La falta de respuestas de fondo a varias solicitudes, el silencio sobre una propuesta de transformación de la política migratoria y las dudas sobre la continuidad de prácticas administrativas anteriores ponen a prueba la confianza en la nueva Cancillería.
COLEXRET mantiene su voluntad de colaborar con el Gobierno, pero las respuestas que no llegan reavivan la desilusión
Hay momentos en los que la paciencia institucional deja de ser una virtud y comienza a convertirse en una carga para quien intenta colaborar, proponer soluciones y ejercer el legítimo derecho de investigar la gestión pública.
Eso es lo que estamos experimentando en COLEXRET frente a determinadas actuaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Una situación que nos obliga a preguntarnos si las expectativas de cambio que depositamos en el actual Gobierno y en la nueva administración de la Cancillería terminarán convirtiéndose en una nueva decepción para quienes llevamos años intentando contribuir a una política migratoria que realmente responda a las necesidades de Colombia y de sus ciudadanos en el exterior.
No escribimos estas líneas porque pretendamos recibir privilegios, porque esperemos que el Gobierno acepte todas nuestras propuestas o porque consideremos que nuestras opiniones deban prevalecer sobre las de los funcionarios públicos.
Escribimos porque creemos que una Administración que aspira a hacer las cosas de manera diferente debe comenzar por garantizar algo tan elemental como responder oportunamente las solicitudes ciudadanas, escuchar las propuestas que pueden contribuir a mejorar la gestión pública y permitir que la información oficial sea conocida, examinada y contrastada.
Y es precisamente ahí donde comienzan nuestras preocupaciones.
¿Por qué COLEXRET tuvo que enviar un nuevo requerimiento a la Cancillería?
En el día de hoy, COLEXRET dejó preparado un nuevo oficio dirigido al ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, en el que se recuerdan varias solicitudes que continúan sin respuesta de fondo, así como las comunicaciones mediante las cuales el propio Ministerio anunció plazos que, en algunos casos, ya vencieron.
No se trata de una única petición ni de una diferencia menor sobre la interpretación de un documento. Son asuntos distintos que, por su naturaleza, merecen una respuesta individualizada y suficiente.
1. Una audiencia para presentar la Consejería Presidencial para las Migraciones y el Estatuto Migratorio Colombiano
El 17 de agosto de 2026 solicitamos una audiencia con el canciller para presentarle personalmente dos iniciativas de alcance nacional, la creación de una Consejería Presidencial para las Migraciones y la construcción de un Estatuto Migratorio Colombiano. (Ver aquí el historial de la propuesta).
La solicitud quedó radicada por la Cancillería con el número 1926878-EL del 18 de agosto de 2026.
La propuesta de Consejería busca articular la política pública migratoria desde una instancia de alta dirección vinculada al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en coordinación con las entidades competentes y con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Estatuto Migratorio, por su parte, pretende superar la fragmentación con la que históricamente se han abordado la emigración colombiana, la inmigración extranjera y el retorno de nuestros connacionales. La iniciativa contempla, además, instrumentos como un Fondo Nacional para las Migraciones y un censo socioeconómico de la diáspora.
No estamos hablando de una ocurrencia improvisada ni de una petición para obtener un cargo, un contrato o un beneficio particular. Estamos hablando de un trabajo propositivo que COLEXRET viene desarrollando desde hace años y que pretende contribuir a la construcción de una política de Estado, con objetivos de largo plazo y capacidad para trascender los gobiernos de turno.
Ante la ausencia de respuesta, el 14 de octubre enviamos un requerimiento formal. La Cancillería informó entonces, mediante comunicación relacionada con el radicado 2000727-EL, que la solicitud había sido trasladada al área competente y que recibiríamos respuesta en los términos de ley.
Pero una cosa es comunicar que un expediente fue trasladado y otra muy diferente es responder si la audiencia se concederá, cuándo podría realizarse y cuál será el procedimiento para atender la iniciativa.
¿Es demasiado pedir que un ministro conozca una propuesta de política pública migratoria antes de que esta termine archivada entre trámites administrativos?
