Tres leyes relacionadas con el acceso a Vivienda para colombianos en el exterior, y ahora un nuevo proyecto del representante a la Cámara Pedro Alejandro Murcia Lamprea.
Pero, ¿Cuántas soluciones reales han recibido los emigrantes? ¿Para qué seguir legislando si todavía existen obligaciones anteriores cuyo cumplimiento no ha sido debidamente demostrado? ¿Estamos ante una nueva conquista para la diáspora o ante otro ejercicio de protagonismo político que pretende vender expectativas como resultados?
El Proyecto de Ley 400 de 2026 Cámara, publicado en la Gaceta del Congreso 1482 del 6 de octubre de 2026 (Ver aquí pág. 20), pretende modificar y adicionar la Ley 2202 de 2022, bajo el argumento de fortalecer los mecanismos de acceso a vivienda y financiación para los colombianos residentes en el exterior.
A primera vista, el título parece prometedor. Habla de fortalecer, facilitar, digitalizar, acreditar ingresos, aprovechar remesas y mejorar la financiación. Palabras que, naturalmente, suenan bien para millones de compatriotas que viven fuera de Colombia y que sueñan con adquirir una vivienda en su país.
Pero una cosa es lo que anuncia el título y otra muy diferente lo que realmente dispone su articulado.
Después de examinar los nueve artículos del proyecto, confrontarlos con las normas existentes, revisar la jurisprudencia constitucional y recuperar las investigaciones y documentos que COLEXRET ha venido elaborando sobre este asunto, encontramos que promete facilitar muchas cosas, pero deja buena parte de ellas a la voluntad de las entidades encargadas de ejecutarlas.
Y eso, en materia de legislación, tiene consecuencias.
Porque no es lo mismo ordenar hacer algo que permitir que se haga si la entidad correspondiente lo considera conveniente.
Consideramos que el Proyecto 400 de 2026 merece una revisión profunda y que los congresistas tienen la obligación de explicar a los colombianos en el exterior qué beneficios nuevos, concretos y exigibles les ofrece, especialmente cuando ya existen disposiciones legales que contemplan buena parte de sus supuestos objetivos.
Tres leyes sobre vivienda para los emigrantes y todavía faltan respuestas
Para comprender el verdadero problema del Proyecto 400/2026, hay que regresar a los antecedentes.
La financiación de vivienda para los colombianos residentes en el exterior no comenzó con Alejandro Murcia ni con el proyecto que ahora presenta; como tampoco nació con la Ley 2202 de 2022.
Existe una historia legislativa que debe conocerse antes de seguir anunciando nuevas conquistas.
Ley 1114 de 2006: El Fondo Nacional del Ahorro ya contemplaba a los colombianos en el exterior
Esta ley introdujo modificaciones al régimen de financiación de vivienda y permitió la afiliación de colombianos residentes en el exterior al Fondo Nacional del Ahorro mediante mecanismos de ahorro voluntario.
Es decir, desde hace aproximadamente veinte años existía una vía para que los emigrantes pudieran vincularse al Fondo y comenzar a construir una posibilidad de financiación para adquirir vivienda en Colombia.
Durante varios meses documentamos gestiones ante el Fondo Nacional del Ahorro, intercambios de conceptos y actuaciones encaminadas a facilitar la vinculación de compatriotas residentes en diferentes países.
También hemos investigado las dificultades del programa de Ahorro Voluntario Contractual para colombianos en el exterior.
Por tanto, no es admisible presentar como una novedad absoluta la posibilidad de que un colombiano residente fuera del país ahorre en el Fondo Nacional del Ahorro o aspire a obtener financiación para adquirir vivienda en Colombia.
La pregunta es, ¿Cuántos colombianos han podido convertir esa posibilidad legal en una financiación efectivamente aprobada y desembolsada?
Porque ahorrar, afiliarse y obtener un crédito son tres cosas diferentes.
Ley 2202 de 2022: se ordenaron obligaciones que todavía deben esclarecerse
El 10 de mayo de 2022 se promulgó la Ley 2202, «Por medio de la cual se establecen oportunidades de acceso a la vivienda para colombianos en el exterior, a través del envío de remesas, fortaleciendo el crecimiento económico del país».
Esta ley no se limitó a expresar buenas intenciones, pues su artículo 2 estableció una obligación concreta:
«Las entidades financieras receptoras de giros de remesas que ofrezcan al público líneas de crédito para adquisición o mejoramiento de vivienda u operaciones de leasing habitacional deberán extender dicha oferta a la población colombiana residente en el exterior».
La disposición también contempló mecanismos especiales para la vinculación, formalización de las operaciones, recuperación de cartera, bancarización y divulgación.
