Una nueva política exterior, un nuevo Viceministerio y millones de colombianos en el exterior colocan nuevamente sobre la mesa una pregunta que llevamos más de una década formulando:
¿Por qué Colombia no tiene todavía una instancia presidencial que coordine integralmente su política migratoria?
Colombia puede estar ante el momento que durante años estuvo esperando
Hay momentos en que las circunstancias comienzan a alinearse. Y Colombia parece encontrarse nuevamente ante uno de ellos.
Un nuevo Gobierno ha anunciado una reorientación de la política exterior.
El canciller Omar Bula Escobar ha hablado ante el Congreso de la República de una política exterior que debe mirar más allá de un período presidencial y proyectarse como una verdadera política de Estado.
Existe un nuevo Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional (Viceministerio de las Migraciones).
El propio Estado presentó en julio pasado los Lineamientos Estratégicos de Gobernanza Migratoria 2026-2036.
Más de 5,5 millones de colombianos viven fuera del país, según la propia Cancillería, aunque la estadística oficial desde el año 2012 de la misma entidad indica que son 4.700.000.
Y, mientras todo esto ocurre, una propuesta que COLEXRET viene construyendo desde hace años acaba de llegar directamente a las manos del actual Viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa Arboleda.
La propuesta entregada en el día de ayer 23 de los corrientes, por nuestro director Ricardo Marín Rodríguez, no fue, en esta oportunidad, simplemente un proyecto de Estatuto Migratorio.
El documento tiene como eje la creación de una Consejería Presidencial para las Migraciones.
Una Consejería que, entre otros objetivos, tendría precisamente la responsabilidad de ayudar a conducir al país hacia una verdadera Política Migratoria Colombiana, integral, articulada, de largo plazo y con capacidad de convertirse en política de Estado.
Y dentro de ese proceso aparece uno de los grandes objetivos: construir un Estatuto Migratorio Colombiano que reúna y armonice la dispersa normativa existente.
El canciller Bula habló de una política exterior para las próximas décadas
En su intervención ante la Comisión Segunda del Senado, el canciller Omar Bula Escobar expuso los pilares de la nueva orientación de la política exterior colombiana.
Entre sus planteamientos apareció una idea que tiene enorme importancia para la discusión migratoria, como es la necesidad de construir una política que no dependa exclusivamente de un período presidencial, sino que tenga perspectiva de largo plazo.
Bula habló de una política exterior orientada al interés nacional, de una Cancillería moderna, eficiente, pragmática y estratégicamente orientada, y de una cooperación internacional cuyos resultados puedan ser evaluados y medidos.
También señaló que la representación exterior debe responder de manera más efectiva a las necesidades del país y que debe existir una mayor alineación entre la red diplomática y consular y las prioridades nacionales.
Por eso preguntamos, «Si Colombia está pensando su política exterior para las próximas décadas, ¿por qué no hacer exactamente lo mismo con su Política Migratoria?»
Y hay otra pregunta:
¿Dónde se coordinan actualmente, con autoridad presidencial directa, todas las dimensiones de la temática migratoria colombiana?
Ahí es donde comienza a adquirir sentido la propuesta de una Consejería Presidencial para las Migraciones.
El nuevo Viceministerio de las Migraciones es un avance, pero también demuestra la magnitud del desafío
El 27 de agosto de 2026, el canciller Omar Bula formalizó la posesión de Pedro Agustín Roa Arboleda como Viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional.
El propio Roa reconoció que se trata de un Viceministerio reciente, y que su creación había sido discutida durante aproximadamente diez o doce años.
También señaló que su despacho tiene bajo su responsabilidad una multiplicidad de asuntos relacionados con las necesidades de los colombianos dentro y fuera del país.
Esto es importante porque la creación del Viceministerio demuestra que el Estado colombiano finalmente entendió que la temática migratoria requería un espacio institucional de mayor nivel dentro de la Cancillería.
Pero también demuestra que la dimensión de la problemática es demasiado grande para permanecer fragmentada entre diferentes entidades, dependencias, programas, normas y funcionarios.
La propia estructura normativa de la Cancillería distribuye competencias migratorias entre direcciones y grupos internos: política y asuntos migratorios, visas e inmigración, Colombia Nos Une, estadística consular y análisis de datos, entre otros.
