El Gobierno de Abelardo De La Espriella comienza a repetir las mismas prácticas que COLEXRET cuestionó durante la administración de Gustavo Petro.
Una tutela concedida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito para Adolescentes de Bogotá dejó en evidencia las omisiones de la Cancillería frente a tres solicitudes del director de COLEXRET, Ricardo Marín Rodríguez.
El juez ordenó responder en 48 horas y previno expresamente al Ministerio para que no vuelva a incurrir en conductas similares. Mientras tanto, la petición sobre los consulados continúa sin respuesta de fondo.
La victoria judicial de COLEXRET no es solamente un triunfo personal: es un llamado de atención al Gobierno nacional
En COLEXRET hemos sostenido que los derechos de los colombianos en el exterior no pueden seguir siendo tratados como asuntos secundarios por quienes tienen la responsabilidad de administrar las instituciones del Estado.
Lo hemos dicho frente a Gobiernos anteriores, incluyendo al de Gustavo Petro, y lo volvemos a decir frente al actual:
«No importa quién ocupe la Presidencia, quién sea el canciller de turno o qué funcionarios estén al frente de las dependencias ministeriales. Los derechos constitucionales no cambian con los gobiernos, ni pueden quedar sometidos al humor, la voluntad, la conveniencia o la disponibilidad de quienes tienen la obligación de atender a los ciudadanos».
En el día de ayer 12 de noviembre, el Juzgado Sexto Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá profirió el fallo de primera instancia 110013118006-2026-00282-00, dentro de la acción de tutela 2026-0282 SECUENCIA: 38589 promovida por Ricardo Marín Rodríguez, director de COLEXRET, contra el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La decisión fue contundente y precisa, tutelar el derecho fundamental de petición y ordenar a la Cancillería que, dentro de un término improrrogable de 48 horas, respondiera de manera completa, de fondo y congruente tres solicitudes presentadas por COLEXRET.
Pero lo que merece especial atención no es únicamente la orden judicial. Es el contenido de las consideraciones del juez, quien dejó constancia de que la Cancillería había mantenido una conducta omisiva, pese a los requerimientos efectuados y a los plazos que ella misma había establecido.
El despacho judicial incluso previno al Ministerio para que no vuelva a incurrir en esas omisiones.
Y aquí comienza una reflexión que va mucho más allá de tres derechos de petición:
¿Cómo puede un Gobierno pretender construir una administración diferente si sus instituciones continúan comportándose exactamente como aquellas que prometió superar?
¿Qué le reclamó COLEXRET a la Cancillería y por qué fue necesario acudir a la justicia?
La acción de tutela, presentada el 28 de octubre de 2026, no surgió de una diferencia política con el Ministerio ni de una inconformidad porque sus funcionarios no compartieran las propuestas de COLEXRET.
Se instauró porque, después de presentar solicitudes formales de información y requerimientos, la entidad no había cumplido satisfactoriamente con su obligación constitucional de responder.
Fueron tres asuntos de interés público, relacionados con el funcionamiento de la Cancillería, la transición entre gobiernos y la atención de las propuestas sobre política migratoria.
La solicitud de audiencia al ministro: 17 de agosto de 2026
El 17 de agosto de 2026, nuestro director Ricardo Marín Rodríguez solicitó formalmente una audiencia con el ministro de Relaciones Exteriores, radicada con el No. 1926878-EL.
Esa reunión se solicitó para presentar dos iniciativas de especial trascendencia para los colombianos en el exterior:
La creación de una Consejería Presidencial para las Migraciones, y la construcción de un Estatuto Migratorio Colombiano.
Se trataba de propuestas orientadas a fortalecer la institucionalidad migratoria del país, construir una política migratoria de Estado con visión de largo plazo, impulsar un Fondo Nacional para las Migraciones y avanzar en un censo socioeconómico de la diáspora colombiana, entre muchos otros temas.
COLEXRET incluso había planteado que la iniciativa no generaría un costo fiscal adicional, aunque eso debe ser cuestión de un mayor análisis.
Ante la ausencia de una respuesta de fondo, el 14 de octubre se presentó un requerimiento adicional, identificado con el radicado 2000727-EL.
¿Qué hizo inicialmente la Cancillería?
El 15 de octubre informó que había trasladado el expediente al área técnica competente, creyendo que trasladar una petición significa resolverla, sin tener en cuenta que eso no equivale a comunicar una decisión sobre lo solicitado.
