El último comunicado de la Unión Diplomática y Consular de Colombia «UNIDIPLO, unida a las diferentes publicaciones de esta Casa informativa, nos permite confrontar al Gobierno actual con los antecedentes del periodo de Gustavo Petro y plantear una discusión sobre la defensa de la carrera diplomática, indicando que si bien es necesaria, no basta para transformar los consulados y las embajadas ni para garantizar los derechos de los colombianos en el exterior.
La información publicada por UNIDIPLO el pasado 23 de octubre, identifica dificultades de personal en consulados como los de Chicago, Orlando, Barcelona, Ciudad de Panamá, Buenos Aires, Newark, Houston, Caracas, Londres y Sídney. Además, las denuncias sobre nombramientos provisionales durante el gobierno anterior y su reciente queja ante la Contraloría añaden un segundo frente de análisis, como es el respeto al mérito, la legalidad y los recursos públicos.
UNIDIPLO alerta: ¿se repetirá la historia de la carrera diplomática bajo el nuevo Gobierno?
La falta de personal en numerosos consulados, las denuncias sobre nombramientos durante el Gobierno de Gustavo Petro y las decisiones adoptadas por la nueva administración reabren una discusión que Colombia no puede seguir aplazando.
COLEXRET respalda al actual Gobierno, pero considera que ha llegado la hora de escuchar las propuestas que buscan transformar de verdad el servicio consular.
La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (UNIDIPLO) ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad que los colombianos en el exterior conocen desde hace muchos años, como son las dificultades para conseguir una cita, realizar un trámite, recibir asistencia en una emergencia o encontrar respuestas oportunas en las oficinas consulares.
Mediante el comunicado que verán a continuación, fechado el 23 de octubre de 2026 y titulado «La atención consular no mejora debilitando la capacidad humana en los consulados», esa organización sindical reconoció la legitimidad de las reclamaciones ciudadanas y cuestionó que se responsabilice de manera generalizada a los funcionarios consulares por las deficiencias del servicio mientras, según denuncia, varias oficinas funcionan con personal insuficiente.
UNIDIPLO señaló situaciones especialmente críticas en consulados como los de Chicago, Orlando, Barcelona, Ciudad de Panamá, Buenos Aires, Newark, Houston, Caracas, Londres y Sídney, entre otros. También reclamó un plan inmediato para fortalecer las plantas de personal, cubrir las vacantes y garantizar la continuidad de la atención.
La denuncia reafirma que cuando un consulado carece de los trabajadores necesarios, las consecuencias no se limitan a una estadística administrativa, ya que pueden traducirse en ciudadanos que pierden jornadas laborales, familias que no consiguen resolver oportunamente sus trámites y colombianos vulnerables que encuentran dificultades para recibir asistencia.
Sin embargo, desde COLEXRET consideramos que esta coyuntura exige ir más allá de la legítima reclamación sindical. Es necesario revisar lo sucedido durante el Gobierno anterior, advertir sobre los riesgos que enfrenta la nueva administración y, sobre todo, abordar el problema estructural de la política consular colombiana. Porque aquí hay dos cuestiones que no deben confundirse:
La defensa de los derechos de quienes integran la carrera diplomática y la obligación del Estado de prestar servicios consulares eficaces, accesibles y dignos.
Ambas son necesarias. Ninguna debe utilizarse como excusa para ignorar la otra.
UNIDIPLO denuncia una situación que el Gobierno no debería ignorar
El comunicado sindical contiene una afirmación que merece especial atención, teniendo en cuenta que durante años ha aumentado la población colombiana residente en el exterior y, con ella, la demanda de servicios, sin un fortalecimiento proporcional de las plantas de personal.
A esa situación se sumarían las desvinculaciones recientes de auxiliares administrativos que, según UNIDIPLO, no han sido reemplazados oportunamente.
La organización advierte que los funcionarios que permanecen en las oficinas deben atender simultáneamente trámites, emergencias, asistencia a connacionales vulnerables y responsabilidades administrativas. En esas condiciones, exigir mejores indicadores, más citas y menores tiempos de espera sin asegurar los recursos humanos necesarios resulta contradictorio; y nosotros compartimos esa preocupación.
