En los siguientes enlaces las dos primeras partes del Libro de la Verdad con relación a la Cancillería colombiana:
- “El Libro de la Verdad” (Parte 1): Cancillería bajo la lupa: ¿tenía razón COLEXRET?
- «El Libro de la Verdad» (Parte 2): Cancillería continúa entre ojos: lo que ahora se debe investigar.
El Libro de la Verdad llega a una Cancillería que COLEXRET lleva 15 años investigando: la crisis consular que nadie quiso escuchar.
El Gobierno abrió una puerta. Ahora hay que abrir todos los archivos
El denominado Libro de la Verdad, presentado por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y entregado formalmente a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría, puede terminar siendo mucho más que un documento de confrontación política entre un Gobierno saliente y uno entrante.
Puede convertirse, si las autoridades hacen su trabajo, en el punto de partida de una revisión mucho más profunda sobre la manera como durante años se han administrado los recursos públicos, se ha ejercido el poder y se han atendido, o ignorado, los derechos de millones de colombianos que viven fuera del país.
El Presidente De La Espriella fue claro al entregar el documento, diciendo que el Ejecutivo no pretende sustituir a la justicia ni declarar culpables a quienes aparecen mencionados. Su responsabilidad, dijo, consiste en llevar los hechos hasta la puerta de las autoridades competentes y permitir que sean ellas las que determinen responsabilidades.
COLEXRET comparte plenamente ese principio, pero también considera necesario formular una pregunta que no puede seguir siendo ignorada:
¿Qué ocurre cuando buena parte de las situaciones que hoy aparecen bajo la lupa del Libro de la Verdad llevan años siendo denunciadas, investigadas y documentadas por ciudadanos, organizaciones y medios que no fueron escuchados por quienes tenían la obligación de hacerlo?
En el caso de la Cancillería colombiana, esa pregunta tiene una respuesta concreta.
COLEXRET lleva aproximadamente 15 años haciendo precisamente eso.
No desde ahora, no desde el cambio de Gobierno, no porque hoy exista un Libro de la Verdad, sino desde mucho antes.
El Libro de la Verdad no apareció de la nada
El 18 de agosto de 2026, el Gobierno Nacional entregó formalmente el llamado Libro de la Verdad a los organismos de control. El documento reúne 82 casos identificados durante el proceso de transición y plantea diferentes comportamientos que, según el Gobierno, podrían estar asociados con prácticas que favorecen la corrupción.
Y allí aparece la Cancillería.
El vicepresidente José Manuel Restrepo señaló, entre otros hallazgos, 785 contratos por $83.000 millones y $8.500 millones destinados a sedes temporales con permanencias de apenas entre 90 y 120 días.
Posteriormente se conoció que dentro de los casos relacionados con Cancillería fueron incluidos cuestionamientos sobre la apertura y adquisición de sedes consulares, entre ellas Monterrey y Estambul, por la relación entre los costos asumidos y el número de ciudadanos beneficiados.
Para algunos, esto apenas comienza, para COLEXRET, en cambio, hay una diferencia sustancial, esto no comienza aquí.
Lo que hoy aparece en un documento oficial tiene antecedentes en una larga cadena de investigaciones, solicitudes de información, denuncias, análisis, derechos de petición, acciones judiciales y publicaciones realizadas durante años.
Por eso, antes de que determinados sectores políticos salgan a descalificar el Libro de la Verdad simplemente porque fue elaborado por el actual Gobierno, sería conveniente que revisaran primero el expediente ciudadano que existe desde mucho antes de su publicación.
Porque una cosa es discutir políticamente un documento, y otra muy distinta es negar hechos documentados simplemente porque quien los vuelve a poner sobre la mesa pertenece a una corriente política que no les gusta.
COLEXRET ya había puesto a Cancillería bajo la lupa
En COLEXRET existen tres grandes espacios documentales que permiten comprobar la trayectoria de esta investigación:
Consulados, Cancillería y Política Migratoria/Política.
No se trata de una denuncia improvisada ni de una reacción oportunista frente al nuevo Gobierno.
