La política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump acaba de entrar en una nueva etapa de incertidumbre. El mandatario reconoció públicamente que su estrategia de deportaciones pudo haber sido demasiado dura, especialmente contra inmigrantes que, pese a encontrarse en situación migratoria irregular, llevaban muchos años viviendo, trabajando y contribuyendo a la economía de Estados Unidos.
Trump abre la puerta a un acuerdo migratorio: ¿qué pasará con los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos?
La declaración, realizada durante una entrevista con el programa periodístico 60 Minutes, de la cadena CBS, y emitida el día de ayer 8 de noviembre, constituye uno de los reconocimientos más significativos que Trump ha hecho sobre las consecuencias de su propia política migratoria.
«I think it might be too tough, yeah» (Creo que pudo haber sido demasiado dura, sí), respondió cuando el periodista Ross Douthat le preguntó directamente si su política de deportaciones había ido demasiado lejos. (Ver declaración completa aquí).
No fue una declaración aislada. Trump también reconoció que esa política le había perjudicado políticamente, manifestó su disposición a negociar con los demócratas y dejó abierta la posibilidad de encontrar alguna fórmula que permita permanecer en Estados Unidos a determinados inmigrantes que llevan entre 10 y 15 años trabajando en ese país.
Sin embargo, mientras sus palabras apuntan hacia una posible flexibilización, sus decisiones administrativas ofrecen señales diferentes (algo muy típico en el Sr. Trump). La designación de Stephen Miller, reconocido impulsor de las medidas más restrictivas contra la inmigración, como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca, introduce una contradicción que no puede pasarse por alto.
- ¿Estamos ante una verdadera rectificación de la política migratoria estadounidense?
- ¿Donald Trump pretende modificar las deportaciones masivas o simplemente reconocer que sus efectos políticos fueron contraproducentes?
- ¿Podrían beneficiarse los inmigrantes colombianos y latinoamericanos que llevan años residiendo en Estados Unidos?
Luego de nuestro análisis publicado el pasado 4 de los corrientes, sobre el resultado de las elecciones en Estados Unidos, y visible aquí, COLEXRET examina las declaraciones originales, el contexto político, las reacciones, los antecedentes y los escenarios que podrían abrirse a partir de este nuevo pronunciamiento.
¿Qué dijo exactamente Donald Trump sobre su política migratoria?
Para entender la dimensión de esta noticia es indispensable acudir a la entrevista original y no quedarse únicamente con los titulares publicados por los medios de comunicación.
La conversación se produjo el viernes 6 de noviembre, pero solo fue emitida el día de ayer domingo 8 de noviembre. En ella, Ross Douthat, corresponsal de 60 Minutes, preguntó al presidente por los resultados electorales y por el papel que había desempeñado su política migratoria.
Trump comenzó defendiendo algunos resultados de su gestión, pues afirmó que había obtenido una calificación muy alta por cerrar la frontera y expulsar a quienes considera personas peligrosas. Sin embargo, reconoció que también había perjudicado a su Gobierno la expulsión de inmigrantes que tenían empleos y que, en muchos casos, llevaban años integrados laboralmente en la sociedad estadounidense.
Entre sus declaraciones más importantes tenemos:
Primera declaración: reconocimiento de que su política pudo haber sido demasiado dura.
«I think it might be too tough, yeah»» = Creo que pudo haber sido demasiado dura, sí.
Segunda declaración: reconocimiento de las consecuencias políticas.
«That hurt me» = Eso me perjudicó.
Se refería al impacto que, según él, tuvo la deportación de personas que trabajaban y tenían empleos establecidos.
Tercera declaración: disposición a negociar con los demócratas.
«I’d love to do something on immigration» = Me encantaría hacer algo en materia de inmigración.
Cuarta declaración: posibilidad de llegar a un acuerdo para determinados inmigrantes.
Trump se refirió a personas que llevan entre 10 y 15 años en Estados Unidos y que podrían beneficiarse de algún acuerdo que les permita permanecer en el país.
Dijo:
«Get the killers out. Get all the rough ones out. Get the drug dealers out. But let the people that are here, and in some cases here for ten and 15 years, work a deal for them» = Que expulsen a los asesinos. Que expulsen a todos los delincuentes peligrosos. Que expulsen a los narcotraficantes. Pero que a las personas que están aquí, y que en algunos casos llevan 10 o 15 años, se les busque un acuerdo.