No estamos exigiendo que el canciller apruebe la Consejería ni que se comprometa anticipadamente con el Estatuto Migratorio. Solicitamos la oportunidad de explicar su contenido, entregar la documentación y recibir una respuesta institucional.
Si la propuesta no se considera viable, esperamos conocer las razones. Si necesita ajustes, estamos dispuestos a discutirlos. Y si puede contribuir a las metas del Gobierno, sería razonable abrir un espacio para estudiarla.
Lo que no parece razonable es que el asunto permanezca sin una decisión comunicada al interesado.
2. Información pública sobre los consulados: el plazo anunciado venció
El 28 de agosto de 2026 presentamos otro derecho de petición, identificado con el radicado 1942282-EL, cuyo alcance es especialmente importante para nuestra labor periodística.
Solicitamos información histórica, administrativa, financiera, presupuestal, contractual y operativa sobre las sedes consulares colombianas en el mundo.
El requerimiento comprende, entre otros aspectos:
- La creación, evolución y situación de las representaciones consulares.
- Las direcciones de sus sedes actuales y anteriores.
- Los contratos de arrendamiento y las adquisiciones de inmuebles.
- Los traslados de oficinas y sus justificaciones administrativas.
- Los inventarios de bienes y el destino de los elementos públicos.
- Los gastos de funcionamiento, las adecuaciones y el mantenimiento.
- El personal destinado a cada sede y sus costos.
- Los presupuestos, compromisos, obligaciones, pagos y niveles de ejecución.
- Las auditorías, los informes de control y los documentos públicos relacionados con estas actuaciones.
La intención es reconstruir, mediante documentos verificables, la historia administrativa y financiera de la infraestructura consular colombiana. No pretendemos que la Cancillería invente estadísticas ni que elabore documentos inexistentes. Incluso acompañamos la petición con orientaciones técnicas para facilitar la identificación y organización de la información disponible.
El 18 de septiembre, el Ministerio informó que necesitaba consultar distintas dependencias y que ampliaba el plazo para responder, señalando expresamente el 9 de octubre de 2026 como fecha máxima.
Ese día pasó sin que recibiéramos la respuesta de fondo comprometida. «Salvo que hayamos entenido mal, y se refiriera al año 2027».
¿Por qué un medio de comunicación independiente tiene que insistir repetidamente para obtener información pública sobre el funcionamiento de las sedes consulares y la utilización de los recursos del Estado?
La información solicitada no constituye, por el solo hecho de referirse a contratos, presupuestos o inmuebles en el exterior, un asunto que pueda sustraerse genéricamente del escrutinio ciudadano. Las eventuales reservas deben tener fundamento legal específico y aplicarse a la información que corresponda, sin utilizarse como justificación para omitir indiscriminadamente el resto.
La transparencia no debería percibirse como una amenaza para la Administración. Por el contrario, es una oportunidad para demostrar que las decisiones públicas tienen sustento, que los recursos se administran adecuadamente y que existe disposición a rendir cuentas.
3. Las aclaraciones sobre el empalme gubernamental siguen pendientes
El 19 de septiembre presentamos una solicitud de aclaración y complementación de la respuesta al derecho de petición radicado 1907371-EL del 1 de agosto de 2026.
El asunto se relaciona con la información suministrada por el Ministerio sobre el empalme entre administraciones y la entrega de los asuntos públicos.
Entre otros puntos, pedimos aclaraciones acerca de las actas e informes de gestión, los funcionarios que integraron los equipos de empalme, la decisión de suspender el proceso, los nombramientos y traslados, la ejecución presupuestal, los pasivos, las reservas presupuestales y los compromisos con vigencias futuras.
El 9 de octubre, la Cancillería comunicó que la solicitud se encontraba en análisis con varias dependencias y anunció como fecha máxima de respuesta el 3 de noviembre de 2026.
Es importante precisar que, al momento de redactar este artículo, ese plazo todavía no ha vencido. Por ello, no afirmamos que el Ministerio haya incumplido ese compromiso concreto.
