Las siguientes frases reflejan el contenido de este artículo:
- Primero los colombianos, sí. Pero también primero la humanidad: COLEXRET respalda la seguridad, no la expulsión indiscriminada de migrantes
- Deportar delincuentes, sí. Expulsar migrantes irregulares sin oportunidad de regularizarse, no
- Migración irregular no significa delincuencia: COLEXRET fija posición ante la nueva política de deportaciones
- Colombia no debe convertirse en otro país que criminaliza al migrante
- El extranjero que delinque debe responder; el migrante que busca oportunidades debe tener una oportunidad
No todo migrante irregular es delincuente
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, acaba de ordenar el inicio de operativos para identificar extranjeros en situación irregular y proceder con deportaciones, comenzando por quienes estén involucrados en actividades delictivas.
La decisión fue anunciada el día de hoy 24 de agosto durante un consejo de seguridad en Barranquilla y, según lo informado, la instrucción tiene dos prioridades: primero localizar a extranjeros relacionados con delitos y, posteriormente, a quienes no hayan regularizado su situación migratoria.
El Presidente fue contundente al afirmar que no aceptará extranjeros que delincan en Colombia y que serán deportados. En eso, COLEXRET coincide plenamente con el Presidente.
Quien venga a Colombia a delinquir debe responder ante la justicia colombiana. Debe ser investigado, juzgado con todas las garantías del debido proceso, condenado cuando corresponda y, cuando legalmente proceda, expulsado del territorio nacional.
No tenemos absolutamente ninguna defensa para el delincuente extranjero.
Pero aquí comienza nuestra diferencia, pues una cosa es ser delincuente y otra, completamente distinta, encontrarse en situación migratoria irregular, por lo que al confundirlas sería un gravísimo error de política pública.
Irregular no significa ilegal, y mucho menos delincuente
En COLEXRET, desde nuestra creación, y mucho años antes, hemos sostenido una posición muy sencilla:
Nadie es ilegal.
Una persona puede encontrarse en una situación migratoria irregular. Puede haber ingresado sin cumplir determinado requisito, haber excedido el tiempo autorizado de permanencia, carecer de una visa determinada o haber perdido la vigencia de un permiso.
Pero convertir esa circunstancia administrativa en una etiqueta sobre la persona es algo completamente diferente.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ha explicado precisamente por qué recomienda utilizar expresiones como “migración irregular” y “migrante en situación irregular”, en lugar de “migrante ilegal”.
Entre otras razones, porque la palabra “ilegal” introduce una connotación criminal que no corresponde a la inmensa mayoría de quienes se encuentran en esa situación.
El propio sistema terminológico de Naciones Unidas (0NU), utiliza como término preferente “irregular migrants”, mientras que “illegal immigrants” aparece como término que debe ser sustituido.
Una situación administrativa no convierte a un ser humano en un ser ilegal.
La diferencia no es simplemente semántica, es una diferencia de dignidad, es una diferencia jurídica, y también es una diferencia de política pública.
¿Acaso un colombiano que se desplaza dentro de Colombia se convierte en ilegal?
En COLEXRET hemos utilizado muchas veces un ejemplo sencillo.
Supongamos que una familia de La Guajira abandona su territorio porque allí no encuentra las oportunidades necesarias para alimentar y sacar adelante a sus hijos, y se marcha a Cali, a Medellín, a Bogotá, o a cualquier otra ciudad.
¿Alguien llamaría “ilegal” a esa familia por buscar comida, trabajo, seguridad y mejores condiciones de vida en otra ciudad? Por supuesto que no.
Y si mañana un colombiano sale de Colombia hacia otro país buscando exactamente lo mismo, tampoco debería convertirse automáticamente en un “ilegal”. Porque,
- Ilegal no es buscar comida.
- Ilegal no es buscar trabajo.
- Ilegal no es querer proteger a los hijos.
- Ilegal no es querer vivir en un ambiente más seguro.
- Ilegal no es intentar construir un futuro diferente.
La situación migratoria puede ser irregular, la persona no.
Pero una cosa debe quedar absolutamente clara: COLEXRET no defiende delincuentes
Que nadie tergiverse nuestra posición.
COLEXRET es, ha sido y seguirá siendo absolutamente contrario a la delincuencia.
Si un extranjero llega a Colombia y roba, asesina, viola, secuestra, trafica drogas, extorsiona, participa en organizaciones criminales o comete cualquier otro delito, debe enfrentar la justicia colombiana.
Y si después de cumplir las garantías judiciales corresponde su expulsión, debe ser expulsado.