Quinta declaración: reconocimiento de que existen posiciones enfrentadas dentro de su propio entorno.
Trump admitió que en su Administración hay personas partidarias de expulsar a todos los inmigrantes en situación irregular, mientras que otros defienden una posición más moderada.
Esto último resulta especialmente resaltante porque demuestra que la discusión sobre el alcance de las deportaciones no se limita a una confrontación entre republicanos y demócratas. También existe dentro del propio Gobierno estadounidense.
La transcripción completa de CBS, y que pueden leer aquí, permite comprobar que no estamos ante una interpretación periodística de sus palabras, sino ante respuestas pronunciadas directamente por el presidente.
¿Por qué Trump reconoce ahora que las deportaciones fueron demasiado duras?
El momento en el que se producen estas declaraciones es fundamental para interpretar su alcance.
Trump no hizo este reconocimiento durante una presentación de una nueva política humanitaria, ni como resultado de un anuncio de reforma migratoria previamente elaborado, sino después de que su partido sufriera importantes derrotas en las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre de 2026.
Los republicanos perdieron el control de la Cámara de Representantes y del Senado, además de sufrir derrotas en varios estados tradicionalmente favorables a su partido.
El resultado electoral abrió una nueva etapa política para la Administración Trump, que deberá afrontar un Congreso controlado por los demócratas a partir de enero de 2027.
En ese contexto, la política migratoria comenzó a representar un problema que el presidente ya no puede examinar exclusivamente desde su discurso de seguridad fronteriza.
Trump reconoce que su estrategia tuvo dos efectos diferentes, por una parte, le permitió defender su promesa de cerrar la frontera y expulsar a personas consideradas peligrosas; por otra, afectó a inmigrantes que desempeñaban trabajos necesarios para diferentes sectores económicos y que habían construido una vida en Estados Unidos.
La cuestión política es evidente, una política que inicialmente le proporcionó respaldo electoral puede convertirse en una fuente de rechazo cuando sus consecuencias alcanzan a familias, trabajadores, comunidades y sectores económicos.
El voto latino y el costo político de las deportaciones
Para el caso, uno de los aspectos que merece mayor atención es el comportamiento electoral de la población latina.
Según la información publicada por CBS News, el 58% de los votantes consultados en sus datos de salida consideró que las actuaciones migratorias de la Administración Trump habían ido demasiado lejos.
La cifra debe interpretarse dentro del contexto de esa consulta electoral y no como una medición de todos los inmigrantes ni de la totalidad de la población estadounidense.
También resulta significativo que, pese al rechazo expresado frente a determinadas actuaciones, los republicanos conservaran una ligera ventaja sobre los demócratas cuando se preguntó qué partido estaba mejor preparado para gestionar la inmigración: 43% frente a 41%.
Esto demuestra que el debate estadounidense no se reduce a estar a favor o en contra de la inmigración. Existe una diferencia entre apoyar el control fronterizo y considerar aceptables todos los procedimientos utilizados para detener y expulsar inmigrantes.
Para Trump, esa diferencia puede resultar determinante.
Los inmigrantes que trabajan y pagan impuestos es el nuevo elemento de la discusión
Una de las partes más interesantes de la entrevista fue cuando el presidente se refirió a las personas que trabajan en hoteles, restaurantes, empresas de jardinería y otras actividades.
Mencionó expresamente a mujeres que trabajan como empleadas de limpieza, camareras y trabajadoras de servicios.
Su argumento fue que resulta difícil justificar socialmente que una persona que lleva años trabajando, tiene un empleo y contribuye a la economía sea expulsada del país únicamente por su entrada irregular.
Esta manifestación merece un análisis mucho más profundo.
¿Debe recibir el mismo tratamiento migratorio una persona que ha cometido delitos violentos y representa un peligro para la sociedad que otra que lleva 15 años trabajando, no tiene antecedentes penales y mantiene económicamente a su familia?
La legislación estadounidense contempla diferentes categorías y consecuencias jurídicas, y la entrada irregular no desaparece por el simple hecho de haber trabajado o pagado impuestos. Sin embargo, la discusión planteada por Trump abre nuevamente la puerta a debatir si deben existir mecanismos diferenciados para quienes han construido vínculos familiares, laborales y sociales durante largos periodos.
Hay que evitar una interpretación equivocada, ya que pagar impuestos no concede automáticamente residencia, ciudadanía ni inmunidad frente a una deportación.