Es importante aclarar que no se obligó a los bancos a aprobar automáticamente todos los créditos solicitados, sino que se estableció una obligación de extender determinadas ofertas financieras a la población destinataria, manteniendo las evaluaciones de riesgo correspondientes.
Pero hay otro asunto mucho más delicado.
El artículo 3 de esa misma ley estableció:
«Dentro de los dos años siguientes a la promulgación de la presente ley, el Gobierno nacional establecerá las condiciones particulares para que los colombianos no residentes en el territorio nacional puedan acceder a subsidios y coberturas para la financiación tendiente a la adquisición de vivienda nueva o usada en el país».
El plazo de dos años venció el 10 de mayo de 2024, y a la fecha se desconoce su reglamentación.
Por eso, desde COLEXRET nos preguntamos, ¿dónde están las condiciones particulares que debía establecer el Gobierno para que los colombianos residentes en el exterior pudieran acceder a esos subsidios y coberturas?
¿Dónde está el acto administrativo que desarrolla ese mandato? ¿Qué procedimientos existen? ¿Qué entidad recibe las solicitudes? ¿Cuántos colombianos residentes en el exterior han accedido a esos beneficios?
No estamos hablando de una recomendación, sino de una disposición legal que estableció un mandato y un plazo.
Y mientras esas preguntas esperan respuestas suficientemente documentadas, aparece otra iniciativa legislativa que pretende seguir fortaleciendo el mismo asunto.
Ley 2639 de 2026: aparece Mi Casa en Colombia
El 20 de octubre de 2026 se expidió la Ley 2639, mediante la cual se creó el programa «Mi Casa en Colombia», dirigido a colombianos residentes en el exterior.
Esta norma, promovida mediante el Proyecto 078 de 2024 Senado – 332 de 2025 Cámara, establece un mecanismo de financiación mediante créditos hipotecarios y leasing habitacional a través del Fondo Nacional del Ahorro.
Pero tiene condiciones que deben conocerse.
No está dirigido indiscriminadamente a todos los colombianos que viven fuera del país, ya que su artículo 1 establece como destinatarios a quienes se encuentren afiliados al Fondo Nacional del Ahorro mediante Ahorro Voluntario Contractual o el producto que lo sustituya, y que cumplan los requisitos establecidos por la entidad.
Además, su artículo 2 ordena reglamentar el programa dentro de un plazo máximo de seis meses.
También contempla prelación para determinados grupos, como mujeres cabeza de familia cuyos hijos menores estén domiciliados en Colombia, connacionales con familiares con discapacidad domiciliados en el país y personas con asilo político o condición de refugiado, sujetas a las condiciones previstas en la norma.
La ley establece igualmente un canal especializado de atención y la obligación de presentar informes semestrales al Congreso.
¿Es un avance? Puede serlo para quienes cumplan sus requisitos y logren acceder al programa.
¿Significa que todos los problemas de vivienda de los emigrantes quedaron resueltos? Por supuesto que no.
¿Sustituye la Ley 2639 las oblis de la Ley 2202? Tampoco puede afirmarse semejante cosa.
Una financiación hipotecaria no es un subsidio. Un leasing no es una cobertura. Una afiliación al Fondo Nacional del Ahorro no es la aprobación de un crédito.
Son instrumentos diferentes y deben examinarse separadamente.
Por eso, COLEXRET considera que la Ley 2639/2026 debe evaluarse por sus resultados y que no puede utilizarse como argumento para dar por cumplidos compromisos legales anteriores.
Y ahora aparece el Proyecto de Ley 400 de 2026
El representante Pedro Alejandro Murcia Lamprea, en lo que nosotros hemos llamado el desespero por aparentar que algo está haciendo por los elecotres, radicó el Proyecto de Ley 400 de 2026 Cámara, publicado el 6 de octubre de 2026.
Su objeto es modificar y adicionar la Ley 2202 de 2022 para fortalecer los mecanismos de acceso a vivienda y financiación de los colombianos residentes en el exterior.
Pero hay una circunstancia que nos llamó mucho la atención, y es que ese proyecto se publicó catorce días antes de que se expidiera la Ley 2639 de 2026.
Por tanto, aunque su presentación antecedió a esa nueva ley, su estudio legislativo debe actualizarse obligatoriamente para incorporar el cambio normativo producido el 20 de octubre.
No puede continuarse su trámite como si el programa Mi Casa en Colombia no existiera.
Y aquí surge la primera gran pregunta que debe responder Alejandro Murcia, aunque de seguro no sabrá responder, o responderá con cualquier barrabasada.
¿Qué necesidad concreta pretende solucionar el Proyecto 400 que no esté contemplada en las leyes 1114 de 2006, 2202 de 2022 y 2639 de 2026?
