La migración: el problema que Colombia sigue negándose a resolver.
Mientras la agenda política nacional continúa concentrada en seguridad, corrupción, salud y economía, existe un fenómeno que atraviesa todas esas problemáticas y que durante décadas ha sido tratado únicamente de forma coyuntural, la migración colombiana.
Migración colombiana: ¿Qué le espera al próximo Presidente frente a la crisis migratoria?
Sea el que sea, el próximo Presidente de Colombia recibirá una realidad compleja y posiblemente más grave que la encontrada por cualquiera de sus antecesores, máxime cuando en el último cuatrienio esa situación creció considerablemente.
Por una parte, millones de colombianos continúan abandonando el país buscando oportunidades económicas, estabilidad jurídica y seguridad personal.
Según información de la Unidad de Migración Colombia, en lo corrido del actual gobierno ha salido del país casi el doble de la población que emigró en el anterior gobierno.
Por otra, Colombia sigue enfrentando enormes retos derivados de la recepción de población extranjera, especialmente proveniente de Venezuela.
Paralelamente, miles de connacionales retornan cada año encontrándose con un Estado que carece de mecanismos efectivos de reintegración social, laboral y económica.
La situación se agrava porque Colombia sigue sin contar con una verdadera política migratoria de Estado, estable, permanente y ejecutable.
Lo que existe actualmente son normas dispersas, programas administrativos y medidas coyunturales que dependen de la voluntad política de cada gobierno. A eso es lo que COLEXRET ha llamado «Construcción de la Política Migratoria a punta de retazos».
Precisamente esta ha sido una de las principales denuncias formuladas durante años por esta Casa informativa y por diversos investigadores de la temática migratoria colombiana.
Una realidad que supera los cinco millones de colombianos en el exterior
Uno de los errores históricos de los gobiernos colombianos ha sido considerar la migración únicamente como un asunto consular; y tomando a los colombianos en el exterior como simples cajeros automáticos por el envío de sus grandes millonadas en remesas.
De ahí que lo más visible es que los colombianos residentes en el exterior han sido reducidos frecuentemente a estadísticas electorales, remesas económicas y trámites documentales.
Sin embargo, la realidad demuestra que,
los colombianos en el exterior representan una de las mayores comunidades migrantes de América Latina, aportan miles de millones de dólares anualmente mediante remesas y constituyen una extensión económica, social y cultural del país.
Durante el 2025, se reportaron más de CATORCE MIL MILLONES DE DÓLARES (USD14.000.000.000) ingresados, fruto de esas remesas enviadas por los colombianos fuera del país.
A pesar de ello, continúan enfrentando importantes problemas, como:
- Deficiente representación política.
- Servicios consulares insuficientes.
- Altos costos en trámites.
- Escasa protección laboral internacional.
- Limitados programas de retorno.
- Ausencia de participación efectiva en la construcción de políticas públicas.
- Escasas ayudas para solventar situaciones de alta vulnerabilidad, o por razones humanitarias de colombianos en el exterior.
La propia Ley 2136 de 2021 reconoce la obligación estatal de fortalecer estos vínculos.
En su artículo 44° se establece que,
«Los nacionales colombianos en el exterior, para el adecuado ejercicio de sus derechos y obligaciones recibirán la protección y asistencia de las misiones consulares…»
Sin embargo, la distancia entre la norma y la realidad continúa siendo considerable.
La Ley 2136 de 2021 fue un avance, pero insuficiente
La denominada Política Integral Migratoria fue presentada como un avance histórico, pues introdujo principios importantes como participación, integración, igualdad e integralidad.
E su artículo 4° la Ley 2136/2021 dispone:
«El Estado colombiano promueve la integración del migrante y su familia, a la sociedad y la cultura, tanto para los colombianos en el exterior, como para los migrantes en Colombia.»
Asimismo, el artículo 52 de la referida norma ordenó fortalecer institucionalmente la atención a colombianos en el exterior mediante la Dirección Colombia Nos Une; y a pesar de los cambios presentados al día de hoy, con la creación del Viceministerio de las Migraciones, todo sigue igual.
No obstante, varios sectores consideran que la Ley 2136/2021 terminó siendo más una declaración de principios que un verdadero instrumento de transformación estructural.
