Investigación especial de COLEXRET: EL “LIBRO DE LA VERDAD” Y LA CANCILLERÍA COLOMBIANA (Primera entrega).
Es necesario lo leas al completo para conocer mucho mejor esta lamentable historia que te sorprenderá.
COLEXRET tenía razón: el nuevo Gobierno encuentra una Cancillería expandida, endeudada y con una crisis consular que ya había sido denunciada
Hay momentos en los que una investigación periodística deja de ser solamente una denuncia y comienza a convertirse en una pregunta histórica.
Lo ocurrido este 18 de agosto de 2026 con la presentación del denominado “Libro de la Verdad”, elaborado por el actual Gobierno y entregado a las autoridades para que sean investigados presuntos actos de corrupción e irregularidades ocurridos durante la administración de Gustavo Petro, es uno de esos momentos.
El documento, según lo publicado por Revista SEMANA, tiene 135 páginas y reúne 23 casos de presunta corrupción priorizados dentro de un universo mayor de situaciones recibidas por el actual Gobierno. El propio presidente Abelardo De La Espriella habría advertido que «el documento no pretende sustituir a la justicia ni convertir los hallazgos en condenas».
Y eso es precisamente lo correcto.
Investigar no significa condenar, pero tampoco significa mirar para otro lado.
Y en COLEXRET hemos decidido mirar de frente, particularmente cuando lo que está bajo la lupa es el Ministerio de Relaciones Exteriores.
¿Por qué?
Porque detrás de cada decisión administrativa de la Cancillería hay millones de colombianos que viven fuera del territorio nacional.
Porque detrás de cada consulado cerrado, saturado, sin funcionarios suficientes o incapaz de responder oportunamente, hay un ciudadano.
Porque detrás de cada peso destinado a una embajada, un consulado, un contrato, una sede o un programa existe dinero público.
Y porque COLEXRET lleva años preguntando precisamente por eso.
Nos interesa el “Libro de la Verdad” con relación a Cancillería
Conviene hacer una precisión.
El documento presentado por el actual Gobierno aborda numerosas entidades y sectores del Estado colombiano. SEMANA reporta 23 casos priorizados que involucran, entre otros, al DAPRE, ANT, UNP, Fontur, ICBF, SAE, Canal Trece, FonIgualdad, Cancillería y Agencia de Desarrollo Rural.
Pero a COLEXRET no le corresponde en este artículo hacer el análisis de todo el Estado colombiano.
Nuestro objeto de investigación es el Ministerio de Relaciones Exteriores y todo aquello que pueda afectar directa o indirectamente a los colombianos en el exterior.
Por eso nos concentraremos en las afirmaciones relacionadas con la Cancillería, las embajadas, los consulados, la contratación, el presupuesto, la expansión de la red diplomática y la capacidad real del Estado para prestar servicios consulares.
Y aquí aparece algo que para nosotros resulta imposible ignorar.
Muchas de las preguntas que hoy aparecen en el informe del actual Gobierno no nacieron hoy, COLEXRET ya las había planteado.
764 contratos frente a 712 cargos de planta: una cifra que exige explicaciones
Uno de los datos más llamativos revelados por el actual canciller, Omar Bula, es el relacionado con la estructura de personal.
El informe señala que la Cancillería tendría 712 cargos de planta frente a alrededor de 764 contratos de prestación de servicios.
Es decir, más contratistas por prestación de servicios que funcionarios de planta.
No estamos diciendo que contratar por prestación de servicios sea ilegal. No lo es por sí mismo.
Tampoco estamos diciendo que los 764 contratistas hayan cometido irregularidad alguna, eso deberá determinarlo la investigación correspondiente.
La pregunta periodística es diferente:
¿Por qué una entidad cuya misión requiere continuidad, experiencia, conocimiento institucional y profesionalización del servicio exterior llegó a depender de una estructura de contratación de esta magnitud?
Y todavía hay una pregunta más importante, ¿Cuánto costó esa contratación y qué funciones desempeñó cada uno de esos contratistas?
Eso es lo que deberá establecerse con documentos, contratos, objetos contractuales, honorarios, fechas, supervisión. resultados, fuentes de financiación.
Y, sobre todo, determinar si existió duplicidad entre funciones de contratistas y cargos que podían ser desarrollados por personal de planta.
Aquí no sirven discursos políticos, sirven los documentos.
La expansión de la red diplomática: el problema no es necesariamente abrir consulados
Existe otro punto que consideramos todavía más importante.
El Gobierno actual sostiene, según el informe divulgado, que durante el Gobierno Petro se abrieron 11 embajadas y 10 consulados, ampliando una red que actualmente alcanza 79 embajadas y 126 consulados y secciones consulares. Ya COLEXRET lo había venido publicando en varios artículos desde hace algunos meses.
Pero aquí COLEXRET quiere hacer una precisión que consideramos fundamental, y es que abrir un consulado no es malo, todo lo contrario.
Cuando existe una concentración importante de colombianos en determinada región, cuando la distancia geográfica hace prácticamente imposible acceder a los servicios consulares, o cuando una nueva sede permite atender adecuadamente a una población que estaba desprotegida, abrir un consulado puede ser una decisión perfectamente razonable.
El problema aparece cuando el Estado abre una sede sin tener garantizados los recursos humanos, financieros, tecnológicos y administrativos necesarios para hacerla funcionar adecuadamente.
Y eso es justamente lo que ahora debe investigarse.
Porque el propio informe del actual Gobierno afirma que la expansión de la red diplomática no habría estado acompañada de sostenibilidad financiera.
Cerrar, reorganizar o abrir: la pregunta que COLEXRET ya había planteado frente a la red diplomática
Existe otro antecedente de COLEXRET que hoy adquiere especial importancia.