No basta con responder que se pretende fortalecer el acceso a vivienda. Hay que demostrar qué se va a fortalecer, cómo se hará y qué obligaciones nuevas se crean.
Examinemos el articulado.
Análisis del Proyecto 400/2026: Mucho proponer y poco obligar
Artículo 1: Un objeto ambicioso que no se refleja suficientemente en las obligaciones
El artículo primero anuncia que la iniciativa busca fortalecer el acceso a vivienda, facilitar la inclusión financiera, adecuar la acreditación de ingresos, promover el uso del ahorro y las remesas y establecer mecanismos de seguimiento.
Suena muy bien, pero el objeto de una ley no puede confundirse con los beneficios concretos que realmente crea.
Si se anuncia que se fortalecerán los mecanismos de acceso, el articulado debe establecer obligaciones que permitan comprobar ese fortalecimiento, no basta con enumerar propósitos.
¿Qué tendrá que hacer obligatoriamente cada entidad y qué podrá exigir el colombiano residente en el exterior cuando no se cumpla?
El proyecto no responde suficientemente a ese interrogante.
Artículo 2: las entidades financieras podrán aceptar documentos del exterior
Aquí comienza uno de los principales problemas.
El artículo 2 propone adicionar el artículo 2A a la Ley 2202 de 2022.
Dispone que las entidades financieras sometidas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Financiera podrán establecer mecanismos para acreditar y verificar ingresos y capacidad de pago mediante documentos generados en el país donde reside el solicitante. Entre ellos menciona:
- Contratos laborales.
- Certificaciones de ingresos.
- Extractos bancarios.
- Declaraciones tributarias.
- Comprobantes de pago.
- Información de actividades económicas independientes.
- Historial de remesas.
¿Dónde está el problema?
Pues nada más y nada menos que en una palabrita muy típica en las leyes para que no se ejecuten…»podrán».
El proyecto no obliga a las entidades financieras a implementar mecanismos específicos para reconocer los documentos extranjeros. Tampoco establece parámetros mínimos que garanticen una evaluación homogénea.
Es decir, un banco podría implementar esos mecanismos, pero otro podría no hacerlo, y el emigrante seguiría dependiendo de las condiciones particulares que cada entidad establezca.
Además, el proyecto permite que sean considerados esos documentos, pero no establece criterios obligatorios sobre equivalencia, autenticidad, suficiencia, traducción, validación, conversión monetaria y valoración de los ingresos.
- ¿Qué pasa con un colombiano que trabaja legalmente en España y presenta sus nóminas en euros?
- ¿Qué ocurre con quien trabaja por cuenta propia en Estados Unidos?
- ¿Cómo se evalúan los ingresos de una persona que desarrolla actividades independientes en otro país?
- ¿Qué sucede con quien tiene ingresos variables o recibe pagos por temporadas?
No basta con mencionar documentos, se necesitan procedimientos claros, objetivos y exigibles.
El Gobierno, por su parte, solamente promoverá estándares y mecanismos para facilitar la verificación documental.
Otra vez, «promoverá».
Y el parágrafo del artículo vuelve a dejar claro que las entidades no estarán obligadas a aprobar operaciones de crédito.
Esta última precisión puede ser jurídicamente razonable, porque ninguna ley debería ordenar la aprobación indiscriminada de créditos ignorando la capacidad de pago y los riesgos financieros.
Pero eso no justifica que tampoco se establezcan garantías mínimas de evaluación objetiva y procedimientos de reclamación frente a decisiones injustificadas.
El proyecto facilita la posibilidad de aceptar documentos, pero no garantiza que sean efectivamente valorados bajo criterios comunes.
Artículo 3: las remesas podrán ser consideradas, si la entidad quiere
El artículo 3 propone adicionar el artículo 2B a la Ley 2202 de 2022.
Permite que las entidades financieras consideren la información histórica, periódica y verificable de las remesas y otros flujos lícitos de recursos para evaluar la capacidad de pago.
Y ahí, como un «gran mico», nuevamente aparece «podrán considerar».
¿Entonces de qué sirve enviar remesas durante años a Colombia si la entidad financiera puede decidir no incorporarlas a sus metodologías de evaluación? Podrá o no podrá. Es decir, si se le da la gana o no.
Es necesario aclarar que las remesas no constituyen automáticamente ingresos personales disponibles del solicitante. En muchos casos, son recursos enviados para sostener a familiares, pagar alimentos, educación, servicios y otras necesidades.