Sin embargo, sí consideramos legítimo preguntarnos por qué asuntos que requieren aclaraciones puntuales terminan dependiendo de procesos internos cuya duración y alcance no siempre resultan claros para el ciudadano.
Nuestra posición es que si existen documentos, deben identificarse; si la información no existe, debe indicarse expresamente; y si un punto requiere más tiempo, la entidad debe explicar la razón y cumplir el plazo legalmente aplicable.
La transparencia exige tanto respuestas como explicaciones verificables.
4. Las cifras sobre peticiones y tutelas también necesitan aclaración
El 14 de octubre presentamos otra solicitud, identificada por la Cancillería con el radicado 2000725-EL, para aclarar y complementar la respuesta al derecho de petición 1925671-EL del 16 de agosto de 2026.
La respuesta inicial incluía cifras sobre las peticiones recibidas, su procedencia geográfica y las acciones de tutela gestionadas por el Ministerio.
Sin embargo, al comparar los datos entregados, encontramos diferencias importantes que necesitaban una explicación.
Por ejemplo, los anexos geográficos reportaban 445.018 peticiones del exterior para un período comprendido entre enero de 2021 y el 7 de agosto de 2022, y 602.395 para el período del 7 de agosto de 2022 al 7 de agosto de 2026. En otro apartado, la respuesta informaba 79.863 peticiones para el período del 7 de agosto de 2018 al 7 de agosto de 2022 y 278.611 para el período del 7 de agosto de 2022 al 7 de agosto de 2026, bajo la categoría de información sobre colombianos en el exterior.
No afirmamos que las cifras sean necesariamente incorrectas, pues podrían corresponder a universos, períodos o criterios de clasificación distintos. Precisamente por eso pedimos que se aclarara qué representa cada serie, cómo fue construida y cuál permite responder a la pregunta original.
También solicitamos precisiones sobre las 4.981 acciones de tutela informadas, la metodología utilizada para contabilizarlas y la información disponible sobre nuestras propias actuaciones.
El 16 de octubre recibimos una comunicación que indicaba que la solicitud había sido trasladada al área competente, la cual respondería en los términos de ley.
Nuevamente, la comunicación no aclaró las diferencias estadísticas planteadas.
¿Cómo puede la ciudadanía analizar de manera responsable las cifras oficiales si la propia entidad no explica las diferencias entre los datos que entrega?
La pregunta es especialmente relevante cuando la información se refiere al ejercicio del derecho de petición y a las acciones de tutela promovidas para reclamar su protección.
COLEXRET ha sido explícito en este punto, y no exigimos la creación de estadísticas inexistentes. Pedimos claridad sobre las cifras que el Ministerio ya suministró y sobre sus limitaciones.
El presupuesto del Viceministerio de Migraciones: otra cuestión que exige transparencia
A estos asuntos se suma el análisis que COLEXRET viene desarrollando sobre la información presupuestal relacionada con la estructura migratoria de la Cancillería.
En nuestra publicación Presupuesto del Viceministerio de Migraciones, información solicitada por COLEXRET abordamos este asunto y la necesidad de conocer información institucional que permita examinar la dimensión presupuestal de la gestión migratoria.
El debate no debe limitarse a saber que existe un Viceministerio o que se han anunciado propósitos de fortalecimiento institucional. También es necesario conocer cómo se financia, cuáles son los recursos disponibles, qué programas se respaldan y qué resultados se espera obtener con ellos.
La creación de una dependencia administrativa, por sí sola, no garantiza una política migratoria integral. Se requieren competencias claras, coordinación entre instituciones, recursos identificables, mecanismos de participación y evaluación de resultados.
En este contexto, las solicitudes de información no son un obstáculo para la gestión, sino una herramienta para examinarla y proponer mejoras.
Una política migratoria seria no puede construirse únicamente con anuncios, organigramas y declaraciones de buenas intenciones. Necesita información, presupuesto, objetivos verificables y rendición de cuentas.
¿Qué ocurrió después de la reunión con el viceministro Pedro Agustín Roa?
COLEXRET reconoce esa disposición al diálogo. No sería justo desconocerla ni presentar a todos los funcionarios de la Cancillería bajo una misma valoración.
