Ante el anunciado cierre de consulados colombianos, por parte del recién posesionado gobierno del Sr. Abelardo De La Espriella, y que dimos a conocer en artículo visible aquí, COLEXRET sugiere un plan de contingencia para proteger a los colombianos en el exterior, de ahí que estamos de acuerdo en reducir burocracia sin aumentar el caos consular, y esa es la razón de esta publicación.
Cerrar consulados sí, abandonar colombianos, no
El cierre de Consulados puede ser necesario. Convertirlo en abandono sería un grave error.
COLEXRET no tiene por qué retractarse de lo que ya ha dicho; por el contrario, lo ratifica.
Colombia necesita revisar profundamente su red diplomática y consular.
Necesita saber cuánto cuesta cada Embajada, cuánto cuesta cada Consulado, cuántos colombianos atiende, qué servicios presta, cuántos trámites realiza, cuánto personal tiene, cuánto tiempo tarda en responder, qué territorio cubre, qué resultados produce y si realmente se justifica mantenerlo abierto.
Eso no es una propuesta de derecha, de izquierda ni de centro, eso se llama administrar responsablemente los recursos públicos. Y precisamente por eso COLEXRET ha respaldado la necesidad de revisar y, cuando corresponda, cerrar representaciones diplomáticas y consulares que no tengan una justificación suficiente.
Pero una cosa es racionalizar la red exterior del Estado y otra muy diferente es cerrar oficinas sin haber construido previamente la alternativa que permita atender a los colombianos que dependen de ellas.
Ahí está la gran diferencia.
El presidente Abelardo de la Espriella anunció una primera etapa de reorganización que contempla el cierre de 14 Embajadas y cerca de 15 Consulados, además de la suspensión de la apertura de la misión diplomática en Palestina y la reorganización de algunas representaciones.
Las 14 Embajadas anunciadas son las de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica.
Diferencia entre Embajada y Consulado
Sobre el tema, existe una diferencia fundamental entre una Embajada y un Consulado.
Cerrar una Embajada no significa necesariamente dejar sin atención consular a los colombianos de ese país, porque las funciones diplomáticas pueden pasar a una Embajada concurrente y determinados servicios consulares pueden ser asumidos por otra representación.
Cerrar un Consulado, en cambio, puede significar para miles de colombianos tener que desplazarse cientos de kilómetros, viajar a otro país o esperar durante meses una jornada consular itinerante.
Por eso el Gobierno debe actuar con mucha más cautela frente al componente consular.
Y aquí está la advertencia de COLEXRET: No puede ser peor la cura que la enfermedad.
El Gobierno anterior también debe asumir su responsabilidad
Sería intelectualmente deshonesto presentar el problema como si hubiera comenzado el 7 de agosto de 2026.
No comenzó allí, pues durante el Gobierno de Gustavo Petro se produjo una expansión importante de la presencia diplomática y consular colombiana.
La denominada Estrategia África 2022-2026, por ejemplo, fue presentada oficialmente como una política destinada a aumentar la representación colombiana en ese continente mediante nuevas Embajadas.
En 2024, además, Cancillería informó que abriría diez Consulados, entre ellos cinco en Estados Unidos: Seattle, Charlotte, Denver, Dallas y Phoenix.
Seguimos considerando que ese proceso fue equivocado, pues se expandió la red sin garantizar que la existente tuviera simultáneamente los recursos suficientes para funcionar correctamente.
Y ese es uno de los problemas que COLEXRET ha venido señalando. Porque abrir un nuevo Consulado cuesta dinero. Hay que pagar funcionarios, arriendo o mantenimiento de instalaciones, servicios públicos, sistemas tecnológicos, seguridad, transporte, logística, gastos administrativos y demás costos asociados.
En el caso concreto, para abrir dichos Consulados se trasladaron funcionarios, recursos y/o capacidades de otros que ya estaban saturados, por lo tanto, no se mejoró el servicio, simplemente se movió el problema de una ciudad a otra.