Pero precisamente por eso se necesita una metodología que permita diferenciar, los ingresos propios del solicitante; los recursos que recibe periódicamente en el exterior; las remesas que envía a Colombia; los compromisos familiares que asume con esos recursos; la capacidad económica que realmente puede destinar a una obligación hipotecaria.
El proyecto no desarrolla suficientemente esas diferencias.
Tampoco establece una obligación de las entidades financieras de informar cómo valoraron el historial de remesas cuando el solicitante lo aporte.
El Gobierno, una vez más, solamente «promoverá» mecanismos.
¿No sería más razonable establecer estándares de valoración y transparencia que permitan saber cuándo y cómo debe considerarse esa información?
Artículo 4: digitalización que no garantiza trámites completamente desde el exterior
El artículo 4 incorpora el artículo 2C a la Ley 2202, y habla de digitalización y simplificación de trámites.
La iniciativa plantea que las entidades públicas promoverán mecanismos digitales y procurarán que los procedimientos de información, orientación, postulación, acreditación documental y seguimiento puedan adelantarse mediante canales virtuales.
El Ministerio de Vivienda, en coordinación con Cancillería, dispondrá mecanismos de información y orientación accesibles desde el exterior.
Pero una vez más nos preguntamos, ¿Qué significa exactamente «procurar»?
¿Significa que las entidades estarán obligadas a permitir la postulación digital? ¿Significa que los colombianos podrán completar todos los procedimientos desde el país donde residen?
¿Qué pasa si una entidad mantiene trámites presenciales? ¿Qué mecanismo tendrá el ciudadano para reclamar?
La digitalización no consiste simplemente en colocar información en una página web. Debe permitir realizar efectivamente los trámites, presentar documentos, consultar estados, subsanar requerimientos, recibir notificaciones y obtener decisiones.
Además, deben contemplarse las diferencias horarias, los idiomas de los documentos, las dificultades de autenticación y los mecanismos de representación.
No podemos seguir confundiendo información digital con acceso efectivo.
Artículo 5: el Fondo Nacional del Ahorro volverá a promover lo que ya viene haciendo
Este artículo propone adicionar el artículo 3A a la Ley 2202, hablando del fortalecimiento de la oferta del Fondo Nacional del Ahorro para los colombianos residentes en el exterior.
Pero el propio proyecto reconoce que la posibilidad de afiliación de esta población ya estaba habilitada mediante la Ley 1114 de 2006.
También reconoce que el Fondo cuenta con mecanismos de afiliación, ahorro y financiación dirigidos a residentes fuera de Colombia.
Entonces, ¿Cuál es exactamente la novedad?
El proyecto establece que el Fondo fortalecerá su oferta dentro del marco de sus competencias y de su régimen legal.
Después dice que promoverá mecanismos digitales de afiliación, ahorro, solicitud y seguimiento, además de instrumentos para acreditar ingresos generados en el exterior. Pero no establece metas cuantificables.
No indica cuántos nuevos afiliados deberán incorporarse, qué cantidad de créditos se espera desembolsar, qué porcentaje de solicitudes deberá tramitarse digitalmente ni qué tiempos máximos deberán respetarse.
Tampoco establece una obligación de publicar indicadores periódicos sobre los rechazos, las causas de negación y las barreras que enfrentan los emigrantes.
Entonces, la pregunta sigue siendo la misma:
¿Vamos a seguir midiendo el éxito de las políticas de vivienda por el número de personas que se afilian al Fondo o por el número de colombianos que realmente consiguen comprar una vivienda?
Porque son dos resultados completamente diferentes.
Artículo 6: información pública que ya debería existir
El artículo 6 propone incorporar el artículo 3B para que el Ministerio de Vivienda disponga y mantenga actualizada información de fácil acceso sobre programas, subsidios, coberturas, ahorro y financiación.
Esta es una de las pocas disposiciones que utiliza una fórmula más claramente obligatoria. Sin embargo, tampoco desarrolla suficientemente cómo se cumplirá.
No establece periodicidad de actualización, indicadores de calidad, mecanismos de reclamación cuando la información esté desactualizada ni procedimientos para que el ciudadano conozca si un programa realmente está disponible para quienes viven fuera del país.
Tampoco resuelve el problema de fondo, que una cosa es publicar información sobre un subsidio y otra permitir que un emigrante pueda solicitarlo y obtenerlo.
¿De qué sirve anunciar un programa de vivienda si sus condiciones de acceso no contemplan las circunstancias de los colombianos no residentes?
Artículo 7: informes al Congreso que pueden terminar siendo otro trámite burocrático
El artículo 7 incorpora un artículo 3C a la Ley 2202 y establece un informe anual del Ministerio de Vivienda a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.
Entre los datos que solicita están:
- Medidas administrativas y de política pública adoptadas.