No es razonable exigir resultados sin evaluar los medios disponibles para alcanzarlos. Tampoco es justo convertir automáticamente al funcionario que atiende al ciudadano en el único responsable de una deficiencia que puede tener su origen en decisiones presupuestales, administrativas o de organización institucional.
Pero tampoco debe olvidarse que los ciudadanos tienen derecho a reclamar cuando el servicio no funciona, ya que las dificultades internas de la Cancillería no pueden convertirse en una carga que los colombianos en el exterior deban soportar indefinidamente.
El desafío consiste en determinar las responsabilidades individuales cuando corresponda y, al mismo tiempo, identificar las causas institucionales de los problemas.
Una de las preguntas que debe responder el Ministerio de Relaciones Exteriores, es, ¿qué diagnóstico tiene sobre la capacidad operativa real de cada consulado y qué medidas adoptará para corregir las deficiencias identificadas?
No basta con anunciar que la atención consular es una prioridad. Es necesario demostrarlo con decisiones, recursos, indicadores y resultados verificables.
Lo sucedido durante el Gobierno de Gustavo Petro no puede quedar en el olvido
Para entender la preocupación actual de UNIDIPLO es indispensable recordar que durante el Gobierno de Gustavo Petro, la relación entre la carrera diplomática y la administración de la Cancillería estuvo marcada por controversias relacionadas con nombramientos de personas ajenas a esa carrera en cargos del servicio exterior. (Vean aquí «La eterna pelea del Presidente Gustavo Petro con la Carrera diplomática»).
El 13 de octubre de 2026, UNIDIPLO informó que había presentado ante la Contraloría General de la República una queja de responsabilidad fiscal contra cuatro excancilleres (Álvaro Leyva Durán, Luis Gilberto Murillo, Laura Sarabia y Rosa Villavicencio), y varios exdirectivos de Talento Humano, por presuntas irregularidades en nombramientos provisionales.(Ver aquí).
Según la organización, durante el periodo 2022-2026 se promovieron más de 200 procesos judiciales relacionados con nombramientos cuestionados y se habrían generado gastos públicos por traslados, tiquetes, viáticos, menaje, primas de instalación y eventuales retornos de funcionarios.
Estas son afirmaciones y solicitudes de investigación formuladas por UNIDIPLO. Corresponde a las autoridades competentes establecer, en cada caso, los hechos probados, las eventuales responsabilidades y la existencia y cuantía de un posible detrimento patrimonial, toda vez que la presentación de una queja no equivale por sí misma a una declaración de responsabilidad fiscal.
No obstante, la dimensión de las denuncias obliga a examinar con seriedad cómo se administraron los cargos del servicio exterior y si las decisiones adoptadas respetaron las reglas aplicables.
La carrera diplomática no puede convertirse en una estructura decorativa a la que se acude únicamente cuando conviene. Si existen funcionarios que han superado los procesos de ingreso, formación, evaluación y ascenso establecidos legalmente, sus derechos deben respetarse conforme al ordenamiento jurídico.
Quienes se preparan para integrar esa carrera hacen sacrificios profesionales y personales. Muchos cuentan con una o varias titulaciones universitarias y, posteriormente, dedican años a formarse para ejercer funciones diplomáticas y consulares, por lo que no resulta admisible que ese esfuerzo sea desconocido por conveniencias políticas o por decisiones administrativas contrarias a las normas.
Defender el mérito no significa otorgar privilegios personales. Significa exigir que el Estado cumpla las reglas que él mismo ha establecido.
¿Puede repetirse esa historia bajo el nuevo Gobierno?
Esa es una de las preguntas que hoy deben hacerse tanto los funcionarios como los colombianos en el exterior.
La llegada de una nueva administración no debería significar que cada cambio presidencial vuelve a colocar la institucionalidad diplomática al servicio de las necesidades políticas del gobernante de turno.