La respuesta que finalmente llegó el 4 de noviembre de 2026, firmada por el Viceministro de Migraciones Pedro Agustín Roa Arboleda, explicó que el 23 de septiembre se había realizado un encuentro presencial en el despacho, durante el cual se recibió personalmente la propuesta impresa de COLEXRET.
El Ministerio manifestó que había evaluado internamente la iniciativa y concluyó que, por el momento, su implementación resultaba inviable, argumentando razones de austeridad, racionalización del gasto público y la reciente creación del Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional.
Es decir, la Cancillería finalmente se pronunció sobre la propuesta y explicó su posición, pero lo hizo después de instaurada la tutela.
Y aquí debemos precisar que COLEXRET no pretende que el ministro esté obligado a aceptar una audiencia o a implementar sus propuestas. Lo que exige es que las solicitudes ciudadanas reciban una respuesta oportuna, expresa y de fondo.
La propia justicia dejó claro que la discrecionalidad para organizar la agenda ministerial no elimina la obligación de contestar.
La información sobre los consulados colombianos: 28 de agosto de 2026
Este es, posiblemente, el asunto más delicado de los tres, tanto por su importancia para la opinión pública como por el tiempo transcurrido.
El 28 de agosto de 2026, COLEXRET presentó una solicitud de información pública, identificada con el radicado 1942282-EL, donde solicitaba información histórica, administrativa, operativa, presupuestal y contractual relacionada con los consulados colombianos.
No era una curiosidad particular ni una petición sin propósito. Se trataba de obtener documentación para investigar el funcionamiento de la infraestructura consular colombiana, la administración de sus recursos públicos y las condiciones en que se presta el servicio a los connacionales en el exterior.
La Cancillería informó el 18 de septiembre que debía realizar consultas internas con distintas dependencias y amplió el plazo para responder hasta el 9 de octubre de 2026.
La fecha llegó, pasó, y la información no fue entregada mediante una respuesta de fondo,
Por eso se incluyó esta solicitud en la tutela.
El Ministerio intentó justificar su actuación señalando que la información abarcaba 16 años de gestión física y financiera global, que era necesario articular múltiples dependencias y que había utilizado la posibilidad legal de ampliar el plazo.
Sin embargo, el juzgado encontró que la fecha anunciada para responder estaba ampliamente superada y que Ricardo Marín Rodríguez seguía sin obtener una contestación efectiva.
Al día de hoy 13 de noviembre, continuamos sin recibir la respuesta de fondo a esta petición.
Han transcurrido 77 días desde su presentación y 35 días desde el vencimiento del plazo que la propia Cancillería fijó para responder.
No estamos hablando de una solicitud que se haya presentado ayer. Tampoco de una petición que no haya tenido tiempo suficiente para ser tramitada.
Estamos hablando de una entidad que conoce perfectamente sus obligaciones legales y que, aun así, obligó al ciudadano a acudir a la justicia para reclamar una respuesta.
La información sobre el empalme entre gobiernos: 1 de agosto de 2026
La tercera controversia tiene una dimensión política y administrativa que merece especial atención.
El 1 de agosto de 2026, COLEXRET presentó una petición con radicado 1907371-EL, solicitando información sobre el proceso de transición institucional entre el Gobierno saliente y el Gobierno entrante en el sector de Relaciones Exteriores.
Se preguntó, entre otros aspectos, por:
- Las actuaciones de entrega y recepción de los despachos y asuntos públicos.
- La aplicación de la Ley 951 de 2005.
- Los informes de gestión y las actas correspondientes.
- Los equipos de empalme de ambas administraciones.
- Los nombramientos, posesiones y traslados de funcionarios.
- La información financiera y presupuestal del Ministerio y su Fondo Rotatorio.
- Los contratos vigentes y los procesos de contratación relacionados con pasaportes, tecnología y servicios consulares.
- Los tratados, acuerdos y compromisos internacionales.
- Los documentos que acreditaran las decisiones adoptadas durante la transición.
- La primera respuesta llegó el 15 de septiembre de 2026, pero dejó interrogantes concretos sin resolver.
La Cancillería manifestó, entre otras cosas, que no se había llevado a cabo un proceso formal de empalme entre ambos gobiernos, que se habían establecido equipos de trabajo y que no se realizaron mesas conjuntas porque el proceso había sido suspendido. (Ver aquí artículo sobre el caso).