- Programas y subsidios disponibles.
- Número de beneficiarios.
- Créditos otorgados por el Fondo Nacional del Ahorro.
- Avances en digitalización.
- Barreras identificadas.
- Recomendaciones.
También contempla una sesión especial de seguimiento.
La intención de hacer seguimiento es positiva. Sin embargo, aquí aparece otra inconsistencia que debe corregirse.
La Ley 2639 de 2026 ya estableció informes semestrales del Fondo Nacional del Ahorro a las Comisiones Séptimas del Congreso.
¿Para qué crear otro mecanismo de seguimiento sin explicar cómo se coordinará con el existente?
¿Por qué no establecer un informe integral, con participación de las comisiones competentes de ambas cámaras, que permita conocer los resultados de las tres normas?
Además, el propio proyecto admite que parte de la información se presentará cuando esté disponible. ¿Y si no está disponible?
¿Quién debe producirla? ¿Qué entidad tiene la obligación de recopilarla? ¿Qué sucede si no lo hace?
No se puede establecer un sistema de seguimiento efectivo si no se obliga a las instituciones a generar y reportar la información necesaria.
Artículo 8: otra reglamentación y otro plazo
Este artículo dispone que el Gobierno reglamentará las disposiciones del proyecto dentro de los doce meses siguientes a su promulgación.
Y aquí tenemos una de las situaciones más preocupantes.
La Ley 2202 de 2022 ya contempló un mandato de desarrollo de subsidios y coberturas, cuyo plazo de dos años venció en mayo de 2024, y sigue sin reglamentarse.
La Ley 2639 de 2026 acaba de establecer un plazo de seis meses para reglamentar Mi Casa en Colombia. A esperar si se reglamenta.
Ahora aparece otra iniciativa que incorpora un plazo de doce meses.
¿No sería más sensato exigir primero el cumplimiento de las disposiciones anteriores y armonizar los instrumentos existentes?
No estamos afirmando que establecer un nuevo plazo de reglamentación sea automáticamente inconstitucional. La potestad reglamentaria del Gobierno tiene fundamento en el artículo 189 numeral 11 de la Constitución y su ejercicio debe respetar la ley y la jurisprudencia constitucional.
Pero sí cuestionamos que el Congreso siga incorporando plazos sin demostrar cómo se resolverán las obligaciones que ya vencieron y cómo se evitará que la reglamentación vuelva a aplazarse.
Artículo 9: vigencia
Establece que la ley entrará en vigor con su promulgación y modificará y adicionará, en lo pertinente, la Ley 2202 de 2022.
No soluciona por sí mismo ninguno de los problemas anteriores.
Una nueva vigencia normativa no significa que las disposiciones se vuelvan efectivas automáticamente.
La Superintendencia Financiera ya nos dio una respuesta que el Congreso no debería ignorar
En COLEXRET no nos hemos limitado a opinar sobre las leyes de vivienda.
Hemos acudido directamente a las autoridades para conocer qué se ha hecho y qué resultados existen.
El 3 de octubre de 2026 indagamos ante la Superintendencia Financiera solicitando información sobre el cumplimiento del artículo 2 de la Ley 2202 de 2022.
Preguntamos cuáles entidades financieras estaban comprendidas en la obligación, cuáles extendían sus ofertas a los colombianos residentes en el exterior, qué actuaciones de supervisión se habían adelantado y qué resultados existían.
La respuesta inicial llegó el 19 de octubre de 2026.
Posteriormente, luego de una acción de tutela por la insuficiencia de algunas respuestas, la Superintendencia emitió una ampliación el 26 de octubre, y lo que encontramos es revelador.
La entidad reconoció expresamente que no había adelantado actuaciones específicas para verificar el cumplimiento del artículo 2 de la Ley 2202 de 2022 en los términos consultados.
También manifestó que no disponía de información suficiente para establecer el grado de implementación de esa disposición ni de sus cuatro parágrafos.
Aclaró que sí realiza supervisión general sobre las operaciones de financiación de vivienda, pero que esas actividades no contemplaban un componente específico e individualizado para verificar el cumplimiento puntual de la Ley 2202/2022.
Esto no significa que todos los bancos estén incumpliendo la ley, pero sí demuestra que, transcurridos más de cuatro años desde su promulgación, la autoridad no tenía elementos suficientes para establecer el grado de implementación de las obligaciones que interesan a los colombianos en el exterior.
¿No es precisamente esta la clase de información que debería analizar un congresista antes de presentar otra iniciativa legislativa sobre el mismo asunto?
¿No sería más lógico exigir primero que las disposiciones existentes se cumplan y que las autoridades expliquen sus resultados?
¿Y qué pasó con el Ministerio de Vivieda?