El Gobierno actual tiene la oportunidad de demostrar que es posible corregir las prácticas cuestionadas del pasado, respetar la carrera diplomática y garantizar que las decisiones sobre el servicio exterior respondan a criterios legales, técnicos y de interés nacional.
Pero también debe tener presente que el relevo de un gobierno no puede convertirse en una excusa para desmantelar capacidades operativas sin una transición adecuada.
UNIDIPLO sostiene que las recientes desvinculaciones de auxiliares administrativos están profundizando las dificultades en determinados consulados. Si esas salidas se producen sin un diagnóstico previo, sin medidas de contingencia y sin reemplazos oportunos, el resultado puede ser una afectación directa a los ciudadanos, puesto que cambiar a quienes ocupan los cargos no equivale a transformar el servicio.
Y sustituir unas prácticas cuestionadas por otras que generen problemas similares no sería una reforma, sería la repetición de los errores que se prometió superar.
La carrera diplomática merece respeto, pero no puede ser la única respuesta
La defensa de la carrera diplomática es necesaria. Sin embargo, el problema estructural de los consulados y las embajadas colombianas no se resuelve simplemente garantizando que todos sus puestos sean ocupados por funcionarios de carrera. La discusión debe ser más amplia.
Una oficina consular necesita personal con competencias jurídicas, administrativas, tecnológicas, financieras, sociales y de atención al ciudadano. También requiere procesos eficientes, canales digitales accesibles, capacidad de respuesta ante emergencias y una organización acorde con las características de la comunidad a la que sirve.
La formación diplomática es esencial para las funciones que le corresponden, pero no reemplaza automáticamente todas las competencias especializadas que necesita una institución moderna.
Por eso, COLEXRET viene insistiendo en la necesidad de estudiar alternativas que permitan modernizar la prestación de los servicios consulares sin debilitar la carrera diplomática ni desconocer los derechos de sus integrantes.
No se trata de enfrentar a los diplomáticos con otros profesionales, sino de construir una estructura en la que cada persona desempeñe las funciones para las cuales está preparada, dentro del marco legal correspondiente.
Tampoco se trata de justificar nombramientos políticos indiscriminados. La participación de profesionales de otras disciplinas debe evaluarse mediante mecanismos transparentes, perfiles definidos, criterios de mérito y modalidades de vinculación jurídicamente procedentes.
El Estado necesita tanto funcionarios diplomáticos respetados como equipos de apoyo competentes y suficientes.
¿Por qué no basta con tener más diplomáticos de carrera?
Porque la calidad del servicio también depende de cómo se distribuye el trabajo, qué procedimientos se utilizan, cuántos ciudadanos deben atenderse, qué herramientas tecnológicas existen y qué capacidad tiene cada oficina para resolver los problemas de su jurisdicción.
Un consulado con funcionarios altamente preparados, pero con sistemas obsoletos, trámites innecesariamente complejos, recursos insuficientes y una demanda muy superior a su capacidad, seguirá teniendo dificultades.
Del mismo modo, una oficina con abundante personal puede prestar un servicio deficiente si no existe planificación, coordinación, supervisión y evaluación de resultados.
La solución, por tanto, no consiste en elegir entre carrera diplomática y modernización administrativa. Consiste en articular ambas.
Las alternativas que COLEXRET considera necesario tener en cuenta
Las propuestas que COLEXRET ha defendido en sus publicaciones sobre la atención a los colombianos en el exterior, la modernización institucional y el uso de herramientas de inteligencia artificial apuntan a una transformación que no se limite a cambiar nombres o redistribuir cargos.
A partir de esa línea, consideramos prioritario que el Gobierno estudie y desarrolle, entre otras, las siguientes medidas.
1. Una reorganización de los consulados según la demanda real
No todas las oficinas atienden el mismo número de ciudadanos ni enfrentan las mismas necesidades, por lo que la asignación de personal debe considerar el tamaño de la población colombiana de cada jurisdicción, el volumen y la complejidad de los trámites, las distancias que deben recorrer los usuarios, las emergencias atendidas y las necesidades de protección de los connacionales.