Antes de que el actual Gobierno pusiera bajo la lupa la situación financiera y administrativa de la Cancillería, COLEXRET ya había analizado la necesidad de revisar racionalmente la estructura de embajadas y consulados de Colombia en el mundo, incluyendo la posibilidad de cerrar, reorganizar o redistribuir aquellas representaciones cuya operación no estuviera debidamente justificada frente a las necesidades reales de los colombianos.
Y aquí debe hacerse una precisión fundamental:
COLEXRET nunca ha planteado que Colombia deba desaparecer del exterior.
Lo que ha cuestionado es que la presencia diplomática se convierta en una especie de inventario de oficinas que se crean, se mantienen o se anuncian sin que exista una evaluación permanente sobre su costo, utilidad, cobertura y capacidad real de prestar servicios.
La diferencia es enorme.
Una red diplomática eficiente no es necesariamente la más grande; es la que logra atender mejor las necesidades de Colombia y de sus ciudadanos con los recursos disponibles.
Por eso, cuando ahora aparece oficialmente la afirmación de que durante el Gobierno Petro se crearon nuevas embajadas y consulados mientras posteriormente se advierten problemas financieros para sostener la operación de las sedes, vuelve a cobrar vigencia una pregunta que COLEXRET ya había formulado:
¿Era necesario ampliar la red antes de solucionar las deficiencias de la red existente?
Y la respuesta no puede darse con argumentos políticos, debe darse con estudios de necesidad, análisis de población colombiana, estadísticas de atención, costos de funcionamiento, proyecciones presupuestales y resultados.
Y hay algo todavía más importante.
La propia estructura administrativa de la Cancillería contempla funciones específicas para estudiar la creación de consulados de carrera, controlar la ejecución presupuestal de las misiones diplomáticas y consulares y revisar sus informes de rendición de cuentas.
Por tanto, una de las primeras tareas de la investigación de COLEXRET será determinar qué estudios existieron, quién los elaboró, qué recomendaciones hicieron y qué ocurrió con esas recomendaciones antes de crear nuevas sedes durante el Gobierno Petro.
Porque si esos estudios demostraban que la expansión era sostenible, deberán aparecer los documentos que lo prueben. Y si advertían lo contrario, habrá que saber quién decidió avanzar de todas maneras.
Ahí comienza una investigación seria.
La propia Cancillería había anunciado las nuevas aperturas
Aquí aparece una coincidencia documental que merece especial atención, pues no estamos hablando solamente de una afirmación política del actual Gobierno, ya que la propia documentación oficial de la Cancillería demuestra que durante la administración Petro se planificaron nuevas aperturas.
Un informe oficial de la entidad relaciona, entre otras, las misiones correspondientes al Consulado de Colombia en Estambul, Consulado de Colombia en Monterrey, Consulado de Colombia en Río de Janeiro, Embajada de Colombia en Senegal, Embajada de Colombia en Etiopía, Embajada de Colombia en Guyana, Embajada de Colombia en República Checa, y posteriormente nuevas embajadas en Barbados, Haití, Angola y Ramala.
Y otro informe oficial de infraestructura de la Cancillería reconoció expresamente que las aperturas de nuevas misiones diplomáticas y consulares representaban un aumento en las necesidades de recursos, porque había que dotar completamente oficinas, embajadas, consulados y residencias.
Por tanto, aquí existe una pregunta que no puede ser despachada con propaganda política de ningún lado:
¿Se hizo primero la planeación financiera y administrativa, o primero se decidió ampliar la red y después se buscó cómo financiarla?
La respuesta está en los documentos, y COLEXRET ya los está buscando.
Monterrey: un caso que ahora adquiere especial importancia
El caso en Monterrey merece una investigación particular.
El Decreto 1405 de 2024 modificó oficialmente la regulación de las circunscripciones consulares en México y estableció los consulados generales de Colombia en Monterrey, Tijuana y Tuxtla Gutiérrez. El decreto fue expedido el 22 de noviembre de 2024 y firmado por el entonces presidente Gustavo Petro y el canciller Luis Gilberto Murillo.
Es decir, la apertura de Monterrey no es una especulación periodística, sino que es un hecho administrativo documentado.
Más adelante, ya durante 2026, la propia Cancillería informó oficialmente que el Consulado de Monterrey fue inaugurado y que se encontraba funcionando.
Sin embargo, el “Libro de la Verdad” coloca precisamente a Monterrey dentro de los casos que deben ser investigados, al señalar que la sede consular habría sido abierta sin prestar atención al público en determinado momento.
Eso exige una investigación documental completa, no una defensa automática, no una condena automática.
Una investigación que resuelva interrogantes como:
- ¿Cuándo comenzó realmente la operación?
- ¿Cuándo empezó a atender público?
- ¿Cuánto costó la adecuación?
- ¿Cuánto costó el arrendamiento?
- ¿Cuánto costó la dotación?
- ¿Cuánto personal fue asignado?
- ¿Cuántos colombianos fueron atendidos?
- ¿Qué presupuesto tuvo?
- ¿Cuánto produjo por concepto de servicios?
- ¿Cuánto costó cada atención?
- ¿Existió una etapa en la que la sede estaba constituida administrativamente pero no prestaba efectivamente servicios?
Estas preguntas son perfectamente legítimas.
Estambul y la pregunta por la proporcionalidad
El “Libro de la Verdad” también menciona inversiones realizadas en Estambul que considera desproporcionadas frente al número de beneficiarios.
Aquí nuevamente debemos ser rigurosos. Una inversión elevada no significa automáticamente corrupción.
Una sede diplomática puede cumplir funciones políticas, comerciales, culturales, estratégicas y consulares que no pueden medirse exclusivamente por el número de trámites realizados.
Pero precisamente por eso debe existir una evaluación integral, y resolver, entre otros, estos interrogantes:
- ¿Cuál era el objetivo estratégico?
- ¿Cuánto costó?
- ¿Cuántos funcionarios fueron enviados?