No defendemos delincuentes. No solicitamos privilegios para delincuentes. No queremos organizaciones criminales extranjeras en Colombia; con las que tenemos dentro es suficiente, aunque hay que derrotarlas.
Pero tampoco aceptamos que la condición migratoria de una persona sea utilizada como prueba de criminalidad.
La propia comunidad internacional ha insistido en separar ambas circunstancias, ya que la entrada o permanencia irregular puede constituir una infracción administrativa, pero no convierte por sí misma al migrante en delincuente.
Colombia tiene suficientes problemas de delincuencia interna como para permitir que quienes vienen de cualquier nacionalidad a delinquir encuentren aquí un refugio.
Con los delincuentes, firmeza, pero con el migrante honrado, humanidad. Ambas cosas pueden coexistir.
Colombia ya ha demostrado que regularizar es posible
Y aquí aparece una pregunta que el Gobierno debe responder antes de iniciar una expulsión masiva de personas simplemente por encontrarse en situación irregular:
¿Cuántas de esas personas podrían ser regularizadas?
Colombia no parte de cero, pues durante los últimos años el Estado creó diferentes mecanismos para permitir la regularización de ciudadanos extranjeros, especialmente venezolanos.
Entre ellos se encuentran:
- El Permiso Especial de Permanencia (PEP), creado en 2017 y ampliado mediante diferentes fases;
- El PEP-RAMV, dirigido a población venezolana identificada mediante el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos;
- El Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF), creado mediante el Decreto 117 de 2020;
- El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), creado mediante el Decreto 216 de 2021;
- La Resolución 0971 de 2021, que implementó el ETPV;
- El Permiso por Protección Temporal (PPT);
- Y posteriormente mecanismos específicos como el PEP-Tutor, creado mediante el Decreto 1209 de 2024.
No se trató simplemente de discursos, pues se entregaron documentos, se registraron personas, se permitieron actividades laborales, se facilitó el acceso a educación, salud y otros servicios. Y los resultados fueron enormes.
¿Cuántos venezolanos fueron regularizados?
Los propios datos oficiales de Migración Colombia permiten comprender la magnitud; veamos:
Para agosto de 2024, la estimación oficial señalaba 2.811.570 ciudadanos venezolanos en Colombia.
De ellos, 1.935.808 tenían un PPT autorizado; 343.003 se encontraban en proceso de autorización del PPT; en total, 2.278.811 estaban siendo o habían sido regularizados mediante el ETPV; mientras 459.835 se encontraban en situación migratoria irregular.
Es decir, el propio Estado colombiano consiguió incorporar al sistema de regularización a una enorme proporción de la población venezolana.
Y precisamente por eso debemos preguntarnos ¿Qué ocurrió con quienes quedaron por fuera?
- No todos quedaron por fuera por la misma razón.
- Algunos no cumplieron los requisitos.
- Otros llegaron posteriormente.
- Otros no terminaron los procedimientos.
- Otros tuvieron dificultades documentales.
- Otros superaron los plazos.
- Otros ingresaron irregularmente.
- Otros simplemente no pudieron completar los trámites.
Por eso no puede tratarse a todos como si fueran una misma categoría.
El Gobierno necesita identificar caso por caso, pues no podemos comenzar por expulsar cuando podemos comenzar por regularizar
La propuesta de COLEXRET es sencilla Sr. Presidente,
Si el Gobierno considera que existe actualmente un número importante de extranjeros en situación irregular, primero debe conocer quiénes son.
No se puede construir una política migratoria seria sin información.
Por ello proponemos:
Una Jornada Nacional Extraordinaria de Regularización Migratoria
Una especie de última oportunidad administrativa para, entre otros:
- No tengan condenas por delitos graves, ni representen un riesgo para la seguridad nacional;
- Que no estén vinculados a organizaciones criminales, ni tengan órdenes judiciales que hagan improcedente su permanencia;
- Que puedan demostrar identidad;
- Que acrediten permanencia y arraigo cuando corresponda;
- Que estén dispuestos a cumplir las obligaciones tributarias, laborales y migratorias;
- Y acepten someterse a los controles de seguridad del Estado.
El objetivo sería sencillo, saber quién está en Colombia, dónde está, qué hace, si trabaja, si estudia, si tiene familia, si tiene antecedentes y si puede ser incorporado legalmente a la sociedad.
Después de esa oportunidad, sí. Quien no quiera regularizarse; quien continúe infringiendo deliberadamente las normas; quien cometa delitos; quien represente una amenaza real; debe enfrentar las consecuencias.
Deportación no puede significar ausencia de debido proceso
Aquí no estamos hablando únicamente de humanidad, estamos hablando también de Constitución y Estado de Derecho.