La Cancillería debería publicar un diagnóstico de las necesidades de personal y capacidad operativa de cada oficina, con información que permita identificar las brechas existentes y establecer prioridades. No es suficiente distribuir recursos de manera uniforme cuando las necesidades son diferentes.
2. Equipos multidisciplinarios de apoyo
COLEXRET considera necesario evaluar modelos de organización que permitan incorporar, dentro de las modalidades legales aplicables, profesionales y técnicos especializados en administración pública, sistemas, gestión documental, atención al usuario, protección social, análisis de datos y otras áreas necesarias para el funcionamiento consular.
Estos equipos no deben sustituir las funciones reservadas a los funcionarios de carrera ni convertirse en una puerta trasera para el clientelismo.
Su propósito debe ser liberar capacidad operativa, mejorar los procedimientos y permitir que cada funcionario se concentre en las responsabilidades propias de su cargo.
3. Inteligencia artificial y digitalización con supervisión humana
La inteligencia artificial (vigilada), puede contribuir a responder preguntas frecuentes, orientar a los usuarios sobre requisitos publicados oficialmente, facilitar la consulta de información, clasificar solicitudes y reducir tareas administrativas repetitivas.
Sin embargo, su utilización debe partir de información oficial actualizada, controles de calidad, protección de datos personales y mecanismos de atención humana para los casos complejos; y eso no se le puede dejar a la Inteligencia Artificial, debe ser suministrada directamente por la respectiva entidad gubernamental.
Una herramienta tecnológica no puede reemplazar la asistencia personal cuando una persona enfrenta una emergencia, una situación de vulnerabilidad o un problema que exige valoración profesional. Tampoco debe convertirse en un obstáculo adicional para quienes tienen dificultades de acceso digital.
La tecnología debe ayudar a los consulados a trabajar mejor, no servir como justificación para reducir indiscriminadamente el personal.
4. Recuperar y fortalecer los consulados móviles
Una política bien planificada debería identificar las ciudades y comunidades con mayores dificultades de acceso, publicar calendarios, definir los trámites que pueden realizarse en cada jornada y evaluar sus resultados.
No se trata de organizar actividades aisladas para mostrar cifras, sino de construir un mecanismo estable de acercamiento institucional a las comunidades.
5. Medir resultados y publicar información verificable
La evaluación de un consulado no puede reducirse al número de citas atendidas. También debería examinar los tiempos de espera, la oportunidad de las respuestas, las solicitudes pendientes, las reclamaciones, la resolución de casos prioritarios, la accesibilidad de los servicios y la satisfacción de los usuarios.
Los indicadores deben tener en cuenta el personal disponible y la complejidad de las tareas. De lo contrario, se corre el riesgo de exigir resultados sin considerar las condiciones reales de trabajo.
La información pública permitiría, además, que los ciudadanos y las organizaciones que los representan participen en la vigilancia de la gestión consular.
6. Una evaluación independiente de las necesidades del servicio exterior
El Gobierno debería promover una revisión técnica de la estructura consular y diplomática que determine qué funciones se necesitan, dónde existen duplicidades, qué tareas pueden digitalizarse, cuáles requieren atención presencial y cómo distribuir mejor los recursos.
Ese análisis debe incluir la participación de funcionarios de carrera, expertos en administración pública, representantes de los colombianos en el exterior, organizaciones y ciudadanos con experiencia en el seguimiento de la política migratoria.
No sería razonable diseñar una reforma de los consulados sin escuchar a quienes trabajan en ellos y a quienes utilizan sus servicios.
Estas alternativas no deben entenderse como un programa ya adoptado por la Cancillería, sino como líneas de trabajo que consideramox necesario evaluar e impulsar dentro de sus propuestas de modernización institucional.
¿Por qué el Gobierno no escucha las propuestas que llegan desde distintos sectores?
COLEXRET ha defendido que los problemas de los colombianos en el exterior requieren decisiones estructurales y no únicamente medidas coyunturales.