El 3 de octubre de 2026 también presentamos un derecho de petición al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
El propósito fue establecer si el Gobierno había cumplido el mandato del artículo 3 de la Ley 2202 de 2022 sobre las condiciones de acceso a subsidios y coberturas para colombianos no residentes.
Solicitamos identificar los actos administrativos expedidos, los procedimientos establecidos, las entidades responsables, los programas existentes y el número de colombianos que hubieran accedido a esos mecanismos.
También preguntamos si existía un cronograma para cumplir el mandato legal, teniendo en cuenta que el plazo venció el 10 de mayo de 2024.
Esta investigación institucional debe completarse con la respuesta definitiva del Ministerio, pronto a llegar.
No vamos a anticipar conclusiones que todavía requieren esa verificación.
Pero sí sostenemos que el Congreso tiene la obligación de pedir esa información antes de continuar aprobando modificaciones legislativas que se refieren a la misma problemática.
No se puede legislar de espaldas a los antecedentes.
¿Qué dice la Constitución Nacional sobre el derecho a la vivienda?
El análisis del Proyecto de Ley 400/2026 no puede quedarse en una discusión de palabras.
La Constitución Política establece en su artículo 51 que todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna y que el Estado fijará las condiciones necesarias para hacerlo efectivo.
El artículo 13 consagra la igualdad y obliga a examinar las barreras que afectan a quienes se encuentran en situaciones diferentes.
El artículo 2 exige a las autoridades garantizar la efectividad de los derechos.
Y el artículo 209 establece los principios que rigen la función administrativa, entre ellos la eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
La Corte Constitucional ha desarrollado ampliamente estos principios.
En la Sentencia SU-016 de 2021 reiteró que el derecho a la vivienda digna es un derecho fundamental autónomo y que su materialización debe atender a los principios de progresividad y no regresividad.
La Sentencia T-176 de 2021 desarrolló las dimensiones del derecho a una vivienda adecuada y la necesidad de que las medidas estatales permitan avanzar efectivamente en su protección.
La Sentencia T-224 de 2024 reiteró que el derecho a la vivienda no se reduce a tener un techo, sino que comprende condiciones de habitabilidad, asequibilidad, seguridad jurídica, gastos soportables y otros elementos esenciales.
Por su parte, la Sentencia C-033 de 2026 reiteró los límites de la potestad reglamentaria del Ejecutivo, los reglamentos desarrollan la ley, pero no pueden modificarla ni sustituir las competencias del legislador.
¿Qué significa todo esto para el Proyecto 400?
Que no basta con anunciar mecanismos de acceso a vivienda. Es necesario que las disposiciones sean coherentes con los fines constitucionales y permitan una aplicación real, verificable y no discriminatoria.
No afirmamos que el proyecto sea inconstitucional por el simple uso de la expresión «podrán». Lo que cuestionamos es que, en su conjunto, deja demasiadas actuaciones esenciales sujetas a decisiones voluntarias, sin establecer suficientes garantías para los destinatarios.
Una ley puede contener mecanismos de desarrollo progresivo, pero eso no justifica que sus objetivos carezcan de obligaciones, responsables y mecanismos efectivos de seguimiento.
Alejandro Murcia y la Representación de los colombianos en el exterior: ¿Más proyectos y menos resultados?
Llegamos a un asunto que no podemos pasar por alto.
La presentación del Proyecto 400 de 2026 nos lleva nuevamente a preguntarnos qué clase de representación política están recibiendo los colombianos en el exterior.
El Representante Pedro Alejandro Murcia Lamprea no fue elegido, pero se posesionó ilegítimamente, y tiene una responsabilidad especial frente a millones de compatriotas que viven fuera del territorio nacional.
Esa responsabilidad no consiste únicamente en presentar iniciativas legislativas, aparecer en eventos, divulgar anuncios o exhibir proyectos como conquistas personales.
Un representante debe conocer la problemática de sus electores, investigar sus necesidades, estudiar los antecedentes legales, exigir el cumplimiento de las normas y construir soluciones que puedan verificarse.
En materia de vivienda, COLEXRET lleva años investigando los problemas de los emigrantes, las barreras de acceso a la financiación, las dificultades del Fondo Nacional del Ahorro, el aprovechamiento de las remesas y las obligaciones de las autoridades.
Por eso, resulta inevitable preguntar:
- ¿Dónde está el diagnóstico integral que demuestra que las leyes anteriores son insuficientes?
- ¿Dónde están los resultados de las gestiones para que se cumpla el artículo 3 de la Ley 2202/2022?
- ¿Dónde está la evaluación de los obstáculos que afrontan los trabajadores independientes, los pensionados, los asalariados y quienes reciben ingresos variables en el exterior?
