atención, pues si se concreta con condiciones accesibles, podría convertirse en una alternativa para profesionales y trabajadores colombianos que desean viajar a España sin depender necesariamente de una oferta laboral previa.
Pero el sistema de puntos también plantea interrogantes:
- ¿Qué puntuación se asignará a cada formación o experiencia?
- ¿Se reconocerán adecuadamente los títulos y la trayectoria laboral obtenidos en Colombia?
- ¿Qué ocurrirá con los trabajadores de sectores esenciales que no tengan titulaciones superiores?
- ¿Se establecerán mecanismos transparentes para evitar discriminaciones?
- ¿Qué garantías tendrán quienes pierdan su empleo durante la vigencia de un permiso?
El programa no desarrolla estos detalles. Por tanto, todavía no es posible saber si el sistema favorecería una inmigración laboral amplia o si terminaría concentrando las oportunidades en perfiles altamente cualificados.
La agilización de homologaciones sí podría ser positiva para los colombianos, siempre que se traduzca en procedimientos realmente más rápidos, transparentes y accesibles.
4). Cupos anuales de inmigración según las necesidades de España
El PP propone fijar cupos anuales que determinen cuántos trabajadores extranjeros podrán llegar y para qué sectores. Estos cupos se revisarían cada año teniendo en cuenta el desempleo, los puestos de trabajo sin cubrir y la capacidad del país en vivienda, servicios públicos y empleo.
Además, el programa condiciona la participación de los países de origen a su colaboración en los retornos y en el control de la inmigración irregular.
Análisis COLEXRET:
Esta propuesta introduce una dimensión política que merece especial atención: la posibilidad de que las oportunidades de migración laboral dependan no solamente de las necesidades de España y de las capacidades de los trabajadores, sino también de la cooperación de sus países de origen en materia de retornos.
Para Colombia, esto abre varias preguntas:
- ¿Se establecería un cupo específico para ciudadanos colombianos?
- ¿Cómo se determinaría la participación de Colombia?
- ¿Qué ocurriría con los trabajadores colombianos si las relaciones bilaterales se deterioran?
- ¿Se protegerían los procedimientos de reunificación familiar y otras vías legales que no son simples mecanismos de contratación laboral?
El programa no responde a estas cuestiones.
También es necesario distinguir entre la inmigración laboral organizada mediante cupos y otros derechos o procedimientos migratorios. No sería correcto interpretar que un límite anual de trabajadores extranjeros puede eliminar automáticamente las posibilidades de residencia que se derivan de la legislación, los vínculos familiares, la protección internacional u otras vías legales.
5). Prohibición de regularizaciones masivas y arraigo excepcional
El PP anuncia una reforma de la Ley de Extranjería para prohibir por ley las regularizaciones masivas e indiscriminadas y convertir el arraigo en un reconocimiento individual excepcional, en lugar de una vía generalizada de regularización.
También propone que el empadronamiento, por sí solo, no sea suficiente para acceder a ayudas económicas no urgentes.
Análisis COLEXRET:
Esta es una de las medidas con mayor potencial de impacto sobre la población extranjera que se encuentra en situación administrativa irregular.
El arraigo ha sido una de las vías previstas por la legislación española para que determinadas personas extranjeras puedan acceder a una autorización de residencia cuando cumplen los requisitos establecidos. No es una concesión automática ni equivale a una regularización indiscriminada.
El PP pretende restringir su utilización y darle un carácter excepcional. Si esa intención se convierte en una reforma legal, habrá que examinar qué modalidades se mantienen, cuáles se modifican y qué requisitos se imponen.
Para los colombianos que viven en España sin autorización de residencia, el cambio podría significar mayores dificultades para regularizar su situación. También podría afectar a quienes llevan años trabajando, tienen vínculos familiares, han formado parte de comunidades locales o se encuentran en procesos de integración.
Hay una cuestión que el PP debería aclarar, y es, ¿qué entiende exactamente por arraigo excepcional y qué circunstancias permitirían reconocerlo?
La expresión utilizada en el programa no basta para conocer el alcance de la reforma.
En cuanto al empadronamiento, debe recordarse que este registro acredita la residencia habitual en un municipio y cumple funciones administrativas importantes. No concede por sí mismo una autorización de residencia, pero tampoco debería confundirse su función con la de un permiso migratorio.