La Corte Constitucional, en la Sentencia SU-397 de 2021, fue absolutamente clara al indicar que los extranjeros tienen derechos y garantías constitucionales y, cuando enfrentan procedimientos administrativos sancionatorios que pueden terminar en deportación o expulsión, el Estado debe garantizarles el debido proceso.
La Corte estableció, entre otras garantías las siguientes:
- Derecho de defensa y contradicción;
- Conocimiento de los cargos;
- Asistencia de intérprete cuando sea necesario;
- Posibilidad de recibir asesoría jurídica;
- Valoración de las circunstancias familiares;
- Especial consideración cuando existen niños, niñas o adolescentes;
- Decisión motivada;
- Posibilidad de revisión en los casos previstos;
- Y prohibición de expulsiones colectivas.
La Corte lo dijo de manera especialmente importante que la facultad discrecional del Estado no puede convertirse en arbitrariedad.
Colombia tiene soberanía para decidir quién puede permanecer en su territorio. Por supuesto que sí. Pero esa soberanía se ejerce dentro de la Constitución, la ley y los tratados internacionales de derechos humanos.
Incluso Migración Colombia distingue entre deportación y expulsión
El balance oficial de cierre del Gobierno anterior permite entender que no son exactamente lo mismo.
Entre agosto de 2022 y junio de 2026 se registraron 3.389 deportaciones y 2.576 expulsiones, para un total cercano a 6.000 actuaciones administrativas.
Pero las causales son reveladoras, pues por deportaciones aparecieron principalmente, permanencia irregular 1.380 casos; ingreso o salida irregular 1.315 casos; obtención fraudulenta de visas o declaraciones falsas 227 casos; y por otras causas 467 casos.
Mientras que entre las expulsiones las causales fueron de mayor gravedad, incluyendo riesgos para la seguridad nacional y el orden público, requerimientos de autoridades extranjeras o Interpol, documentación fraudulenta, órdenes judiciales y otros supuestos.
Esto demuestra algo fundamental, y es que la propia administración migratoria colombiana reconoce que la irregularidad y la criminalidad no son conceptos idénticos.
Por eso preocupa que una política pública termine presentándolos ante la sociedad como si fueran una sola cosa.
El Gobierno de De La Espriella debe escuchar esta advertencia
Sr. Presidente, COLEXRET ha compartido y respaldado varios de sus pronunciamientos, y seguro que lo seguirá haciendo.
Desde nuestra posición hemos expresado la disposición de colaborar con su Gobierno en todo aquello relacionado con la temática migratoria, especialmente en favor de los colombianos en el exterior, los colombianos retornados y la construcción de una verdadera Política Migratoria Colombiana.
Y precisamente por eso tenemos la obligación de decirle también aquello con lo que no estamos de acuerdo.
No sería responsable aplaudirlo todo simplemente porque somos partidarios de la seguridad.
La seguridad sí. La justicia sí. La lucha contra el delito sí. La defensa del colombiano sí.
Pero la criminalización colectiva de los extranjeros, no.
Presidente, no convierta la migración irregular en el enemigo
Debe evitarse a toda costa que la migración termine convirtiéndose en el nuevo enemigo político.
Ya hemos visto ese fenómeno en diferentes lugares del mundo.
En Estados Unidos y Europa, distintos movimientos y dirigentes de derecha radical o extrema han convertido la inmigración en uno de los principales ejes de sus discursos políticos, asociándola en determinados casos con inseguridad, pérdida de identidad o delincuencia.
El problema no está en defender las fronteras, ya que todo Estado tiene derecho a controlar quién entra, quién permanece y quién sale. El problema aparece cuando el extranjero deja de ser tratado como persona y pasa a ser presentado como amenaza por el simple hecho de ser extranjero.
Eso alimenta la xenofobia.
Y las Naciones Unidas han advertido precisamente que asociar la migración irregular con la criminalidad puede producir estigmatización y fomentar ambientes de xenofobia y hostilidad.
Colombia no debe seguir ese camino.
Venezuela no puede convertirse en el chivo expiatorio
Colombia conoce perfectamente la realidad venezolana.
Millones de personas cruzaron la frontera buscando seguridad, alimentos, empleo, educación y oportunidades.
Muchos llegaron sin documentos, algunos con ellos vencidos. Muchos no tuvieron posibilidades reales de cumplir inmediatamente con los requisitos establecidos por el Estado colombiano. Y muchos otros se integraron a nuestra sociedad, trabajan, pagan arriendo, compran alimentos, crean empresas, estudian y tienen hijos colombianos.