Fieles a nuestra filosofía de «INSISTIR, PERSISTIR, RESISTIR, y NUNCA DESISTIR», ante las respuestas incompletas, el 19 de septiembre COLEXRET presentamos una solicitud de aclaración, complementación y respuesta de fondo, con ocho apartados adicionales.
La Cancillería informó el 9 de octubre que necesitaba recopilar y validar información de distintas áreas y anunció como fecha límite el 3 de noviembre.
La tutela fue presentada el 28 de octubre, antes de que venciera ese plazo anunciado para la aclaración. COLEXRET dejó expresamente aclarado en la demanda que la reclamación se dirigía principalmente contra la insuficiencia de la respuesta original del 15 de septiembre, no contra el vencimiento de un plazo que todavía estaba corriendo.
¿Qué ocurrió posteriormente?
El Ministerio remitió una respuesta complementaria fechada el 3 de noviembre de 2026, después de presentada la tutela y antes del fallo judicial.
Esta respuesta incorporó información relevante que merece ser conocida por la opinión pública.
Lo que terminó reconociendo la Cancillería sobre la entrega y recepción de los despachos
El Ministerio confirmó que las obligaciones establecidas en la Ley 951 de 2005 son independientes de la existencia de un proceso formal de empalme entre gobiernos.
Reconoció que la excanciller Rosa Yolanda Villavicencio y la exsecretaria general Elvira de las Mercedes Sanabria entregaron sus respectivos informes de gestión.
También identificó a quienes recibieron esos documentos, señalando que el informe de la exsecretaria general fue recibido por el embajador de carrera diplomática Howell Ricardo Quimbaya Morales, mientras que el informe de la excanciller fue recibido por el ministro plenipotenciario Carlos Rodríguez Bocanegra.
La entidad informó que el informe de la exsecretaria general fue elaborado el 27 de julio, radicado el 19 de agosto y entregado a Talento Humano el 15 de septiembre de 2026.
En cuanto al informe de la excanciller, indicó que fue elaborado el 6 de agosto y radicado el 1 de septiembre de 2026.
También señaló que los informes de gestión recibidos reposan en el Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión.
¿Quiénes integraron los equipos de empalme?
La respuesta complementaria identificó a los integrantes del subcomité sectorial de Relaciones Exteriores del Gobierno saliente y a las personas designadas informalmente por el Gobierno entrante.
Entre los nombres relacionados por la Cancillería aparecen, por el Gobierno saliente, Rosa Yolanda Villavicencio, Leonardo Carvajal, Elvira de las Mercedes Sanabria, Juana Castro, Mauricio Jaramillo y Paula Cerón, entre otros.
Por el Gobierno entrante, relacionó a Mariana Pacheco como líder, junto con Alejandra Valencia, Rodrigo Pinzón, Ancízar Silva, Alfredo Ramos, Daniel París, Camilo Louis, Camilo Jaimes y otros integrantes.
Sin embargo, el propio Ministerio reconoció que no existió un acto administrativo, oficio o documento institucional que formalizara las designaciones del equipo entrante, debido a la suspensión y posterior terminación del proceso de empalme.
¿Quién suspendió el proceso y cuándo?
La Cancillería respondió que la suspensión fue adoptada inicialmente por el Gobierno entrante, mediante una instrucción del presidente electo Abelardo De La Espriella a su comité de empalme, coordinado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo.
Posteriormente, el comité del Gobierno saliente también suspendió su participación en las sesiones conjuntas.
La entidad señaló el 7 de julio de 2026 como la fecha en que se adoptó y comunicó públicamente la decisión.
También identificó como soporte documental una circular del DAPRE del 9 de julio, denominada «Lineamientos para la atención de los derechos de petición y las solicitudes de información en el marco del proceso de empalme 2026-2030».
Este asunto tiene especial importancia porque la propia Cancillería reconoció que la ausencia de un empalme formal no eliminaba las obligaciones legales de entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos.
La información presupuestal, contractual y administrativa
La respuesta complementaria también incorporó anexos con información del Ministerio y del Fondo Rotatorio.
Entre ellos se encuentran:
- Ejecución presupuestal con corte al 7 de agosto de 2026.
- Reservas presupuestales de 2025.
- Compromisos y autorizaciones de vigencias futuras para 2026.
