Una política migratoria con leyes vigentes pero sin ejecución efectiva: el desafío estructural del Estado frente a los colombianos en el exterior y la población retornada.
La reglamentación pendiente de las Leyes 1465 de 2011 y 1565 de 2012, el costo de los servicios consulares y la falta de atención efectiva a los retornados marcaron la agenda del debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.
En el día de ayer 02 de los corrientes, en el recinto de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se llevó a cabo un debate de control político a la Cancillería colombiana que puso en evidencia debilidades estructurales en la ejecución de la política migratoria y de retorno.
La sesión fue convocada por los representantes Jorge Muñoz, del movimiento político MIRA, quienes cuestionaron la falta de reglamentación efectiva de las principales normas que rigen la atención a los colombianos en el exterior y a la población retornada.
El debate contó con la presencia del vicecanciller Francisco Echeverry, delegado.
Como invitados y exponentes en el debate estuvieron, la Srta. Valeria Zarama en representación de la Sociedad Civil y Capítulo Retornados – Foro Internacional de Víctimas, lo mismo que Juan Carlos Cataño en representación de la Alcaldía de Pereira.
Leyes migratorias en el papel, pero sin resultados en la práctica.
Uno de los ejes centrales del debate fue el cuestionamiento a la implementación de la Ley 1465 de 2011y la Ley 1565 de 2012.
El Representante Alirio Uribe señaló que la institucionalidad creada por la Ley 1465 ha resultado inoperante, calificando el sistema como una estructura burocrática sin impacto real en la protección de los derechos de los colombianos en el exterior.
A su juicio, la norma se encuentra “archivada en gavetas”, mientras miles de ciudadanos continúan enfrentando dificultades para acceder a servicios consulares, protección social y programas de retorno.
Propuestas para reformar el Sistema Nacional de Migraciones.
Durante la sesión se plantearon varias iniciativas orientadas a fortalecer la política migratoria colombiana, entre ellas:
- La creación del Viceministerio de Migración y Desarrollo.
- La conformación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil.
- La reglamentación integral de la Ley 1465 de 2011.
- La suscripción de convenios internacionales de seguridad social y pensiones.
- El fortalecimiento de los programas de retorno productivo.
También se propuso la creación de una cooperativa de migrantes con el fin de impulsar proyectos productivos y desarrollo económico en el país.
La crisis del retorno: municipios desbordados por deportaciones masivas.
Uno de los testimonios más relevantes fue el del representante de la Alcaldía de Pereira, quien expuso la situación crítica que enfrentan los gobiernos locales ante el aumento de familias deportadas o retornadas desde Venezuela.
Según lo expuesto en el debate, los recursos departamentales resultan insuficientes para cubrir necesidades básicas como:
- Vivienda
- Atención en salud
- Inserción laboral
- Educación
Las autoridades locales solicitaron apoyo urgente del Gobierno nacional para atender esta crisis humanitaria.
Los Centros de Retorno bajo cuestionamiento.
El representante Jorge Muñoz planteó la necesidad de fortalecer los Centros de Referenciación y Oportunidades para el Retorno (CRORE), creados para orientar a los connacionales que regresan al país.
Sin embargo, desde sectores de la sociedad civil se cuestionó su eficacia, señalando que estas funciones podrían ser asumidas por las oficinas de bienestar social de alcaldías y gobernaciones con menor costo administrativo.
La discusión abrió un debate sobre la eficiencia del gasto público en los programas de atención a retornados.
Servicio consular: críticas por costos y calidad de la atención.
Otro de los temas más sensibles fue el funcionamiento de los consulados colombianos en el exterior, reportando altos costos, falta de personal capacitado, deficiencias en la atención al ciudadano, y procesos administrativos lentos.
El vicecanciller Francisco Echeverry defendió la gestión institucional señalando que el servicio prestado corresponde a las capacidades presupuestales disponibles. No obstante, los congresistas insistieron en la necesidad de mejorar la calidad del servicio consular mediante mayor inversión pública, profesionalización del cuerpo diplomático, nombramientos basados en mérito, y la modernización tecnológica.
Tanto el Delegado de la Procuraduría Gral. de la Nación como el Defensor del Pueblo, expresaron su voluntad para vigilar con mayor eficacia la política migratoria y de retorno colombiana.
El Representante José Luis Pérez, integrante de la Comisión Segunda de la Cámara, propuso el traslado de esa Comisión a algunos países en el exterior donde hubiera mayor número de colombianos migrantes (EE.UU., España, Venezuela, etc.), para escuchar de primera mano las inquietudes de nuestros compatriotas en esos países.
La mayoría de los anteriores exponentes, están de acuerdo en seguir luchando por la repatriación de los colombianos detenidos en diferentes cárceles en el exterior, especialmente en China. Argumentaron que la Convención de Viena, daba facultades legales al Gobierno para realizar esta clase de Convenios con países extranjeros.
La participación de la Srta. Valeria Zarama, fue quizá en nuestro criterio una de las mas importantes en este debate, pues lo hizo en representación de la Sociedad Civil en el exterior y de la Población retornada. De ella salió la propuesta para la creación de la “Mesa Técnica de Trabajo” que elabore el proyecto para la reglamentación de la Ley 1465/2011. Expresando que necesariamente debe ser integrada por actores directos de la migración y el retorno.
Nos disculpan los demás intervinientes, pero no alcanzamos a grabar todo el debate.
Participación de la sociedad civil: una demanda histórica.
Uno de los consensos más relevantes del debate fue la necesidad de incorporar a la sociedad civil en la formulación de la política migratoria.
La propuesta de crear una Mesa Técnica de Trabajo, integrada por organizaciones de migrantes, academia, sector privado y entidades gubernamentales, fue considerada un paso fundamental para democratizar la toma de decisiones.
La iniciativa surgió de representantes de la sociedad civil y busca garantizar participación, control social a la política migratoria, enfoque de derechos humanos y repatriación.
La discusión se fundamentó en las facultades establecidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que permite la cooperación jurídica entre Estados.
Un debate que marca el inicio de una agenda migratoria pendiente.
El debate de control político a la Cancillería evidenció un consenso transversal: Colombia cuenta con un marco legal migratorio amplio, pero carece de mecanismos efectivos para su implementación. Entre los principales retos identificados se encuentran:
- Escasa participación de la sociedad civil
- Ineficiencia en los programas de retorno
- Deficiencias en la atención consular
La discusión dejó claro que la política migratoria colombiana requiere una reforma estructural que garantice protección real a los millones de ciudadanos que residen fuera del país y a quienes deciden regresar.
Finalizando, el debate realizado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes representó un punto de inflexión en la discusión pública sobre la política migratoria colombiana. Más allá de las críticas, puso en la agenda nacional la necesidad de construir una política integral basada en derechos, eficiencia institucional y participación ciudadana.
La migración dejó de ser un asunto marginal para convertirse en un tema estratégico de desarrollo económico, cohesión social y gobernanza estatal.
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