¿Qué cambiará para los colombianos según quién gobierne luego de las Elecciones en España a celebrarse el 29 de noviembre de 2026.
El próximo 29 de noviembre de 2026, España celebrará elecciones generales para renovar el Congreso de los Diputados y el Senado, y su resultado determinará qué fuerzas políticas estarán en condiciones de formar Gobierno y, con ello, influir en la política migratoria de uno de los principales destinos de la emigración colombiana.
La contienda electoral no interesa exclusivamente a los ciudadanos españoles. También afecta a los millones de personas extranjeras que trabajan, estudian, emprenden, forman familias y construyen su futuro en ese país. Entre ellas se encuentra una comunidad colombiana numerosa, con intereses que abarcan desde la obtención y renovación de permisos de residencia hasta la contratación laboral, la reagrupación familiar, la nacionalidad y la protección consular.
Las diferencias entre los partidos españoles en materia migratoria son importantes, pues mientras unos han defendido la regularización por vías legales, la integración y la ampliación de determinadas garantías, otros proponen reforzar el control de las fronteras, endurecer las condiciones de entrada o acelerar los retornos de quienes no tienen autorización para permanecer en España.
Pero estas elecciones presentan otra importante particularidad, y es que Colombia está gobernada por Abelardo De La Espriella, de orientación derechista, mientras España continúa bajo el Ejecutivo de Pedro Sánchez, del PSOE (Partido Socialista Obrero Español). Esta diferencia ideológica obliga a examinar también cómo podría evolucionar la relación bilateral si el Gobierno español continúa en manos de la izquierda o pasa a manos del PP (Partido Poluar), con o sin el apoyo de Vox.
¿Qué puede cambiar realmente para los colombianos residentes en España según el resultado electoral, y no simplemente qué partido mantiene mayor afinidad ideológica con el Gobierno colombiano.
Aunque en COLEXRET mantenemos nuestra neutralidad frente a la política, en el caso a tratar, a las candidaturas españolas, esa independencia no impide defender la dignidad humana, las libertades, los derechos reconocidos por la legislación y el cumplimiento de las normas del país de destino, pues la migración internacional tiene beneficios, dificultades, obligaciones y responsabilidades que deben analizarse sin propaganda partidista.
Alcance y límites de la investigación
Este artículo se elabora con la información disponible a hoy 20 de octubre de 2026, teniendo en cuenta que revisadas las páginas oficiales de los diferentes partidos, aún no se han publicado los programas electorales completos para las elecciones del 29 de noviembre.
Por consiguiente, el análisis distingue entre antecedentes históricos, programas de elecciones anteriores, actuaciones de gobierno, declaraciones públicas recientes y posibles escenarios futuros. Las posiciones de 2023 no se presentan como compromisos definitivos para 2026.
Esta Casa informativa publicará una nueva investigación a medida que se aproximen las elecciones y estén disponibles los programas oficiales completos, las alianzas definitivas y las propuestas migratorias concretas de cada candidatura.
El medio tampoco dispone de recursos económicos ni apoyos financieros específicos para contratar encuestas, realizar entrevistas de pago o financiar estudios externos. Su trabajo se fundamenta en la documentación oficial, la consulta de fuentes públicas, los antecedentes históricos, las comunicaciones y respuestas obtenidas de diferentes instituciones y sectores, y la experiencia acumulada en la investigación de la migración y la política nacional e internacional.
Esta limitación se reconoce expresamente para que los lectores puedan distinguir entre los hechos comprobados, las interpretaciones periodísticas y los asuntos que todavía requieren investigación adicional.
¿Qué se votará en España el 29 de noviembre?
El Real Decreto 806/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado, convocó elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado para el domingo 29 de noviembre. La campaña electoral está prevista entre el 13 y el 27 de noviembre, y las nuevas cámaras se reunirán el 23 de diciembre.
Es importante aclarar que no se trata de una elección presidencial directa, pues España es una monarquía parlamentaria donde los ciudadanos eligen a sus representantes y el Congreso determina quién puede obtener la investidura como presidente del Gobierno.
El Congreso tiene 350 diputados. La mayoría absoluta se sitúa en 176 escaños, aunque un candidato puede resultar investido en segunda votación por mayoría simple, conforme a las reglas constitucionales.
Por ello, ganar en votos no garantiza gobernar. La distribución de los escaños, las coaliciones, los pactos de investidura y las abstenciones pueden resultar determinantes.
Para la población migrante, esta diferencia es especialmente importante, puesto que una fuerza política que no sea la más votada puede condicionar la legislación de extranjería, los presupuestos de integración, las políticas de asilo y los procedimientos de regularización si sus votos resultan decisivos.
Los partidos que concurren y sus posiciones políticas
Las candidaturas definitivas y los acuerdos electorales deben comprobarse a medida que se publiquen. Los principales partidos nacionales que protagonizan el debate son los siguientes.
PSOE – «Partido Socialista Obrero Español», liderado por el actual Presidente Pedro Sánchez
El partido que encabeza el Gobierno español ha defendido la migración regular, la integración laboral y social, la cooperación con los países de origen y distintas vías legales de residencia. Durante su gestión ha impulsado el nuevo Reglamento de Extranjería y la regularización extraordinaria de 2026.
PP – «Partido Popular», liderado por Alberto Núñez Feijóo
Principal fuerza de oposición, defiende una inmigración legal y ordenada, mayor control de las entradas irregulares, retornos cuando procedan legalmente y una vinculación más estrecha entre la admisión laboral y las necesidades económicas. Su posibilidad de gobernar dependerá de los escaños obtenidos y de los apoyos que consiga.