- Información sobre nombramientos, posesiones y traslados.
- Relación de informes de gestión recibidos.
- Información contractual relacionada con los asuntos críticos solicitados.
La Cancillería indicó que no podía precisar directamente el monto de los pasivos exigibles al 7 de agosto, remitiendo a los estados financieros publicados con corte trimestral.
También entregó una respuesta específica sobre contratación, fechada el 22 de septiembre de 2026, en la que sostuvo que la matriz de contratos vigentes del Ministerio y el Fondo Rotatorio, con corte al 31 de agosto, contenía la información contractual solicitada, incluidos los asuntos relacionados con pasaportes, tecnología y servicios logísticos consulares.
COLEXRET está examinando estos documentos y los está contrastando en el marco de su investigación, pues su entrega posterior no borra el hecho de que fue necesario insistir para obtener aclaraciones sobre asuntos que debieron ser atendidos adecuadamente desde el principio.
Y hay una circunstancia procesal que también debe quedar registrada, y es que, aunque el Ministerio fechó su respuesta complementaria el 3 de noviembre, el fallo del 12 de noviembre mantuvo el amparo y ordenó responder nuevamente la solicitud del 19 de septiembre. El juzgado no desarrolló en su decisión una valoración expresa de ese documento posterior.
El argumento de la Cancillería ante el juez: trasladar, ampliar plazos y alegar discrecionalidad
La defensa presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores merece ser examinada.
En el trámite judicial, la entidad solicitó que se declarara improcedente la tutela, alegando la inobservancia del principio de subsidiariedad.
También solicitó que se reconociera un hecho superado respecto de la respuesta inicial sobre el empalme institucional.
Frente a la audiencia ministerial, sostuvo que conceder encuentros privados con el ministro era una facultad discrecional relacionada con la organización de la agenda de la Alta Dirección del Estado y que no existía un derecho fundamental a obtener obligatoriamente una audiencia de esa naturaleza.
En cuanto a la petición sobre los consulados, defendió la ampliación del plazo argumentando que la información comprendía 16 años de gestión y requería consultas con distintas dependencias.
Pero el juzgado no consideró que esas explicaciones fueran suficientes para liberar al Ministerio de su obligación constitucional.
El punto central era que, aunque la entidad pudiera negar una solicitud, trasladarla o explicar por qué necesitaba tiempo adicional, debía emitir una respuesta de fondo y notificarla al ciudadano.
La discrecionalidad administrativa no es una autorización para guardar silencio.
La ampliación de un plazo tampoco es un permiso para dejar una petición sin resolver.
Y la existencia de dependencias internas no puede convertirse en una excusa permanente para que el ciudadano termine pagando las consecuencias de la desorganización institucional.
Las palabras del juez: una advertencia que la Cancillería no debería ignorar
Llegamos a uno de los apartados más importantes del fallo.
En sus consideraciones, el Juzgado Sexto Penal del Circuito para Adolescentes examinó individualmente las tres solicitudes y encontró que persistía la vulneración del derecho fundamental de petición.
En el caso de la aclaración del empalme, el despacho señaló que no se había obtenido una respuesta clara, congruente y de fondo y que la entidad había mantenido silencio frente a los reparos formulados.
El juzgado calificó esa conducta como un «flagrante desconocimiento de su derecho fundamental de petición».
No se trató de una expresión de COLEXRET, de una opinión periodística o de una valoración política. Fueron palabras consignadas por el juez en una providencia judicial.
Al analizar la solicitud de audiencia, el despacho reiteró que el Ministerio tenía la obligación de responder, independientemente del sentido positivo o negativo de su decisión.
Y utilizó nuevamente la expresión, «la accionada continúa vulnerando la garantía constitucional».
En el caso de la información consular, el juez también encontró que la entidad no había proporcionado una respuesta de fondo, pese a haber anunciado una ampliación del plazo.
El despacho dejó establecido que el plazo anunciado para el 9 de octubre estaba ampliamente superado y que el accionante seguía sin obtener resultado alguno.
La conclusión judicial fue que la Cancillería debía responder, sin importar si la decisión final favorecía o no al peticionario.
La advertencia judicial que debería llegar directamente al despacho del canciller y del presidente
Pero existe un apartado todavía más importante para el futuro comportamiento de la Cancillería, y que no dejaremos de recordárselo cada vez que interpongamos un derecho de petición.