Es decir, existe institucionalidad.
Pero la existencia de institucionalidad no necesariamente significa que exista una conducción integral de la Política Migratoria Colombiana desde la Presidencia de la República.
Y esa diferencia es precisamente el punto de partida de la propuesta de COLEXRET.
Los Lineamientos 2026-2036: un documento importante, pero con una pregunta pendiente
El 7 de julio de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó los Lineamientos Estratégicos de Gobernanza Migratoria 2026-2036.
La Cancillería los presentó como una hoja de ruta para la próxima década.
Según la información oficial, fueron construidos mediante nueve mesas técnicas, 25 ciclos deliberativos, con participación de 22 instituciones y 1.177 personas provenientes de nueve departamentos y 22 municipios.
La Cancillería afirmó que participaron organizaciones sociales, personas migrantes, colombianos en el exterior, retornados, academia, cooperación internacional, autoridades territoriales y entidades del Estado.
La entonces canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy resumió el propósito diciendo que la realidad migratoria exigía una gobernanza integral, con visión de Estado, de largo plazo y centrada en las personas.
Hasta aquí, todo parece coincidir con una preocupación que COLEXRET lleva años planteando, pero precisamente es donde aparece una de las preguntas que no debería esconderse debajo de la alfombra.
¿Participaron todos los sectores que debían participar?
COLEXRET no fue invitada ni convocada a ese proceso. Y, según lo investigado, tampoco lo fueron numerosos líderes y organizaciones de colombianos residentes en diferentes países que llevan años trabajando sobre la problemática migratoria.
Esto merece ser dicho porque existe una diferencia entre afirmar que un proceso fue participativo y demostrar que la participación alcanzó realmente a la diversidad de voces existentes dentro de la población migrante colombiana.
La Cancillería dice que escuchó las voces de colombianos en el exterior y de organizaciones sociales.
Y COLEXRET pregunta, ¿Quiénes y qué criterios se utilizaron para seleccionar a quienes participaron?
No se trata de que estemos reclamando un privilegio. Se trata de preguntar si una política que pretende representar a millones de colombianos repartidos por el mundo puede darse el lujo de prescindir de voces críticas que llevan años documentando precisamente las fallas del sistema.
La relación entre COLEXRET y Yolanda Villavicencio: una historia que tampoco debe ocultarse
COLEXRET ha sido particularmente crítico con la gestión de Rosa Yolanda Villavicencio Mapy durante su paso por la Cancillería.
Nuestros archivos contienen investigaciones en las que cuestionamos la conformación y funcionamiento de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, la actuación de Colombia Nos Une y diferentes decisiones relacionadas con la política migratoria.
Nuestra posición ha sido que algunas de esas estructuras, pese a las buenas intenciones anunciadas, han terminado teniendo poca capacidad efectiva para producir cambios.
Y esa crítica viene de mucho antes de que Villavicencio llegara al Ministerio.
De hecho, hemos documentado actuaciones realizadas durante años ante diferentes entidades del Estado en defensa de los colombianos en el exterior.
Entre ellas se pueden apreciar gestiones relacionadas con beneficios tributarios (Eliminación del Impuesto de trimbre nacional del costo en los trámites consulares), vivienda, educación, participación ciudadana, la Mesa Nacional de la Sociedad Civil, la Comisión Nacional Intersectorial de Migraciones, y la propia creación del Viceministerio de las Migraciones.
Por eso existe una discusión que merece ser planteada sin insultos y sin personalizaciones: lo que antes podía presentarse como control político, veeduría ciudadana o ejercicio de ciudadanía no debería convertirse automáticamente en “odio” simplemente porque la crítica llegue a funcionarios que tuvieron responsabilidades de Gobierno, como el caso directo de la Sra. Yolanda Villavicencio Mapy, quien antes de ocupar cargos gubernamentales, a lo que hoy llama «odio», antes lo llamaba «Control político y Veeduría ciudadana»,
Existen expresiones públicas de la entonces canciller en las que calificó las críticas de COLEXRET en esos términos, y que deberían analizarse en su contexto.
Pero una cosa sí debería quedar clara, criticar la gestión pública no equivale necesariamente a atacar personalmente a quien la ejerce.
Y COLEXRET tiene derecho a exigir que sus investigaciones sean respondidas con argumentos, documentos y resultados.