Partido «Vox», liderado por Santiago Abascal
Mantiene una de las posiciones más restrictivas sobre inmigración. Defiende endurecer el control fronterizo, promover expulsiones en determinados supuestos, revisar políticas de acogida y priorizar a los españoles en determinadas políticas públicas. Su influencia dependerá de su representación y de si sus votos son necesarios para formar Gobierno.
«Sumar» y el espacio de Frente Amplio – Izquierda alternativa
Defienden políticas centradas en los derechos humanos, la integración, la igualdad de trato y la ampliación de determinadas vías de regularización. Las candidaturas y alianzas concretas deben comprobarse territorialmente, porque las coaliciones pueden variar.
«Podemos» – Liderazgo nacional, liderado por Ione Belarra
Ha defendido la regularización, la lucha contra el racismo, las garantías para las personas migrantes y una política de acogida más protectora. Su relación electoral con Sumar y otras fuerzas de izquierda debe analizarse conforme a las candidaturas definitivas.
También son relevantes los partidos nacionalistas, independentistas y regionales como, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria, UPN y otras formaciones. Su representación puede ser determinante en una investidura, aunque no todos comparten idénticas posiciones sobre migración.
La existencia de acuerdos puntuales no equivale necesariamente a una coalición de Gobierno. Las alianzas deberán verificarse una vez formalizadas las candidaturas y los pactos.
¿Qué dicen las encuestas, y quién tiene posibilidades de gobernar?
Las encuestas publicadas en el presente mes de octubre muestran diferencias significativas según la entidad que realiza la estimación. Por ello, no sería responsable presentar un único sondeo como predicción definitiva.
El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas publicado el 14 de octubre, basado en trabajo de campo realizado entre el 1 y el 6 de octubre, estimó la intención de voto de la siguiente manera.

Según ese estudio, el PSOE aparece en primera posición, con una ventaja importante sobre el PP. Sin embargo, la intención de voto no equivale a una mayoría parlamentaria.
El promedio de encuestas privadas
El promedio provisional de octubre publicado por Onda Cero, con sondeos recopilados hasta el 12 de octubre, ofrece un escenario distinto, tal y como se aprecia a continuación:
Partido Promedio de intención de voto
PP 32,2%
PSOE 26,6%
Vox 18,6 %
Sumar 6,4 %
Podemos 2,9 %
Se Acabó la Fiesta 1,7 %
Esta diferencia entre el CIS y los promedios privados es considerable. El CIS otorga una amplia ventaja al PSOE, mientras que el promedio de Onda Cero sitúa al PP en cabeza.
Las discrepancias pueden deberse a las muestras, los modelos de estimación, la participación prevista, la distribución del voto indeciso y los métodos utilizados para convertir las respuestas en intención de voto.
También existen controversias públicas sobre la fiabilidad de algunas estimaciones, por lo que conviene comparar series y metodologías, no limitarse a una cifra aislada.
Los escenarios posibles
Gobierno del PP con apoyo de Vox: podría producirse si ambas fuerzas suman los escaños suficientes o consiguen apoyos adicionales. La política migratoria dependería de los acuerdos que alcanzaran.
Continuidad del PSOE: requeriría una mayoría parlamentaria viable y acuerdos con fuerzas de izquierda o partidos territoriales.
Parlamento fragmentado: podría obligar a negociar apoyos puntuales, modificar propuestas o retrasar determinadas reformas.
División de los bloques: la fragmentación electoral puede dificultar la formación de mayorías, aunque el efecto concreto depende de los resultados en cada circunscripción.
Conclusión electoral: con los datos disponibles al 18 de octubre no puede asegurarse quién gobernará. El resultado dependerá de la evolución de la campaña, la participación, la distribución provincial de los votos y los acuerdos posteriores.
Para los migrantes, lo determinante será qué mayoría consigue aprobar leyes, presupuestos y medidas administrativas, no únicamente qué partido obtiene más votos.
La migración en los programas de los partidos: qué proponen y qué antecedentes tienen
La comparación migratoria debe realizarse advirtiendo que al 18 de octubre no constaban publicados los programas electorales completos de las principales formaciones para el 29 de noviembre. Por ello, lo que sigue recoge sus antecedentes programáticos, actuaciones de gobierno y posiciones públicas, no compromisos electorales definitivos.
PSOE: regularización, integración y migración legal
El PSOE ha defendido históricamente la migración regular, la integración laboral y social, la cooperación con los países de origen y la protección internacional. En su programa de las elecciones generales de 2023 planteó reforzar las vías regulares de migración, el arraigo y la integración, junto con medidas relacionadas con la protección de las personas refugiadas.
Durante los gobiernos socialistas se han adoptado distintas medidas de regularización y reforma de extranjería. Entre los antecedentes más relevantes se encuentran la regularización extraordinaria de 2005, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y las reformas promovidas por el Gobierno de Pedro Sánchez.
En noviembre de 2024 se aprobó el Real Decreto 1155/2024, que reformó el Reglamento de Extranjería y entró en vigor en mayo de 2025. La reforma modificó diferentes procedimientos de residencia, trabajo, arraigo y vínculos familiares.
En 2026, el Gobierno puso en marcha una regularización extraordinaria para personas extranjeras que ya se encontraban en España y cumplían los requisitos establecidos.