- ¿Cuánto costó la sede?
- ¿Cuánto costó su adecuación?
- ¿Cuántos colombianos atiende?
- ¿Cuál es el intercambio comercial?
- ¿Cuáles son los objetivos diplomáticos?
- ¿Cuáles son los resultados?
Y una pregunta elemental, ¿Existió un estudio técnico previo que justificara la inversión?
Si existió, que se publique, y si no existió, habrá que preguntar por qué.
Consulados móviles: cuando la solución ya existía y la pregunta era cómo utilizarla correctamente
Hay otro elemento que no puede quedar por fuera de este análisis: los consulados móviles.
La propia Cancillería define oficialmente un consulado móvil como el traslado de uno o varios funcionarios fuera de la sede consular, dentro de su circunscripción, para brindar servicios a colombianos que, debido a la distancia, tienen dificultades para desplazarse hasta la sede permanente.
Es decir, el Estado ya tenía una herramienta diseñada precisamente para acercar el servicio consular a los ciudadanos.
COLEXRET ha investigado durante años el comportamiento de estas jornadas, sus cifras, costos, funcionarios participantes y distribución geográfica, y ha cuestionado que la política consular pueda analizarse simplemente contando cuántas jornadas se realizaron.
La pregunta correcta es, ¿Dónde se hicieron, a quién beneficiaron, cuánto costaron y qué tan necesarias eran?
Porque una jornada consular en una ciudad donde viven miles de colombianos puede resultar indispensable.
Pero una jornada repetida en lugares donde existe una sede permanente, mientras otras comunidades permanecen durante meses o años sin atención cercana, requiere una explicación.
Y todavía hay una pregunta más:
¿Cuánto cuesta atender temporalmente una comunidad mediante consulados móviles y cuánto costaría fortalecer permanentemente una sede consular?
COLEXRET ya ha venido recopilando cifras y analizando la evolución de estas jornadas, incluso frente a los procesos de auditoría y a las decisiones de cierre, reducción o modificación de actividades consulares.
Por eso, los consulados móviles también formarán parte de la investigación que ahora comienza.
No solamente interesa saber cuántos se hicieron durante el Gobierno Petro.
Interesa establecer por qué se hicieron en determinados lugares, con qué criterios se escogieron, quién autorizó los gastos, qué funcionarios participaron, cuánto recibieron y cuáles fueron los resultados obtenidos.
Y hay una cuestión particularmente relevante frente al actual escenario financiero:
Si la Cancillería tenía dificultades para financiar adecuadamente sus sedes permanentes, ¿cómo se priorizaron los recursos destinados a las jornadas móviles?
No estamos afirmando que las jornadas móviles fueran innecesarias.
Al contrario, son una herramienta fundamental para acercar el Estado a los colombianos, pero precisamente por ser importantes, deben estar sometidas a criterios de transparencia, necesidad, eficiencia y rendición de cuentas.
La investigación documental de COLEXRET determinará si esos criterios se cumplieron.
El problema financiero: $168.425 millones de déficit
Tal vez uno de los elementos más preocupantes para los colombianos en el exterior sea el estado financiero atribuido al Fondo Rotatorio del Ministerio.
Según el informe presentado por el canciller Omar Bula y divulgado por SEMANA, el Fondo Rotatorio tendría un déficit de funcionamiento de $168.425 millones para lo que resta de 2026, después de un traslado interno de $45.034 millones frente a un déficit inicial de $213.460 millones.
El documento señala además que, sin una adición presupuestal de $56.164 millones solicitada al Ministerio de Hacienda, la entidad no tendría capacidad financiera desde agosto de 2026 para pagar arrendamientos y sostener la operación de embajadas y consulados.
La frase atribuida al informe resume el problema:
se habrían abierto sedes sin asegurar con qué mantenerlas, y eso ya lo habiamos denunciado también en esta Casa informativa.
Eso, si los documentos lo confirman, no es un problema menor, es una decisión administrativa que puede terminar repercutiendo directamente en los colombianos.
Porque un consulado sin recursos suficientes no es simplemente una oficina con problemas financieros. Es menos personal; más demoras; menor capacidad de respuesta; dificultades para realizar jornadas; problemas de infraestructura; dificultades tecnológicas; menor asistencia a ciudadanos vulnerables; mayores tiempos de espera. Y eventualmente una degradación del servicio.
Y aquí es donde aparece la crisis consular que COLEXRET lleva denunciando
Esta es quizá la parte más importante de este artículo.
Porque COLEXRET no empezó a hablar de crisis consular hoy, sino que durante años hemos recibido, investigado, documentado y publicado situaciones relacionadas con la atención a colombianos en diferentes consulados.
Vean aquí nuestra sección CONSULADOS, y podrán comprobar una vez más que todas nuestras publicaciones son ciertas. Esa revisión a nuestro archivo demuestra que las denuncias no se han limitado a una administración determinada.
COLEXRET ha cuestionado históricamente actuaciones de la Cancillería cuando ha considerado que afectan a los ciudadanos, sin importar quien ostente el poder nacional.
Hemos denunciado casos de atención consular, incumplimiento de normas, dificultades en servicios, problemas con funcionarios y situaciones concretas ocurridas en diferentes representaciones diplomáticas.
Por ejemplo, en 2023 y posteriormente COLEXRET documentó públicamente graves cuestionamientos sobre la situación del Consulado de Colombia en Valencia, España, incluyendo reportes de ciudadanos y material periodístico, y señaló que las pruebas serían trasladadas a la Cancillería para que fueran incorporadas a una investigación disciplinaria.
Y esto demuestra que la crisis consular no apareció de la noche a la mañana con el cambio de Gobierno.
También demuestra que el Gobierno Petro tuvo la obligación de corregirla.
Y si en lugar de resolverla se amplió simultáneamente la estructura diplomática sin garantizar recursos suficientes, entonces la decisión merece ser examinada.