La creación de mecanismos de coordinación de la política migratoria, el fortalecimiento de la participación ciudadana, la modernización de los servicios consulares y el desarrollo de instrumentos que permitan conocer y atender mejor las necesidades de los connacionales son asuntos que merecen una discusión institucional seria.
No basta con recibir propuestas, radicar documentos o permitir que las organizaciones expongan sus inquietudes. Es necesario establecer procedimientos para evaluarlas, responderlas y explicar por qué se aceptan, se modifican o se descartan.
Cuando una iniciativa no resulta viable, el Gobierno debería poder explicar las razones jurídicas, técnicas o presupuestales que lo impiden. Y cuando una propuesta tiene elementos útiles, debería existir la posibilidad de incorporarlos a los planes de trabajo.
El silencio institucional frente a planteamientos debidamente presentados no contribuye a construir confianza.
Desde COLEXRET mantenemos nuestra disposición a contribuir con propuestas, investigaciones y análisis que permitan mejorar la política migratoria y la atención consular. Y ese compromiso no depende de la afinidad política con un gobierno determinado, sino de nuestra convicción de que los derechos de los colombianos en el exterior deben ocupar un lugar central en las decisiones del Estado.
Tal es el caso de la propuesta sobre la creación de la «Consejería Presidencial para las Migraciones», y que a través suyo se elabore el «Estatuto Migratorio Colombiano», pero sigue sin parársele bolas por parte de los encargados (Presidente Abelardo De La Espriella, Vicepresidente Jose Manuel Restrepo Abondano, Canciller Omar Bula Escobar, Viceministro de Migraciones Pedro Agustín Roa, y el Director del «DAPRE» Carlos Andrés Ríos Puerta).
¿Apoyar al Gobierno significa guardar silencio ante sus errores?
Nuestra respuesta inmediata es NO.
Respaldar los propósitos de una administración no significa concederle un cheque en blanco. Mucho menos cuando están en juego los servicios que reciben millones de ciudadanos fuera del territorio nacional y los derechos de los servidores públicos.
COLEXRET mantiene una disposición favorable a las iniciativas del actual Gobierno que contribuyan a mejorar las condiciones de los colombianos en el exterior. Precisamente por eso considera necesario advertir cuando una decisión puede producir resultados contrarios a los objetivos anunciados.
La crítica responsable no debe confundirse con la oposición sistemática. Tampoco el respaldo político debe convertirse en una renuncia al análisis independiente.
Si el actual Gobierno quiere diferenciarse de su antecesor, debe demostrarlo escuchando, corrigiendo y adoptando decisiones que respondan al interés general.
El riesgo de debilitar la carrera diplomática
La carrera diplomática y consular es una institución que requiere formación, experiencia, estabilidad y reglas claras.
Si sus integrantes perciben que el mérito puede quedar subordinado a los intereses del gobierno de turno, se debilita la confianza en el sistema y se envía un mensaje negativo a quienes consideran ingresar a él.
La incertidumbre sobre los nombramientos, los traslados, las oportunidades de ascenso y el respeto a las reglas puede afectar la continuidad del servicio y la capacidad del Estado para acumular experiencia institucional.
Pero el riesgo no se limita a los funcionarios, pues cuando las decisiones administrativas se adoptan sin una planificación adecuada, los ciudadanos pueden terminar pagando las consecuencias mediante demoras, interrupciones de servicios y mayores dificultades para ejercer sus derechos.
Por eso, el respeto a la carrera diplomática y la modernización de los consulados deben considerarse objetivos complementarios.
COLEXRET advierte que, si se mantiene una dinámica en la que cada gobierno desconoce o debilita las capacidades construidas por el anterior sin una evaluación técnica suficiente, la carrera diplomática podría perder atractivo, estabilidad y eficacia.
No se trata de afirmar que su desaparición sea inevitable, sino de advertir que su debilitamiento progresivo puede comprometer el funcionamiento del servicio exterior.