Sin embargo, al cumplirse ya un mes de aquella reunión, seguimos sin conocer avances concretos sobre lo relacionado con nuestra propuesta de creación de la Consejería Presidencial para las Migraciones y su articulación con el proyecto de Estatuto Migratorio Colombiano.
Somos conscientes de que la creación de una Consejería adscrita a la Presidencia no depende exclusivamente del viceministro Roa. No le atribuimos esa competencia ni esperamos que adopte decisiones que corresponden a otras instancias.
Lo que sí consideramos razonable es que, dentro de sus posibilidades, contribuya a poner la propuesta en conocimiento del canciller y de otras autoridades que puedan estudiarla.
La reunión fue una oportunidad para abrir un canal de comunicación. Ahora esperamos que esa oportunidad se traduzca en seguimiento institucional, sin que ello signifique exigir una decisión favorable de antemano.
El Viceministerio de Asuntos Migratorios es una instancia de especial importancia para la relación de Colombia con sus ciudadanos en el exterior, la población inmigrante y quienes retornan al país. Su consolidación requiere precisamente iniciativas, análisis y aportes que permitan identificar problemas y construir soluciones.
Por eso, nos preguntamos, ¿de qué sirve abrir espacios de diálogo si después no se informa qué ocurrió con las propuestas presentadas ni si existe disposición para examinarlas?
No estamos pidiendo que cada reunión termine con una decisión inmediata. Pedimos continuidad, comunicación y claridad sobre los pasos siguientes.
COLEXRET no nació para aplaudir gobiernos: nació para investigar, informar y proponer
Conviene recordar quiénes somos y cuál ha sido nuestra forma de trabajo.
COLEXRET – Colombianos en el Exterior y Retornados – es un medio de comunicación independiente dedicado a la temática migratoria colombiana, las actuaciones consulares, las políticas públicas y los asuntos que afectan a los compatriotas dentro y fuera del país.
Desde su creación, nuestra labor ha consistido en investigar, formular preguntas, solicitar documentos, contrastar información y publicar análisis críticos sobre la actuación institucional.
No hemos considerado que el deber periodístico consista en aplaudir al Gobierno de turno. Tampoco creemos que la independencia signifique oponerse automáticamente a cualquier Administración.
Nuestra obligación es examinar los hechos, identificar los problemas y plantear propuestas, con independencia de quién ocupe la Presidencia, la Cancillería o cualquier otra entidad.
Buena parte de nuestras investigaciones se ha apoyado en información suministrada por las propias instituciones colombianas, incluida la Cancillería, además de documentos oficiales y respuestas a derechos de petición.
Cuando publicamos una denuncia o cuestionamos una decisión administrativa, nuestro propósito es que exista información verificable que permita al lector conocer los antecedentes y examinar las razones de nuestra crítica.
Eso no significa que una respuesta oficial sea necesariamente la última palabra sobre un asunto, ni que toda interpretación periodística sea incuestionable. Significa que estamos dispuestos a contrastar los documentos, corregir lo que corresponda y someter nuestros análisis al escrutinio público.
La independencia de COLEXRET no consiste en estar contra el Gobierno. Consiste en conservar la libertad de decir lo que encontramos, incluso cuando los documentos examinados no coinciden con el discurso institucional.
¿Por qué queremos colaborar con el actual Gobierno?
Porque seguimos considerando que Colombia necesita una política migratoria más sólida, articulada y duradera.
Porque creemos que la experiencia acumulada durante años de investigación puede contribuir a identificar fallas, corregir procedimientos y diseñar instrumentos más eficaces.
Porque las necesidades de los colombianos en el exterior no desaparecen cuando cambia el Gobierno, y tampoco deberían depender de la voluntad ocasional de un funcionario.
Y porque nuestra propuesta de Consejería Presidencial para las Migraciones y Estatuto Migratorio Colombiano está orientada a construir soluciones, no simplemente a señalar problemas.