El juez acudió al artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 para prevenir al Ministerio y advertirle sobre la necesidad de cumplir sus obligaciones constitucionales.
El fallo dice textualmente:
«Se previene a la accionada para que, en el futuro, se abstenga de incurrir en omisiones como las que motivaron la presentación de este mecanismo de amparo».
Y continúa señalando que la entidad pública tiene el deber de dar contestación oportuna a las peticiones ciudadanas dentro de los términos establecidos en la ley.
La advertencia termina con una expresión que no debería pasar inadvertida:
«So pena de vulnerar sus garantías constitucionales y, por contera, faltar a sus obligaciones».
Es decir, el juez no solamente protegió un derecho que ya había sido vulnerado, sino que dejó una prevención expresa para evitar que la Cancillería repita ese comportamiento.
No hay que interpretar demasiado. El mensaje judicial está escrito y dirigido a la entidad responsable.
Una orden judicial de 48 horas: tres solicitudes que la Cancillería debe resolver
En la parte resolutiva, el Juzgado Sexto Penal del Circuito para Adolescentes dispuso:
«PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental de petición invocado por Ricardo Marín Rodríguez, actuando en nombre propio y como director de COLEXRET.
SEGUNDO: Ordenar al Ministerio de Relaciones Exteriores que, dentro del término improrrogable de 48 horas contadas a partir de la notificación de la sentencia, diera respuesta completa, de fondo y congruente a las siguientes solicitudes:
17 de agosto de 2026, radicados 1926878-EL / 2000727-EL.
28 de agosto de 2026, radicado 1942282-EL.
19 de septiembre de 2026, solicitud de aclaración y complementación del derecho de petición inicial sobre el empalme.
TERCERO: Prevenir al Ministerio para que en el futuro se abstenga de incurrir en omisiones como las que motivaron la tutela.
Debe señalarse que se trata de una decisión de primera instancia contra la cual procede impugnación, aunque sabemos que la Cancillería no apelará. Pero como sea, ello no le resta importancia al amparo concedido ni a las órdenes impartidas.
¿Y dónde está el presidente Abelardo De La Espriella mientras su Cancillería incurre en estas prácticas?
Aquí es donde el asunto deja de ser exclusivamente jurídico y se convierte en un problema de gobernabilidad.
En COLEXRET hemos manifestado nuestra disposición a respaldar al actual Gobierno en aquellas actuaciones que beneficien a los colombianos en el exterior y contribuyan a fortalecer la política migratoria del país.
Y creemos haber mantenido esa posición.
No somos una organización que tenga como propósito atacar al Gobierno por el simple hecho de ser Gobierno. Tampoco estamos interesados en convertir nuestras investigaciones en instrumentos de oposición política.
Nuestro compromiso es con los colombianos en el exterior, con sus derechos y con las instituciones que deben protegerlos.
Pero apoyar a un mandatario no significa guardar silencio cuando sus funcionarios actúan de manera equivocada.
Mucho menos significa aceptar que se reproduzcan las mismas prácticas que criticamos durante la administración anterior.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella no puede pretender que los ciudadanos evalúen su gestión exclusivamente por los discursos presidenciales, los anuncios ministeriales o las promesas de cambio.
Los gobiernos se miden también por lo que hacen sus instituciones y por la manera como responden a quienes acuden a ellas.
Y en este caso, la Cancillería está enviando un mensaje preocupante, como es que, para conseguir respuestas que deberían llegar por los canales administrativos ordinarios, los ciudadanos pueden terminar teniendo que recurrir a los jueces.
Un presidente no puede desentenderse de sus ministros
Nos preocupa la impresión de que el actual Gobierno ha dejado prácticamente en manos de sus ministros la conducción de buena parte de la administración pública, sin que exista un seguimiento suficientemente visible a la manera como están ejerciendo sus responsabilidades.
Es cierto que un presidente necesita delegar funciones y confiar en sus colaboradores. Ningún mandatario puede administrar personalmente cada dependencia, revisar cada oficio o responder cada petición. Pero delegar no significa desentenderse.
El presidente conserva responsabilidades constitucionales y políticas sobre la dirección del Gobierno y la administración pública. No puede permitir que sus ministros conviertan la autonomía administrativa en una especie de territorio sin supervisión.