Argumentos favorables: la regularización puede permitir que personas que ya viven en España accedan a un empleo formal, coticen, reduzcan su vulnerabilidad frente a la explotación y desarrollen su vida familiar con mayor seguridad jurídica.
Críticas: sus detractores cuestionan la capacidad administrativa, la presión sobre determinados servicios públicos y los posibles incentivos que, a su juicio, podría generar una política de regularizaciones extraordinarias.
Para valorar ambas posiciones es necesario examinar los requisitos, los resultados y los costes de cada medida, sin asumir que una regularización resuelve por sí sola todos los problemas de integración.
PP: migración ordenada, control y selección laboral
El Partido Popular ha defendido una inmigración legal y ordenada, el refuerzo del control fronterizo, los retornos legalmente procedentes y una mayor relación entre la admisión laboral y las necesidades económicas de España.
En el programa electoral de 2023 planteó, entre otras cuestiones, reforzar la gestión de fronteras, agilizar procedimientos de retorno y vincular determinadas vías de migración a las necesidades del mercado de trabajo.
En su discurso reciente, el PP ha defendido un modelo de admisión que valore factores como la formación, la experiencia laboral, el idioma y la integración, además de mecanismos de contratación en origen.
Argumentos favorables: sus defensores consideran que un sistema de admisión ordenado puede ajustar la contratación a las necesidades económicas, reducir determinadas formas de irregularidad y mejorar la planificación de los servicios públicos.
Críticas: un modelo excesivamente selectivo puede dificultar la regularización de personas con arraigo familiar o social, incluso cuando llevan años residiendo en el país y contribuyen a su economía.
En el caso de los colombianos, un sistema que valore la formación y la experiencia puede resultar favorable para determinados profesionales, pero no garantiza que todas las personas que buscan residencia o empleo puedan cumplir sus requisitos.
Vox: endurecimiento de las políticas migratorias
Vox mantiene una posición más restrictiva que el PSOE y el PP en distintos ámbitos de la inmigración, ya que en su programa electoral de 2023 defendió medidas de endurecimiento del control migratorio, expulsiones en determinados supuestos, restricciones a políticas de acogida y una revisión de los criterios de prioridad en determinadas prestaciones públicas.
En documentos autonómicos posteriores, la formación ha mantenido propuestas de repatriación de personas en situación irregular y expulsión de extranjeros que delincan. Es importante no confundir estos documentos territoriales con el programa nacional definitivo del 29 de noviembre, que todavía no se había publicado a la fecha de cierre de esta investigación.
Argumentos favorables: sus partidarios sostienen que el endurecimiento de las normas refuerza la soberanía nacional, desincentiva las entradas irregulares y mejora la aplicación de la legislación.
Críticas: las organizaciones de defensa de los derechos humanos advierten sobre el riesgo de generalizar la sospecha hacia los extranjeros, restringir vías de protección y debilitar las garantías de personas vulnerables.
La cuestión jurídica fundamental es que ningún Gobierno puede ignorar las obligaciones internacionales y europeas que le resulten aplicables. Las propuestas deben examinarse por su contenido concreto y por su compatibilidad con la ley.
Sumar y Frente Amplio: derechos, integración y vías regulares
Sumar y las fuerzas de izquierda alternativa han defendido una política migratoria centrada en los derechos humanos, la igualdad de trato, la lucha contra el racismo y la ampliación de vías de residencia y regularización.
En sus posiciones programáticas anteriores han planteado mejorar las garantías de las personas migrantes, facilitar procedimientos y revisar prácticas de frontera que consideren incompatibles con los derechos fundamentales.
Argumentos favorables: sus defensores consideran que la regularización y la protección de derechos contribuyen a reducir la explotación laboral, mejorar la integración y reconocer situaciones familiares y sociales consolidadas.
Críticas: sus detractores cuestionan la financiación, la capacidad de tramitación y la viabilidad de determinadas medidas si no se acompañan de recursos administrativos suficientes.
Para los colombianos, una mayor influencia de estas formaciones podría favorecer propuestas de regularización e integración. Sin embargo, el efecto dependerá de los acuerdos parlamentarios y de los textos legales que finalmente se aprueben.
Podemos: ampliación de derechos y regularización
Podemos ha defendido históricamente ampliar las vías de regularización, reforzar las garantías frente a la discriminación y promover una política de acogida más protectora.
Su trayectoria incluye influencia parlamentaria y participación en el Gobierno de coalición entre 2020 y 2023. No obstante, las reformas aprobadas durante ese periodo no deben atribuirse exclusivamente a Podemos, ya que fueron resultado de acuerdos entre distintas formaciones.
Su posición general ha sido favorable a facilitar la regularización de personas que ya residen en España y a reforzar las garantías de quienes solicitan protección internacional.
La capacidad de Podemos para influir en la política migratoria después del 29 de noviembre dependerá de su representación, de los acuerdos electorales y de su capacidad de negociación con el resto de las fuerzas parlamentarias.
Comparación de las posiciones migratorias

Esta tabla resume orientaciones históricas y programáticas, no programas definitivos de 2026. Las propuestas oficiales del 29 de noviembre deberán incorporarse cuando se publiquen.
¿Qué han hecho los partidos españoles en 20 años sobre política migratoria?
Para valorar las promesas electorales hay que mirar más allá de la campaña. Durante las últimas dos décadas, España ha atravesado etapas de expansión económica, crisis financiera, desempleo, recuperación, envejecimiento demográfico y cambios en la política migratoria europea.