COLEXRET no critica por criticar, lleva años demostrando lo que afirma
Este punto es fundamental para entender por qué la propuesta actual no apareció de la noche a la mañana.
Llevamos más de una década documentando problemas de la política migratoria colombiana; y lo hemos hecho recurriendo, entre otras herramientas, a derechos de petición, investigaciones, documentos oficiales, actuaciones ante entidades públicas, denuncias y seguimiento a la normatividad.
Les recordamos que nuestra filosofía ha sido que la protesta sin propuesta no sirve para transformar una realidad.
En nuestras investigaciones se ha cuestionado, por ejemplo, el funcionamiento de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones y de la Comisión Nacional Intersectorial de Migraciones, lo mismo que el manejo que se le ha dado desde su creación al Viceministerio de las Migraciones, aclarando que con el cambio de gobierno y de dirección de la Cancillería, se ven intenciones de darle un vuelco a ese manejo.
Por eso sería contradictorio presentar ahora a COLEXRET simplemente como un actor que “descubrió” la problemática migratoria con la llegada del nuevo Gobierno.
No.
La propuesta actual es consecuencia de años de investigación, no de improvisaciones.
Colombia sí tiene normas migratorias. El problema es que están dispersas y han demostrado limitaciones
También es necesario hacer una precisión importante. No sería correcto afirmar que Colombia carece de legislación migratoria.
Existe la Ley 1465 de 2011, la Ley 1565 de 2012 sobre retorno, y la Ley 2136 de 2021, que establece disposiciones en materia de Política Integral Migratoria.
Existen decretos, resoluciones, circulares, programas institucionales.
Existe el Sistema Nacional de Migraciones, la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, Colombia Nos Une. Y ahora existe un Viceministerio especializado.
Pero el problema que venimos señalando es otro.
Ese conjunto normativo e institucional no ha demostrado ser suficientemente sólido, integrado y eficaz para resolver de manera integral toda la Temática Migratoria Colombiana.
La existencia de una ley no garantiza su cumplimiento, como tampoco la existencia de un organismo no garantiza que funcione.
La existencia de una mesa de participación no garantiza que tenga incidencia real, al igual que la existencia de programas no garantiza que lleguen efectivamente a quienes los necesitan.
Y eso es precisamente lo que COLEXRET ha venido documentando.
Por ello, el planteamiento no consiste en borrar lo existente, sino en revisarlo, evaluarlo, corregirlo, complementarlo y unificarlo.
De la dispersión normativa a un verdadero Estatuto Migratorio Colombiano
Aquí aparece uno de los componentes fundamentales de la propuesta.
Colombia tiene normas migratorias dispersas.
Una ley regula un aspecto, otra aborda el retorno, otra establece principios.
Un decreto reglamenta determinada materia. Una resolución desarrolla un procedimiento. Una circular imparte instrucciones. Y diferentes entidades tienen competencias relacionadas.
El resultado es una arquitectura difícil de comprender incluso para quienes conocen profundamente el tema. Mucho más para el ciudadano común.
La propuesta de COLEXRET plantea avanzar hacia un Estatuto Migratorio Colombiano, que permita recopilar, armonizar, actualizar y convertir en una verdadera Ley de la República el conjunto esencial de disposiciones relacionadas con la temática migratoria.
No se trata simplemente de crear otra norma. Se trata de ordenar el sistema. Y hacerlo desde una visión integral:
emigración + inmigración + retorno + protección + participación + desarrollo + institucionalidad + derechos + deberes + financiación + seguimiento + evaluación.
Pero para llegar allí hace falta algo más. Hace falta quién lidere el proceso.
Y es aquí donde aparece la Consejería Presidencial.
¿Por qué una Consejería Presidencial para las Migraciones?
Porque la migración dejó de ser un asunto exclusivamente consular.
Hoy involucra:
- Relaciones Exteriores.
- Migración Colombia.
- Ministerio del Interior.
- Ministerio de Trabajo.
- Educación.
- Salud.
- Vivienda.
- Hacienda.
- Comercio.
- Planeación.
- Prosperidad Social.
- Registraduría.
- Entidades territoriales.
- Congreso de la República.
- Organismos internacionales.
- Sector privado.
- Academia.
- Sociedad civil.
- Colombianos en el exterior.