Es una línea editorial e investigativa que durante años ha tenido como propósito poner sobre la mesa la situación de los colombianos en el exterior y la forma como el Estado colombiano atiende o deja de atender sus obligaciones frente a ellos.
La propia documentación publicada por COLEXRET registra gestiones ante Cancillería, Congreso, Procuraduría, Defensoría y otras instituciones, incluyendo investigaciones que terminaron produciendo cambios concretos en beneficio de los colombianos residentes fuera del país.
Por ejemplo, COLEXRET documenta cómo, después de investigaciones y gestiones durante años, consiguió que se eliminara el Impuesto de Timbre Nacional del costo de los trámites consulares, equivalente al 40%, y en algunos casos a más.
Ese antecedente es importante porque demuestra algo que con frecuencia se olvida, y es que la ciudadanía también puede descubrir fallas del Estado antes que el propio Estado, y ponerse al frente para darles solución.
Y cuando el Estado se niega a escucharla, termina obligándola a acudir a las instituciones de control o a la justicia, como lo hemos tenido que hacer nosotros en los últimos 10 años, instaurando más de cincuenta (50) acciones de tutela contra la Cancillería, en donde más del 85% han sido resueltas a nuestro favor.
El problema no es únicamente la corrupción, también es la administración
Sería demasiado fácil reducir todo el debate a una palabra, corrupción.
Pero el problema de Cancillería es mucho más profundo. También hay que hablar de:
- Administración;
- Planeación;
- Contratación;
- Utilización de recursos públicos;
- Funcionamiento de consulados;
- Atención al ciudadano;
- Transparencia;
- Acceso a la información;
- Control interno;
- Responsabilidad de los funcionarios;
- Política migratoria;
- Representación de los colombianos en el exterior;
- Infraestructura consular;
- Arrendamientos y traslados de sedes;
- Y mecanismos para determinar responsabilidades cuando algo funciona mal.
Porque una administración pública puede ocasionar enormes perjuicios sin que cada decisión equivocada constituya necesariamente un delito. Y precisamente por eso es indispensable investigar.
La crisis consular: el problema que millones de colombianos conocen
Mientras en Bogotá se discuten cargos, contratos, nombramientos y responsabilidades políticas, existe una realidad mucho menos visible, la del colombiano que necesita un consulado y no consigue una atención adecuada.
Es allí donde el Estado se encuentra con el ciudadano, no en una rueda de prensa, no en un informe, no en un discurso.
En una oficina consular.
Y cuando esa oficina no funciona correctamente, el ciudadano que está a miles de kilómetros de Colombia no tiene muchas alternativas.
Puede necesitar un pasaporte, una escritura, un registro civil, una autenticación, un trámite notarial, una asistencia, un documento, una orientación, o simplemente una respuesta.
Y allí comienza el problema cuando el sistema consular no tiene capacidad suficiente, cuando las sedes son inadecuadas, cuando los servicios se concentran, cuando se cierran oficinas sin una alternativa efectiva o cuando los ciudadanos tienen que recorrer enormes distancias para acceder a un servicio que debería prestarse con dignidad.
Por eso COLEXRET ha sostenido que cerrar consulados puede ser necesario en determinados casos administrativos o financieros, pero abandonar a los colombianos jamás puede ser la consecuencia.
Ese fue precisamente el planteamiento de nuestra investigación publicada bajo el titular: “Cerrar consulados SÍ, abandonar colombianos NO: el plan de choque que De La Espriella debe ejecutar para no agravar la crisis consular”.
No se trata de defender estructuras burocráticas por el simple hecho de existir, se trata de defender al ciudadano; y de ahí que hacemos una pregunta que merece investigación nacional, ¿Cuánto cuesta realmente un consulado?. Interrogante nacido de otros tantos:
- ¿Cuánto cuesta mantener cada consulado?
- ¿Cuánto se paga por arrendamiento?
- ¿Cuánto se ha pagado por adecuaciones?
- ¿Cuánto cuestan los traslados?