La inmensa mayoría no son delincuentes, pero al igual que los colombianos en el exterior, por más honrados y trabajadores que sean, los extremistas políticos los estigmatizan con la delincuencia, en especial con el narcotráfico. Ese Karma nos sigue a todas partes.
Por eso resulta injusto que la conducta de una minoría termine convirtiéndose en el criterio para juzgar a todos.
Y hay algo todavía más importante:
Colombia debe recordar que también es un país de emigrantes.
Nosotros también nos vamos
Soy Ricardo Marín Rodríguez.
Hace aproximadamente 25 años tuve que salir de Colombia hacia España.
He sido emigrante, inmigrante y retornado. Y posteriormente tuve que volver a salir de Colombia para convertirme nuevamente en emigrante colombiano e inmigrante en España.
He vivido la migración en carne propia, sé lo que significa estar sin documentos, y también sé lo que significa conseguirlos.
La diferencia es enorme.
Ud. de eso no sabe Sr. Presidente, pero yo, y más de 5 millones fuera de nuestras fronteras si.
Cuando una persona está irregular, vive con incertidumbre, tiene miedo, tiene dificultades para trabajar formalmente, y para acceder a determinados derechos.
Teme a los controles, teme ser detenido., teme que una situación administrativa termine separándolo de sus hijos; pero cuando obtiene sus documentos, el panorama cambia completamente.
Por eso no hablo desde un escritorio, hablo desde la experiencia de quien alguna vez estuvo en esa situación.
Y precisamente por haberla vivido, puedo comprender al extranjero que hoy se encuentra en Colombia.
¿Qué pasaría si todos los países actuaran como si el irregular fuera delincuente?
Entonces tendríamos que preguntarnos qué ocurriría con los millones de colombianos que durante décadas han salido del país.
No todos se fueron con contrato laboral. No todos llegaron con residencia. No todos llegaron con una visa de trabajo.
Muchos llegaron como turistas. Muchos buscaron empleo. Muchos regularizaron posteriormente su situación. Otros no pudieron hacerlo. Y algunos fueron deportados.
¿Deberíamos aceptar entonces que todos ellos fueran tratados como delincuentes?
Por supuesto que no.
Y exactamente por eso Colombia debe tener cuidado con el trato que ofrece a los extranjeros.
No podemos pedir en el exterior respeto para nuestros compatriotas mientras en Colombia negamos ese mismo principio a quienes vienen de otros países.
La propia experiencia de COLEXRET demuestra por qué Colombia necesita una política migratoria diferente
Durante años hemos denunciado situaciones en las que el propio Estado colombiano ha vulnerado derechos de sus ciudadanos en el exterior.
No lo hemos hecho para atacar a Colombia, lo hemos hecho precisamente porque creemos que Colombia debe tratar mejor a quienes nacimos aquí.
COLEXRET ha documentado durante años situaciones relacionadas con pasaportes, consulados, derechos, retorno, participación política, atención consular y otros asuntos que demuestran la necesidad de una política migratoria mucho más sólida.
Nuestra experiencia investigativa demuestra que Colombia todavía no cuenta con una verdadera política migratoria integral capaz de responder a todas las dimensiones del fenómeno.
Incluso hemos señalado la inoperancia histórica de estructuras creadas para atender las migraciones y la necesidad de reformar profundamente el sistema.
También hemos advertido que los colombianos en el exterior no pueden ser recordados únicamente cuando llegan las elecciones o cuando el Estado necesita hablar de remesas, turismo o imagen internacional.
Y esa misma filosofía debe aplicarse ahora a los extranjeros que viven en Colombia.
Colombia necesita un Estatuto Migratorio para todos
La solución no consiste en improvisar operativos cada vez que aparece una crisis. La solución es construir una política de Estado.
COLEXRET ha planteado durante años la necesidad de una Ley General Migratoria Colombiana, que integre en una misma visión a:
- Colombianos en el exterior;
- Colombianos retornados;
- Extranjeros residentes en Colombia;
- Población migrante en tránsito;
- Refugiados y solicitantes de protección;
- Familias transnacionales;
- Trabajadores migrantes;
- Estudiantes;
- Empresarios;
- Niños, niñas y adolescentes migrantes;
- Y todos los actores relacionados con la movilidad humana.
Nuestra propuesta parte de una premisa:
Colombia necesita dejar de administrar la migración mediante parches. Ya no más colcha de retazos.
La Ley 2136 de 2021 significó un avance importante al establecer definiciones, principios y lineamientos de la Política Integral Migratoria.