- Población retornada.
- Población extranjera residente en Colombia.
¿Puede una sola dependencia de un Ministerio coordinar eficazmente todo eso?
La experiencia acumulada permite, por lo menos, formular la pregunta.
Nuestra propuesta plantea que la temática migratoria necesita una instancia ubicada directamente en la Presidencia de la República, con capacidad de articulación interinstitucional y visión transversal.
No para sustituir al Ministerio de Relaciones Exteriores. No para quitarle funciones a Migración Colombia. No para duplicar burocracia, sino para coordinar y articular una política nacional que hoy atraviesa múltiples entidades.
La Consejería no reemplazaría al Viceministerio: lo complementaría
Esto es muy importante que quede claro, pues el nuevo Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional constituye una pieza institucional dentro de la Cancillería.
La Consejería Presidencial tendría otra naturaleza.
Su función central sería elevar la temática migratoria al nivel de coordinación directa de la Presidencia.
De esa manera podría articular a los diferentes ministerios y entidades que tienen responsabilidades migratorias.
El Viceministerio continuaría ejerciendo sus competencias dentro de la Cancillería. Migración Colombia continuaría ejerciendo sus funciones. Los consulados continuarían prestando servicios. Colombia Nos Une podría continuar desarrollando sus programas.
Pero todos esos esfuerzos deberían responder a una Política Migratoria Nacional coherente, medible y articulada.
Ese es el punto.
¿Qué podría hacer esa Consejería?
En la propuesta se plantea una serie de funciones que pueden resumirse en grandes bloques.
1. Construir una Política Migratoria de Estado
No una política de cuatro años. No una política que cambie completamente cada vez que cambia el Gobierno. Una política con horizonte de varias décadas.
2. Coordinar a todas las entidades relacionadas con migración, para evitar que cada institución actúe por separado.
3. Impulsar el Estatuto Migratorio Colombiano, revisando la legislación existente y unificando, modificando, derogando o complementando las normas que correspondan.
4. Fortalecer la atención a los colombianos en el exterior
No solamente mediante consulados, también mediante vivienda, educación, empleo, emprendimiento, inversión, retorno, participación, protección y vinculación con Colombia.
5. Fortalecer la participación ciudadana
Con mecanismos reales de incidencia, no simplemente espacios para escuchar ciudadanos después de que las decisiones ya están tomadas.
6. Crear sistemas de seguimiento y evaluación
Toda política pública debe poder responder: ¿qué se prometió?, ¿qué se hizo?, ¿cuánto costó?, ¿a quién benefició?, ¿qué resultados produjo?
7. Construir información migratoria confiable, porque no se puede gobernar aquello que no se conoce.
8. Convertir la diáspora en parte de la estrategia nacional
Los colombianos en el exterior no deberían ser vistos solamente como destinatarios de servicios consulares, ya que también pueden aportar conocimiento, inversión, innovación, relaciones comerciales, cooperación y experiencia internacional.
Más de 5 millones de colombianos no pueden seguir siendo una nota al pie
La propia Cancillería reconoce que más de 5 millones de colombianos viven en el exterior.
Ese dato debería producir una transformación profunda en la manera como el Estado entiende la política migratoria.
Porque estamos hablando de una población equivalente a más del 12% de la población nacional.
Pero hay algo todavía más importante, son colombianos. No dejaron de serlo porque cruzaron una frontera.
Y muchos de ellos mantienen vínculos económicos, familiares, culturales, políticos y afectivos con Colombia.
Por eso la política migratoria no puede reducirse a controlar entradas y salidas. Tampoco puede limitarse a atender trámites consulares. Tiene que preguntarse:
¿Qué quiere Colombia de sus ciudadanos en el exterior y qué está dispuesta Colombia a hacer por ellos?
“Barrer y limpiar la casa” antes de proyectarla al mundo
Aquí se encuentra uno de los argumentos centrales de esta propuesta.
Colombia quiere proyectarse internacionalmente.
El Gobierno habla de soberanía, intereses nacionales, seguridad, alianzas, inversión, comercio, tecnología y relaciones estratégicas.
El canciller Bula ha insistido en una Cancillería más moderna, eficiente, pragmática y orientada a resultados.
