El SENA finalmente puso las cifras sobre la mesa
Después de varios requerimientos y de un proceso judicial que duró casi ocho meses, teniéndose que llegar hasta una denuncia por desacato, el Servicio Nacional de Aprendizaje «SENA» terminó entregando información mucho más concreta sobre sus actuaciones frente a los colombianos en el exterior y la población retornada.
La información permite reconstruir, por primera vez dentro de esta investigación, una fotografía institucional del período 2020-2025.
Y esa fotografía tiene dos caras.
Una muestra actividades, cursos, orientación, emprendimiento, certificaciones y participación de colombianos residentes en diferentes países.
La otra obliga a formular una pregunta diferente:
¿Qué proporción de los colombianos que necesitaban esa atención terminó efectivamente alcanzada por ella?
La diferencia entre ambas preguntas es importante porque una cosa es demostrar que una entidad realizó actividades y otra muy distinta demostrar cuál fue su cobertura, impacto y capacidad de responder a la población que la legislación identifica como destinataria de determinadas acciones estatales.
2.139 orientaciones en seis años
El SENA informó que, a través de la Agencia Pública de Empleo, realizó entre 2020 y 2025 un total de 2.139 acciones de orientación a colombianos residentes en el exterior, con una inversión acumulada reportada de $16.859.461 y un costo promedio aproximado de $7.889 por acción.
La distribución anual fue así:
Año Orientaciones
2020 184
2021 260
2022 248
2023 525
2024 331
2025 591
Total 2.139
El SENA afirma que esas orientaciones llegaron a personas residentes en más de 50 países, entre los que aparecen con mayor número de orientaciones Venezuela, España, Ecuador, Chile, Afganistán, Perú, Argentina, Canadá y Estados Unidos.
Sin embargo, existe un dato que debe ser aclarado.
La atención no fue solamente orientación laboral
La documentación entregada por el SENA muestra además diferentes actividades de formación.
En 2020, por ejemplo, se desarrolló un programa virtual de Higiene y Manipulación de Alimentos, dirigido a 38 mujeres colombianas víctimas de la violencia residentes en Esmeraldas – Ecuador, con una duración de 40 horas y un costo aproximado de $2.298.620.
También se realizaron tres talleres virtuales sobre entrevistas laborales, pruebas psicotécnicas y preparación de hojas de vida, con 31 participantes.
En 2021 aparecen un curso de inglés con 70 matriculados y cuatro cursos de cocina internacional con 129 participantes.
En 2022 el propio SENA reconoce que no contó con articulación con la Cancillería ni con la Unidad para las Víctimas, aunque reportó 248 acciones de orientación.
En 2023 se realizaron, entre otras actividades, talleres sobre inscripción en Sofia Plus y formación en inglés, comunicación y mercadeo e higiene y manipulación de alimentos.
En 2024 se reportan cursos de confección, emprendimiento digital, instalaciones eléctricas domiciliarias e inglés.
Y en 2025 se informó una certificación de competencias laborales en seis normas, con 23 personas víctimas certificadas en España y cinco en Japón.
Los anexos aportados posteriormente por el SENA permiten además comprobar documentalmente algunas de estas actuaciones. Por ejemplo, el Anexo 1 sobre atención a connacionales víctimas contiene evidencia de la articulación SENA-Cancillería-Unidad para las Víctimas y muestra actividades desarrolladas en Ecuador, España, Estados Unidos, México, Panamá, Reino Unido, Venezuela, Aruba, Bélgica, Corea del Sur y Costa Rica.
En la evidencia correspondiente a 2024 aparecen 249 personas registradas de 11 países interesadas en cursos del SENA, con 44 inscritas en emprendimiento digital, 135 en inglés, 30 en instalaciones eléctricas y 67 en otros cursos.
Es decir, existe evidencia documental de actividad. La cuestión siguiente es determinar su dimensión frente al universo de población retornada.
¿Cuántos colombianos retornaron realmente?
Aquí aparece uno de los datos más importantes para leer correctamente la respuesta del SENA.
La Cancillería no considera que el Registro Único de Retorno represente a todos los colombianos que regresan físicamente al país. El RUR registra a quienes se acogen a la ruta y cumplen los requisitos correspondientes.
La propia normativa define al retornado en relación con el ciudadano que, después de residir en el exterior, regresa y se registra en el Registro Único de Retornados.
Por ello, las cifras del RUR deben entenderse como retornados registrados o solicitudes de retorno tramitadas/aprobadas, no como un censo absoluto de todas las personas que físicamente regresaron a Colombia.