Aunque desde la promulgación de la mencionada norma en COLEXRET hemos afirmado que es una «ley buena», en el fondo no resolvió problemas históricos relacionados, entre otros, con:
- Representación política real.
- Participación vinculante de la diáspora.
- Financiamiento permanente de programas migratorios.
- Articulación entre entidades.
- Protección laboral internacional.
- Reintegración efectiva de retornados.
- Ayudas a colombianos en el exterior en situación vulnerable.
La propuesta que ha venido impulsando COLEXRET: una Ley General Migratoria Colombiana
Durante los últimos años, COLEXRET ha sostenido que Colombia necesita una reforma mucho más profunda, una verdadera Ley General Migratoria Colombiana, e incluso, algo más ambicioso y de mayor cubrimiento, un Estatuto Migratorio.
En las publicaciones realizadas por esta Casa informativa, la propuesta busca construir una legislación marco que integre en un mismo sistema, colombianos en el exterior, colombianos retornados. extranjeros residentes en Colombia, política de fronteras, protección internacional, cooperación migratoria, y participación ciudadana migrante.
La iniciativa parte de una premisa sencilla, la migración no puede seguir siendo administrada únicamente como un conjunto de trámites, debe convertirse en una verdadera política de Estado.
Esta visión adquiere aún más relevancia cuando Colombia se ha transformado simultáneamente en país de origen, tránsito, destino y retorno migratorio.
El desafío económico del próximo gobierno en Colombia
El nuevo Presidente colombiano enfrentará además una presión económica creciente.
Las remesas enviadas por colombianos en el exterior continúan siendo una fuente fundamental para miles de hogares.
Paradójicamente, quienes sostienen parte importante de la economía nacional siguen siendo uno de los sectores menos escuchados en las decisiones públicas.
El gobierno que llegue a la Casa de Nariño deberá responder preguntas fundamentales, como:
- ¿Cómo incentivar el retorno productivo? (Sección Población retornada).
- ¿Cómo proteger laboralmente a los colombianos en el exterior? (Bolsa Internacional de Empleo).
- ¿Cómo aprovechar el talento profesional migrante?
- ¿Cómo convertir las remesas en instrumentos de inversión y desarrollo?
Sin respuestas estructurales, la emigración seguirá aumentando, y no precisamente en forma ordenada, segura y regulada.
La experiencia de Iván Duque: luces y sombras
En materia migratoria interna colombiana, el expresidente Iván Duque dejó uno de los precedentes más importantes de la región mediante la creación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos.
Dicha medida fue reconocida internacionalmente por permitir procesos de regularización para millones de ciudadanos venezolanos.
Sin embargo, las críticas surgieron cuando muchos sectores consideraron que el Estado avanzó más rápidamente en la protección de extranjeros que en la construcción de soluciones equivalentes para millones de colombianos residentes fuera del país.
Ese contraste sigue siendo objeto de debate, pues después de más de dos (2) décadas intentando crear una política migratoria colombiana fuerte y desarrollable y no se ha conseguido, para en un par de años dar solución a la inmigración interna venezolana en Colombia.
¿Podría Paloma Valencia construir una política migratoria más estructurada?
Entre los actuales aspirantes presidenciales, Paloma Valencia aparece como una de las figuras con mayores posibilidades de impulsar reformas institucionales de largo plazo, tal y como lo puden ver aquí.
Su cercanía a sectores que tradicionalmente han respaldado mecanismos de fortalecimiento institucional podría facilitar discusiones legislativas complejas relacionadas con una eventual Ley General Migratoria.
Además, ha mostrado interés en asuntos fronterizos y relaciones binacionales, especialmente en temas vinculados con Ecuador y Venezuela.
No obstante, hasta la fecha no ha presentado una propuesta migratoria integral que responda específicamente a las demandas históricas de los colombianos en el exterior, aunque COLEXRET sigue sosteniendo que al día de hoy esta Candidata ha presentado el mejor programa para la Diáspora.
Abelardo de la Espriella: discurso fuerte, pero incertidumbre programática
Abelardo de la Espriella ha construido buena parte de su discurso alrededor de la seguridad, la autoridad estatal y el control institucional.