Colombia Nos Une: el otro capítulo de la Cancillería que no puede quedar fuera de esta investigación
Si hablamos de la atención a los colombianos en el exterior y de la gestión de la Cancillería durante el Gobierno Petro, existe otro nombre que necesariamente debe aparecer:
Colombia Nos Une.
Este grupo de trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores ha tenido durante años un papel fundamental en la relación institucional con los colombianos residentes fuera del país y en la construcción de programas, espacios de participación y mecanismos de vinculación de la diáspora.
Precisamente por eso COLEXRET ha realizado un seguimiento permanente a su actuación.
Y aquí aparece nuevamente el nombre de Yolanda Villavicencio.
COLEXRET ha documentado que durante el período en que Villavicencio estuvo vinculada a la conducción de Colombia Nos Une se presentaron actuaciones que fueron objeto de fuertes cuestionamientos por parte de esta Casa Informativa, especialmente en relación con la participación ciudadana y la forma como se pretendió estructurar la representación de los colombianos en el exterior.
La propia normativa interna de Cancillería reconoce que Colombia Nos Une tiene responsabilidades relacionadas con el fortalecimiento de la comunidad colombiana en el exterior, la conformación de grupos y mesas de trabajo y el apoyo al diseño de políticas públicas dirigidas a colombianos en el exterior y retornados.
Por eso este asunto no puede ser considerado secundario.
Si un grupo de trabajo administra recursos públicos, desarrolla programas, contrata servicios y participa en la construcción de políticas para millones de colombianos, sus actuaciones deben poder ser examinadas con absoluta transparencia.
COLEXRET no está afirmando que los contratos o actuaciones de Colombia Nos Une constituyan actos de corrupción, pues eso tendrá que establecerlo la autoridad competente.
Pero sí afirmamos que existen suficientes antecedentes documentados y preguntas pendientes como para que el funcionamiento de ese grupo sea incorporado a la investigación general sobre la gestión de la Cancillería durante el Gobierno Petro.
Y especialmente deben revisarse los contratos relacionados con programas de participación ciudadana, convocatorias, eventos, acompañamiento y procesos de conformación de espacios representativos.
Porque si el actual Gobierno ha anunciado que investigará la contratación y las estructuras paralelas existentes en Cancillería, sería inexplicable que se dejara por fuera precisamente una de las áreas que tuvo contacto directo con millones de colombianos en el exterior.
Colombia Nos Une también debe abrir sus archivos, contratos, objetos contractuales, contratistas, honorarios, informes de supervisión, productos entregados, eventos realizados, beneficiarios, resultados, y decisiones administrativas.
Todo debe ser contrastado.
Porque la transparencia no puede tener excepciones dependiendo del nombre del programa o de la persona que estuvo al frente.
Mesa Nacional de la Sociedad Civil: ¿participación ciudadana o proceso que también debe ser auditado?
Y aquí llegamos a un asunto todavía más delicado.
La Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones fue concebida legalmente como un mecanismo de participación de la sociedad civil dentro del Sistema Nacional de Migraciones.
COLEXRET no llegó ayer a este tema.
De hecho, ha sido uno de los actores que más ha insistido durante años en la necesidad de que los colombianos en el exterior tengan una verdadera participación en la construcción de la política migratoria.
Pero precisamente por defender esa participación es que COLEXRET cuestionó duramente la manera como se desarrolló el proceso.
La organización ha señalado públicamente problemas relacionados con la reglamentación de la Mesa, particularmente con la Resolución 2996 del 25 de abril de 2024, y ha cuestionado que el proceso hubiera tenido vacíos, elementos que, según nuestra investigación, no estarían contemplados en la Ley 2136 de 2021 y una participación ciudadana que consideramos insuficiente.
Más grave aún: COLEXRET ha señalado presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de empresas que participaron en el proceso de conformación de la Mesa y elección de delegados.
Y aquí debemos ser especialmente cuidadosos.
Son denuncias y presuntos hechos que deben ser investigados, no son condenas.
Pero tampoco pueden desaparecer simplemente porque quienes participaron en el proceso hayan sido funcionarios, contratistas o personas vinculadas a un programa institucional.
El actual Gobierno ha anunciado que revisará presuntos casos de corrupción y contratación irregular heredados de la administración anterior.
Entonces la pregunta es inevitable:
¿Será revisada también la contratación relacionada con la conformación y funcionamiento de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones?
COLEXRET considera que debería serlo.
Y la investigación debería comenzar por algo muy sencillo, como:
- ¿Quién contrató?
- ¿A quién se contrató?
- ¿Cuál fue el objeto de cada contrato?
- ¿Cuánto se pagó?
- ¿Cuál fue el mecanismo de selección?
- ¿Qué estudios previos existieron?
- ¿Qué productos debían entregarse?
- ¿Qué productos fueron efectivamente entregados?
- ¿Quién supervisó?
- ¿Cuáles fueron los criterios utilizados para convocar a los ciudadanos?
- ¿Cómo se definieron las reglas?
- ¿Cómo se realizó la elección de delegados?
- ¿Quién verificó los resultados?
- ¿Existieron reclamaciones?
- ¿Cómo fueron resueltas?
- ¿Quién tomó las decisiones?
Y una pregunta particularmente importante:
¿Qué papel desempeñó Colombia Nos Une y qué responsabilidad administrativa tuvo Yolanda Villavicencio en cada etapa del proceso?
No estamos acusando a nadie, estamos preguntando.
Y cuando existen recursos públicos y participación ciudadana, preguntar no solamente es legítimo sino necesario.
COLEXRET seguirá investigando este asunto porque la Mesa Nacional no es un simple proyecto administrativo.
Está relacionada directamente con la representación de millones de colombianos en el exterior y con la construcción de la política migratoria del Estado colombiano.