El presidente Abelardo De La Espriella ha definido la política exterior como una relación con el mundo basada en intereses nacionales, soberanía, autonomía, pragmatismo y visión de largo plazo. También ha señalado la migración como un asunto relevante dentro de su agenda internacional.
En La Guajira, además, el Presidente ordenó fortalecer la atención migratoria y señaló la necesidad de abordar la migración y la frontera directamente en el territorio.
Todo eso tiene una consecuencia lógica.
Para proyectar una buena imagen de Colombia en el exterior, primero hay que organizar la política migratoria dentro de Colombia.
Hay que barrer y limpiar la casa. No porque todo esté mal, sino porque existen suficientes problemas documentados para entender que el modelo actual necesita revisión. Y esa revisión no debería hacerse únicamente desde Bogotá.
Debe incorporar a quienes viven la migración. Los colombianos en el exterior. Los retornados. Los inmigrantes que viven en Colombia. Las organizaciones sociales. La academia. El sector privado. Los territorios. Y también quienes llevan años investigando las fallas del sistema.
Los Lineamientos 2026-2036 pueden ser un punto de partida, no necesariamente el punto final
Los nuevos Lineamientos Estratégicos de Gobernanza Migratoria son un documento importante, pero no deberían confundirse con la solución definitiva.
La propia Cancillería los presenta como una hoja de ruta para la próxima década.
Una hoja de ruta puede orientar, pero una política de Estado necesita también, institucionalidad, presupuesto, competencias claras, legislación, indicadores, responsables, mecanismos de participación y sistemas de evaluación.
Y, sobre todo, continuidad.
Por eso la Consejería Presidencial para las Migraciones podría convertirse en el espacio institucional desde el cual esa hoja de ruta se evalúe, se fortalezca y, si corresponde, se transforme.
El momento de presentar la propuesta a quienes deben decidir
La entrega realizada ayer por Ricardo Marín Rodríguez al Viceministro Pedro Agustín Roa constituye, en este contexto, un primer paso.
El Viceministro recibió personalmente la propuesta y manifestó su disposición a estudiarla en detalle.
Eso debe interpretarse con prudencia, pue sno significa que el Gobierno haya aceptado la propuesta, que haya una decisión tomada.
No significa que exista todavía una Consejería Presidencial para las Migraciones. Significa algo más sencillo y, al mismo tiempo, importante, y es que la propuesta ya está sobre la mesa del funcionario que tiene actualmente una responsabilidad central en materia migratoria.
Nuestro siguiente paso es llevarla al canciller Omar Bula Escobar. Después, al director del DAPRE. Al vicepresidente de la República. Y eventualmente al propio presidente Abelardo De La Espriella.
La propuesta deberá entonces soportar el examen que corresponde a cualquier iniciativa de política pública:
¿Es jurídicamente viable?, ¿Es institucionalmente conveniente?, ¿Cuánto cuesta?, ¿Qué competencias requiere?, ¿Qué debe modificarse?, ¿Qué puede aprovecharse de lo existente?, ¿qué resultados produciría?, ¿cómo se mediría?
Esas son las preguntas que deben responderse.
No se trata de empezar de cero
Este punto debe quedar absolutamente claro, pues crear una Consejería Presidencial para las Migraciones no significa desconocer todo lo que Colombia ha construido.
Significa evaluar honestamente qué ha funcionado y qué no.
La Ley 1465 de 2011 – La Ley 1565 de 2012 – La Ley 2136 de 2021 – Los decretos reglamentarios – Las resoluciones – Las circulares – El Sistema Nacional de Migraciones- La Mesa Nacional de la Sociedad Civil – Colombia Nos Une – Los programas de retorno – Los mecanismos de protección consular – El nuevo Viceministerio – Los Lineamientos 2026-2036.
Todo ello forma parte de una historia institucional que debe ser estudiada, pero también debe ser evaluada.
Porque si después de tantos años millones de colombianos continúan reclamando soluciones similares, la pregunta no debería ser quién tiene la culpa, sino ¿qué tenemos que cambiar para que funcione?
Colombia necesita pasar de la política migratoria dispersa a una política migratoria de Estado
Esta es, probablemente, la conclusión más importante de toda esta discusión.
Colombia no parte de cero, pero tampoco puede conformarse con lo que existe simplemente porque existe.