El PSOE: regularizaciones y reformas
La regularización extraordinaria de 2005, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, permitió documentar a cientos de miles de personas extranjeras que reunían los requisitos establecidos. La medida se defendió como una forma de aflorar empleo irregular y vincular la residencia al trabajo, pero también recibió críticas por sus posibles efectos sobre los incentivos migratorios y el control de entradas.
Durante el Gobierno socialista se afrontó, además, la crisis de llegadas a Canarias de 2006, que impulsó una mayor cooperación con países africanos y cambios en la gestión fronteriza.
Bajo Pedro Sánchez se han promovido reformas del Reglamento de Extranjería, medidas de integración y la regularización extraordinaria de 2026. Estas actuaciones constituyen antecedentes relevantes para valorar el modelo socialista, aunque no demuestran por sí solas que todos sus objetivos se hayan cumplido.
El PP: control fronterizo y migración vinculada al empleo
Los gobiernos del PP, incluidos los presididos por José María Aznar y Mariano Rajoy, también adoptaron medidas relevantes.
La Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social fue aprobada durante el Gobierno de Jose María Aznar y posteriormente reformada en un contexto de controversia política. La evolución de esta legislación corresponde a sucesivos gobiernos y mayorías parlamentarias, no a una sola formación.
Durante el Gobierno de Mariano Rajoy, la política migratoria estuvo marcada por la crisis económica, la gestión de las fronteras de Ceuta y Melilla, las devoluciones en frontera y las controversias sobre las garantías de los derechos de las personas migrantes.
El PP actual mantiene el control fronterizo y la inmigración legal ordenada como ejes centrales, con mayor énfasis en la relación entre admisión laboral y necesidades económicas.
Vox: una agenda restrictiva sin haber gobernado España
Vox es una formación posterior al periodo de veinte años que se examina y no ha presidido el Gobierno central. Su trayectoria migratoria debe evaluarse mediante sus programas, iniciativas legislativas, votaciones, declaraciones y acuerdos territoriales.
Su capacidad de influencia ha aumentado por su representación parlamentaria y por la posibilidad de que sus escaños resulten decisivos en acuerdos de Gobierno. No obstante, no debe confundirse esa influencia con la experiencia de haber aplicado un programa migratorio completo desde el Ejecutivo nacional.
Podemos y Sumar: influencia parlamentaria y gubernamental
Podemos participó en el Gobierno de coalición con el PSOE entre 2020 y 2023. Sumar, constituido posteriormente como plataforma política de distintas fuerzas, también participó en el Gobierno de coalición desde 2023.
Ambos espacios han impulsado debates sobre regularización, derechos de los migrantes, discriminación y protección internacional. Su influencia debe medirse a partir de las medidas efectivamente aprobadas, no solo de las propuestas presentadas.
¿Qué se ha conseguido realmente?
La política migratoria española ha combinado regularizaciones extraordinarias, reformas legales, cambios en las vías de residencia, cooperación con países de origen y tránsito, medidas de control fronterizo y procedimientos de protección internacional.
El balance no admite una conclusión simple de éxito o fracaso de un único partido. Para valorar cada etapa es necesario examinar las normas aprobadas, el número de beneficiarios, los recursos utilizados, los expedientes pendientes y los resultados en empleo, integración y protección de derechos.
La regularización extraordinaria de 2026: un asunto decisivo para los colombianos
Uno de los antecedentes más importantes de estas elecciones es la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno español en 2026.
El procedimiento se dirigió a personas que ya estaban en España antes del 1 de enero de 2026, con una permanencia continuada mínima de cinco meses y que cumplían los requisitos relativos a antecedentes penales, seguridad y demás condiciones establecidas. También contempló determinados casos de solicitantes de protección internacional. El plazo de presentación se abrió el 16 de abril y terminó el 30 de junio de 2026.
El balance oficial publicado al concluir el plazo registró 1.174.978 solicitudes, de las cuales 609.737 se habían tramitado en esa fase inicial. El Ministerio también informó de que 159.097 personas afiliadas a la Seguridad Social se habían incorporado como resultado del proceso hasta el 30 de junio.
Estas cifras tienen especial importancia para los colombianos, que constituyen uno de los grupos nacionales con mayor presencia en España y una parte significativa de los solicitantes de regularización. Sin embargo, es indispensable distinguir entre tres situaciones:
- Haber presentado una solicitud no significa que se haya concedido definitivamente la autorización.
- El fin del plazo de presentación no significa que hayan terminado los procedimientos administrativos pendientes.
- Un cambio de Gobierno no anula automáticamente las solicitudes presentadas ni convierte por sí solo una autorización vigente en inválida.
Para quienes presentaron su solicitud, lo prioritario es seguir el estado del expediente y atender los requerimientos administrativos. Para quienes no pudieron acogerse al proceso, la alternativa dependerá de las vías ordinarias vigentes y de las circunstancias personales.
El procedimiento de 2026 también será un punto de confrontación electoral, pues el PSOE puede presentarlo como un logro de gestión, las fuerzas de izquierda alternativa pueden considerarlo un avance insuficiente, el PP puede cuestionar su alcance y Vox puede utilizarlo como ejemplo de las políticas que rechaza.
Nuestra evaluación se centra en los requisitos, los resultados, las consecuencias y las garantías jurídicas, sin adoptar automáticamente el relato de ninguna formación.
¿Qué puede cambiar para los colombianos con residencia legal?
Las consecuencias de las elecciones no serán iguales para todos. La situación de una persona que tiene residencia y trabajo autorizados es distinta de la de quien acaba de llegar, tiene un expediente pendiente o carece de documentación.