Si el proceso fue transparente, los documentos deberán demostrarlo. Si existieron errores administrativos, deberán reconocerse.
Y si existieron irregularidades o hechos de naturaleza disciplinaria, fiscal o penal, deberán ser puestos en conocimiento de las autoridades competentes.
La sociedad civil merece saber qué ocurrió.
El error no sería abrir consulados. El error sería abrirlos descuidando los que ya existen
En COLEXRET hemos sostenido una tesis que hoy adquiere especial relevancia:
No tiene sentido presumir de una red diplomática cada vez más grande mientras los consulados existentes siguen denunciando problemas de personal, infraestructura, atención y recursos.
La política exterior no puede medirse por el número de placas instaladas en nuevas sedes, debe medirse por el servicio que reciben los colombianos.
Un colombiano que lleva meses esperando una cita no obtiene ningún beneficio porque el Gobierno pueda anunciar un nuevo consulado a miles de kilómetros.
Una persona privada de la libertad en otro país no necesita propaganda diplomática, necesita asistencia.
Una madre que necesita registrar a su hijo necesita que el sistema funcione.
Un colombiano víctima de una emergencia necesita encontrar respuesta.
Un ciudadano que necesita un pasaporte necesita poder obtenerlo.
Los familiares de un colombiano fallecido en el exterior, que carecen de recursos económicos, necesitan que el Estado sufrague su repatriación a Colombia.
Y un colombiano que vive a cientos de kilómetros de la sede consular necesita que el Estado haya planificado correctamente cómo llegar hasta él.
La paradoja que COLEXRET viene denunciando: más infraestructura, pero una crisis que no desaparece
Aquí aparece una de las mayores contradicciones que deben ser examinadas.
Mientras el Gobierno Petro avanzaba en la creación y apertura de nuevas representaciones diplomáticas y consulares, COLEXRET continuaba recibiendo y publicando denuncias relacionadas con dificultades en consulados que ya estaban funcionando.
Esto obliga a cambiar la pregunta, pues ya no basta con preguntar, ¿Era necesaria una nueva sede?
Hay que preguntar simultáneamente, ¿Qué estaba ocurriendo con las sedes que ya existían?
Porque resulta difícil explicar a un colombiano que espera durante semanas o meses por un trámite, que tiene dificultades para obtener una cita, que enfrenta problemas de atención o que vive a cientos de kilómetros de su consulado, que la prioridad del Estado consiste en abrir otra sede en otro lugar.
La política pública debe tener prioridades; y esas prioridades deberían partir de las necesidades de los ciudadanos.
COLEXRET ha documentado casos concretos de crisis en consulados, como ocurrió en Valencia, España, donde nuestra investigación llegó incluso a recopilar material periodístico y audiovisual y a anunciar el traslado de las pruebas a la Cancillería para que fueran incorporadas a una investigación disciplinaria.
Ese antecedente es importante porque demuestra que las advertencias sobre problemas consulares no son posteriores al “Libro de la Verdad”, ya estaban sobre la mesa.
Y por eso ahora debemos determinar si el Gobierno Petro recibió esas advertencias, qué hizo frente a ellas y qué relación existe entre la expansión de la red y la capacidad real de atender adecuadamente las sedes existentes.
Una nueva sede puede ser necesaria, pero una nueva sede no puede convertirse en excusa para abandonar la anterior.
Más consulados no necesariamente significan mejor servicio consular. Más consulados significan mejor servicio únicamente cuando existen recursos suficientes, funcionarios suficientes, infraestructura adecuada y una verdadera planificación.
Ese será uno de los criterios centrales de nuestra investigación.
El traslado del Consulado de Madrid: otra decisión de infraestructura que debe entrar en la lupa
Si estamos hablando de nuevas sedes, infraestructura consular, utilización de recursos públicos y decisiones administrativas adoptadas durante los últimos años, existe un caso que COLEXRET ha venido siguiendo y que no puede quedar por fuera de esta investigación:
El traslado de la sede del Consulado General de Colombia en Madrid.
No estamos hablando de un consulado pequeño ni de una representación secundaria.
Madrid concentra una de las comunidades colombianas más numerosas e importantes del exterior y constituye, por tanto, una de las principales plataformas de atención consular de Colombia en Europa.
Precisamente por eso, cualquier decisión relacionada con la sede física de ese Consulado debe ser examinada con especial cuidado y resolver entre otros, los siguientes interrogantes:
- ¿Para qué se trasladó?
- ¿Cuánto costó el traslado?
- ¿Cuánto costaba la sede anterior?
- ¿Cuánto cuesta la nueva?
- ¿Cuánto se pagó por adecuaciones?
- ¿Quién realizó esas adecuaciones?
- ¿Si hubo contratos y quién los suscribió?
- ¿Qué estudios técnicos justificaron la decisión?
- ¿Qué análisis de capacidad, ubicación, accesibilidad y necesidades de los usuarios se realizaron?
- ¿Se consultaron las estadísticas de atención?
- ¿Se tuvo en cuenta el crecimiento de la población colombiana en la jurisdicción?
- ¿Se evaluaron alternativas?
- ¿Se realizó un estudio comparativo entre continuar en la sede anterior, adecuarla, ampliarla o trasladarse?
Y existe una pregunta todavía más importante:
¿Qué relación existe entre el costo del traslado y la situación financiera que ahora el actual Gobierno denuncia haber encontrado en la Cancillería?
No estamos afirmando que el traslado haya sido irregular, tampoco que haya existido corrupción, pero precisamente porque el actual Gobierno ha puesto bajo investigación la utilización de recursos, la contratación y la expansión de la estructura diplomática y consular, las decisiones de infraestructura de las principales sedes también deben ser revisadas.
El caso de Madrid resulta especialmente importante porque COLEXRET ya había venido siguiendo de cerca la situación de ese Consulado.
