La repatriación de cuerpos de colombianos fallecidos en el exterior no es un simple trámite funerario ni una responsabilidad exclusiva de las familias. Es un asunto de derechos fundamentales, dignidad humana y protección estatal. Aunque el Gobierno ha sostenido que no cuenta con presupuesto para cubrir estos gastos, la Corte Constitucional ha reiterado que el respeto por el cuerpo humano y los rituales funerarios forma parte del núcleo esencial de la dignidad, lo que impone deberes al Estado, especialmente cuando los familiares carecen de recursos.



