Tiene normas, instituciones, programas, funcionarios, recursos, experiencia. Tiene millones de colombianos viviendo en el exterior.
Y tiene ahora un nuevo Viceministerio.
Lo que falta determinar es si todos esos elementos están suficientemente articulados para producir una Política Migratoria Colombiana realmente integral.
Nuestra propuesta responde a esa necesidad mediante una estructura:
Presidencia de la República → Consejería Presidencial para las Migraciones → articulación interinstitucional → Política Migratoria de Estado → Estatuto Migratorio Colombiano → ejecución, seguimiento y evaluación.
Ese sería el verdadero cambio de paradigma.
¿De quién sería la Consejería Presidencial para las Migraciones?
Si algún día Colombia decide crear una Consejería Presidencial para las Migraciones, no debería ser una Consejería de COLEXRET, ni de Ricardo Marín Rodríguez, ni del Gobierno actual, ni de ningún partido político.
Debería ser del Estado colombiano, pues la propuesta puede haber nacido en COLEXRET. Puede haber sido investigada y estructurada durante años por Ricardo Marín Rodríguez. Puede haber sido presentada ahora al Viceministro.
Pero, si algún día se convierte en una política pública, debe ser sometida al debate institucional correspondiente y mejorada con los aportes de muchos sectores.
Porque las políticas públicas no deben tener propietario, deben tener resultados.
Y aquí está la verdadera oportunidad
Colombia podría hacer algo que todavía no ha logrado consolidar: construir una Política Migratoria que mire simultáneamente hacia dentro y hacia fuera.
- Hacia los extranjeros que llegan.
- Hacia los colombianos que emigraron.
- Hacia quienes retornan.
- Hacia las familias transnacionales.
- Hacia las fronteras.
- Hacia los consulados.
- Hacia los territorios.
- Hacia las nuevas generaciones de colombianos nacidos en el exterior.
- Hacia quienes quieren invertir en Colombia.
- Hacia quienes quieren regresar.
- Y hacia quienes, aunque nunca regresen físicamente, continúan siendo parte de Colombia.
Una política migratoria que no vea al migrante exclusivamente como problema, ni como estadística, ni como fuente de remesas, ni como usuario de un consulado, sino como persona, ciudadano y actor del desarrollo nacional.
El mundo está observando cómo Colombia entiende la migración
La migración ya no es un asunto secundario, pues está relacionada con seguridad, economía, comercio, derechos humanos, trabajo, tecnología, educación, familia, desarrollo, cooperación internacional, y política exterior.
El propio Gobierno colombiano está llevando a escenarios internacionales una política exterior basada en intereses nacionales, seguridad, tecnología, comercio y alianzas estratégicas.
¿Por qué entonces no mostrar también al mundo una Política Migratoria Colombiana moderna?
Una política capaz de integrar emigración, inmigración y retorno.
Una política capaz de escuchar a sus ciudadanos.
Una política capaz de medir sus resultados.
Una política capaz de corregir sus propios errores.
Una política capaz de sobrevivir a los gobiernos.
Una verdadera política de Estado.
El momento es ahora, pero la decisión corresponde al Estado
COLEXRET ha puesto nuevamente una propuesta sobre la mesa.
El Viceministro Pedro Agustín Roa la tiene para su estudio. El canciller Omar Bula deberá conocerla. El DAPRE podría analizarla. El vicepresidente podría estudiarla. Y eventualmente llegará al Presidente de la República.
Pero de ahí en adelante debe comenzar la verdadera discusión.
No una discusión sobre quién la propuso, ni sobre quién obtiene reconocimiento político, como tampoco una discusión ideológica, sino una discusión sobre qué necesita Colombia.
Porque después de más de una década de investigaciones, denuncias, propuestas, respuestas oficiales y seguimiento a la institucionalidad migratoria, COLEXRET ha llegado a una conclusión:
Seguir agregando normas y programas aislados probablemente no resolverá el problema de fondo.
Hace falta integrar, coordinar, ordenar, evaluar, legislar, y gobernar.
De la crítica a la propuesta
No pretendemos ocultar nuestras críticas a la institucionalidad migratoria colombiana, como tampoco pretendemos negar los avances que se hayan producido.
Nuestra posición ha sido consistente: cuando algo está mal, hay que denunciarlo; cuando algo puede mejorarse, hay que proponer cómo hacerlo.