Renovación de permisos y estabilidad jurídica
Los colombianos que tienen una autorización de residencia vigente no pierden automáticamente ese derecho porque cambie el Gobierno. Las condiciones de renovación dependen del tipo de autorización, la normativa aplicable y el cumplimiento de los requisitos.
Un nuevo Ejecutivo puede proponer reformas legales o reglamentarias dentro de sus competencias, pero las propuestas no se convierten automáticamente en normas. Cualquier cambio debe analizarse conforme a su texto, entrada en vigor, disposiciones transitorias y garantías administrativas y judiciales.
Empleo, cotizaciones y actividad económica
Los trabajadores colombianos participan de manera importante en la economía española. El Observatorio Permanente de la Inmigración ha documentado un crecimiento de la presencia colombiana entre las personas con autorizaciones de residencia por arraigo. A 30 de junio de 2026, los colombianos constituían el 27% de quienes tenían permisos vigentes por esa vía: 144.808 personas.
Este dato no representa a toda la comunidad colombiana ni equivale al número total de colombianos empleados en España, pero si demuestra la importancia de los mecanismos de arraigo para una parte significativa de esa población.
Las políticas de contratación, formación, inspección laboral y migración por motivos de trabajo pueden cambiar con un nuevo Gobierno. Sin embargo, los derechos laborales reconocidos por la legislación vigente no desaparecen automáticamente por un cambio electoral.
Reagrupación familiar
Para muchas familias colombianas, la reagrupación es esencial para vivir juntas. Los requisitos económicos, de vivienda, parentesco y residencia pueden afectar a la posibilidad de traer a hijos, cónyuges y otros familiares incluidos en las categorías legales.
Una reforma podría modificar procedimientos o requisitos futuros, pero no es correcto afirmar que un Gobierno del PP o Vox impediría automáticamente la reagrupación, ni que un Gobierno de izquierda la garantizaría sin condiciones, ya que la consecuencia real dependerá de la norma aprobada y de la situación individual.
Nacionalidad española
Los ciudadanos colombianos pueden solicitar la nacionalidad española por residencia cuando reúnen las condiciones legales. Para los nacionales de países iberoamericanos, el plazo reducido general es de dos años de residencia legal y continuada, además de los demás requisitos de buena conducta cívica, integración y documentación aplicables.
La nacionalidad no se concede automáticamente al cumplir el plazo. Deben cumplirse las condiciones legales y completarse el procedimiento correspondiente.
Las elecciones podrían reabrir debates sobre los requisitos de nacionalidad, pero cualquier previsión de cambios debe apoyarse en propuestas oficiales concretas.
Educación, sanidad y servicios públicos
Los derechos de acceso a servicios públicos dependen de la legislación estatal y autonómica, de la situación personal y de los requisitos aplicables. Los gobiernos pueden modificar presupuestos, programas y prioridades, pero no debe confundirse un cambio presupuestario con la supresión automática de todos los derechos de una categoría de población.
Para las familias colombianas, la vivienda, la educación, la atención sanitaria y la integración pueden ser tan importantes como los permisos migratorios.
Qué puede cambiar para los colombianos en situación irregular
Las personas que residen en España sin autorización vigente afrontan una situación más vulnerable, pues la irregularidad puede dificultar la contratación formal, la estabilidad laboral, la reagrupación familiar y la planificación del futuro, y aumentar la exposición a la explotación o a los abusos.
Esto no significa que carezcan de todos los derechos. Las garantías fundamentales, la protección judicial y los derechos reconocidos por la legislación deben distinguirse de la autorización para residir o trabajar.
Si continúa el PSOE sería más probable que se mantuviera la orientación general hacia las vías legales de regularización y las políticas de arraigo desarrolladas durante su gestión. Sin embargo, no puede darse por garantizada otra regularización extraordinaria ni que sus requisitos permanezcan idénticos.
Si gobierna el PP, el principal interrogante sería si mantiene los mecanismos actuales de arraigo y regularización o modifica sus requisitos. La orientación hacia una inmigración más seleccionada y vinculada al empleo podría dar mayor protagonismo a determinadas vías laborales.
No sería correcto concluir, sin una norma concreta, que todas las personas en situación irregular quedarían excluidas de cualquier regularización.
Si Vox condiciona un Gobierno del PP, podría aumentar la presión política para endurecer los requisitos de residencia, reducir vías extraordinarias de regularización y reforzar los retornos legalmente procedentes.
Las consecuencias dependerían de los acuerdos de investidura, las leyes aprobadas y las garantías jurídicas aplicables. Las declaraciones electorales, por sí solas, no determinan el estatus jurídico de una persona.
Si Sumar o Podemos aumentan su influencia, podrían impulsar la ampliación de vías de regularización, la protección contra la explotación laboral y medidas contra la discriminación. Su capacidad real dependería de los escaños obtenidos, los acuerdos parlamentarios y los recursos administrativos disponibles.
Nuestra recomendación para quienes están en situación irregular, es que no tomen decisiones sobre permanecer, salir del país o presentar solicitudes basándose exclusivamente en las promesas electorales, pues cada caso debe evaluarse conforme a los plazos, antecedentes, tiempo de permanencia, vínculos familiares y documentación disponible.
¿Qué piensan los colombianos y demás extranjeros sobre estas elecciones?
No hemos identificado en las fuentes consultadas una encuesta nacional representativa que permita determinar qué porcentaje de los colombianos residentes en España apoya a cada partido ante las elecciones del 29 de noviembre.