La respuesta no puede ser blindar a la institución frente a toda crítica ni permitir que la administración política disponga arbitrariamente de sus cargos. Debe consistir en fortalecer las garantías del mérito, exigir responsabilidades cuando corresponda y evaluar permanentemente la calidad del servicio.
¿Qué debe hacer ahora la Cancillería?
La denuncia de UNIDIPLO debería llevar al Ministerio de Relaciones Exteriores a adoptar medidas verificables.
COLEXRET considera prioritario que la Cancillería:
1. Presente un diagnóstico actualizado sobre las necesidades de personal de las oficinas consulares y las misiones diplomáticas, con especial atención a las sedes señaladas por UNIDIPLO.
2. Explique las desvinculaciones realizadas y las medidas previstas para garantizar que no se interrumpan los servicios ni se acumulen solicitudes pendientes.
3. Establezca un plan de contingencia para cubrir las vacantes prioritarias y garantizar la continuidad de la atención durante los procesos de transición administrativa.
4. Respete las normas de la carrera diplomática y consular, asegurando que los nombramientos y las provisiones de cargos se realicen conforme a las reglas aplicables.
5. Evalúe las necesidades de modernización, incluyendo la digitalización, la automatización de tareas y la incorporación legal de capacidades técnicas especializadas.
6. Publique indicadores de gestión comprensibles, que permitan comparar las necesidades, los recursos disponibles y los resultados de cada oficina.
7. Abra espacios de diálogo institucional con UNIDIPLO, las organizaciones de colombianos en el exterior, ciudadanos expertos en el tema, y otros sectores que hayan presentado propuestas para mejorar la política consular.
8. Establezca mecanismos de seguimiento que permitan conocer los avances, identificar retrasos y corregir las medidas que no produzcan los resultados esperados.
Estas acciones no requieren convertir la discusión en una confrontación entre el Gobierno y el sindicato, lo que requieren es reconocer que la continuidad del servicio público es una responsabilidad institucional y que las soluciones deben basarse en información, legalidad y planificación.
Preguntas necesarias de responder a los colombianos en el exterior
En medio de la discusión sobre la crisis consular, hay preguntas que merecen respuestas claras y que reflejan las inquietudes de los usuarios de estos servicios.
¿Por qué es tan difícil conseguir una cita en algunos consulados colombianos?
Las causas pueden variar entre oficinas. Entre los factores que deben investigarse están la demanda de trámites, la disponibilidad de personal, los sistemas de asignación de citas, los procedimientos internos y la capacidad tecnológica. No es correcto atribuir todas las dificultades a una sola causa sin examinar la situación de cada consulado.
¿La falta de personal es responsabilidad de los funcionarios consulares?
No necesariamente. Las decisiones sobre las plantas de personal, las asignaciones presupuestales y las vinculaciones administrativas corresponden a las autoridades competentes. Sin embargo, las responsabilidades por actuaciones concretas deben evaluarse individualmente, con fundamento en los hechos y las normas aplicables.
¿Por qué se retira personal de los consulados sin reemplazarlo oportunamente?
UNIDIPLO sostiene que algunas desvinculaciones recientes han dejado vacantes sin cubrir y han afectado la capacidad operativa de determinadas oficinas. Corresponde a la Cancillería explicar las razones de esas decisiones, sus efectos y las medidas adoptadas para garantizar la continuidad del servicio.
¿Los consulados funcionarían mejor si todos sus funcionarios fueran de carrera diplomática?
No existe una respuesta automática. La carrera diplomática es fundamental para las funciones que le corresponden, pero la calidad de la atención también depende de la organización del trabajo, la disponibilidad de personal de apoyo, los recursos tecnológicos, los procedimientos y la planificación. Una reforma integral debe considerar todos estos elementos.
¿Es posible modernizar los consulados sin reducir el personal?
Sí. La modernización puede incluir la simplificación de trámites, la digitalización, la automatización de tareas repetitivas, la redistribución de cargas de trabajo y el fortalecimiento de equipos especializados. Cada medida debe evaluarse según sus resultados y sin sacrificar la atención humana que requieren determinados casos.