Por eso la propuesta de una Consejería Presidencial para las Migraciones no debe ser entendida como una simple solicitud burocrática.
Es la consecuencia de años de trabajo.
Y el Estatuto Migratorio que se plantea como uno de sus objetivos tampoco debería entenderse como una ley más.
Su finalidad sería reunir y armonizar la dispersa legislación migratoria colombiana para convertirla en un instrumento jurídico coherente, moderno y de largo plazo.
Ese es el verdadero desafío.
Colombia tiene la oportunidad de dar ejemplo
Quizás Colombia pueda hacer algo que vaya incluso más allá de resolver sus propios problemas.
Podría demostrar que un país de origen, tránsito, destino y retorno puede construir una Política Migratoria verdaderamente integral.
Podría demostrar que los ciudadanos residentes en el exterior pueden ser incorporados a una estrategia nacional sin convertirlos exclusivamente en receptores de servicios.
Podría demostrar que una política migratoria puede tener continuidad más allá de los gobiernos.
Podría demostrar que las organizaciones sociales pueden ser críticas del Estado y, al mismo tiempo, presentar propuestas para transformarlo.
Y podría demostrar que una institución presidencial puede coordinar transversalmente una temática que, por naturaleza, atraviesa prácticamente todo el Estado.
Para ello se requiere voluntad.
Pero también método, investigación, participación, recursos, legislación, evaluación.
Y, sobre todo, decisión de mirar la realidad de frente.
Primero hay que limpiar la casa
Colombia quiere proyectarse ante el mundo.
Quiere recuperar alianzas. Quiere atraer inversión. Quiere fortalecer su seguridad. Quiere aprovechar su posición geográfica. Quiere utilizar su talento humano. Quiere tener una diplomacia moderna. Quiere defender sus intereses nacionales.
Todo eso aparece hoy en el discurso oficial, pero existe una verdad sencilla:
La mejor manera de proyectar una buena imagen de Colombia en el exterior comienza por la manera como Colombia trata a sus propios ciudadanos que viven fuera del país.
Por eso primero hay que barrer, limpiar, ordenar, organizar, y construir.
Después sí podremos decirle al mundo que Colombia tiene una Política Migratoria de Estado.
Una política que no sea propiedad de una ideología; ni de un Gobierno; ni de una organización; ni de una persona.
Una política que sea de Colombia.
El reto está planteado
El canciller ha hablado de largo plazo. El Presidente ha hablado de soberanía, intereses nacionales y visión de futuro. El nuevo Viceministerio ha asumido el reto de consolidar una estructura institucional reciente. Los Lineamientos 2026-2036 ya plantearon una hoja de ruta.
Y COLEXRET acaba de entregar una propuesta concreta para estudiar la creación de una Consejería Presidencial para las Migraciones.
Ahora comienza la parte verdaderamente importante. Estudiarla, discutirla, cuestionarla, mejorarla, y decidir, con argumentos, si Colombia necesita dar ese paso.
Porque quizás la pregunta ya no sea, “¿Necesita Colombia una Política Migratoria?” La evidencia de los últimos años parece indicar que sí.
La verdadera pregunta podría ser:
¿Está Colombia dispuesta a construirla de una vez por todas como una verdadera política de Estado?
Y si la respuesta institucional llegara a ser afirmativa, habría que dar el siguiente paso:
Crear la Consejería Presidencial para las Migraciones, construir desde allí la arquitectura integral de la política migratoria y convertir el disperso entramado normativo actual en un verdadero Estatuto Migratorio Colombiano.
No para gobernar a los migrantes, sino para gobernar responsablemente la realidad migratoria de Colombia.
Y quizás allí esté una de las grandes oportunidades de este nuevo momento político e institucional:
Que los más de 5 millones de colombianos que viven fuera del país dejen de ser vistos como una población que está “afuera” y comiencen a ser reconocidos plenamente como lo que son: parte de Colombia.
¿Qué fue exactamente lo que COLEXRET entregó al Viceministro de las Migraciones?
Conviene hacer aquí una precisión para evitar interpretaciones equivocadas.
En la reunión sostenida en el día de ayer 23 de septiembre entre el director de COLEXRET, Ricardo Marín Rodríguez, y el Viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa Arboleda, el documento entregado formalmente fue la propuesta para la creación de una Consejería Presidencial para las Migraciones.