Tampoco sería correcto atribuir una opinión única a los extranjeros, ya que la comunidad migrante reúne trabajadores, empresarios, estudiantes, profesionales, familias, personas nacionalizadas españolas y personas en situación irregular, cuyos intereses pueden ser diferentes.
Un colombiano con residencia estable puede priorizar el empleo, la vivienda, la seguridad o los impuestos. Otro puede considerar decisivas las condiciones de regularización, los permisos de trabajo o la reagrupación familiar. También puede haber personas que compartan posiciones conservadoras en economía o seguridad y, al mismo tiempo, defiendan vías legales de regularización.
La cifra de 1.174.978 solicitudes de regularización extraordinaria en 2026 demuestra la dimensión de ese procedimiento, pero no revela las preferencias electorales de quienes lo solicitaron.
Además, los ciudadanos que conservan exclusivamente la nacionalidad colombiana no tienen, por regla general, derecho a votar en las elecciones generales españolas, mientras quienes han adquirido la nacionalidad española pueden ejercer ese derecho si cumplen los requisitos electorales. Las normas para las elecciones municipales y europeas son diferentes.
Por tanto, las preferencias de los colombianos habilitados para votar no representan necesariamente las de toda la comunidad colombiana residente en España.
Las organizaciones especializadas y sus advertencias
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha defendido la necesidad de vías seguras y legales de migración, procedimientos de asilo individualizados, recursos suficientes para reducir los tiempos de espera y garantías de protección internacional.
La labor de CEAR y de otras entidades de defensa de los derechos humanos permite documentar dificultades de acogida, discriminación, explotación laboral y barreras administrativas. Estas organizaciones aportan perspectivas necesarias, aunque sus propuestas también deben examinarse con atención a su alcance, metodología y ámbito de actuación.
Las asociaciones de colombianos en España pueden ofrecer información directa sobre homologación de títulos, empleo, vivienda, documentación y atención consular. Sin embargo, no debe atribuirse una preferencia electoral colectiva a una asociación sin una declaración pública o consulta documentada.
COLEXRET no presenta como opinión de los migrantes lo que únicamente es una posición de un partido, una organización o un grupo de entrevistados, ya que para establecer tendencias electorales de la población extranjera se necesitan estudios representativos que identifiquen la nacionalidad, el derecho a voto, el tamaño de la muestra y el margen de error.
La nueva relación política entre Colombia y España: De La Espriella frente a Pedro Sánchez
Colombia está gobernada por Abelardo De La Espriella, de orientación derechista, mientras que España continúa bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, del PSOE, y esa diferencia ideológica puede influir en los canales de diálogo político y en determinadas prioridades diplomáticas, pero no permite anticipar automáticamente el resultado de las relaciones bilaterales.
España y Colombia mantienen intereses compartidos en comercio, inversión, movilidad laboral, cooperación consular, educación y protección de sus ciudadanos. Esos intereses no desaparecen necesariamente cuando los gobiernos tienen ideologías distintas.
El acercamiento de De La Espriella a dirigentes españoles de derecha
El 27 de junio del presente año, antes de asumir la Presidencia, Abelardo De La Espriella mantuvo conversaciones telefónicas con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Santiago Abascal, líder de Vox, con el propósito anunciado de estrechar los lazos entre Colombia y España.
Este antecedente documenta un acercamiento político. No demuestra, sin embargo, que exista un acuerdo migratorio específico ni que las propuestas de PP o Vox vayan a beneficiar a todos los colombianos residentes en España.
La Comunidad de Madrid tiene competencias autonómicas, pero no determina por sí sola la legislación estatal de extranjería. Vox puede ejercer influencia nacional si sus escaños son decisivos, pero sus propuestas necesitan seguir los procedimientos legislativos correspondientes.
Para nosotros, este acercamiento debe examinarse en tres planos como la afinidad ideológica, las oportunidades de cooperación económica y las consecuencias de las políticas migratorias concretas.
La relación con Pedro Sánchez y la controversia diplomática
Las diferencias ideológicas entre el Gobierno colombiano de De La Espriella y el Ejecutivo español de Pedro Sánchez pueden dificultar determinados entendimientos políticos. Pero no demuestran por sí mismas una ruptura diplomática ni la pérdida de cooperación en asuntos migratorios.
Un episodio que merece seguimiento es el nombramiento propuesto de Carlos Felipe Mejía como embajador colombiano en España. En octubre, medios de comunicación, entre ellos COLEXRET, informamos de que España todavía no había concedido el plácet diplomático correspondiente y señalamos controversias relacionadas con declaraciones públicas anteriores del designado.
Este asunto debe tratarse como un hecho diplomático en evolución, no como prueba definitiva de una ruptura entre gobiernos. La acreditación de un embajador es un procedimiento institucional y su desenlace debe verificarse antes de extraer conclusiones.
Para los colombianos residentes en España, el interés principal es que la representación diplomática mantenga una interlocución eficaz, preste los servicios consulares que le correspondan y defienda sus necesidades ante las autoridades españolas.
Si continúa el PSOE: afinidad con la izquierda colombiana, diferencias con el Gobierno actual
Un Gobierno español encabezado por el PSOE o acompañado por fuerzas de izquierda podría encontrar mayores coincidencias programáticas con sectores de la izquierda colombiana que con el actual Ejecutivo de De La Espriella.