Esa visión podría traducirse en políticas más estrictas respecto al control migratorio y la administración fronteriza.
Sin embargo, aún existen interrogantes sobre la profundidad de sus propuestas para la diáspora colombiana.
Hasta el momento, no se conoce una agenda migratoria suficientemente desarrollada que permita evaluar cómo abordaría temas como participación política exterior, fortalecimiento consular o retorno de connacionales. Aquí pueden ver lo que incluye sobre el tema en su programa electoral.
¿Y qué representa Iván Cepeda para la política migratoria colombiana?
La inclusión de Iván Cepeda en cualquier análisis serio sobre el futuro migratorio colombiano resulta obligatoria.
No solamente porque lidera actualmente varias encuestas presidenciales, sino porque representa una visión de Estado diferente a la de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.
A diferencia de los sectores políticos que históricamente han privilegiado el control fronterizo, la seguridad y la institucionalidad administrativa, el discurso de Cepeda ha estado más asociado a los derechos humanos, la inclusión social, la reparación de víctimas y la protección de poblaciones vulnerables.
Desde una perspectiva migratoria, esta diferencia no es menor, pues la experiencia internacional demuestra que las políticas migratorias modernas descansan sobre dos pilares fundamentales, la gobernanza y el control institucional, y la protección integral de los derechos humanos.
Mientras los sectores representados por Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella podrían privilegiar el primer componente, un eventual gobierno de Iván Cepeda probablemente daría mayor peso al segundo.
No obstante, el principal problema para evaluar su eventual gestión migratoria es que, al igual que ocurre con sus competidores, no existe hasta el momento una propuesta integral específica para los colombianos en el exterior que permita identificar medidas concretas sobre:
- Reforma consular.
- Participación política de la diáspora.
- Retorno productivo.
- Seguridad social transnacional.
- Homologación de títulos.
- Protección laboral internacional.
- Creación de una Ley General Migratoria Colombiana.
Aunque no se puede negar que el programa electoral presentado por Cepeda para los colombianos en el exterior, es muy importante, y mucho mejor y más creíble que el presentado por el actual Presidente Gustavo Petro en la respectiva campaña.
Dicho esto, cualquier valoración objetiva debe reconocer que ninguno de los tres candidatos ha asumido públicamente como prioridad la construcción de un verdadero Estatuto Migratorio Colombiano.
¿A quién podría creérsele más?
Si el análisis se limita estrictamente a antecedentes verificables, capacidad institucional y posibilidades reales de implementación, la experiencia acumulada alrededor del sector político representado por Iván Duque ofrece mayores elementos de referencia.
Fue precisamente durante su gobierno cuando se impulsó una de las decisiones migratorias más ambiciosas del continente: el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos.
Además, en análisis detallado visible aquí, pueden apreciar el trabajo realizado durante la última década por el partido afín a Paloma Valencia, el Centro democrático.
Por esa razón, y observando la cercanía programática e ideológica existente entre sectores del Centro Democrático y la candidatura de Paloma Valencia, podría afirmarse que hoy es la aspirante que genera mayores posibilidades de continuidad institucional en materia migratoria.
Sin embargo, esto no significa que exista garantía alguna de que las demandas históricas de los colombianos en el exterior sean finalmente atendidas. La gran deuda sigue siendo la misma.
Ninguno de los candidatos ha presentado hasta ahora una propuesta integral comparable a la construcción de una verdadera Ley General Migratoria Colombiana.
La pregunta que definirá el próximo gobierno
La discusión migratoria colombiana ya no puede limitarse a visas, pasaportes o consulados.
El verdadero debate consiste en determinar si Colombia seguirá administrando la migración como una crisis permanente o si finalmente la convertirá en una política de Estado.
El próximo Presidente heredará una nación donde millones de ciudadanos viven fuera de sus fronteras, miles regresan cada año y otros tantos continúan llegando.
La pregunta no es si la migración será uno de los mayores desafíos del próximo gobierno.
La pregunta es si, por primera vez en la historia reciente, existirá la voluntad política suficiente para construir una verdadera Ley General Migratoria Colombiana que permita gobernar para todos los colombianos, sin importar en qué lugar del mundo se encuentren.