Cuando una entidad vulnera derechos, cuando obliga a los ciudadanos a acudir a la justicia por asuntos que podrían resolverse con voluntad y conocimiento de la ley, y cuando esas conductas se repiten, el problema deja de ser exclusivamente del funcionario que firmó una respuesta.
Se convierte también en un asunto de dirección, control y responsabilidad gubernamental.
Los ministros pueden cambiar de cargo, regresar a sus actividades particulares o recibir nuevas oportunidades políticas. Pero la imagen institucional que queda ante los ciudadanos y ante el mundo es la del Gobierno que los nombró y la del presidente que lo encabeza.
Por eso, señor presidente, es indispensable que mire hacia el interior de sus ministerios.
No basta con nombrar funcionarios y esperar resultados. Hay que verificar cómo trabajan, cómo administran, cómo cumplen la ley y cómo tratan a los ciudadanos.
De lo contrario, su administración podría terminar siendo igual o peor que aquella que prometió superar.
¿La Cancillería de Abelardo De La Espriella está repitiendo las prácticas de la Cancillería de Gustavo Petro?
No exageramos.
COLEXRET ha tenido que acudir a mecanismos judiciales para conseguir que la Cancillería responda peticiones relacionadas con asuntos de interés público. Y ahora, bajo una nueva administración, nos encontramos nuevamente ante situaciones que recuerdan demasiado lo ocurrido anteriormente.
La entidad parece continuar con una práctica que hemos cuestionado reiteradamente, como es que los ciudadanos presentan solicitudes, esperan los términos legales, envían requerimientos y, cuando no obtienen respuestas satisfactorias, terminan acudiendo a la justicia.
No es aceptable que una tutela se convierta en el mecanismo habitual para conseguir que una institución pública cumpla una obligación tan elemental como responder un derecho de petición.
Mucho menos cuando se trata de una entidad que representa al país en sus relaciones internacionales y que tiene entre sus responsabilidades la atención de millones de colombianos residentes fuera del territorio nacional.
Si la Cancillería no respeta los derechos de petición de quienes están dentro del país, ¿qué puede esperarse de su capacidad para atender las reclamaciones de quienes viven a miles de kilómetros de Colombia?
Los colombianos en el exterior no pueden seguir siendo ciudadanos de segunda categoría para las instituciones que deberían representarlos y protegerlos.
Y una administración que se presenta como nueva no puede limitarse a cambiar nombres, cargos, oficinas y organigramas si mantiene las mismas prácticas administrativas.
Cambiar funcionarios sin cambiar comportamientos no es transformar el Estado.
La Cancillería no puede convertir el derecho de petición en un juego de paciencia
El derecho de petición no es una concesión graciosa de los funcionarios públicos. Tampoco es una correspondencia que pueda contestarse cuando haya tiempo, cuando una dependencia termine sus consultas o cuando el ciudadano se canse de insistir.
Es un derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y desarrollado por la Ley 1755 de 2015.
Su ejercicio obliga a las autoridades a proporcionar respuestas oportunas, claras, precisas, congruentes y de fondo.
Y hay algo que parece necesario recordarles a algunos funcionarios: responder no significa necesariamente aceptar lo solicitado.
La Cancillería podía negar la audiencia de entrevista de Ricardo Marín Rodríguez con el Canciller, considerar inviable la propuesta de COLEXRET, explicar que no contaba con determinada información o señalar las razones legales por las cuales algún documento no podía entregarse, como efectivamente lo hizo después de instaurarle la tutela.
Lo que no podía hacer era mantener al peticionario esperando indefinidamente.
Si un funcionario no conoce la respuesta, debe consultar a quien corresponda. Si la información requiere una recopilación especial, debe aplicar correctamente las herramientas legales disponibles. Si existe una reserva, debe fundamentarla. Si la respuesta es negativa, debe decirlo.
Lo que no puede hacer es confundir un traslado interno con una respuesta de fondo. Eso equivale a lo que nosotros popularmente llamamos una «burrada».
Y mucho menos obligar al ciudadano a acudir a los estrados judiciales para obtener algo que debería ser parte del funcionamiento normal de cualquier institución pública.
COLEXRET no está contra el Gobierno ni contra la Cancillería: está contra las malas prácticas
Queremos dejarlo absolutamente claro.
No estamos en contra del Gobierno de Abelardo De La Espriella. Tampoco estamos en contra de la Cancillería como institución.