- ¿Cuánto cuesta una sede temporal?
- ¿Cuántos funcionarios trabajan allí?
- ¿Cuántos ciudadanos atiende?
- ¿Cuántos trámites realiza?
- ¿Cuánto cuesta cada trámite para el Estado?
- ¿Cuál es la relación entre costo y beneficio?
- ¿Cuándo se decide trasladar una sede?
- ¿Quién lo decide?
- ¿Con qué estudios?
- ¿Quién los elaboró?
- ¿Fueron evaluadas otras alternativas?
- ¿Quién autorizó los contratos?
- ¿Quién supervisó su ejecución?
Y, sobre todo, ¿dónde están los documentos que permiten comprobarlo?
Estas preguntas no son ataques políticos, son preguntas elementales de administración pública.
Cuando pedir información se convierte en una carrera de obstáculos
Uno de los problemas que COLEXRET ha denunciado reiteradamente es la dificultad para obtener información pública.
Y aquí existe un asunto todavía más delicado.
Cuando un ciudadano solicita un documento que debería ser público, la respuesta institucional no debería consistir en esconderse detrás de interpretaciones jurídicas, formalismos o interminables argumentos administrativos, como lo hemos denunciado en repetidas ocasiones.
La transparencia no puede convertirse en una prueba de resistencia, porque cuando el ciudadano pide información pública y la entidad se la niega, y posteriormente debe acudir a un juez para que este determine que la información sí debe ser entregada, surge una pregunta inevitable:
¿por qué tuvo que intervenir un juez para ordenar entregar algo que desde el principio era público?
Eso no fortalece al Estado, lo debilita y obliga al ciudadano a gastar tiempo, dinero y esfuerzo para conseguir algo que ya debería estar disponible.
COLEXRET ha vivido precisamente ese tipo de situaciones en infinidad de ocasiones, y por eso sostenemos que la verdadera transparencia no consiste únicamente en publicar información, consiste en facilitar que el ciudadano pueda acceder a ella.
Denunciar no debería convertirse en ser perseguido por el laberinto administrativo
Existe otra dimensión que debe ser investigada.
Cuando un ciudadano presenta una denuncia contra funcionarios de una entidad, ¿quién investiga? ¿Con qué independencia? ¿Quién controla al investigador? ¿Qué sucede cuando los investigados pertenecen a la misma institución? ¿Existe verdadera independencia? ¿Se revisan integralmente los hechos? ¿Se cruzan documentos?¿Se analizan los antecedentes? ¿Se escucha al denunciante? ¿Se revisan las decisiones administrativas relacionadas?
Son preguntas que adquieren especial relevancia cuando las denuncias terminan siendo archivadas o cuando funcionarios investigados por sus propios compañeros resultan posteriormente exonerados de responsabilidad.
No estamos afirmando que toda absolución sea ilegal, pero sí afirmamos que los sistemas de control deben ser suficientemente transparentes para que la ciudadanía pueda confiar en ellos. Y eso es precisamente lo que falta.
Porque si una investigación interna termina siempre protegiendo institucionalmente a la institución, entonces corresponde preguntarse si el modelo de control es realmente eficaz.
La Cancillería no puede ser juez y parte
La pregunta que debe hacerse el Estado es sencilla:
¿Quién controla realmente a quienes administran el Servicio Exterior?
No basta con tener oficinas de control interno; con abrir investigaciones; con producir informes; como tampoco basta con archivar expedientes.
La lucha contra la corrupción requiere controles independientes, trazabilidad documental, publicidad de las decisiones y rendición de cuentas.
Y esto cobra todavía más importancia cuando hablamos de recursos públicos utilizados fuera del territorio nacional.
Porque el hecho de que el gasto se produzca en Madrid, París, Nueva York, Monterrey, Estambul, Buenos Aires o cualquier otra ciudad del mundo no lo convierte en un gasto invisible para Colombia.
El capítulo Yolanda Villavicencio Mapy
Dentro de esta discusión tampoco puede quedar por fuera la gestión de quienes han ocupado posiciones de dirección dentro de la Cancillería.