Pero el fenómeno migratorio colombiano es demasiado amplio y dinámico para continuar fragmentado en decretos, resoluciones, permisos temporales y decisiones administrativas aisladas.
COLEXRET ha planteado por eso una Ley General Migratoria Colombiana = Estatuto Migratorio, que agrupe y articule la política migratoria del Estado.
Y por eso proponemos una Consejería Presidencial para las Migraciones
La creación de una Consejería Presidencial para las Migraciones permitiría llevar el fenómeno migratorio directamente al centro de la toma de decisiones del Gobierno Nacional.
No se trata de crear burocracia por crear burocracia, todo lo contrario.
La propuesta debe ser austera, eficiente y sin generar un costo fiscal adicional, mediante la reorganización, coordinación y optimización de recursos y estructuras ya existentes.
La Consejería tendría como finalidad articular las instituciones que actualmente trabajan de manera fragmentada sobre migración.
Su función sería conectar:
Presidencia + Cancillería + Migración Colombia + Ministerio del Interior + Ministerio de Trabajo + Ministerio de Educación + Ministerio de Salud + Ministerio de Justicia + DNP + entidades territoriales + sociedad civil + colombianos en el exterior + población retornada + población extranjera en Colombia.
Y su misión principal sería construir y ejecutar una verdadera Política Migratoria Colombiana con visión de Estado y no de gobierno.
¿Qué ganaría Colombia con esa Consejería?
Muchísimo.
1. Una sola dirección estratégica
Hoy existen múltiples entidades con competencias relacionadas con migración. Una Consejería permitiría coordinar sus acciones desde la Presidencia.
2. Un verdadero Estatuto Migratorio
La Consejería podría liderar la construcción de un Estatuto Migratorio integral que reúna las necesidades de los colombianos y extranjeros.
3. Mejor control migratorio
Regularizar no significa abrir las fronteras sin control.
Al contrario. El Estado conoce mejor a quien está identificado que a quien permanece escondido.
Un migrante documentado puede ser ubicado, trabajar legalmente, pagar impuestos y ser sometido a los controles correspondientes.
4. Mejor seguridad
Una base de datos migratoria integral permitiría identificar con mayor precisión, antecedentes; órdenes judiciales; movimientos migratorios; situación documental; vínculos familiares; actividad económica; y posibles riesgos para la seguridad.
5. Protección para los colombianos en el exterior
La política migratoria no puede mirar solamente hacia adentro. Debe incluir también a los millones de colombianos que viven fuera del país.
6. Política de retorno
El retornado necesita una política real y no simplemente discursos.
COLEXRET ha documentado precisamente las deficiencias que existen en materia de retorno productivo y atención efectiva a quienes regresan al país.
7. Mejor integración
Los extranjeros que cumplan las normas pueden convertirse en trabajadores, empresarios, estudiantes y contribuyentes.
La integración legal es mucho más inteligente que la clandestinidad.
8. Una política específica para niños y familias
La migración no puede analizarse únicamente desde la perspectiva del adulto, pues existen familias, niños y adolescentes que pueden resultar afectados por decisiones administrativas.
La propia Corte Constitucional ha exigido que las circunstancias familiares sean valoradas en los procesos de deportación y expulsión.
¿Y qué hacemos con los irregulares?
No podemos simplemente mirar para otro lado.
COLEXRET tampoco propone eso. Proponemos regularizar para controlar.
Una gran jornada nacional permitiría que todos los extranjeros en situación irregular se presenten ante el Estado.
Se les identifica, se verifica su historial, se determina su situación, se establece si tienen familia, se verifica si trabajan, se determina si pueden acceder a una categoría migratoria, y se les entrega una oportunidad concreta para ponerse en regla.
Después de esa oportunidad, cambia el escenario.
Quien decidió regularizarse, bienvenido a cumplir la ley, quien no quiso hacerlo deberá asumir las consecuencias administrativas correspondientes.
Quien delinquió, justicia; quien tenga una orden judicial, justicia; quien pertenezca a una organización criminal, justicia; quien represente un riesgo real para Colombia, aplicación de la ley.
Pero quien simplemente está irregular porque no consiguió sus documentos, primero una oportunidad de regularización.
No podemos deportar a ciegas Sr. Presidente
Una política de deportación masiva puede parecer sencilla.
Pero gobernar no consiste en hacer lo aparentemente sencillo. Consiste en solucionar el problema.
- ¿Dónde están los padres?
- ¿Dónde están los hijos?
- ¿Dónde están los trabajadores?
- ¿Dónde están quienes tienen años viviendo en Colombia?
- ¿Dónde están quienes tienen hijos colombianos?