Hemos intentado colaborar con administraciones anteriores, incluido el gobierno de Gustavo Petro y la Cancillería encabezada entonces por Álvaro Leyva y posteriormente por Luis Gilberto Murillo, Laura Sanabria y Yolanda Villavicencio, mediante investigaciones, solicitudes, propuestas y planteamientos sobre diferentes aspectos de la temática migratoria.
Desde nuestra perspectiva, esa voluntad de colaboración no siempre encontró la respuesta institucional que esperábamos.
Con la llegada de la nueva Administración, renovamos la esperanza de que las cosas pudieran funcionar de otra manera.
No esperábamos que el nuevo Gobierno aceptara automáticamente nuestras propuestas ni que renunciara a sus propios criterios. Esperábamos, eso sí, que se abrieran espacios para examinar iniciativas, que las solicitudes de información se atendieran oportunamente y que la crítica documentada fuera entendida como parte del funcionamiento democrático.
Lo que estamos encontrando en los casos aquí descritos vuelve a generar dudas.
Y lo decimos con claridad, la voluntad de colaborar permanece, pero la confianza institucional necesita hechos que la sostengan.
¿La nueva Cancillería continúa funcionando como la anterior?
Esta es una de las preguntas más incómodas que nos hacemos y que consideramos necesario plantear públicamente.
No afirmamos disponer de pruebas que permitan asegurar que funcionarios de la anterior Administración estén siguiendo instrucciones de antiguos superiores para impedir el funcionamiento del nuevo Gobierno. Tampoco podemos atribuir a una persona determinada la responsabilidad por todas las demoras aquí descritas sin conocer la distribución interna de competencias y las razones de cada trámite.
Pero sí podemos señalar que determinadas prácticas administrativas que esperábamos ver superadas continúan apareciendo en nuestra relación con el Ministerio, como respuestas que no resuelven el asunto central, remisiones internas que no ofrecen una solución concreta y dificultades para obtener información que resulta relevante para el control ciudadano.
El interrogante, entonces, no es solamente quién ocupa los cargos directivos. También es cómo funcionan las dependencias, qué procedimientos aplican, qué instrucciones reciben y qué mecanismos existen para asegurar que las prioridades de la nueva Administración se traduzcan en resultados.
¿Puede un nuevo Gobierno transformar una institución si los procedimientos cotidianos siguen produciendo los mismos resultados que antes?
La pregunta merece una respuesta seria, basada en hechos y no en especulaciones.
La responsabilidad de dirigir una entidad pública no termina con el nombramiento del ministro. También implica revisar el funcionamiento de la institución, identificar los obstáculos que impiden cumplir sus objetivos y corregir las prácticas que generan demoras o debilitan la confianza ciudadana.
Por eso, invitamos al canciller Omar Bula Escobar a examinar personalmente los casos descritos y determinar si existen fallas de coordinación, procedimientos inadecuados o responsabilidades administrativas que deban corregirse.
No pretendemos anticipar el resultado de esa revisión. Pretendemos que se realice.
¿Debe el Gobierno revisar los nombramientos realizados al final de la Administración anterior?
Desde COLEXRET consideramos que la nueva Administración debe revisar, dentro del marco constitucional y legal, la situación de los cargos, nombramientos, encargos y decisiones de personal realizados durante la etapa final del Gobierno anterior, tanto en el ámbito nacional como en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Nuestra preocupación parte de una cuestión de gobernabilidad, ya que todo Gobierno necesita contar con una estructura administrativa capaz de ejecutar sus prioridades, pero esa necesidad debe conciliarse con los derechos de los servidores públicos, las reglas de carrera, los procedimientos de provisión de empleos y las garantías legales aplicables.
Por eso, planteamos que se examine si las decisiones adoptadas en los últimos meses de la anterior Administración respondieron a necesidades institucionales debidamente justificadas, si se ajustaron a las normas aplicables y si la estructura actual permite ejecutar eficazmente las prioridades del nuevo Gobierno.
No estamos solicitando una purga indiscriminada de funcionarios por el solo hecho de haber trabajado en el Gobierno anterior. Estamos reclamando una revisión seria de los nombramientos y de las decisiones administrativas que puedan afectar la gobernabilidad, con especial atención a aquellos realizados poco antes del cambio de Administración.