Y particularmente debe revisarse, con documentos en mano y sin pasiones políticas, el periodo de Yolanda Villavicencio Mapy.
COLEXRET ha cuestionado públicamente actuaciones relacionadas con la política migratoria y con la participación de los colombianos en el exterior.
En su propia investigación sobre la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, COLEXRET ha señalado cuestionamientos a la forma en que se estructuró y reglamentó ese espacio de participación, así como el papel desempeñado por Villavicencio Mapy.
Esto no significa que cualquier crítica equivalga a una acusación penal, significa que las actuaciones administrativas deben poder ser revisadas y contrastadas.
Y eso es precisamente lo que debería ocurrir ahora.
Si el Libro de la Verdad pretende identificar patrones, entonces hay que estudiar también los antecedentes, no únicamente los últimos meses.
¿Y dónde estuvieron los gobiernos anteriores?
Aquí llegamos a uno de los puntos más incómodos.
Durante años, diferentes gobiernos tuvieron conocimiento de problemas relacionados con la atención consular, la política migratoria y la situación de los colombianos en el exterior.
¿Se solucionaron? En muchos casos, no.
¿Se investigaron? En muchos casos, parcialmente.
¿Se escuchó suficientemente a los ciudadanos? Tampoco.
COLEXRET puede demostrar, a través de su propio archivo investigativo, que durante años insistió en esos asuntos.
Y si hoy el Gobierno Nacional afirma que encontró patrones de mala administración o posibles irregularidades, lo mínimo que debería hacer es revisar ese archivo ciudadano.
Porque allí hay antecedentes, como documentos, preguntas, denuncias, decisiones.
Hay respuestas oficiales, y también hay decisiones judiciales.
El error sería convertir el Libro de la Verdad en una pelea entre izquierda y derecha
Aquí COLEXRET quiere ser absolutamente claro.
No se trata de reemplazar una ideología por otra. No se trata de cambiar una burocracia por otra. Tampoco se trata de que quienes hoy gobiernan hagan exactamente lo mismo que criticaron cuando estaban en la oposición. Se trata de investigar.
Por eso resulta preocupante observar que algunos sectores políticos de izquierda reaccionen frente al Libro de la Verdad intentando defender de antemano actuaciones del Gobierno anterior, simplemente porque las denuncias afectan a una administración con la cual se identifican políticamente.
Eso es un error, y muy grande por cierto.
Y también lo sería si mañana un Gobierno de derecha cometiera irregularidades y sus seguidores intentaran justificarlas.
La corrupción no tiene ideología. El despilfarro no tiene partido. La mala administración no tiene color político. Y la violación de los derechos ciudadanos tampoco.
No se puede confundir oposición política con negación de los hechos
Una oposición democrática tiene una función indispensable: Controlar al Gobierno.
Pero controlar no significa negar todo lo que hace, y tampoco significa defender todo lo que hizo el Gobierno anterior.
Si existen pruebas, deben analizarse. Si no existen, deben descartarse.
Si existen indicios, deben investigarse. Si existen errores administrativos, deben establecerse responsabilidades políticas o administrativas.
Y si existe corrupción, debe llegar la justicia hasta el fondo.
Ese debería ser el consenso mínimo de una democracia.
Por eso COLEXRET no tiene ningún inconveniente en decirlo…
Respaldamos que el Gobierno de Abelardo De La Espriella haya puesto estos hechos en conocimiento de las autoridades competentes.
No porque seamos partidarios de que el Gobierno tenga razón en absolutamente todo, sino porque una denuncia seria merece ser investigada.
Y si de la investigación resulta que alguien es inocente, deberá ser reconocido; pero si existen responsabilidades, también deberán establecerse.
El Gobierno debe ir más lejos
El propio vicepresidente José Manuel Restrepo advirtió que «El Libro de la Verdad no constituye el final de la historia y que deben continuar las investigaciones para identificar patrones».
COLEXRET coincide y propone que uno de esos ejercicios sea: AUDITAR A FONDO LA CANCILLERÍA Y SU RED CONSULAR.