6). Compromiso obligatorio de integración para renovar la residencia
El programa propone que las personas extranjeras que quieran renovar su residencia temporal dentro del régimen general deban firmar un compromiso de integración.
Este compromiso incluiría:
- Aprender español.
- Conocer la Constitución española.
- Conocer los valores de la Unión Europea.
- Recibir formación para el empleo cuando corresponda.
- Acreditar el cumplimiento de esas condiciones para renovar el permiso.
El documento también anuncia la prohibición del burka y el niqab en los espacios públicos.
Análisis COLEXRET:
La integración es un elemento importante de cualquier política migratoria. Aprender el idioma, conocer el funcionamiento institucional y acceder a formación laboral puede facilitar la participación social y económica de los extranjeros.
Para los colombianos, el aprendizaje del español no representa normalmente una barrera lingüística inicial, aunque sí pueden existir diferencias en el uso administrativo, jurídico y técnico del idioma.
El problema está en convertir el cumplimiento de un compromiso de integración en una condición obligatoria para renovar una autorización de residencia.
El programa no especifica qué nivel de español se exigirá, qué contenidos constitucionales deberán acreditarse, cómo se evaluará el conocimiento de los valores europeos ni qué ocurrirá con personas mayores, con discapacidad, con dificultades de aprendizaje o con responsabilidades familiares que les impidan asistir a determinadas actividades.
Tampoco concreta quién impartirá la formación, quién asumirá sus costes o cómo se garantizará que las administraciones dispongan de suficientes recursos.
Si se establece una obligación de este tipo, deberá ser proporcional, objetiva y compatible con los derechos fundamentales. No puede convertirse en un mecanismo discrecional para denegar renovaciones.
Respecto a la prohibición del burka y el niqab, el programa anuncia una medida que requeriría una regulación específica y un examen jurídico de su compatibilidad con los derechos fundamentales, la libertad religiosa y otros principios constitucionales y europeos.
7). Expulsión de extranjeros condenados por determinados delitos
El PP plantea que la expulsión sea la regla para los extranjeros condenados por delitos sexuales, delitos de sangre y multirreincidencia.
También propone prohibiciones permanentes de entrada para quienes representen un riesgo para la seguridad y retirar permisos de residencia a personas vinculadas con el crimen organizado o la radicalización violenta.
Análisis COLEXRET:
La seguridad ciudadana es una responsabilidad esencial del Estado y los delitos deben tener consecuencias conforme a la ley, independientemente de la nacionalidad de quien los cometa.
Sin embargo, la expulsión de una persona extranjera no puede analizarse únicamente a partir de una consigna política. Deben considerarse la legislación aplicable, la naturaleza y gravedad del delito, la situación administrativa, los vínculos familiares, la proporcionalidad de la medida y las garantías judiciales.
También es necesario diferenciar entre una condena firme, una investigación en curso y la mera existencia de antecedentes o procedimientos pendientes.
El programa habla de extranjeros condenados y menciona determinadas categorías delictivas, pero será la regulación concreta la que determine el alcance y las garantías de cada supuesto.
Para los colombianos residentes en España, esta medida no debería interpretarse como una amenaza generalizada contra la población extranjera. Afectaría a quienes se encuentren en los supuestos legales que finalmente se establezcan.
En COLEXRET siempre hemos compartido que, «Extranjero que delinca debe ser expulsado del país donde se encuentre».
8). Retornos, centros en terceros países y cooperación con los países de origen
El PP propone ejecutar las órdenes de retorno, ampliar dentro de los límites europeos el tiempo máximo de permanencia en los centros de internamiento y utilizar los destinos permitidos por la normativa europea.
También plantea impulsar acuerdos para establecer centros de retorno en terceros países.
En el ámbito diplomático y económico, propone condicionar los visados, la cooperación al desarrollo y la posición española en la política comercial europea a la colaboración de los países de origen en las readmisiones.
El programa añade la promoción de retornos voluntarios incentivados, en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones.
Análisis COLEXRET:
Esta propuesta tiene una dimensión que trasciende la política migratoria interna. El PP plantea utilizar instrumentos diplomáticos, económicos y comerciales para conseguir que otros países acepten el retorno de sus nacionales.
Colombia tendría que observar con atención cualquier eventual acuerdo que se derive de este planteamiento.