Cuando existan razones jurídicas y administrativas para modificar una estructura, efectuar nuevos nombramientos o retirar a determinados funcionarios, deberán seguirse los procedimientos correspondientes. Cuando los cargos estén sujetos a reglas de carrera u otras garantías especiales, estas deberán respetarse.
La continuidad de los servidores públicos puede ser valiosa para preservar la memoria institucional. Pero esa continuidad no debe impedir que el nuevo Gobierno evalúe el funcionamiento de las dependencias, establezca responsabilidades y efectúe los cambios legalmente procedentes.
La transformación de una entidad no se consigue solamente cambiando a su máxima autoridad. Requiere revisar los procesos, los equipos, las prioridades y los resultados.
«Rebelión en la granja»: ¿cambian los gobiernos, pero permanecen las mismas prácticas?
Hay una reflexión literaria que viene a nuestra memoria en medio de estas circunstancias, y es, «Rebelión en la granja», de George Orwell, obra que invita a reflexionar sobre el poder, las promesas de transformación y el riesgo de que quienes llegan anunciando cambios terminen reproduciendo las prácticas que criticaban.
No pretendemos establecer una equivalencia literal entre aquella ficción y la realidad política colombiana. La referencia sirve para expresar una preocupación, como que el cambio de nombres y autoridades no termine siendo suficiente para modificar las prácticas administrativas que afectan a los ciudadanos.
En términos coloquiales, y con la crudeza que produce la frustración acumulada, podríamos decir que existe el riesgo de terminar encontrándonos con lo mismo de siempre, apenas presentado con un olor diferente. «La misma m… pero con diferente olor».
Es una expresión dura. Pero responde a un sentimiento que no queremos disimular detrás de un lenguaje diplomático vacío.
La esperanza que depositamos en el nuevo Gobierno no fue una adhesión incondicional. Fue la expectativa de que se corrigieran problemas que, desde nuestra experiencia, se habían repetido durante años.
Por eso, cuando volvemos a encontrarnos con solicitudes sin respuesta de fondo y con dificultades para avanzar en propuestas de interés público, la desilusión resulta inevitable.
Sin embargo, la crítica no significa que renunciemos a colaborar ni que demos por perdida la posibilidad de cambio.
Precisamente porque seguimos creyendo que las cosas pueden hacerse mejor, insistimos en que se revisen las prácticas, se corrijan los procedimientos y se abran canales efectivos de comunicación con la ciudadanía.
¿Qué dice la Ley 1755 de 2015 sobre las respuestas de la Cancillería?
El derecho de petición no es una concesión de los funcionarios ni un favor que la Administración puede otorgar cuando lo considere conveniente.
El artículo 23 de la Constitución Política reconoce el derecho fundamental de petición, y la Ley 1755 de 2015 desarrolla las obligaciones de las autoridades frente a las solicitudes ciudadanas.
El artículo 13 de esa ley establece el derecho a obtener una resolución pronta, completa y de fondo.
El artículo 14 fija los términos aplicables a las diferentes modalidades de petición, como regla general, 15 días; 10 días para peticiones de documentos e información; y 30 días para consultas en los términos previstos por la norma. También regula las condiciones excepcionales para ampliar el plazo de respuesta.
Esto significa que no todas las solicitudes deben recibir respuesta dentro de un mismo término ni que toda comunicación de trámite sea necesariamente ilegal. Cada caso debe analizarse de acuerdo con su naturaleza, las fechas de radicación, las comunicaciones recibidas y las normas aplicables.
Pero hay una diferencia fundamental entre informar que una solicitud se encuentra en trámite y resolver materialmente lo solicitado.
En los casos en los que el plazo aplicable ya venció, COLEXRET considera legítimo reclamar una respuesta efectiva y acudir a los mecanismos judiciales procedentes si la omisión persiste.