- ¿Dónde están las propuestas concretas para que las entidades financieras no puedan establecer barreras injustificadas por el simple hecho de que una persona reside fuera de Colombia?
- ¿Dónde está la explicación de qué cambia realmente para el emigrante con el Proyecto 400?
No estamos cuestionando el derecho de Alejandro Murcia a presentar proyectos de ley. Es una facultad legítima de su cargo.
Lo que cuestionamos es la suficiencia de esta iniciativa, su oportunidad, la ausencia de un diagnóstico público completo sobre las disposiciones anteriores y la distancia entre lo que se anuncia y lo que realmente se obliga a ejecutar.
Un congresista que representa a los colombianos en el exterior debe demostrar que conoce sus problemas, no limitarse a presentar textos que utilizan términos atractivos y que después dejan su cumplimiento a la voluntad de las instituciones.
La curul internacional no puede convertirse en un escenario de autopromoción legislativa.
Los electores no votaron para que se les vendieran expectativas. Votaron para que sus necesidades fueran defendidas.
Pero bueno, qué más se puede esperar de un individuo que no hizo campaña?, que renunció a la candidatura y se sentó a esperar que otros hicieran el trabajo para luego él apoderarse del cargo.
El problema no es que faltan leyes, sino que faltan resultados
Esta es la conclusión que debería orientar el debate.
Tenemos la Ley 1114 de 2006, con antecedentes de vinculación al Fondo Nacional del Ahorro.
Tenemos la Ley 2202 de 2022, que contiene obligaciones para determinadas entidades financieras y un mandato gubernamental sobre subsidios y coberturas.
Tenemos la Ley 2639 de 2026, que crea el programa Mi Casa en Colombia.
Y ahora se pretende adicionar nuevamente la Ley 2202 mediante el Proyecto 400.
¿No sería más sensato hacer primero una evaluación integral?
¿No sería más útil conocer cuántos colombianos han conseguido financiación, cuántos han sido rechazados y por qué?
¿No sería más responsable exigir que el Gobierno explique qué pasó con el plazo vencido de la Ley 2202?
¿No sería más conveniente que las entidades financieras tuvieran obligaciones concretas de valoración documental, en lugar de permitirles decidir libremente si incorporan o no determinados mecanismos?
El país necesita respuestas, no una sucesión interminable de proyectos que anuncien lo que las leyes anteriores ya debían comenzar a resolver.
Observaciones formales al Congreso
Frente a estas circunstancias, COLEXRET ha preparado un memorial de observaciones jurídicas, constitucionales y legislativas dirigido a los congresistas que estudien el Proyecto de Ley 400 de 2026.
En ese documento que pueden ver aquí, se advierten las falencias del articulado, la utilización reiterada de expresiones facultativas, la necesidad de evaluar las leyes anteriores y la importancia de incorporar al análisis la Ley 2639 de 2026.
También se solicita que el Congreso requiera información al Ministerio de Vivienda, al Fondo Nacional del Ahorro y a la Superintendencia Financiera, para establecer el verdadero estado de implementación de las disposiciones existentes.
La intención es que los legisladores no aprueben otra modificación sin conocer primero qué ha pasado con las normas anteriores.
No pretendemos impedir que se legisle sobre vivienda para los colombianos en el exterior. Por el contrario, queremos que se legisle bien, con conocimiento de causa y con disposiciones que produzcan resultados.
Si el Proyecto 400/2026 contiene propuestas útiles, deben corregirse sus debilidades y convertirse en obligaciones claras, medibles y exigibles.
Si duplica lo que ya existe, debe explicarse su necesidad.
Y si no aporta soluciones nuevas, lo responsable sería replantearlo o archivarlo.
Los colombianos en el exterior no pueden seguir siendo utilizados como electorado de ocasión
La vivienda es apenas uno de los muchos asuntos que requieren atención de los representantes de la diáspora.
Los colombianos en el exterior necesitan políticas integrales sobre retorno, empleo, educación, salud, pensiones, protección consular, inversión, participación política, atención institucional y reconocimiento de sus derechos.
No pueden ser convocados únicamente cuando hay elecciones o cuando se necesita presentar una nueva iniciativa para anunciar beneficios.
El problema de fondo es que seguimos encontrando una representación política que debe demostrar mucho más de lo que anuncia.
No basta con presentar una ley que diga que las entidades podrán facilitar algo.
No basta con anunciar que se promoverán mecanismos.
No basta con prometer que se fortalecerán programas.
Hay que conseguir que las instituciones actúen, que existan procedimientos, que los ciudadanos puedan acceder a ellos y que los resultados sean públicos.