- ¿Dónde están quienes llegaron siendo niños?
- ¿Dónde están quienes tienen una solicitud pendiente?
- ¿Dónde están quienes nunca pudieron pagar una visa?
- ¿Dónde están los solicitantes de refugio?
- ¿Dónde están las víctimas de trata?
- ¿Dónde están quienes necesitan protección internacional?
Cada caso es diferente, y precisamente por eso no se puede meter a todos en el mismo saco.
Colombia ya tiene experiencia en regularización. Hay que aprender de ella
El ETPV demostró que Colombia puede identificar a una población migrante de enormes dimensiones y convertir una parte significativa de ella en población documentada.
El mecanismo llegó a casi 2,3 millones de personas regularizadas o en proceso de regularización en agosto de 2024.
Eso demuestra que existe capacidad institucional.
Ahora hay que utilizar esa experiencia para construir un mecanismo permanente.
No podemos estar inventando un permiso nuevo cada vez que aparece una crisis.
Necesitamos un sistema estable, previsible, digital, transparente, controlable, y con consecuencias claras.
También hay que decir algo sobre los colombianos que están saliendo del país
No comparto la idea de utilizar cualquier incremento en las salidas internacionales como prueba automática de una emigración permanente.
Migración Colombia advierte que muchas salidas corresponden a turismo, negocios, estudios, visitas y movilidad circular.
Pero los datos también muestran un aumento importante de los movimientos internacionales de colombianos.
En 2022 se registraron 4.881.377 salidas de colombianos y en 2025 fueron 5.816.382. El saldo migratorio pasó de 498.620 en 2022 a 136.183 en 2025, por lo que las cifras deben interpretarse con cuidado y no equivalen automáticamente a emigración permanente.
Pero hay un dato que no podemos ignorar, y es que cada salida representa una persona que decidió cruzar una frontera; y detrás de algunas de esas salidas hay búsqueda de oportunidades.
Hay jóvenes, hay profesionales, hay familias, hay trabajadores, hay personas que consideran que en otro lugar pueden construir un mejor futuro.
Eso también es migración.
Yo sé por qué un colombiano se va
Porque lo hice y no me avergüenzo de haberlo hecho.
Me fui buscando oportunidades y posteriormente regresé. Y nuevamente tuve que salir.
Por eso cuando veo a una familia venezolana, ecuatoriana, peruana, africana, asiática o de cualquier otro lugar intentando sobrevivir en Colombia, no puedo verla únicamente como un número dentro de una estadística migratoria.
Veo seres humanos, veo familias, veo personas intentando resolver su vida; y también veo algo que podría haber sido mi propia historia.
Presidente De La Espriella: usted tiene la oportunidad de hacer algo diferente
Presidente:
Puede usted construir una política migratoria firme sin ser cruel.
Puede defender a los colombianos sin perseguir extranjeros.
Puede combatir el delito sin criminalizar la migración.
Puede fortalecer las fronteras sin destruir la dignidad humana.
Puede deportar delincuentes sin deportar indiscriminadamente a quienes simplemente están irregulares.
Puede hacer algo que otros gobiernos no han hecho, como es convertir la migración en una verdadera política de Estado.
Y ahí encontrará a COLEXRET.
No para aplaudirlo ciegamente, no para atacarlo gratuitamente, sino para investigar, aportar, señalar y proponer.
La seguridad también es humanidad
Hay quienes creen que defender los derechos de los migrantes significa estar en contra de la seguridad.
Eso es falso. Yo estoy absolutamente a favor de la seguridad. Estoy en contra de los delincuentes.
Y considero que quien comete delitos debe recibir penas efectivas y proporcionales a la gravedad de sus actos.
No creo que la sociedad deba ser obligada a soportar indefinidamente a delincuentes reincidentes.
Creo que la justicia debe funcionar, creo que las víctimas merecen prioridad, creo que el Estado debe proteger a los ciudadanos, y creo que, cuando legalmente corresponda, el extranjero condenado debe ser expulsado.
Pero precisamente porque creo en la justicia, también creo en el debido proceso.
No al racismo. No a la xenofobia. No a la criminalización colectiva
Colombia no puede comenzar a construir una política migratoria basada en el odio.
No podemos enseñarles a nuestros hijos que el extranjero es peligroso por ser extranjero.
No podemos convertir una nacionalidad en una sospecha.
No podemos mirar a un venezolano y pensar automáticamente en delincuencia.
No podemos mirar a un africano y pensar automáticamente en ilegalidad.
No podemos mirar a un asiático y sospechar de él.
No podemos mirar a un colombiano que llega irregular a otro país y exigir respeto mientras aquí negamos ese mismo respeto a los extranjeros.