Por esa razón, ante la falta de solución de algunos de los asuntos descritos, hemos preparado un nuevo requerimiento formal a la Cancillería y anunciado que acudiremos a la acción de tutela, a partir del lunes 26 de octubre de 2026, respecto de las omisiones que puedan reclamarse judicialmente y cuyos términos se encuentren vencidos.
No es el camino que deseábamos seguir. Pero tampoco podemos renunciar al ejercicio de nuestros derechos por temor a incomodar a una institución pública.
¿Qué proponemos para que la Cancillería funcione de otra manera?
Nuestra crítica no termina en la denuncia. Si señalamos problemas, también tenemos la responsabilidad de plantear alternativas.
Desde COLEXRET consideramos que la nueva Administración podría adoptar medidas concretas para fortalecer la relación entre la Cancillería, los medios independientes y la ciudadanía.
Primero: un mecanismo efectivo de seguimiento a los derechos de petición.
La entidad debería contar con un sistema que permita conocer el estado real de cada solicitud, la dependencia responsable, el término aplicable y la fecha comprometida de respuesta. Las alertas internas deben funcionar antes del vencimiento de los plazos, no después de que el ciudadano tenga que insistir.
Segundo: respuestas de fondo y no simples comunicaciones de trámite.
Cuando una solicitud se traslade a otra dependencia, el ciudadano debe recibir la información necesaria para comprender qué ocurre con su petición, sin que las remisiones internas se conviertan en una sucesión indefinida de comunicaciones que no resuelven el asunto central.
Tercero: transparencia presupuestal y documental.
La información pública sobre consulados, contratos, sedes, gastos y funcionamiento institucional debe ser accesible, verificable y organizada en la medida de las posibilidades técnicas y legales de la entidad. Las reservas deben justificarse de manera concreta y no extenderse automáticamente a documentos o datos que pueden divulgarse.
Cuarto: diálogo institucional con propuestas independientes.
Las iniciativas presentadas por ciudadanos, investigadores y organizaciones de la sociedad civil deberían contar con un procedimiento claro de recepción, evaluación y seguimiento. No se trata de aceptar todas las propuestas, sino de examinarlas con criterios objetivos y comunicar las decisiones.
Quinto: revisión administrativa con garantías legales.
La nueva Administración debe evaluar los procesos, las estructuras y los nombramientos cuando existan razones para ello, respetando las normas de carrera, los derechos de los servidores públicos y las competencias de cada autoridad. La modernización institucional requiere capacidad de decisión, pero también legalidad y transparencia.
Sexto: una política migratoria que trascienda los gobiernos.
Colombia necesita una articulación efectiva entre la Cancillería, Migración Colombia, el DAPRE, el DANE y las demás entidades competentes, con participación real de la sociedad civil y los ciudadanos, y mecanismos de seguimiento a los compromisos.
En este último punto se inscribe nuestra propuesta de Consejería Presidencial para las Migraciones y Estatuto Migratorio Colombiano.
La finalidad no es crear estructuras burocráticas innecesarias. Es examinar cómo aprovechar mejor las capacidades existentes, reducir duplicidades, coordinar competencias y dar continuidad a una política migratoria integral.
La Consejería Presidencial para las Migraciones: una oportunidad que el Gobierno todavía puede examinar
A pesar de la desilusión que hoy expresamos, no hemos retirado nuestra disposición a presentar y discutir la propuesta.
Seguimos considerando que una instancia de coordinación de alto nivel, articulada con la Presidencia de la República y las entidades competentes, podría contribuir a superar la fragmentación de la gestión migratoria colombiana.
El proyecto de Estatuto Migratorio Colombiano busca complementar ese esfuerzo mediante una visión de largo plazo que integre a los colombianos en el exterior, los inmigrantes que llegan al país y la población retornada.
La propuesta también plantea instrumentos para fortalecer la financiación, la información y la participación en la política migratoria.
No afirmamos que esta sea la única alternativa posible ni que deba adoptarse sin estudio. Precisamente por eso queremos presentarla personalmente, explicar sus fundamentos, escuchar observaciones y discutir sus posibilidades de implementación.