Eso no significa que los intereses de Colombia queden automáticamente desatendidos ni que se produzca necesariamente un conflicto diplomático. Las relaciones entre Estados incluyen intereses comerciales, cooperación consular, movilidad laboral y obligaciones internacionales que trascienden las afinidades partidistas.
En materia migratoria, la continuidad de un Gobierno socialista haría más probable que se mantuvieran las líneas generales de regularización, arraigo e integración desarrolladas durante su gestión. Sin embargo, el alcance de las medidas dependería de su programa definitivo y de la mayoría parlamentaria.
La afinidad del PSOE con la izquierda colombiana no garantiza que todos sus cambios normativos beneficien a todos los colombianos en España. Una política puede favorecer a quienes reúnen ciertos requisitos y dejar fuera a quienes no los cumplen.
Si gana el PP: mayor afinidad política, pero no necesariamente más derechos migratorios
Una victoria del PP podría facilitar una mayor coincidencia ideológica con el Gobierno colombiano en asuntos conservadores, económicos o de seguridad.
Sin embargo, el PP tiene su propio programa y sus propios intereses electorales. No debe darse por sentado que adoptará las posiciones del Gobierno colombiano ni que establecerá automáticamente acuerdos migratorios favorables a todos sus ciudadanos.
Su orientación hacia una inmigración legal, ordenada y vinculada a las necesidades del mercado laboral podría favorecer a determinados profesionales colombianos, pero también podría implicar cambios en las vías de regularización o requisitos más exigentes para determinados procedimientos.
El resultado real dependerá de las medidas que se aprueben, no solo de la afinidad ideológica.
Si Vox participa en el Gobierno o condiciona la investidura
La posición migratoria de Vox es más restrictiva que la del PSOE y la del PP en diversos asuntos. Si sus escaños resultaran decisivos, podría intentar condicionar acuerdos de investidura y presupuestos a la adopción de medidas más estrictas.
Esto podría aumentar la presión para revisar vías extraordinarias de regularización, reforzar el control fronterizo y endurecer determinados procedimientos de retorno, siempre dentro de los límites legales aplicables.
La paradoja para Colombia es que podría existir una mayor afinidad ideológica entre el Gobierno colombiano y Vox, mientras que determinadas políticas defendidas por Vox podrían complicar la situación de colombianos que buscan regularizarse en España.
La afinidad política entre gobiernos no equivale a una garantía de beneficio migratorio para sus ciudadanos.
Si Sumar o Podemos aumentan su influencia
Estas formaciones podrían impulsar políticas de protección de derechos, regularización e integración. Al mismo tiempo, podrían mantener diferencias ideológicas con el Gobierno colombiano en cuestiones de política exterior o derechos humanos.
La evaluación debe centrarse en los acuerdos concretos, la cooperación bilateral y las consecuencias para los ciudadanos. Una coincidencia programática en materia de migración no garantiza por sí sola que se alcancen todos los objetivos de política exterior.
¿Qué piensan los políticos colombianos sobre las elecciones españolas?
No hemos identificado un conjunto suficiente de declaraciones verificadas de dirigentes colombianos que permita atribuir una posición electoral general ante los comicios españoles.
Sí existen antecedentes concretos de acercamiento entre De La Espriella, Ayuso y Abascal, así como controversias diplomáticas relacionadas con el nombramiento propuesto de Carlos Felipe Mejía.
Pero esos hechos no autorizan a afirmar que todos los políticos colombianos de derecha apoyan al PP o a Vox, ni que todos los políticos de izquierda respaldan al PSOE o a Sumar.
Ventajas y riesgos para Colombia según quién gobierne España
Las consecuencias de las elecciones deben analizarse en dos planos, el primero, las relaciones entre los gobiernos y el segundo, los efectos concretos sobre los ciudadanos colombianos. Veamos el siguiente esquema:

Estas son hipótesis de análisis, no resultados garantizados.
¿Qué Gobierno podría ser más favorable a Colombia?
La respuesta depende de qué se entienda por «favorable».
Si se habla de afinidad ideológica, el PP y Vox pueden compartir con el Gobierno de De La Espriella determinadas posiciones conservadoras. Si se habla de comercio, inversión, cooperación diplomática o atención consular, el resultado dependerá de las decisiones concretas de cada Gobierno.
Si se habla de los derechos migratorios de los colombianos, la valoración debe ser diferente, ya que habrá que comprobar qué medidas favorecen la regularización, la estabilidad de la residencia, el empleo, la reagrupación familiar y la protección frente a la explotación.
No sería riguroso declarar que un partido español será más favorable a Colombia en todos los sentidos por el mero hecho de compartir una orientación política con su presidente.
¿Qué debería exigir Colombia al próximo Gobierno español?
Con independencia de quién obtenga la mayoría, Colombia debería mantener una agenda bilateral centrada en:
- La atención oportuna de los colombianos en consulados y embajadas.
- La protección de los derechos de sus ciudadanos conforme a la legislación española e internacional.
- La cooperación para facilitar la migración regular y la contratación laboral legal.
- La prevención de la explotación, el fraude documental y la discriminación.
- La coordinación sobre documentación, nacionalidad, reagrupación familiar y retorno voluntario.
- La evaluación de los acuerdos bilaterales y de sus resultados efectivos.
La obligación de proteger a los colombianos no debería depender de la afinidad ideológica entre gobiernos. El Estado colombiano debe defender sus intereses y atender a sus ciudadanos tanto si gobierna la izquierda como si gobierna la derecha en España.