La cooperación entre Estados en materia de retorno puede ser legítima, pero debe respetar los derechos de las personas afectadas, los procedimientos individuales y las obligaciones internacionales de protección.
La creación de centros de retorno en terceros países también requiere garantías claras sobre las condiciones de alojamiento, el acceso a asistencia jurídica, la protección frente a malos tratos y la supervisión de las autoridades competentes.
El programa no identifica qué países podrían albergar esos centros ni cómo se organizarían.
9). Menores extranjeros no acompañados
El PP propone resolver en un máximo de 72 horas los procedimientos de determinación de edad, introducir un delito de fraude de identidad, edad o nacionalidad para acceder a la protección de menores y priorizar la reunificación familiar y el retorno seguro.
También plantea sustituir el reparto como respuesta principal por un modelo de protección individualizada con retorno.
Análisis COLEXRET:
La protección de menores extranjeros no acompañados exige especial cuidado. No se trata únicamente de un asunto de control migratorio, sino de una cuestión que involucra derechos de la infancia.
La determinación de edad debe contar con garantías suficientes para evitar que un menor sea tratado como adulto o que una persona adulta acceda indebidamente a un sistema de protección infantil.
La reunificación familiar puede ser una solución adecuada cuando sea posible y responda al interés superior del menor. Pero el retorno no puede convertirse en una respuesta automática, ya que debe verificarse que existan condiciones reales de seguridad, protección y acogida.
El plazo de 72 horas anunciado por el PP deberá examinarse a la luz de los medios disponibles y de las garantías necesarias para resolver correctamente cada caso.
La nacionalidad española: una de las reformas más importantes para los colombianos
La nacionalidad es, probablemente, uno de los asuntos que más atención merece entre los colombianos que llevan años residiendo en España.
El PP dedica a esta materia el apartado 3.5 de su programa, bajo el título «La nacionalidad es un vínculo de pertenencia».
Su propuesta consiste en aprobar una nueva Ley de Nacionalidad y reforzar las condiciones para obtenerla.
Entre los requisitos que anuncia figuran:
- Residencia legal y continuada.
- Conocimiento suficiente del español.
- Conocimiento de la historia, instituciones, cultura y valores constitucionales españoles.
- Buena conducta cívica.
- Ausencia de antecedentes penales.
- Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
El programa también anuncia que mantendrá un tratamiento preferente para los países de la Hispanidad.
¿Qué significa esto para los colombianos?
Actualmente, el artículo 22 del Código Civil español establece que el plazo general para solicitar la nacionalidad por residencia es de diez años, pero lo reduce a dos años para los nacionales de origen de países iberoamericanos, entre otros supuestos.
Colombia está incluida en esa categoría.
Esto significa que un ciudadano colombiano de origen puede solicitar la nacionalidad española cuando haya cumplido dos años de residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud, siempre que reúna los demás requisitos legales.
No se trata de una concesión automática al cumplir dos años. La persona debe acreditar, entre otras condiciones, buena conducta cívica y suficiente grado de integración.
El PP no anuncia expresamente que vaya a eliminar el plazo preferente de dos años para los colombianos. Por el contrario, promete mantener un tratamiento preferente para los países de la Hispanidad.
Sin embargo, sí anuncia una nueva ley con mayores exigencias. Por eso, los colombianos deben prestar atención a la diferencia entre mantener un plazo reducido y endurecer los requisitos para obtener la nacionalidad.
La pregunta pendiente es qué significará en la práctica ese endurecimiento.
¿Se mantendrán los dos años de residencia para los colombianos? ¿Se incorporarán nuevos exámenes? ¿Qué nivel de conocimiento histórico y constitucional se exigirá? ¿Cómo se acreditará la buena conducta? ¿Qué consecuencias tendrá una deuda tributaria o con la Seguridad Social?
El programa no desarrolla todavía esos detalles.
¿Podrían los colombianos perder la posibilidad de conservar su nacionalidad de origen?
El programa del PP no propone expresamente eliminar la doble nacionalidad con Colombia.
La Constitución española contempla la posibilidad de establecer tratados de doble nacionalidad con países iberoamericanos. Además, Colombia y España mantienen un marco jurídico que permite a sus ciudadanos acceder a la nacionalidad del otro país sin que ello implique, por sí mismo, renunciar a la nacionalidad de origen.