De lo contrario, seguirán jugando con las expectativas de millones de colombianos que, desde otros países, continúan creyendo que sus representantes están trabajando para resolver sus problemas.
Los votos de los colombianos en el exterior merecen respeto. Y ese respeto comienza por dejar de confundir los anuncios legislativos con las soluciones reales.
¿Cuántas leyes más se necesitan para que se cumplan las que ya existen?
El Proyecto de Ley 400 de 2026 debe ser sometido a una revisión profunda.
Su contenido no justifica, por sí solo, presentar una nueva conquista para los emigrantes.
Contiene propuestas que pueden ser útiles, pero también muchas disposiciones facultativas, ausencia de metas concretas, falta de garantías operativas y problemas de articulación con las leyes anteriores.
Lo más preocupante es que todavía no se ha demostrado suficientemente qué ocurrió con algunas obligaciones de la Ley 2202 de 2022, mientras se acumulan nuevas iniciativas sobre la misma problemática.
COLEXRET continuará investigando, solicitando información y poniendo en conocimiento de los colombianos en el exterior lo que realmente sucede con estas disposiciones.
Porque la vivienda no se consigue con discursos, titulares ni proyectos de ley que suenan bien.
Se consigue con decisiones, recursos, procedimientos, obligaciones y resultados.
Y si quienes ocupan la curul internacional no están en capacidad de demostrar que sus iniciativas contribuyen a resolver los problemas reales de la diáspora, tendrán que entender que sus electores tienen todo el derecho a cuestionarlos.
Sr. Alejandro Murcia, menos leyes de papel. Más cumplimiento. Menos politiquería legislativa. Más respeto por los colombianos en el exterior.
Preguntas sobre el proyecto 400 de 2026
¿Qué es el Proyecto de Ley 400 de 2026 Cámara?
Es una iniciativa legislativa que pretende modificar y adicionar la Ley 2202 de 2022 para fortalecer los mecanismos de acceso a vivienda y financiación para los colombianos residentes en el exterior.
¿Quién presentó el Proyecto de Ley 400 de 2026?
La iniciativa aparece asociada al representante a la Cámara Pedro Alejandro Murcia Lamprea, y fue publicada en la Gaceta del Congreso 1482 del 6 de octubre de 2026.
¿Cuántas leyes existen sobre vivienda para colombianos en el exterior?
Entre los antecedentes legislativos específicos se encuentran la Ley 1114 de 2006, la Ley 2202 de 2022 y la Ley 2639 de 2026. Sus alcances son diferentes, pero todas tienen disposiciones relacionadas con el ahorro, la financiación o el acceso a vivienda de los colombianos residentes fuera del país.
¿Qué establece la Ley 2202 de 2022?
Establece oportunidades de acceso a vivienda mediante remesas, obligaciones para determinadas entidades financieras y un mandato al Gobierno para establecer condiciones particulares de acceso a subsidios y coberturas para colombianos no residentes.
¿Qué es la Ley 2639 de 2026?
Es la norma que creó el programa Mi Casa en Colombia, dirigido a colombianos residentes en el exterior afiliados al Fondo Nacional del Ahorro mediante Ahorro Voluntario Contractual o el producto que lo sustituya.
¿El Proyecto 400 garantiza que los bancos acepten los ingresos obtenidos en el exterior?
No. Su artículo 2A utiliza expresiones facultativas que permiten establecer mecanismos de acreditación y considerar documentos extranjeros, pero no impone una obligación general de aceptar todos esos documentos ni garantiza la aprobación de créditos.
¿Las remesas obligan a los bancos a aprobar un crédito hipotecario?
No. El proyecto plantea que las entidades podrán considerar el historial de remesas como información complementaria, pero no establece una obligación de aprobar créditos por ese motivo.
¿Ya se cumplió el artículo 3 de la Ley 2202 de 2022?
El plazo legal de dos años venció el 10 de mayo de 2024. COLEXRET solicitó al Ministerio de Vivienda información sobre su cumplimiento y los instrumentos administrativos expedidos. La conclusión definitiva debe contrastarse con la respuesta institucional y los actos correspondientes.
¿Por qué se cuestiona el Proyecto 400/2026?
Porque considera que contiene demasiadas disposiciones facultativas, no establece suficientes mecanismos exigibles, no demuestra con claridad qué añade a las normas anteriores y no presenta una evaluación integral de los resultados obtenidos.
¿Qué solicita COLEXRET al Congreso?
Que examine la necesidad del proyecto, solicite información a las autoridades, evalúe su constitucionalidad y eficacia, corrija sus disposiciones facultativas y considere su reformulación o archivo si no demuestra un beneficio real adicional.
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