No solamente revisar contratos. No solamente mirar cifras. No solamente identificar funcionarios.
Hay que reconstruir la historia, y revisar:
- Contratos de arrendamiento de sedes consulares.
- Traslados de oficinas.
- Adquisiciones y adecuaciones.
- Sedes temporales.
- Estudios técnicos que justificaron cada decisión.
- Costos por ciudadano atendido.
- Número de trámites realizados.
- Contratos de prestación de servicios.
- Nombramientos.
- Investigaciones disciplinarias.
- Procesos archivados.
- Denuncias ciudadanas.
- Derechos de petición.
- Acciones de tutela.
- Sentencias que obligaron a entregar información.
- Informes de control interno.
- Informes de organismos de control.
- Quejas sobre atención consular.
- Jornadas móviles.
- Costos de funcionamiento de cada representación.
Eso sí sería una verdadera radiografía de la Cancillería.
COLEXRET pone su archivo a disposición
Y aquí está probablemente el punto más importante de este artículo.
COLEXRET está dispuesto a colaborar.
No pretendemos reemplazar a la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, y mucho menos pretendemos sustituir a los investigadores oficiales.
Pero tenemos algo que puede ser extraordinariamente útil: 15 años de investigación ciudadana.
- Quince años siguiendo asuntos relacionados con los colombianos en el exterior.
- Quince años documentando actuaciones de Cancillería.
- Quince años investigando consulados.
- Quince años estudiando política migratoria.
- Quince años preguntando.
- Quince años insistiendo.
- Quince años denunciando.
- Y cuando fue necesario, quince años acudiendo a la justicia.
Por eso nuestra posición frente al Libro de la Verdad es muy sencilla: INVESTIGUEN.
Y si para investigar necesitan documentos, antecedentes, publicaciones, análisis o información que esté dentro de nuestro archivo, COLEXRET está dispuesto a entregarla a las autoridades competentes dentro de los límites legales correspondientes.
El Gobierno abrió la puerta. Ahora debe cruzarla
El Libro de la Verdad puede quedarse en un documento político, puede convertirse en munición electoral, puede terminar reducido a una pelea entre petrismo y antipetrismo. O puede convertirse en algo mucho más importante. En punto de inflexión en la lucha contra la corrupción y la mala administración pública en Colombia.
Eso dependerá de lo que hagan ahora la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y las demás autoridades.
Y dependerá también del propio Gobierno.
Porque denunciar es apenas el primer paso. Investigar es el segundo. Sancionar, si corresponde, es el tercero. Corregir las estructuras que permitieron los hechos es el cuarto.
Y quizás este último sea el más importante. Porque meter a algunos responsables en problemas no sirve de mucho si el sistema que permitió que ocurrieran las irregularidades permanece intacto.
Y en el exterior, la crisis sigue esperando
Mientras en Colombia se discute el Libro de la Verdad, millones de colombianos continúan viviendo fuera del país.
Ellos no necesitan discursos, necesitan consulados que funcionen, funcionarios que atiendan. Necesitan información, respuestas, transparencia.
Necesitan que el Estado recuerde que siguen siendo colombianos aunque vivan a miles de kilómetros.
Por eso la crisis consular debe ocupar un lugar central en la nueva agenda gubernamental.
Y por eso COLEXRET sostiene que no basta con corregir contratos. Hay que reconstruir la política colombiana hacia sus ciudadanos en el exterior.
La Consejería Presidencial para las Migraciones ya no debería ser una idea
Precisamente por todo lo anterior, COLEXRET ha insistido en la necesidad de crear una Consejería Presidencial para las Migraciones. Pero no como otro cargo burocrático. No como otro despacho lleno de funcionarios. No como otra estructura que termine dependiendo de los intereses de turno.
Sino como una instancia de coordinación política de alto nivel capaz de hacer algo que Colombia no ha conseguido plenamente: Convertir a los colombianos en el exterior y a la política migratoria en un asunto permanente de Estado.