Tampoco basta con llevar diez o quince años en Estados Unidos para obtener automáticamente un derecho a permanecer.
Lo novedoso es que el propio presidente haya reconocido que esas circunstancias podrían ser consideradas dentro de un eventual acuerdo político.
¿Podrían regularizarse los inmigrantes indocumentados que llevan 10 o 15 años en Estados Unidos?
Esta es probablemente una de las preguntas que más interés despertará entre las comunidades inmigrantes.
Por ahora, la respuesta es que no existe una regularización anunciada ni una norma aprobada que conceda ese beneficio. Lo que existe es una disposición verbal de Trump a negociar alguna solución.
Una eventual medida podría contemplar requisitos como:
- Tiempo mínimo de residencia en Estados Unidos.
- Historial laboral comprobable.
- Cumplimiento de obligaciones tributarias cuando corresponda.
- Ausencia de condenas por determinados delitos.
- Vínculos familiares y sociales.
- Verificación de identidad y antecedentes.
- Cumplimiento de las condiciones que establezca una eventual ley.
Estos son criterios que podrían formar parte de una propuesta legislativa, pero no constituyen requisitos anunciados por Trump.
La diferencia es muy importante porque una declaración presidencial no crea por sí misma una categoría migratoria ni concede un estatus legal.
Stephen Miller: El nombramiento que pone en duda la supuesta flexibilización migratoria
Aquí encontramos una de las mayores contradicciones de esta coyuntura.
Mientras Trump reconoce que las deportaciones pudieron haber sido demasiado duras, el viernes 6 de noviembre anunció que Stephen Miller reemplazaría a Susie Wiles como jefe de gabinete de la Casa Blanca.
Miller es considerado uno de los principales arquitectos de las políticas migratorias restrictivas de Trump.
Su influencia ha estado relacionada con el endurecimiento de los controles migratorios, la ampliación de las deportaciones y las restricciones a diferentes vías de inmigración legal.
Su trayectoria también incluye posiciones favorables a medidas especialmente controvertidas, como la separación familiar aplicada durante el primer mandato de Trump.
Por tanto, su ascenso a uno de los puestos de mayor influencia dentro de la Casa Blanca no es un nombramiento secundario, y es donde nace un inevitable interrogante:
¿Cómo puede hablar Trump de flexibilizar las deportaciones y negociar una salida para inmigrantes trabajadores mientras coloca en la jefatura de su gabinete a uno de los principales promotores de la política de deportaciones masivas?
Hay dos interpretaciones posibles, que no deben confundirse con hechos demostrados.
La primera es que Trump pretende mantener la estructura general de su política migratoria, pero introducir criterios de selección más diferenciados, concentrando los esfuerzos en personas condenadas por delitos graves y reduciendo los costos políticos de perseguir a trabajadores establecidos.
La segunda es que el presidente esté enviando un mensaje de apertura a los votantes moderados y a los sectores económicos, sin tener todavía intención de modificar sustancialmente las operaciones migratorias.
El nombramiento de Miller constituye un elemento que obliga a examinar con cautela cualquier expectativa de flexibilización.
No puede afirmarse que el nombramiento demuestre que Trump abandonará la negociación, pero tampoco que su discurso implique una modificación efectiva de la política migratoria.
¿Continuarán las deportaciones masivas en Estados Unidos?
Esta es otra de las grandes preguntas que surgen en este análisis después de la entrevista.
La información disponible apunta a que, por ahora, no hay instrucciones oficiales para reducir las operaciones de control migratorio.
CBS News informó el 8 de noviembre, citando fuentes de la Administración, que las autoridades de inmigración no habían recibido órdenes de reducir las operaciones después de las elecciones.
Según esas fuentes, se mantenía un objetivo de aproximadamente 19.000 detenciones semanales, equivalente a unas 2.700 diarias.
La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, también defendió la continuidad de las medidas contra los inmigrantes en situación irregular que sean considerados delincuentes.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional y las autoridades migratorias han mantenido públicamente su respaldo a la política de deportaciones.
Otro factor es el presupuesto.
Esto significa que no basta con que Trump manifieste su intención de moderar determinados aspectos de las deportaciones para que toda la estructura administrativa y financiera cambie inmediatamente.
Existen recursos asignados, personal contratado, instalaciones, objetivos operativos y decisiones administrativas que pueden continuar funcionando mientras no se adopten medidas concretas para modificarlos.