¿Qué puede hacer el Gobierno para evitar que se repitan los errores del periodo de Gustavo Petro?
Debe garantizar el cumplimiento de las reglas de la carrera diplomática, evaluar las necesidades de cada oficina, planificar las transiciones de personal, transparentar los nombramientos y someter las decisiones administrativas a controles efectivos. También debe evitar que los cambios de gobierno interrumpan la prestación de servicios esenciales.
¿Qué propone COLEXRET para mejorar la atención consular?
COLEXRET considera necesario combinar el respeto a la carrera diplomática con una reforma de la organización consular, equipos multidisciplinarios de apoyo, herramientas tecnológicas responsables, consulados móviles planificados, indicadores públicos y una participación más efectiva de los colombianos en el exterior en el seguimiento de la política migratoria.
¿El respaldo de COLEXRET al actual Gobierno significa que dejará de cuestionarlo?
No, jamás. COLEXRET está dispuesto a respaldar las decisiones que contribuyan al bienestar de los colombianos en el exterior, pero continuará ejerciendo su labor crítica, pedagógica y propositiva. El seguimiento independiente a la gestión pública es compatible con el apoyo a las iniciativas que resulten beneficiosas para la ciudadanía.
COLEXRET no pide privilegios: exige soluciones
La denuncia de UNIDIPLO debe ser una oportunidad para corregir problemas que se han acumulado durante años.
Los funcionarios de carrera diplomática merecen respeto por su preparación, su experiencia y su compromiso con el servicio público. Los trabajadores de apoyo también deben ser tratados con criterios de legalidad y responsabilidad administrativa. Pero, por encima de las disputas internas, están los ciudadanos.
Los colombianos que viven fuera del país no deberían tener que elegir entre defender a los funcionarios que los atienden y reclamar un servicio consular digno. Ambas exigencias son legítimas y deben ser atendidas.
Tampoco deberían convertirse en espectadores de una disputa política en la que cada administración intenta imponer su propia estructura sin resolver las necesidades de fondo.
El Gobierno actual tiene ante sí una oportunidad para demostrar que puede hacer las cosas de manera diferente:,respetar la carrera diplomática, corregir las deficiencias administrativas, modernizar los procedimientos y escuchar a quienes llevan años estudiando y proponiendo soluciones a los problemas de los colombianos en el exterior.
COLEXRET mantiene su disposición a contribuir a ese propósito. No reclama que se acepten todas sus propuestas sin evaluación; reclama que se estudien con seriedad y que las decisiones se expliquen con argumentos.
Si una iniciativa es viable, debe poder convertirse en una medida concreta. Si no lo es, corresponde explicar por qué. Lo que no resulta razonable es que propuestas provenientes de distintos sectores permanezcan sin una respuesta sustancial mientras los problemas continúan acumulándose.
La atención consular no puede depender de la conveniencia política del momento. La carrera diplomática no puede quedar a merced de los cambios de gobierno. Y los colombianos en el exterior no pueden seguir esperando indefinidamente soluciones que ya deberían estar en marcha.
El comunicado de UNIDIPLO constituye una advertencia. La respuesta de la Cancillería será una prueba de la voluntad real de corregir las deficiencias.
Desde COLEXRET seguiremos observando, investigando y proponiendo. Nuestro respaldo a las iniciativas positivas del actual Gobierno no impedirá que señalemos aquello que deba corregirse.
Porque gobernar no consiste únicamente en nombrar, retirar o reorganizar funcionarios. Gobernar también significa escuchar, planificar, respetar las instituciones y garantizar que el Estado cumpla sus obligaciones. Y esa es, finalmente, la discusión que Colombia no puede seguir aplazando.
Por último, COLEXRET respalda lo positivo del actual Gobierno, pero le advierte que no puede corregir los errores del pasado reproduciendo prácticas que debiliten la carrera diplomática o deterioren la atención consular. La reforma que necesita el país debe proteger el mérito y, al mismo tiempo, modernizar de manera estructural los servicios que reciben los colombianos en el exterior.
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