La experiencia de estos años demuestra que dejar la totalidad de la temática migratoria dentro de estructuras administrativas que cambian con cada Gobierno no ha sido suficiente.
COLEXRET incluso ha sostenido que la política migratoria requiere una transformación estructural y una verdadera Ley General Migratoria. En nuestras investigaciones hemos documentado durante años problemas en la participación ciudadana, en la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones y en otros componentes del Sistema Nacional de Migraciones.
La pregunta, entonces, no es solamente, ¿Qué pasó en Cancillería?
La pregunta verdaderamente importante es, ¿Qué vamos a hacer para que no vuelva a pasar?
El Libro de la Verdad debe mirar hacia atrás, pero también hacia adelante
COLEXRET no pretende que el actual Gobierno simplemente utilice nuestras investigaciones para demostrar que tenía razón, sino que queremos algo mucho más importante.
- Queremos que se investigue.
- Que se compruebe.
- Que se desmienta lo que deba ser desmentido.
- Que se sancione lo que deba ser sancionado.
- Que se corrija lo que deba ser corregido.
Y que los colombianos en el exterior finalmente sean incorporados a la Agenda Nacional como lo que son, ciudadanos colombianos con derechos, no ciudadanos de segunda categoría, tal y como lo afirma Ricardo Marín Rodríguez y Lucy Torres en su obra «Gestión Migratoria Inexistente – Colombianos Invisibles»
El anterior Gobierno, desde la perspectiva y experiencia de COLEXRET, no solamente dejó de resolver buena parte de los problemas que veníamos denunciando, sino que terminó profundizando una sensación de invisibilidad de quienes viven fuera del territorio nacional.
Ahora existe una oportunidad diferente.
Y esa oportunidad no consiste en sustituir una ideología por otra. Consiste en demostrar que el Estado puede escuchar a sus ciudadanos.
Porque la verdad no pertenece a ningún Gobierno
El presidente Abelardo De La Espriella dijo al entregar el Libro de la Verdad que su deber era llevar los hechos hasta la puerta de la justicia y detenerse allí.
COLEXRET considera que ese principio debe aplicarse también a las investigaciones sobre Cancillería.
Porque si lo que hoy denuncia el Gobierno es cierto, la justicia deberá demostrarlo. Pero si alguna acusación resulta equivocada, también deberá decirlo.
Eso es democracia. Eso es Estado de derecho. Y eso es precisamente lo que COLEXRET reclama desde hace 15 años.
No queremos impunidad, pero tampoco queremos condenas políticas. Queremos investigación, documentos, transparencia. Queremos justicia.
Y queremos, por encima de todo, que los colombianos en el exterior dejen de ser invisibles.
El verdadero Libro de la Verdad todavía está por escribirse
El documento presentado por el Gobierno tiene 135 páginas y reúne 82 casos.
Pero si realmente se pretende encontrar patrones, como ha señalado el Vicepresidente, será necesario ir mucho más atrás.
Porque los problemas de una institución pública rara vez nacen de un día para otro, sino que se acumulan, se normalizan, se archivan, se justifican, se olvidan. Hasta que alguien vuelve a preguntar.
- ¿Quién decidió esto?
- ¿Por qué?
- ¿Cuánto costó?
- ¿Quién se benefició?
- ¿Dónde está el documento?
- ¿Quién lo supervisó?
- ¿Quién lo investigó?
- ¿Qué decidió la autoridad?
- ¿Y por qué tuvo que acudir un ciudadano a la justicia para obtener una respuesta?
Esas preguntas son las que COLEXRET lleva 15 años haciendo. Y son precisamente las preguntas que ahora deberían formar parte de la investigación oficial.
Porque quizá el verdadero Libro de la Verdad sobre la Cancillería no tenga 135 páginas.
Quizá tenga 15 años de historia. Y COLEXRET tiene una parte importante de ella.
Continúe leyendo aquí la Segunda Parte: Consulados, contratos, sedes, investigaciones internas, transparencia, justicia y la deuda histórica del Estado colombiano con sus ciudadanos en el exterior.
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