Por tanto, no sería correcto afirmar que el programa del PP pretende acabar con la doble nacionalidad de los colombianos.
Lo que sí anuncia es una reforma de las condiciones de acceso a la nacionalidad española y un endurecimiento de las consecuencias para quienes la hayan obtenido mediante fraude, falsedad u ocultación.
¿El PP propone retirar la nacionalidad española?
El programa incluye una medida especialmente delicada, como es la de regular la pérdida de la nacionalidad de quienes no sean españoles de origen cuando exista condena firme por determinados delitos graves contra la vida, la libertad sexual, la seguridad nacional, la integridad del Estado o la comunidad internacional.
El propio documento señala que se evitarán situaciones de apatridia.
Esta propuesta requiere un análisis jurídico muy cuidadoso, puesto que la nacionalidad no puede retirarse de manera arbitraria y cualquier reforma deberá respetar la Constitución, los tratados internacionales y las garantías aplicables.
También será necesario conocer cómo se definirían los delitos comprendidos, qué relación tendría la medida con el proceso de adquisición de la nacionalidad y qué procedimiento se seguiría.
Para los colombianos que ya hayan adquirido la nacionalidad española, esta es una de las propuestas que conviene seguir de cerca, sin anticipar consecuencias que el programa todavía no concreta.
Ayudas y prestaciones públicas: ¿tendrán prioridad quienes tengan mayor vínculo con España?
Otra medida que puede afectar a la población extranjera aparece en el apartado 3.1 del programa.
El PP propone establecer criterios de prioridad para acceder a determinadas ayudas, prestaciones y recursos públicos, favoreciendo a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable con España.
Entre los elementos que se tendrían en cuenta menciona el empadronamiento, la trayectoria de cotización, la permanencia y la contribución al sistema.
El documento aclara que esos criterios deberán respetar los límites constitucionales y europeos y que no podrán basarse exclusivamente en la nacionalidad.
Análisis COLEXRET:
Esta propuesta puede tener consecuencias importantes para los inmigrantes, pero no debe interpretarse como una exclusión automática de los extranjeros de las ayudas públicas.
El propio PP reconoce que los criterios no podrán basarse exclusivamente en la nacionalidad.
La cuestión será determinar qué ayudas se verían afectadas, qué peso tendría cada criterio y cómo se valoraría la situación de las personas que llevan años residiendo en España, pero han tenido periodos de desempleo, trabajos informales o dificultades para cotizar.
Un colombiano que lleva diez años en España, ha trabajado, ha cotizado y tiene a su familia establecida en el país podría acreditar un vínculo duradero. Pero el programa no explica cómo se ponderarán esas circunstancias frente a las de otros solicitantes.
También debe recordarse que las prestaciones y ayudas no responden todas a los mismos requisitos. Algunas dependen de cotizaciones, otras de ingresos, residencia, situación familiar o vulnerabilidad. Una reforma no podría desconocer los derechos reconocidos por la legislación vigente.
Balance: ventajas, riesgos y asuntos que el PP todavía no aclara
Las propuestas del Partido Popular contienen medidas que podrían resultar favorables para determinados perfiles de inmigrantes y otras que podrían dificultar la situación de quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad administrativa, económica o familiar.
Posibles ventajas para los inmigrantes
1. Más vías de inmigración laboral organizada. Los visados por puntos y la posibilidad de viajar con un permiso temporal para buscar empleo podrían abrir oportunidades a trabajadores extranjeros, siempre que los requisitos sean razonables y transparentes.
2. Agilización de homologaciones. La promesa de acelerar el reconocimiento de títulos en sectores con demanda podría beneficiar a profesionales colombianos que actualmente encuentran obstáculos para ejercer su profesión.
3. Reconocimiento de los vínculos con los países de la Hispanidad. El compromiso de mantener un tratamiento preferente para estos países es especialmente relevante para Colombia, aunque falta conocer cómo se traducirá en la nueva Ley de Nacionalidad.
4. Retornos voluntarios incentivados. Para quienes desean regresar a su país, los programas de retorno voluntario pueden ser una alternativa si cuentan con apoyo económico, orientación y condiciones adecuadas.