Mucho antes de que aparecieran las actuales discusiones sobre déficit, infraestructura y capacidad de atención, COLEXRET había documentado problemas relacionados con el funcionamiento y la atención a ciudadanos en Madrid.
COLEXRET también ha investigado situaciones ocurridas en otros consulados españoles, como Valencia, donde recopiló testimonios, material audiovisual y reportes periodísticos sobre problemas de funcionamiento y anunció el traslado de las pruebas a la Cancillería para que fueran incorporadas a una investigación disciplinaria, y que al día de hoy, después de casi 3 años, no se ha emitido un fallo al respecto.
Todo esto permite entender por qué para COLEXRET la infraestructura consular no puede analizarse separadamente de la calidad del servicio.
Una sede puede ser moderna, puede ser amplia, puede estar ubicada en una zona determinada, puede costar millones, pero si los colombianos siguen teniendo dificultades para conseguir una cita, realizar un trámite, recibir asistencia o comunicarse con los funcionarios, la pregunta seguirá siendo, ¿Se invirtió primero en el edificio o en el ciudadano?
Y esta pregunta adquiere todavía mayor importancia cuando el propio Gobierno actual señala que la Cancillería enfrenta dificultades financieras para mantener en funcionamiento sus misiones.
Por eso el traslado del Consulado de Madrid debe incorporarse a la investigación. No para prejuzgar, no para acusar, sino para establecer documentalmente:
Cuánto costó, por qué se hizo, quién lo decidió, qué beneficios produjo y si la inversión respondió realmente a las necesidades de los colombianos.
Porque si la decisión fue correcta, los documentos deberán demostrarlo.
Y si existieron errores de planeación, sobrecostos, decisiones injustificadas o deficiencias en los procedimientos, también deberán quedar establecidos.
Madrid no puede quedar por fuera de la lupa.
Los arrendamientos de los consulados: el gasto que también debe ponerse bajo la lupa
Y si hablamos de infraestructura consular, existe otro asunto que COLEXRET viene denunciando y que adquiere una relevancia extraordinaria a la luz de la situación financiera que ahora revela el actual Gobierno, y es el de los arrendamientos de las sedes consulares de Colombia en el mundo.
Este asunto no puede analizarse como un simple problema administrativo.
Cada sede consular necesita un espacio físico, eso es evidente; pero cuando hablamos de una red que comprende decenas de consulados distribuidos por todo el mundo, los arrendamientos representan un gasto permanente y considerable para el Estado colombiano.
Por eso la pregunta no puede limitarse a ¿Cuánto paga Colombia por cada sede? Hay que formular muchas más, por ejemplo:
- ¿Cuánto paga, a quién y por cuánto tiempo?
- ¿Quién negoció el contrato?
- ¿Cómo se determinó el canon?
- ¿Existieron estudios de mercado?
- ¿Se compararon alternativas?
- ¿Se evaluaron otras propiedades?
- ¿Quién autorizó el arrendamiento?
- ¿Cuánto se gastó en adecuaciones?
- ¿Quién pagó esas adecuaciones?
- ¿El inmueble era adecuado para prestar servicios consulares?
- ¿Su ubicación facilitaba realmente el acceso de los colombianos?
- ¿El tamaño de la sede correspondía al número de usuarios?
- ¿Se utilizaba toda el área arrendada?
- ¿Existían espacios subutilizados?
- ¿Se renovaron contratos automáticamente?
- ¿Se evaluó la posibilidad de comprar inmuebles en aquellos lugares donde la presencia consular es permanente y el costo acumulado de los arrendamientos resulta considerable?
Y hay una pregunta todavía más importante frente al panorama que hoy conocemos,
¿Cuánto dinero necesitaba la Cancillería para mantener los arrendamientos de su red diplomática y consular y cómo se proyectaron esos gastos cuando se decidió ampliar esa red?
Esta pregunta adquiere una dimensión especial porque el actual Gobierno afirma haber recibido un Fondo Rotatorio con un déficit de funcionamiento que comprometería incluso la capacidad de atender gastos indispensables para mantener operativas las misiones diplomáticas y consulares.
Por eso resulta imposible analizar separadamente, nuevos consulados, nuevas embajadas, nuevas sedes, traslados de sedes, arrendamientos y déficit presupuestal.
Todo forma parte de una misma ecuación.
Y precisamente allí aparece una de las denuncias que COLEXRET ha venido realizando desde hace años.
No se trata de afirmar que todo arrendamiento sea un despilfarro, pues sería absurdo.
Una representación diplomática necesita funcionar en un inmueble adecuado.
El problema es determinar si el Estado colombiano está pagando precios razonables por inmuebles realmente necesarios y utilizados de manera eficiente.
Porque una cosa es pagar por una sede necesaria, y otra muy distinta es pagar durante años sumas elevadas por espacios que no corresponden a las necesidades reales del servicio.
Y otra todavía más delicada sería descubrir que, mientras algunos consulados afrontaban problemas de atención, personal o infraestructura, se mantenían compromisos financieros elevados derivados de decisiones inmobiliarias que pudieron haberse revisado.
Eso es precisamente lo que debe investigarse.
Comprar, arrendar o trasladar: una decisión que debe estar sustentada
Existe además una discusión que COLEXRET considera indispensable abrir.
Cuando un Estado mantiene durante muchos años una representación consular en una misma ciudad, ¿cuándo resulta más conveniente continuar arrendando y cuándo debería considerar adquirir un inmueble?
No existe una respuesta única, pues depende de los precios inmobiliarios, de la estabilidad de la presencia diplomática, del número de colombianos, del volumen de trámites, del costo de financiación, de las condiciones del mercado, de la seguridad jurídica del inmueble, y de muchos otros factores.
Pero precisamente por eso deben existir estudios. No basta con afirmar que “se necesitaba una sede”.