Por eso, el verdadero indicador de un cambio no será otra entrevista televisiva, sino la existencia de instrucciones administrativas verificables, modificaciones presupuestarias, cambios en los criterios de detención y deportación, y eventualmente nuevas disposiciones legales.
¿Qué piensan los Demócratas y qué podría pasar en el Congreso?
La derrota republicana en las elecciones legislativas modifica el escenario institucional.
A partir de enero de 2027, los demócratas tendrán el control de ambas cámaras del Congreso y podrán ejercer una mayor supervisión sobre las actuaciones de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional.
Entre sus prioridades anunciadas figuran:
- Investigar las actuaciones de las autoridades migratorias.
- Examinar las condiciones de detención.
- Revisar las operaciones realizadas en diferentes ciudades.
- Investigar posibles abusos y utilización de recursos públicos.
- Promover mecanismos de responsabilidad institucional.
- Impulsar propuestas de reforma migratoria.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, reaccionó a las declaraciones de Trump señalando la contradicción entre su reconocimiento de que la política migratoria había ido demasiado lejos y el nombramiento de Stephen Miller.
Su crítica fue que el presidente estaba promoviendo precisamente a quien había diseñado buena parte de esa política.
Los demócratas, sin embargo, no tienen automáticamente la capacidad de aprobar cualquier reforma migratoria que propongan.
Trump conserva el poder de veto presidencial y la legislación requiere superar los procedimientos constitucionales correspondientes.
Por ello, un acuerdo migratorio necesitaría encontrar puntos de coincidencia entre los dos partidos y superar las diferencias que han impedido históricamente alcanzar una reforma integral.
¿Podrían los demócratas conseguir una regularización migratoria?
Es posible que presenten propuestas en esa dirección, pero todavía no existe un acuerdo concreto.
Una negociación podría centrarse en una regularización limitada para determinados inmigrantes que cumplan condiciones específicas, acompañada de medidas de seguridad fronteriza y mecanismos de control.
También podrían discutirse permisos de trabajo, protección de determinadas familias, criterios de prioridad para las deportaciones y cambios en los procedimientos administrativos.
La gran dificultad estará en determinar quiénes podrían beneficiarse y qué condiciones tendrían que cumplir.
No es lo mismo conceder una autorización temporal de trabajo que otorgar residencia permanente. Tampoco es equivalente establecer una protección frente a la deportación que conceder un camino hacia la ciudadanía.
Estas diferencias serán esenciales en cualquier negociación.
Las reacciones y el análisis de otros Medios de comunicación
La importancia de las declaraciones de Trump se refleja en la atención que han recibido de diferentes medios internacionales.
Associated Press (AP) destacó que el presidente reconoció que su política de deportaciones pudo haber sido demasiado dura y que estaría dispuesto a negociar con los demócratas. La agencia también subrayó el contraste entre sus palabras y el nombramiento de Stephen Miller.
The Washington Post puso el acento en la contradicción entre la apertura verbal de Trump y la designación del principal arquitecto de su política restrictiva. También examinó las posibilidades de supervisión legislativa que tendrán los demócratas.
CBS News aportó dos elementos especialmente relevantes, como fueron, la transcripción completa de la entrevista y la información sobre la continuidad de las operaciones de ICE, incluyendo los objetivos de detención y la financiación disponible.
The Guardian interpretó el reconocimiento de Trump como una admisión poco habitual sobre el costo político de una de las principales políticas de su segundo mandato. También destacó que su discurso abre la posibilidad de permitir que determinados inmigrantes permanezcan en el país.
The Atlantic, en su análisis sobre el futuro de ICE después de las elecciones, examinó los recursos económicos y administrativos que dificultarían una reducción rápida de la campaña de deportaciones.
En conjunto, estos análisis permiten identificar una conclusión, y es que, el discurso presidencial ha abierto una posibilidad de negociación, pero las condiciones institucionales y administrativas todavía no muestran una rectificación equivalente.
¿Qué puede ocurrir ahora con la política migratoria de Trump?
A partir de las declaraciones originales, el contexto político y las informaciones disponibles, pueden identificarse cuatro escenarios.
Escenario 1. Una flexibilización selectiva de las deportaciones
Trump podría mantener la política de expulsión de personas condenadas por delitos graves, narcotráfico y otros comportamientos considerados peligrosos, algo que nosotros hemos compartido siempre desde cualquier gobierno, pero introducir criterios diferenciados para inmigrantes que llevan muchos años trabajando en Estados Unidos.