5. Mayor claridad en los procedimientos. La reducción de retrasos en asilo, homologaciones y trámites migratorios podría mejorar la relación entre los extranjeros y la Administración, siempre que se acompañe de recursos y garantías.
Riesgos y posibles efectos negativos
1. Mayores dificultades para regularizar la situación administrativa. La intención de convertir el arraigo en una vía excepcional puede reducir las oportunidades de quienes llevan años en España sin autorización de residencia.
2. Condiciones adicionales para renovar permisos. El compromiso obligatorio de integración podría convertirse en un obstáculo si no se establecen criterios objetivos, formación gratuita y adaptaciones para situaciones especiales.
3. Restricciones en la política de contratación internacional. Los cupos anuales y la condición de cooperación de los países de origen podrían limitar oportunidades laborales y hacer depender algunas vías de migración de decisiones diplomáticas.
4. Mayor presión sobre las personas sometidas a procedimientos de retorno. La ampliación de medios de internamiento y la creación de centros en terceros países exigen garantías reforzadas para evitar vulneraciones de derechos.
5. Incertidumbre sobre la nacionalidad española. El endurecimiento de los requisitos podría afectar a personas que llevan años construyendo su proyecto de vida en España y que esperaban acceder a la nacionalidad bajo las condiciones actuales.
6. Discrecionalidad en el acceso a ayudas. Si los criterios de arraigo no se definen con claridad, podrían surgir diferencias injustificadas entre personas extranjeras en situaciones sociales y económicas similares.
Lo que el programa no explica suficientemente
Después de revisar el documento oficial, consideramos que hay asuntos fundamentales que el PP debería concretar:
- Si se mantendrá íntegramente el plazo de dos años para que los colombianos de origen soliciten la nacionalidad española.
- Qué requisitos adicionales se exigirán para obtener la nacionalidad y cómo se evaluarán.
- Qué modalidades de arraigo permanecerán vigentes y cuáles se modificarán.
- Qué garantías tendrán los extranjeros que no puedan cumplir el compromiso de integración por razones justificadas.
- Cómo se establecerán los cupos de trabajadores extranjeros y qué participación tendrán los países iberoamericanos.
- Qué medidas se adoptarán para proteger a las familias mixtas y a los menores.
- Qué garantías se aplicarán en los retornos y en los centros ubicados en terceros países.
- Qué ayudas y prestaciones estarán sujetas a los nuevos criterios de prioridad por vínculo con España.
Estas cuestiones son precisamente las que permitirán saber si la política migratoria anunciada será compatible con una integración real y con los derechos de quienes ya forman parte de la sociedad española.
¿Qué podría significar un Gobierno del PP para los colombianos residentes en España?
Los colombianos no constituyen un grupo homogéneo. Sus circunstancias son muy distintas, ya que hay personas con residencia y trabajo estables, estudiantes, profesionales pendientes de homologación, empresarios, familias reagrupadas, personas en situación irregular, solicitantes de protección internacional y ciudadanos que ya adquirieron la nacionalidad española.
Por eso, no sería serio afirmar que las propuestas del PP benefician o perjudican por igual a todos los colombianos.
Para quienes tienen residencia legal y trabajo estable
El principal asunto que deberán vigilar es el compromiso de integración para renovar la residencia temporal. También será importante conocer cómo se aplicarán los criterios de prioridad en determinadas ayudas y prestaciones.
Para quienes están en situación irregular
La propuesta de restringir el arraigo y prohibir las regularizaciones masivas puede dificultar las posibilidades de regularización. El alcance real dependerá de la reforma de la Ley de Extranjería y de las disposiciones transitorias que se aprueben.
Para profesionales y trabajadores cualificados
Los visados por puntos, la contratación en origen y la agilización de homologaciones podrían representar oportunidades, siempre que se diseñen procedimientos accesibles y que no excluyan a trabajadores con experiencia acreditada pero sin determinadas titulaciones.
Para quienes buscan la nacionalidad española
La promesa de mantener un tratamiento preferente para los países de la Hispanidad es un elemento favorable en el discurso del PP. No obstante, el anuncio de una nueva Ley de Nacionalidad con mayores exigencias introduce incertidumbre sobre los requisitos que se exigirán en el futuro.
Quienes ya cumplen las condiciones actuales deberán informarse sobre la normativa vigente y no asumir que las promesas electorales modifican por sí mismas sus derechos.