Hay que demostrar por qué esa sede, en ese lugar, con ese tamaño, por ese precio y durante ese período.
Y cuando se produce un traslado, la pregunta se multiplica:
¿Por qué era más conveniente trasladarse que continuar en la sede anterior?
Eso nos devuelve nuevamente al caso de Madrid.
Si se decidió trasladar el Consulado, deberá poder demostrarse mediante documentos qué motivó la decisión, cuánto costó y qué beneficios concretos produjo.
El costo de una sede no termina en el canon
Además, COLEXRET considera necesario que la futura investigación no se limite al valor mensual del arrendamiento.
Una sede consular puede generar otros costos. Entre ellos:
- Adecuaciones;
- Remodelaciones;
- Seguridad;
- Mantenimiento;
- Mobiliario;
- Servicios públicos;
- Tecnología;
- Vigilancia;
- Seguros;
- Traslados;
- Mudanzas;
- Almacenamiento;
- Aeñalización;
- Mantenimiento de equipos;
- Y eventualmente obras para adaptar el inmueble a las necesidades consulares.
Por eso el costo real de una sede debe calcularse como costo total de ocupación, no solamente como valor del alquiler.
Y aquí existe otra línea de investigación que COLEXRET comenzará a desarrollar:
¿Cuánto le cuesta realmente a Colombia mantener cada consulado?
No solamente cuánto paga de arrendamiento, sino cuánto cuesta en total.
Porque únicamente con ese dato podremos comparar sedes, determinar cuáles son eficientes, cuáles requieren ajustes y dónde pueden existir oportunidades de ahorro.
El arrendamiento también puede convertirse en un problema de sostenibilidad
Este punto adquiere especial relevancia ahora.
Una cosa es crear una nueva representación diplomática cuando existe presupuesto suficiente para mantenerla durante diez, veinte o treinta años, y otra es crearla y después descubrir que los gastos permanentes de funcionamiento superan la capacidad financiera de la entidad.
Una sede no se paga una sola vez, se paga todos los meses. El alquiler continúa, al igual que la seguridad continúa, los servicios, los funcionarios, el mantenimiento continúa, la tecnología, los gastos administrativos, y demás.
Por eso una decisión de apertura debe analizarse pensando no solamente en el día de la inauguración, sino en los años siguientes.
Y esa es precisamente una de las preguntas que ahora debe responder la Cancillería:
¿Cuál fue el costo proyectado de sostenimiento de las nuevas embajadas y consulados creados durante el Gobierno Petro?
Si existió una proyección, debe publicarse, y si no existió, habrá que explicar por qué.
COLEXRET ya había advertido sobre los alquileres
Este punto también es importante para nuestra propia memoria institucional.
El tema de los costos de arrendamiento no aparece ahora porque el actual Gobierno haya presentado el “Libro de la Verdad”, pues COLEXRET ya había llamado la atención sobre lo que consideraba gastos excesivos o cuestionables relacionados con el alquiler de sedes consulares.
Por eso, nuevamente, el papel de COLEXRET no será declarar que esas denuncias quedaron automáticamente demostradas.
Será mucho más serio.
Tendremos que volver a los documentos, revisar contrato por contrato, comparar canon por canon, analizar ciudad por ciudad, determinar el tamaño de las sedes, comparar precios de mercado, estudiar los períodos contractuales, revisar las renovaciones, identificar las adecuaciones, y establecer quién tomó cada decisión.
Porque si todo estuvo correctamente sustentado, la documentación lo demostrará. Y si existen situaciones que merezcan explicación, también quedarán documentadas.
La pregunta que une los arrendamientos con el “Libro de la Verdad”
Y aquí llegamos al punto central.
El actual Gobierno afirma que recibió una Cancillería con problemas financieros y una red diplomática que había sido ampliada.
COLEXRET ya había advertido sobre los costos de esa red y, particularmente, sobre los arrendamientos de sus sedes.
Entonces la pregunta que ahora debemos formular es sencilla:
¿Cuánto costaba realmente mantener la red diplomática y consular que dejó el Gobierno Petro y qué compromisos de largo plazo quedaron adquiridos?
La respuesta debe incluir:
arrendamientos + personal + contratos + infraestructura + servicios + seguridad + mantenimiento + tecnología + nuevas aperturas.
Solo entonces podremos saber si el crecimiento de la red fue verdaderamente sostenible.
Porque inaugurar una sede puede producir una fotografía.
Mantenerla durante años produce una obligación financiera.
Y los colombianos en el exterior tienen derecho a saber cuánto cuesta esa obligación.
Y haría un ajuste muy pequeño en el apartado anterior
Las “Casas Colombia”: otra pregunta que debe responderse
El informe divulgado por SEMANA incorpora además otro asunto que merece investigación, aunque COLEXRET lo viene investigando desde hace más de tres (3) años: las denominadas “Casas Colombia”.
El documento confirma lo que en su momento denunció esta Casa informativa; esas sedes temporales, eventos y operaciones de entre 90 y 120 días recibieron más de $8.500 millones, mediante recursos girados directamente a cuentas consulares bajo una figura de proyectos de inversión social.
SEMANA señala hoy como ejemplos, lo que nosotros ya habíamos denunciado en varias publicaciones, recursos destinados a Santiago de Chile, Nueva York, Aruba, Montreal, Miami, Toronto, Berlín, y Barcelona. Entre otros.
Ahora bien, gastar dinero en una Casa Colombia no constituye por sí mismo un acto de corrupción, pero gastar más de 8.500 millones en varias de ellas, cuando existían consulados permanentes con problemas de personal e infraestructura, aparece una pregunta absolutamente legítima:
¿Qué debía tener prioridad: una sede temporal de tres meses o fortalecer un consulado permanente que atiende colombianos durante todo el año?
La respuesta debería surgir de estudios técnicos, no de preferencias políticas, no de simpatías, no de ideologías.