Así como la nacionalidad no determina la honestidad, la situación migratoria tampoco determina la criminalidad.
El delito lo determina una conducta, y esa conducta debe probarse conforme a la ley.
Seguiré defendiendo la movilidad humana hasta el último de mis días
Desde hace años nuestra posición ha sido clara.
COLEXRET defiende a los colombianos en el exterior, defiende a los retornados, defiende una política migratoria colombiana seria.
Y, precisamente por defender a nuestros compatriotas, también defenderá los derechos fundamentales de los extranjeros que se encuentren en Colombia.
Porque la movilidad humana no puede depender de la nacionalidad.
Hoy somos país de emigrantes?, mañana podemos ser país de inmigrantes?.
No, Colombia ya es un país de emigrantes e inmigrantes; y la verdadera política migratoria debe funcionar en ambos sentidos
Una Política Migratoria Colombiana seria debe responder simultáneamente a:
¿Cómo protegemos al colombiano que está en España, que está en Estados Unidos, que está en cualquier país del mundo?
Pero también:
¿Cómo tratamos al español que vive en Colombia, al venezolano, al peruano, al africano, al asiático. ¿Cómo tratamos al estadounidense?
La respuesta debe ser: conforme a la ley, con controles, con derechos y con dignidad.
El mensaje de COLEXRET al Presidente Abelardo De La Espriella
Presidente De La Espriella:
Estamos de acuerdo con que los delincuentes extranjeros se vayan de Colombia. Y cuanto antes mejor.
Estamos de acuerdo con fortalecer los controles migratorios.
Estamos de acuerdo con perseguir organizaciones criminales.
Estamos de acuerdo con proteger a los colombianos.
Estamos de acuerdo con exigir que todo extranjero cumpla las leyes colombianas.
Estamos de acuerdo con sancionar a quienes deliberadamente violen las normas.
Pero NO estamos de acuerdo con expulsar a seres humanos simplemente porque se encuentran en situación migratoria irregular sin haberles ofrecido primero una oportunidad real, razonable y transparente de regularizarse.
Y mucho menos aceptaremos que se utilice el término “ilegal” para convertir a una persona en una categoría criminal.
Primero los colombianos, sí. Pero también primero la humanidad
“Primero los colombianos” puede ser una legítima prioridad de política pública.
El Estado colombiano debe proteger a sus ciudadanos.
Debe crear empleo, garantizar seguridad, defender sus derechos, atender a quienes están fuera del país, recibir dignamente a quienes retornan. Y debe construir oportunidades para que nadie tenga que irse por desesperación.
Pero primero los colombianos no puede significar últimos los derechos de los extranjeros.
Colombia puede defender a sus nacionales y al mismo tiempo respetar a quienes llegan.
Puede tener fronteras fuertes y corazón humano. Puede tener seguridad y derechos. Puede tener autoridad y dignidad. Puede tener deportaciones para quienes corresponda y regularización para quienes merecen una oportunidad.
Esta es la propuesta
Por eso COLEXRET propone al Gobierno Nacional:
1. Realizar un diagnóstico nacional de la población extranjera irregular.
2. Abrir una jornada extraordinaria de regularización.
3. Excluir de cualquier beneficio de regularización a quienes tengan impedimentos legales, condenas o vínculos comprobados con organizaciones criminales, sin perjuicio de los derechos que les correspondan dentro de los procesos respectivos.
4. Crear mecanismos de regularización laboral para quienes demuestren actividad económica lícita.
5. Priorizar la protección de niños, niñas, adolescentes y familias.
6. Garantizar debido proceso en toda deportación o expulsión.
7. Fortalecer los controles de antecedentes y seguridad.
8. Crear un sistema único de información migratoria.
9. Integrar la política migratoria de extranjeros con la política de colombianos en el exterior y retornados.
10. Crear la Consejería Presidencial para las Migraciones.
11. Construir un Estatuto Migratorio Colombiano de largo plazo.
12. Convertir la migración en una política de Estado y no en una política de gobierno.
El verdadero reto
El verdadero reto para el Presidente De La Espriella no es demostrar que puede deportar.
Colombia ya ha deportado y expulsado miles de extranjeros.
Migración Colombia reportó cerca de 6.000 actuaciones entre deportaciones y expulsiones durante el Gobierno Petro.
El verdadero reto es otro; es demostrar que Colombia puede controlar la migración sin perder su humanidad.
Eso sí sería una verdadera política de Estado. Eso sí sería liderazgo.
Eso sí diferenciaría a Colombia de los discursos extremistas que pretenden solucionar todos los problemas culpando al extranjero.