Qué dicen las organizaciones especializadas sobre la migración
Las organizaciones dedicadas a la migración y la protección internacional ofrecen criterios relevantes para evaluar las propuestas electorales.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en sus propuestas para 2026, reclama vías de migración seguras y legales, procedimientos de reagrupación familiar más ágiles, recursos suficientes para el sistema de asilo y una aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo que preserve las garantías de derechos humanos.
Estos planteamientos no sustituyen el debate político, pero permiten contrastar las promesas con necesidades documentadas, tiempos de tramitación, recursos administrativos, garantías de protección y capacidad de acogida.
Las asociaciones de migrantes, las entidades de asistencia jurídica y las organizaciones colombianas en España también pueden aportar información sobre problemas de vivienda, empleo, homologación de títulos, documentación y atención consular.
Sin embargo, es necesario distinguir entre sus informes, sus recomendaciones y la opinión general de la población migrante. Ninguna organización representa automáticamente a todos los extranjeros residentes en España.
¿Qué nos falta por investigar?
Para completar el seguimiento electoral será necesario incorporar:
- Los programas oficiales definitivos de PSOE, PP, Vox, Sumar, Podemos y las fuerzas territoriales.
- Los compromisos de investidura que se alcancen después de las elecciones.
- Las declaraciones verificadas de políticos colombianos sobre las candidaturas españolas.
- Las novedades diplomáticas entre Bogotá y Madrid.
- Los resultados administrativos de la regularización extraordinaria de 2026.
- Los estudios representativos sobre las preocupaciones de los colombianos y otros extranjeros residentes en España, si se publican.
COLEXRET actualizará estos puntos cuando disponga de información contrastable.
Neutralidad política y defensa de los derechos humanos
COLEXRET mantiene su neutralidad frente a las elecciones españolas. Esa neutralidad no significa indiferencia ante las decisiones políticas ni renuncia a defender principios fundamentales como la libertad, la dignidad humana, el respeto de las normas, la lucha contra la discriminación y la protección de los derechos reconocidos por la legislación nacional e internacional.
Migrar no exime a nadie de cumplir las leyes del país de destino. La documentación, la residencia, el trabajo y las obligaciones correspondientes deben tramitarse conforme a las normas aplicables.
Pero tampoco es legítimo convertir la situación administrativa de una persona en una justificación para desconocer sus derechos fundamentales o tratarla como si careciera de dignidad.
El debate electoral debería permitir examinar preguntas difíciles sin descalificaciones automáticas:
- ¿Cómo puede un país controlar eficazmente sus fronteras?
- ¿Qué vías legales necesita una economía con demanda de trabajadores y envejecimiento demográfico?
- ¿Cómo se evita la explotación de las personas que trabajan sin documentación?
- ¿Qué recursos hacen falta para garantizar una acogida adecuada y una integración efectiva?
- ¿Cómo se protegen los derechos humanos sin renunciar a la aplicación de la ley?
- ¿Qué responsabilidades corresponden a los países de origen y cuáles a los de destino?
No existe una respuesta única que resuelva todas estas cuestiones, pues las políticas migratorias deben evaluarse por sus resultados, sus costes, sus garantías y sus efectos sobre las personas y las sociedades.
Para los colombianos en España, la discusión es especialmente cercana. Detrás de cada cifra hay trabajadores, familias, estudiantes, empresarios, profesionales y personas que buscan oportunidades para construir una vida mejor. También hay obligaciones que cumplir, procedimientos que respetar y responsabilidades compartidas entre los países de origen y destino.
La defensa de la migración internacional no exige negar sus dificultades. Exige abordarlas con información verificable, políticas eficaces y respeto por los derechos humanos.
Preguntas frecuentes relacionadas con el tema:
¿Cuándo son las elecciones generales en España en 2026?
El domingo 29 de noviembre de 2026. Se elegirán los integrantes del Congreso de los Diputados y del Senado; no se trata de una elección presidencial directa.
¿Qué partido es más favorable a la inmigración en España?
El PSOE, Sumar y Podemos han defendido distintas vías de migración regular, integración y protección de derechos. El PP prioriza una inmigración ordenada y el control de entradas, mientras Vox mantiene una posición más restrictiva. La comparación definitiva debe hacerse con los programas oficiales de 2026.
¿Qué pasará con los colombianos que tienen residencia legal si gana el PP o Vox?
No perderán automáticamente su residencia por el resultado electoral. Cualquier cambio dependerá de las normas aprobadas, las condiciones de cada permiso y las garantías jurídicas aplicables.
¿Qué puede pasar con los colombianos en situación irregular?
El efecto dependerá de las vías de regularización vigentes y de las reformas que se aprueben. No debe darse por garantizada una nueva regularización extraordinaria ni presumirse que todas las vías legales desaparecerán.
¿Qué partido tiene más posibilidades de gobernar España?
El CIS de octubre sitúa al PSOE en cabeza, mientras que el promedio de encuestas de Onda Cero favorece al PP. La formación del Gobierno dependerá de los escaños y de los acuerdos de investidura.
¿Puede un colombiano votar en las elecciones generales españolas?
Por regla general, no si conserva exclusivamente la nacionalidad colombiana. Los colombianos que han adquirido la nacionalidad española pueden votar si cumplen los requisitos electorales.
¿La afinidad de De La Espriella con Vox significa que los colombianos se beneficiarán de un Gobierno de derechas en España?
No necesariamente. La afinidad ideológica puede facilitar el diálogo entre gobiernos, pero los efectos migratorios dependen de las medidas concretas que se aprueben.


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