Estamos en contra de las actuaciones que vulneran derechos, de la falta de diligencia administrativa y de los comportamientos que terminan perjudicando a los ciudadanos y deteriorando la imagen institucional del país.
Hemos manifestado nuestro apoyo a las iniciativas gubernamentales que consideramos convenientes para los colombianos. Hemos puesto sobre la mesa propuestas de política pública, proyectos de institucionalidad migratoria y alternativas para atender las necesidades de la diáspora, pero ese respaldo no es un cheque en blanco.
No vamos a callar frente a las mismas prácticas que denunciamos durante el Gobierno anterior.
Y no vamos a dejar de utilizar los mecanismos legales disponibles cuando una institución pública incumpla sus obligaciones.
El hecho de que COLEXRET tenga que acudir a la justicia no debería interpretarse como una confrontación con el Gobierno. Debería entenderse como una oportunidad para corregir las fallas de una institución que está perjudicando la confianza ciudadana.
Lo preocupante es que esas fallas terminen comprometiendo la imagen del propio presidente.
Porque cuando la Cancillería obliga a COLEXRET a instaurar una tutela, no solamente queda cuestionada la actuación de sus funcionarios. También queda expuesto el funcionamiento del Gobierno que los tiene bajo su responsabilidad.
Señor presidente: todavía está a tiempo de evitar que su Gobierno repita la historia
Esta publicación también tiene un destinatario político muy concreto, el presidente Abelardo De La Espriella.
Queremos que conozca lo sucedido y que alguien de su equipo le haga llegar esta información.
No queremos esperar a que se acumulen nuevas tutelas, derechos de petición, denuncias y reclamaciones para que desde la Presidencia se descubra que una de sus instituciones está funcionando de manera equivocada.
La Cancillería tiene que ponerse las pilas. Sus funcionarios deben entender que el servicio público implica obligaciones y que los ciudadanos no están para rogarles que cumplan la ley.
El presidente debe ejercer el liderazgo que le corresponde, exigir resultados y establecer mecanismos de seguimiento a la gestión ministerial.
No puede permitir que los ministerios actúen como si cada uno fuera un gobierno independiente, sin que exista una responsabilidad efectiva por las consecuencias de sus decisiones y omisiones.
Tampoco puede esperar que sean los jueces quienes tengan que recordarles permanentemente a sus funcionarios cuáles son sus obligaciones constitucionales.
El fallo obtenido por COLEXRET debería servir como una señal temprana de alerta. Todavía hay tiempo para corregir.
Pero si la respuesta del Gobierno es ignorar estas situaciones, minimizar las advertencias judiciales o continuar permitiendo que las instituciones funcionen de cualquier manera, no podrá sorprenderse cuando las críticas aumenten y la confianza ciudadana disminuya.
Es más, aunque a lo mejor ni le importe, pero puede llegar el momento en que COLEXRET le retire su apoyo.
COLEXRET continuará vigilando y exigiendo respuestas
La decisión judicial representa un avance importante, pero no significa que todos los asuntos estén resueltos.
COLEXRET continuará verificando el cumplimiento de las órdenes impartidas por el juzgado, especialmente en lo relacionado con la información consular, que continúa pendiente.
También examinaremos detalladamente la documentación entregada sobre el empalme institucional, los informes de gestión, los nombramientos, los movimientos de personal, la ejecución presupuestal y la contratación del Ministerio y su Fondo Rotatorio.
No basta con recibir documentos. Hay que estudiarlos, contrastarlos y establecer qué información aportan sobre la administración de los recursos públicos y el funcionamiento de la política exterior colombiana.
Y seguiremos insistiendo en que los colombianos en el exterior necesitan una Cancillería que responda, atienda, proteja y respete sus derechos.
La tutela ganada no es el final de una discusión. Es el comienzo de una advertencia pública.
En COLEXRET no estamos pidiendo privilegios. Estamos exigiendo que se cumpla la ley.
Si el Gobierno actual quiere demostrar que realmente representa un cambio frente a su antecesor, debe comenzar por hacer que sus instituciones respeten los derechos de los ciudadanos.
Porque un país no cambia solamente cuando cambia de presidente. Cambia cuando sus instituciones dejan de cometer los mismos errores.
COLEXRET seguirá vigilante. Nuestro compromiso no es con los funcionarios de turno. Es con los colombianos en el exterior y con el respeto de sus derechos.
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