El Gobierno tiene la oportunidad de demostrar que está dispuesto a escuchar iniciativas independientes y a examinar soluciones que puedan contribuir a sus objetivos.
La colaboración no exige silencio crítico. Exige disposición al diálogo, respeto por las diferencias y voluntad de evaluar los argumentos.
¿COLEXRET seguirá apoyando al Gobierno pese a sus críticas a la Cancillería?
Nuestra respuesta es que seguiremos dispuestos a colaborar con el Gobierno en todo aquello que contribuya al bienestar de los colombianos en el exterior, de la población inmigrante y de quienes retornan al país.
Pero colaborar no significa guardar silencio cuando encontramos actuaciones que consideramos equivocadas, omisiones que merecen explicación o procedimientos que necesitan mejorar.
La independencia periodística perdería su razón de ser si estuviera condicionada a la simpatía por un Gobierno o a la expectativa de recibir atención institucional.
Al mismo tiempo, sería irresponsable cerrar las puertas al diálogo solamente porque una solicitud no ha recibido respuesta o porque una propuesta no ha avanzado al ritmo esperado.
Por eso mantenemos abiertas ambas posibilidades, la crítica firme y la colaboración constructiva.
Esperamos que el canciller Omar Bula Escobar y las demás autoridades competentes entiendan que nuestras observaciones no buscan entorpecer la gestión institucional. Buscan que esa gestión produzca resultados, responda a la ciudadanía y aproveche los aportes que puedan mejorarla.
Si el Ministerio considera que nuestras propuestas no son viables, esperamos conocer sus razones. Si considera que alguna de ellas puede mejorarse, estamos dispuestos a discutir los ajustes necesarios. Y si existen obstáculos internos que impiden atender adecuadamente las solicitudes, esperamos que sean identificados y corregidos.
Lo que no podemos aceptar como normal es que la falta de respuesta termine convirtiéndose en una práctica habitual.
Todavía hay tiempo para demostrar que el cambio es real y no como el anterior
La nueva Administración de la Cancillería tiene la oportunidad de marcar una diferencia en la manera de relacionarse con los ciudadanos, los investigadores y los medios de comunicación independientes.
No basta con anunciar nuevas prioridades, crear dependencias o presentar propósitos de transformación. También es necesario demostrar que los procedimientos cotidianos funcionan, que las solicitudes se responden oportunamente y que las propuestas de interés público pueden ser escuchadas y examinadas.
Los casos aquí expuestos no permiten, por sí solos, concluir que exista una instrucción deliberada para impedir los cambios del actual Gobierno. Pero sí constituyen motivos suficientes para pedir explicaciones, revisar los procedimientos y exigir que las responsabilidades administrativas se determinen con base en hechos.
Desde COLEXRET no renunciamos a nuestra voluntad de contribuir. Tampoco renunciamos a nuestra independencia, a la crítica documentada ni al derecho de acudir a la justicia cuando consideremos que resulta necesario proteger nuestros derechos.
La pelota está ahora en el terreno de la institucionalidad.
Señor Canciller: todavía está a tiempo de demostrar que esta nueva etapa de la Cancillería puede ser diferente. Escuchar una propuesta no obliga a aceptarla. Responder una petición no significa compartir las opiniones del peticionario. Revisar una práctica administrativa no implica descalificar a toda una institución.
Significa, sencillamente, entender que el Estado debe estar al servicio de la ciudadanía y que la transparencia, la participación y el respeto por la ley no pueden depender de quién gobierne.
En COLEXRET seguimos esperando respuestas, pero también seguimos dispuestos a trabajar por soluciones.
La diferencia entre una nueva Administración y una verdadera transformación institucional estará en lo que haga a partir de ahora.
Un saludo y recuerden que la clave del éxito está en:
«INSISTIR, PERSISTIR, RESISTIR, y NUNCA DESISTIR», pues «No existen cosas imposibles sino seres incapaces»; por eso, «Nunca rindan el animo, solo por medio de fatigas se logra la victoria»
Ricardo Marín Rodríguez
Creador y director de COLEXRET.com
Investigador y escritor de Temática Migratoria Colombiana.
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