¿Y dónde estaba el control?
Esta es una de las preguntas que más debe incomodar.
Porque el problema no es solamente saber si una administración tomó decisiones equivocadas, también hay que establecer quién las autorizó, quién las supervisó y quién advirtió sobre los riesgos.
Una entidad pública no funciona únicamente con un ministro, pues,
- Existen secretarías generales.
- Direcciones.
- Oficinas jurídicas.
- Oficinas financieras.
- Oficinas de planeación.
- Supervisores.
- Comités.
- Auditorías.
- Órganos de control.
- Ah, y funcionarios de carrera.
Por eso nuestra investigación no se limitará a preguntar “¿Qué hizo el Gobierno Petro?”, sino que también preguntaremos, ¿Quién lo permitió?, ¿Quién lo recomendó?, ¿Quién lo certificó, ¿Quién lo pagó?, ¿Quién lo supervisó?, ¿Quién advirtió?, ¿Qué hicieron con las advertencias?
Y, sobre todo, ¿qué documentos existen?
Yolanda Villavicencio: las denuncias de COLEXRET adquieren ahora una dimensión mayor
COLEXRET tampoco puede ignorar la actuación de la actual canciller Rosa Yolanda Villavicencio.
No porque pretendamos convertirla en responsable de decisiones adoptadas durante la administración anterior, pues eso sería injusto y jurídicamente incorrecto.
Pero sí porque Villavicencio fue durante el Gobierno Petro una funcionaria de alto nivel vinculada directamente a la política migratoria y al Ministerio, y COLEXRET cuestionó públicamente actuaciones y decisiones relacionadas con esa gestión.
Entre ellas, la forma como se desarrolló la participación de la sociedad civil dentro del Sistema Nacional de Migraciones.
COLEXRET ha dejado constancia de sus críticas frente a la reglamentación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones y del papel desempeñado por Villavicencio cuando estuvo vinculada a Colombia Nos Une.
Esto es importante porque demuestra que COLEXRET no está descubriendo ahora los problemas de Cancillería porque apareció un nuevo Gobierno.
Los venimos denunciando, los hemos documentado, los hemos confrontado con normas. Y, cuando ha sido necesario, hemos acudido incluso a las autoridades y a la justicia.
Recuerdan nuestros amigos lectores y seguidores, cada vez que revelábamos ciertas actuaciones provenientes del mandato de la Sra. Yolanda Villavicencio Mapy, más de uno de sus «lavaperros» e «idiotas útiles» salían a defenderla y a poner en tela de juicio nuestro actuar investigativo e informativo?. Qué van a decir ahora?
La historia demuestra que COLEXRET no denuncia por denunciar
Hay quienes pueden preguntarse por qué COLEXRET insiste tanto en sus denuncias, y la respuesta está en nuestra propia trayectoria.
COLEXRET ha documentado gestiones frente a la Cancillería y otras entidades que terminaron produciendo modificaciones o respuestas concretas en beneficio de los colombianos en el exterior.
Entre ellas, por ejemplo, las gestiones relacionadas con beneficios tributarios para determinados colombianos residentes en el exterior y la aplicación de disposiciones sobre el pasaporte, que requirieron investigaciones, peticiones, denuncias y acciones ante distintas autoridades.
También hemos denunciado reiteradamente el incumplimiento de obligaciones legales relacionadas con información migratoria que la Cancillería debe suministrar a los ciudadanos.
Por eso nuestra posición no es, “COLEXRET tiene la verdad absoluta”. Nuestra posición es mucho más sencilla, “COLEXRET tiene documentos y preguntas que deben ser respondidas”.
La propia Cancillería reconoce que la expansión tiene costos
Aquí volvemos al punto central.
La documentación oficial de la Cancillería sobre infraestructura reconoció que las nuevas misiones diplomáticas y consulares incrementaban las necesidades de recursos porque era necesario dotar oficinas, embajadas, consulados y residencias.
El Informe al Congreso 2024-2025 también registra la expansión consular: consulados de carrera en Río de Janeiro e Estambul y avances en Monterrey, Tijuana y otras aperturas. Además, reporta 604 jornadas consulares entre móviles, sábados consulares y jornadas extendidas.
Esto demuestra que hubo una expansión real. Ahora corresponde determinar si esa expansión fue planificada, financiada, sostenible y necesaria. Esa es la investigación.
La gran contradicción: más sedes mientras faltaban recursos
Aquí aparece la contradicción que COLEXRET considera más preocupante.
Por un lado más embajadas, más consulados, más sedes, más oficinas, más infraestructura.
Por otro, déficit financiero, contratos de prestación de servicios en número superior a los cargos de planta, problemas de atención consular denunciados durante años, consulados que reclamaban personal e infraestructura.
Y ahora un Gobierno entrante que afirma haber recibido una situación financiera que podría comprometer incluso el pago de arrendamientos y la operación de las sedes.
Si todo esto resulta confirmado documentalmente, entonces la pregunta ya no será solamente si hubo corrupción. Será también:
¿Hubo una pésima planificación administrativa?
Porque un Estado puede cometer errores gravísimos sin que necesariamente exista corrupción, y esos errores también deben investigarse.
Fuentes documentales principales utilizadas
- SEMANA: “El libro de la verdad” y los 23 casos bajo investigación — contiene el panorama general del documento, la precisión de que no pretende sustituir a la justicia y el apartado específico de Relaciones Exteriores.
- SEMANA: hallazgos sobre la Cancillería y la nómina paralela — contiene las cifras de 712 cargos de planta, aproximadamente 764 contratos, 11 embajadas y 10 consulados, y el déficit atribuido al Fondo Rotatorio.
- COLEXRET: Archivos sección de denuncias sobre consulados — archivo temático de las publicaciones de COLEXRET sobre la situación consular.
- COLEXRET: Archivos Cancillería colombiana.
Comentarios