Es decir, COLEXRET no entregó ese día un proyecto de Estatuto Migratorio Colombiano como propuesta independiente.
El Estatuto Migratorio fue explicado al Viceministro como uno de los objetivos fundamentales que tendría la Consejería Presidencial para las Migraciones.
Y la diferencia no es menor, pues nuestra propuesta parte de una premisa: la problemática migratoria colombiana es tan amplia y transversal que requiere una instancia de coordinación ubicada directamente en la Presidencia de la República, capaz de articular a los diferentes ministerios, entidades, organismos y sectores de la sociedad que tienen relación con la migración.
Y dentro de las funciones y objetivos que tendría esa Consejería estaría precisamente la tarea de impulsar la construcción de un Estatuto Migratorio Colombiano.
¿Por qué?
Porque Colombia no parte de cero. Y reiteramos:
Existen leyes, decretos, resoluciones, circulares, políticas, programas y diferentes instrumentos relacionados con emigración, inmigración, retorno, protección consular, participación de los colombianos en el exterior y otros componentes de la temática migratoria.
El problema, como lo venimos señalando desde hace años, es que ese conjunto normativo e institucional se encuentra disperso y presenta vacíos, contradicciones, limitaciones y problemas de aplicación que deben ser estudiados.
Por eso, el Estatuto Migratorio no sería simplemente “otra ley”.
La intención sería que, bajo la coordinación de la Consejería Presidencial para las Migraciones, se realizara una revisión integral de todo ese entramado jurídico e institucional para determinar qué normas deben conservarse, cuáles deben modificarse, cuáles deberían integrarse, cuáles han perdido vigencia o eficacia y qué nuevos instrumentos son necesarios.
El propósito final sería avanzar hacia una Ley de la República que reúna y armonice integralmente la Temática Migratoria Colombiana, con una visión de Estado y no exclusivamente de Gobierno.
En otras palabras, la Consejería Presidencial para las Migraciones sería el instrumento institucional; el Estatuto Migratorio Colombiano sería uno de sus grandes resultados esperados.
No se está planteando crear primero una nueva ley y después buscar quién la ejecute.
Se plantea, en primer lugar, crear una instancia presidencial con capacidad de coordinación, articulación y dirección estratégica de la Política Migratoria Colombiana y, desde allí, construir participativamente el marco jurídico, institucional y operativo que el país necesita.
Por eso, cuando la propuesta sea presentada al canciller Omar Bula Escobar, al director del DAPRE, al vicepresidente de la República y eventualmente al presidente Abelardo De La Espriella, el planteamiento será integral:
Crear una Consejería Presidencial para las Migraciones que permita al Estado colombiano ordenar, articular, ejecutar y evaluar su Política Migratoria, teniendo como uno de sus objetivos principales la construcción de un verdadero Estatuto Migratorio Colombiano.
Ese es el proyecto que COLEXRET está poniendo sobre la mesa, y esa diferencia debe quedar absolutamente clara.
La discusión no termina en Colombia
Mientras dentro del país comienza a abrirse la discusión sobre la necesidad de una Consejería Presidencial para las Migraciones, Colombia acaba de llevar ante Estados Unidos y Naciones Unidas su nueva visión de política exterior.
Allí también apareció la migración, vinculada con seguridad, fronteras, cooperación, inversión y crecimiento.
Pero quedó planteada otra pregunta que merece ser analizada con detenimiento:
¿Qué lugar ocupan los más de 5 millones de colombianos que viven fuera del país dentro de esa nueva política exterior?
La respuesta puede ayudar a entender por qué la propuesta de una Consejería Presidencial para las Migraciones no es solamente un asunto de organización administrativa interna, sino que podría convertirse en una pieza fundamental de la propia política exterior colombiana.
Sobre lo ocurrido estos días en Estados Unidos y Naciones Unidas, lo expresado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, el canciller Omar Bula Escobar y el presidente Abelardo De La Espriella, y sobre lo que, a juicio de COLEXRET, todavía falta incorporar a la visión migratoria del país, profundizamos en el siguiente artículo “La nueva política exterior de Colombia ante la ONU: ¿dónde están los colombianos en el exterior?”, y que pueden continuar leyendo haciendo clic aquí.
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