La información oficial de la Comisión Intersectorial para el Retorno muestra las siguientes solicitudes aprobadas:
Año Solicitudes de retorno aprobadas
2020 5.225
2021 2.647
2022 2.564
2023 6.552
2024 8.397
2025 8.571
Total 2020-2025 33.956
La fuente oficial de Cancillería señala además que entre 2013 y 2025 la Comisión Intersectorial para el Retorno tramitó 76.096 solicitudes, de las cuales 57.319 fueron aprobadas. Para 2025 fueron tramitadas 9.767 y aprobadas 8.571.
La Cancillería también informó en 2024 que para junio de ese año ya existían 43.217 retornados aprobados en el RUR.
Y existe un elemento importante para esta investigación, la propia Cancillería informa que el tablero actualizado del Registro Único de Retorno tiene publicación anual y que para 2026 está prevista su publicación en diciembre. Por tanto, a 30 de septiembre de 2026 no existe todavía una cifra oficial consolidada de 2026 publicada en ese tablero.
El contraste que cambia la lectura
Entre 2020 y 2025, 2.139 orientaciones a colombianos residentes en el exterior. Y, en el mismo período 33.956 solicitudes de retorno aprobadas por la Comisión Intersectorial para el Retorno.
Pero cuidado, no se trata de dividir automáticamente una cifra por la otra.
Los 2.139 son acciones de orientación dirigidas a residentes en el exterior, mientras que los 33.956 son solicitudes de retorno aprobadas.
Son poblaciones y unidades estadísticas diferentes.
Por eso, sería incorrecto afirmar que el SENA atendió solamente determinado porcentaje de los retornados.
Pero sí resulta legítimo formular una pregunta:
¿Cuántos de esos miles de colombianos retornados recibieron efectivamente la capacitación, acompañamiento, asesoría empresarial, orientación laboral y acceso a instrumentos de emprendimiento que el marco legal contempla?
Esa pregunta no queda respondida por el número de cursos realizados.
La Ley 2136 de 2021 elevó el estándar
La Ley 2136 de 2021 no se limitó a reconocer la existencia del retorno, sino que estableció como objetivo de la Política Integral Migratoria desarrollar propuestas para ampliar o mejorar la oferta de servicios del Estado para colombianos en el exterior y retornados, además de promover su caracterización.
También estableció como lineamiento la prioridad de la asistencia, vinculación y acompañamiento de estas poblaciones.
Y en materia de retorno productivo, la norma fue mucho más específica.
El artículo 29 de la Ley 2136 modificó el artículo 3 de la Ley 1565 de 2012 (Ley retorno) y definió el retorno productivo como aquel en el que el colombiano recibe asesoría para implementar una idea de negocio o fortalecer un proyecto productivo en marcha, incluyendo la gestión de cofinanciación y acceso a fondos de emprendimiento.
El artículo 30 de la Ley 2136 modificó el artículo 4 de la Ley 1565, y allí aparece directamente el SENA.
La norma dispone que para el retorno productivo el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en conjunto con el SENA, integrará en su oferta capacitación y acompañamiento para desarrollar y asesorar emprendimientos y fortalecer proyectos productivos, además del acceso a capital semilla, cofinanciación y créditos.
La misma norma ordena buscar alternativas para incluir a la población retornada como sujeto de las políticas y fondos de emprendimiento vigentes.
Por eso el análisis no puede quedarse en: “¿El SENA hizo cursos?”
La pregunta jurídica es mucho más amplia:
¿La oferta institucional permitió materializar integralmente las obligaciones relacionadas con capacitación, acompañamiento, emprendimiento, fortalecimiento productivo y acceso a financiación para los retornados?
Y es donde aparece el Fondo Emprender.
Del curso al capital
La respuesta del SENA contiene un dato particularmente llamativo.
Entre 2020 y 2025, según sus propios sistemas, solamente se identificaron planes de negocio de personas que se autorreconocieron como población retornada en cantidades muy pequeñas frente al universo general de retornados.
Los anexos entregados por el SENA permiten ahora abrir esa información proyecto por proyecto.
Y allí aparecen nombres de convocatorias, montos, estados, razones de no financiación y recursos asignados.
Pero también aparecen inconsistencias que deben ser examinadas.
Porque antes de concluir qué tan amplia fue la respuesta del Estado, hay que saber exactamente cuántos retornados llegaron al Fondo Emprender, cuántos fueron evaluados, cuántos obtuvieron recursos, cuánto recibió cada iniciativa y qué ocurrió después con esos negocios.
Ese será el punto de partida del siguiente capítulo, bajo el titular «Fondo Emprender: Una convocatoria en cinco años para 33.000 retornados», y que pueden leer ingresando aquí.
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