En ese escenario podrían estudiarse fórmulas para proteger temporalmente a determinados trabajadores y familias, o establecer procedimientos especiales para quienes cumplan requisitos definidos.
No significaría necesariamente una amnistía general.
Escenario 2. Un acuerdo legislativo limitado con los demócratas
La nueva composición del Congreso podría favorecer una negociación.
Trump ha dicho que considera viable alcanzar algún acuerdo y que representantes demócratas ya se han comunicado con él.
Una eventual negociación podría incluir mecanismos de regularización limitada, permisos laborales y compromisos de control fronterizo. Sin embargo, las diferencias políticas siguen siendo considerables.
Escenario 3. Continuidad de las deportaciones con cambios en la forma de ejecutarlas
Es posible que el Gobierno mantenga los objetivos generales de detención y expulsión, pero introduzca cambios en la manera de realizar las operaciones.
Por ejemplo, podría reducir las actuaciones de mayor exposición pública y concentrar los esfuerzos en investigaciones laborales, verificaciones de empleadores y operaciones dirigidas a personas con antecedentes penales.
Este escenario permitiría al Gobierno mantener su política de control migratorio mientras intenta reducir el rechazo social generado por algunas operaciones.
Escenario 4. Una nueva confrontación política y judicial
También puede ocurrir que no se alcance ningún acuerdo.
Los demócratas podrían intensificar las investigaciones legislativas, promover restricciones presupuestarias y cuestionar determinadas prácticas de ICE.
El Gobierno, por su parte, podría defender sus competencias ejecutivas y mantener la política migratoria vigente.
En ese caso, los inmigrantes continuarían enfrentándose a un escenario de incertidumbre, con eventuales cambios en los procedimientos, pero sin una solución general.
Ninguno de estos escenarios puede considerarse inevitable. Son posibilidades que deberán contrastarse con las decisiones que adopten la Casa Blanca, el Congreso y las autoridades migratorias.
¿Qué significa este cambio de discurso para los colombianos que viven en Estados Unidos?
Para Colombia, esta discusión tiene una importancia especial.
Estados Unidos es uno de los principales destinos de la emigración colombiana y alberga comunidades establecidas en diferentes estados, con familias, empresas, trabajadores, estudiantes y personas que llevan muchos años construyendo allí sus proyectos de vida.
Por eso, cualquier modificación de la política migratoria estadounidense puede tener consecuencias para nuestros connacionales.
Los colombianos que se encuentran en situación migratoria irregular deben comprender que las declaraciones de Trump no les conceden automáticamente ningún beneficio.
No obstante, una eventual negociación podría abrir discusiones sobre los inmigrantes de larga permanencia, sus vínculos laborales, sus responsabilidades tributarias y sus relaciones familiares.
También sería importante que las autoridades colombianas examinaran las consecuencias de este posible cambio de orientación.
La Cancillería, los consulados colombianos en Estados Unidos y las dependencias responsables de la atención a los colombianos en el exterior deberían prestar especial atención a la evolución de esta situación.
No basta con esperar a que se apruebe una nueva ley para comenzar a actuar.
Sería conveniente identificar las necesidades de información de los connacionales, reforzar la orientación sobre sus derechos y obligaciones, y disponer de mecanismos de atención consular para quienes puedan verse afectados por procedimientos de detención o deportación.
Igualmente, Colombia debería examinar cómo podría cooperar con Estados Unidos en materia de movilidad laboral, protección de derechos, retorno voluntario y reintegración de quienes regresen al país.
¿Qué deberían hacer los inmigrantes colombianos mientras se define la nueva política migratoria?
La prudencia es fundamental.
Quienes se encuentran en situación migratoria irregular no deben interpretar las palabras del presidente estadounidense como una autorización para permanecer indefinidamente ni como una suspensión de las deportaciones.
Desde nuestra consideración, algunas recomendaciones:
1. Mantener actualizada y organizada la documentación personal y familiar.
2. Conservar los documentos que acrediten residencia, trabajo, estudios y vínculos familiares.
3. Guardar comprobantes tributarios y laborales cuando existan.
4. Buscar orientación jurídica individualizada con profesionales cualificados en inmigración estadounidense.
5. No entregar dinero a personas que prometan una regularización basada únicamente en las declaraciones de Trump.
6. Consultar las comunicaciones oficiales de USCIS, ICE y las autoridades competentes.
7. Conocer los procedimientos y recursos legales disponibles en caso de detención o inicio de un procedimiento de deportación.