Una última reflexión personal
Hace 25 años yo también fui el extranjero.
Yo también llegué a otro territorio.
Yo también conocí la incertidumbre.
Yo también estuve sin documentos.
Yo también sé lo que significa mirar una frontera desde el otro lado.
Y después conseguí regularizar mi situación.
Por eso no puedo permanecer callado ahora.
No puedo defender los derechos de los colombianos en el exterior y guardar silencio cuando esos mismos derechos son puestos en riesgo para otros seres humanos dentro de mi Colombia.
Los derechos humanos no tienen nacionalidad. Y eso no significa que los Estados no puedan controlar sus fronteras. Significa que deben hacerlo dentro de la ley.
Con los delincuentes, sí: mano firme
Quede absolutamente claro, COLEXRET no quiere delincuentes extranjeros en Colombia.
Ni venezolanos, ni colombianos, ni españoles, ni estadounidenses, ni africanos, ni asiáticos, ni de ninguna nacionalidad.
El delincuente debe responder, debe ser juzgado, debe pagar. Y cuando legalmente corresponda, debe ser expulsado.
Pero el migrante que llegó a Colombia buscando trabajo, seguridad y oportunidades no puede ser tratado como delincuente simplemente porque todavía no logró regularizar sus documentos.
Ahí está la diferencia.
COLEXRET seguirá insistiendo, persistiendo, resistiendo, y nunca dejará de insistir
COLEXRET continuará apoyando las decisiones del Gobierno que realmente protejan a los colombianos.
Continuará respaldando la lucha contra la delincuencia. Continuará defendiendo la seguridad. Pero también continuará defendiendo la movilidad humana.
Continuará exigiendo derechos para los colombianos en el exterior. Continuará defendiendo a los retornados.
Y continuará defendiendo a los extranjeros que viven legalmente en Colombia o que, encontrándose en situación irregular, no han cometido delitos y merecen una oportunidad para ponerse en regla.
Porque nuestra posición no ha cambiado:
- Al delincuente, justicia.
- Al criminal extranjero, expulsión cuando corresponda legalmente.
- Al migrante irregular que no delinque, una oportunidad de regularizarse.
- Al ser humano, dignidad.
Y al Gobierno colombiano: una verdadera Política Migratoria Colombiana.
Una política que mire hacia afuera y hacia adentro, una política que proteja a los nuestros sin perseguir a los otros, una política que tenga seguridad, pero también humanidad.
Una política que pueda convertirse en ejemplo para el mundo.
Hoy estamos aquí y así, mañana no sabemos dónde ni cómo
Porque mañana podemos volver a ser nosotros los que estemos del otro lado de una frontera.
Eso lo aprendí hace 25 años.
Y por eso lo digo desde la experiencia, no desde la teoría.
Colombia tiene derecho a defenderse, tiene derecho a controlar sus fronteras, y tiene derecho a expulsar a quien legalmente deba ser expulsado.
Pero Colombia también tiene la obligación de recordar que detrás de cada expediente migratorio hay una persona.
Y detrás de muchas de esas personas hay una historia. Una familia. Un hijo. Una madre. Un padre. Un sueño. Una necesidad. Una tragedia.
O simplemente el deseo legítimo de vivir mejor.
Así que no confundamos al delincuente con el migrante. No confundamos irregularidad con criminalidad. No confundamos seguridad con xenofobia.
Y, sobre todo:
No hagamos a otros lo que no queremos que otros países hagan con nuestros propios compatriotas.
Sr. Presidente Abelardo De La Espriella, cuándo vamos a tener el honor mutuo de hablar de tú a tú?
Estoy disponible 25/8
Ricardo Marín Rodríguez
Creador y director de COLEXRET.com
Investigador y escritor de Temática Migratoria Colombiana.
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www.colexret.com
Fuentes y documentos de referencia
La presente editorial fue elaborada a partir de la información publicada sobre la nueva decisión presidencial, así como de fuentes oficiales, jurisprudenciales y especializadas, entre ellas El Universal, Migración Colombia, la Corte Constitucional de Colombia, Dejusticia, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y documentos del sistema de Naciones Unidas.
También se contrastaron los antecedentes de regularización colombianos, incluido el PEP, PEPFF, ETPV, PPT y PEP-Tutor, junto con las estadísticas oficiales disponibles sobre población venezolana y situación migratoria.
La posición editorial de COLEXRET sobre la necesidad de una Política Migratoria Colombiana integral y la protección de los colombianos en el exterior se articula con investigaciones y propuestas publicadas anteriormente por este medio.
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