Para quienes ya son españoles por nacionalidad
La propuesta de regular la pérdida de nacionalidad para personas que no sean españolas de origen, condenadas por determinados delitos graves, merece especial atención. Su eventual aplicación dependerá de la redacción legal, las garantías y los límites constitucionales e internacionales.
Para las familias colombianas
La política migratoria no puede evaluarse solamente desde el punto de vista de quien trabaja. También debe analizarse cómo afectaría a la reunificación familiar, la residencia de cónyuges e hijos, la protección de menores y la estabilidad de los hogares.
El programa del PP no desarrolla suficientemente estos aspectos.
¿Qué puede hacer el PP y qué necesitaría cambiar legalmente?
Una cuestión fundamental para evaluar cualquier programa electoral consiste en diferenciar entre lo que un Gobierno puede ejecutar mediante la gestión administrativa y aquello que necesita una reforma legal o acuerdos con otras instituciones.
En el caso del PP, varias de sus propuestas exigirían cambios normativos. Ver el siguiente cuadro:

Además, España está sujeta a obligaciones europeas e internacionales. El Gobierno no puede actuar al margen de ellas.
En particular, el Reglamento europeo de retorno aprobado en octubre de 2026 establece un marco común para los procedimientos de retorno. Sus disposiciones tienen diferentes fechas de aplicación, por lo que el Gobierno que resulte de las elecciones deberá atender al calendario europeo y no simplemente anunciar su aplicación inmediata.
Conclusión COLEXRET: una política de mayor control, pero con interrogantes sobre integración y derechos
El programa del Partido Popular plantea una política migratoria más restrictiva en materia de entradas irregulares, regularizaciones, arraigo y expulsiones. Al mismo tiempo, propone organizar la inmigración laboral, agilizar homologaciones, establecer visados por puntos y mantener un tratamiento preferente para los países de la Hispanidad.
Para los colombianos, esta última promesa tiene especial importancia, pero no basta para concluir que el programa sea favorable a sus intereses.
La posibilidad de mantener el plazo de dos años para solicitar la nacionalidad española es un asunto esencial. También lo son las condiciones que se impondrían para obtenerla, la situación de quienes necesitan regularizarse, las oportunidades de empleo y las garantías para renovar los permisos de residencia.
Desde COLEXRET consideramos que una política migratoria responsable debe combinar el control de las fronteras y el cumplimiento de la ley con la protección de los derechos, la integración social, la estabilidad familiar y el reconocimiento de la contribución económica y cultural de los migrantes.
No se puede medir el éxito de una política migratoria únicamente por el número de personas que entran o salen del territorio. También debe medirse por la capacidad del Estado para ofrecer procedimientos justos, aprovechar el talento extranjero, combatir la explotación laboral y garantizar que quienes cumplen la ley puedan desarrollar un proyecto de vida digno.
El PP presenta una propuesta de mayor exigencia y control. Su balance definitivo dependerá de cómo convierta esos anuncios en leyes, de las garantías que establezca y de la forma en que trate a quienes ya viven y contribuyen a la sociedad española.
La decisión electoral corresponde a los ciudadanos. La obligación de COLEXRET es ofrecerles información, análisis y elementos de juicio para que puedan valorar las consecuencias de cada propuesta.
Y una advertencia final:
Los colombianos residentes en España no deben confundir las promesas de campaña con cambios legales ya aprobados. Mientras no se modifique la normativa vigente, sus derechos y obligaciones continúan rigiéndose por las disposiciones actualmente aplicables.
Fuentes documentales y normativas para la elaboración de este artículo:
Partido Popular. «La Reconstrucción Nacional. El programa del cambio necesario para España 2026». Documento oficial presentado el 10 de noviembre de 2026.
Código Civil español. Artículo 22: nacionalidad por residencia y plazo reducido de dos años para nacionales de países iberoamericanos.
Constitución Española. Artículos 11 y 13: nacionalidad, doble nacionalidad y derechos de las personas extranjeras.
Ministerio del Interior de España. Derecho de sufragio: condiciones para que ciudadanos colombianos puedan votar en elecciones municipales.
Real Decreto 1155/2024. Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, vigente desde el 20 de mayo de 2025 y con modificaciones posteriores.
Reglamento (UE) 2026/2280. Sistema común de retorno de nacionales de


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