Es importante insistir en que tener empleo, pagar impuestos o llevar muchos años viviendo en Estados Unidos no elimina por sí solo una situación migratoria irregular.
La mejor protección frente a la desinformación es conocer la situación jurídica individual y acudir a fuentes verificables.
El papel que debería desempeñar Colombia ante una eventual flexibilización migratoria
Desde la perspectiva de COLEXRET, este episodio debería ser motivo de atención por parte del Estado colombiano.
La política migratoria de un país no puede limitarse a observar lo que sucede con sus nacionales en el exterior cuando se producen crisis, detenciones o deportaciones.
Colombia necesita una política pública permanente que permita anticiparse a los cambios legislativos y administrativos de los países de destino.
En el caso estadounidense, sería pertinente que la Cancillería:
- Realizara un seguimiento permanente de los anuncios y decisiones de la Administración Trump.
- Solicitara información a los consulados sobre las principales necesidades de los colombianos afectados por las medidas migratorias.
- Fortaleciera los canales de orientación jurídica y consular.
- Preparara mecanismos de atención para posibles beneficiarios de futuras medidas de regularización.
- Diseñara planes de contingencia para los colombianos que puedan ser deportados o decidan regresar voluntariamente.
- Estableciera canales de diálogo con organizaciones colombianas y latinoamericanas en Estados Unidos.
- Informara periódicamente sobre las modificaciones legales y administrativas que afecten a nuestros connacionales.
La eventual flexibilización de la política migratoria estadounidense no debería encontrar a Colombia desprevenida. Tampoco debería limitarse la actuación institucional a emitir comunicados cuando las decisiones ya hayan sido tomadas.
La protección de los colombianos en el exterior requiere planificación, información y capacidad de respuesta.
¿Rectificación migratoria o reconocimiento del costo político de las deportaciones?
Y ya para ir concluyendo, las declaraciones de Donald Trump constituyen un hecho político y migratorio de relevancia internacional.
Por primera vez en esta etapa de su Gobierno, el presidente reconoce de manera tan directa que su política de deportaciones pudo haber sido demasiado dura y que la expulsión de trabajadores que llevaban años viviendo en Estados Unidos le generó consecuencias políticas negativas.
También abre la posibilidad de negociar con los demócratas una solución para determinados inmigrantes de larga permanencia.
Sin embargo, entre reconocer un problema y modificar una política pública existe una distancia considerable.
El nombramiento de Stephen Miller, la continuidad de los objetivos operativos de ICE y los recursos económicos destinados a la política de deportaciones son elementos que obligan a mantener una posición de cautela.
No estamos todavía ante una nueva política migratoria estadounidense. Estamos ante una declaración presidencial que podría convertirse en el punto de partida de una negociación, pero cuyo alcance real dependerá de las decisiones que se adopten posteriormente.
La pregunta más importante no es solamente si Trump está dispuesto a ser menos duro con determinados inmigrantes.
La cuestión es si Estados Unidos está dispuesto a establecer un modelo migratorio que diferencie adecuadamente entre quienes representan un peligro para la sociedad y quienes, independientemente de las circunstancias de su ingreso, llevan años trabajando, formando familias y contribuyendo al desarrollo del país.
Y para Colombia hay otra pregunta que debería ser respondida:
¿Está preparada nuestra institucionalidad para defender, orientar y acompañar a los millones de colombianos que viven fuera del país cuando las políticas migratorias de sus naciones de destino cambian de manera inesperada?
En COLEXRET seguiremos examinando las decisiones y actuaciones que se produzcan, porque la política migratoria no puede analizarse exclusivamente desde los intereses electorales de los gobiernos. También debe estudiarse desde sus consecuencias humanas, jurídicas, económicas y sociales.
La verdadera medida de un cambio migratorio no estará en las declaraciones de un presidente, sino en las normas, decisiones y actuaciones que efectivamente transformen la vida de los inmigrantes.
Cada vez reafirmamos más nuestra posición de la gran necesidad de crear una «Consejería Presidencial para las Migraciones» como base para la elaboración del «Estatuto Migratorio Colombiano», pero al parecer nuestro Viceministerio de las Migraciones, y el propio Canciller Omar Bula no comparten este pensamiento, tal y como lo expresaron aquí.
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