Porque mientras el Estado siga viendo a los migrantes únicamente como remitentes de divisas o potenciales votantes, Colombia continuará desperdiciando uno de sus mayores capitales humanos, económicos y sociales.
Lo que dice la Constitución sobre los colombianos en el exterior
La discusión migratoria no es únicamente política, es también constitucional. El artículo 2 de la Constitución Política establece que:
«Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.»
Ese mandato no distingue entre colombianos residentes dentro o fuera del territorio nacional.
Igualmente, el artículo 40 garantiza el derecho de todos los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.
Por su parte, el artículo 227 dispone, «El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones.» Principio que sirve de fundamento para la protección de comunidades colombianas residentes en el exterior.
Lo que ha dicho la Corte Constitucional
Sentencia C-115 de 2017: Al estudiar normas relacionadas con representación política de colombianos en el exterior, la Corte recordó que los connacionales residentes fuera del país continúan siendo titulares plenos de los derechos políticos consagrados en la Constitución.
La Corte sostuvo que la ciudadanía no desaparece por el hecho de residir en otro Estado y que el legislador debe facilitar mecanismos efectivos de participación.
Sentencia T-832 de 2013: La Corte reiteró la obligación de las autoridades consulares de brindar asistencia efectiva a los colombianos en el exterior cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad.
En esa decisión enfatizó que la protección diplomática y consular constituye una manifestación concreta del deber estatal de protección de los nacionales.
Sentencia C-416 de 2014: La Corte recordó que el fenómeno migratorio debe analizarse desde una perspectiva de derechos humanos y que las políticas públicas relacionadas con migración deben respetar los principios de igualdad, dignidad humana y unidad familiar.
¿Quién tendría mayores posibilidades de impulsar una Ley General Migratoria Colombiana?
Desde la perspectiva estrictamente institucional, podrían identificarse tres escenarios:
Iván Cepeda
Fortaleza: Enfoque de derechos humanos, experiencia en construcción de políticas sociales, y posible fortalecimiento de programas de protección migratoria.
Debilidad: Riesgo de priorizar la protección social sin resolver problemas estructurales de gestión migratoria.
Otra gran debilidad es la credibilidad en su ejecución, pues los colombianos en el exterior no olvidan la gran cantidad de promesas realizadas en campaña por el actual Presidente Gustavo Petro, de las que ha incumplido prácticamente todas.
Paloma Valencia
Fortaleza: Mayor cercanía con sectores que promovieron la Ley 2136 de 2021, continuidad institucional respecto a experiencias anteriores, y mayor probabilidad de impulsar reformas legislativas estructurales.
Debilidad: Falta de una agenda migratoria integral claramente presentada.
Abelardo de la Espriella
Fortaleza: Énfasis en fortalecimiento institucional y control estatal.
Debilidad: Escaso desarrollo programático conocido en materia migratoria, e incertidumbre sobre mecanismos concretos para la diáspora colombiana.
Y la Ley General Migratoria Colombiana qué?
Si el criterio de evaluación es exclusivamente la posibilidad real de construir una política migratoria integral, hoy ninguno de los tres candidatos ha presentado una propuesta equiparable a la Ley General Migratoria Colombiana que durante años ha venido proponiendo COLEXRET.
Sin embargo, si la valoración se hace desde la viabilidad política e institucional para impulsar una reforma estructural, Paloma Valencia podría aparecer con una ligera ventaja debido a la experiencia acumulada por su sector político en la construcción de instrumentos migratorios nacionales.
Por su parte, Iván Cepeda podría ofrecer mayores garantías desde una perspectiva de protección de derechos humanos y ampliación de derechos para poblaciones migrantes.
Pero la verdadera conclusión es que el próximo Presidente de Colombia no debería preguntarse cómo administrar la migración.
Lo que debería preguntarse es, cómo convertir a más de cinco millones de colombianos en el exterior en actores permanentes del desarrollo nacional.
Y para ello, tarde o temprano, Colombia tendrá que adoptar una verdadera Ley General Migratoria o un Estatuto Migratorio Colombiano que trascienda gobiernos, partidos y coyunturas electorales.
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