En México, por ejemplo, el Decreto 1405 de 2024 modificó las circunscripciones consulares precisamente para implementar los Consulados de Monterrey, Tijuana y Tuxtla Gutiérrez, y algo similar ocurrió con la apertura del Consulado en Estambul, mediante el Decreto 1406 de 2024.
La expansión de la red pudo haber tenido una justificación geopolítica, económica, migratoria o consular, pero una pregunta debió haberla acompañado:
¿Con qué recursos humanos y financieros se iba a sostener esa expansión sin deteriorar los consulados que ya estaban funcionando?
Esa es una de las auditorías que el nuevo Gobierno debería hacer, pues no basta con contar cuántas Embajadas o Consulados existen, sino que hay que estudiar cómo fueron financiados, de dónde salió el personal, qué sedes perdieron funcionarios, cuánto aumentaron sus tiempos de atención y cuál fue el resultado real para los colombianos.
La crisis consular no se soluciona simplemente cerrando oficinas
COLEXRET acaba de documentarlo en su investigación sobre los Consulados móviles, y que pueden ver aquí bajo el titular «Consulados móviles de Colombia en el exterior: cifras, auditoría, reducción y el reto que dejan los cierres consulares».
Allí se analizó, entre otros aspectos, la información oficial relacionada con la programación y ejecución de jornadas consulares.
La auditoría interna de 2024, y que tratamos a fondo en esa publicación, constituye además una señal de alerta, pues se identificaron problemas relacionados con formatos desactualizados y con la consolidación de información, mientras que para el primer semestre de ese año se habían programado 558 jornadas y al 30 de junio se registraban 312 ejecutadas.
Eso no es un detalle administrativo menor, es una fotografía de un sistema que necesita planeación, medición, seguimiento y control.
Por eso COLEXRET insiste en algo que puede convertirse en una de las grandes soluciones del nuevo Gobierno, más Consulados móviles, no menos.
Si se van a cerrar sedes físicas, el número de jornadas consulares debe aumentar sustancialmente. Pero no de cualquier manera.
Debe existir un verdadero Sistema Nacional de Atención Consular Itinerante, con presupuesto propio, programación anual, indicadores públicos y capacidad de respuesta.
El Consulado móvil no debe ser la ambulancia del Consulado cerrado
Aquí hay que cambiar completamente la concepción.
Durante demasiado tiempo, el Consulado móvil se ha entendido como una actividad complementaria, como una jornada que se programa de vez en cuando; algo así como la extensión temporal de una oficina física. Eso ya no sirve.
Ante una reducción de la red consular, el Consulado móvil debe convertirse en parte estructural del modelo consular colombiano.
Es decir: Consulado físico + Consulado móvil + Consulado digital. Estas tres modalidades deben funcionar como un solo sistema.
¿Cómo debería funcionar el nuevo modelo?
COLEXRET propone al Gobierno de De La Espriella y al nuevo Canciller, Omar Bula Escobar, implementar inmediatamente un Plan Nacional de Contingencia y Transformación Consular 2026-2030.
No dentro de dos años. No después de cerrar las sedes; sino antes de cerrarlas.
El plan debería tener por lo menos diez componentes; veamos:
1. No cerrar ningún Consulado sin un estudio técnico individual
El Gobierno debe publicar, antes de cada cierre, entre otros aspectos, los siguientes:
- Número de colombianos registrados, y estimación de colombianos no registrados;
- Número de trámites realizados;
- Número de pasaportes, registros civiles, actos notariales, cédulas, y demás documentos expedidos;
- Número de asistencias consulares;
- Número de jornadas móviles;
- Presupuesto anual;
- Costo por trámite;
- Personal asignado;
- Tiempos promedio de atención;
- Distancia hasta el Consulado alternativo;
- Medios de transporte disponibles;
- Población vulnerable;
- Estudiantes;
- Trabajadores temporales;
- Menores de edad;
- Personas privadas de la libertad;
- Casos de emergencia y repatriación;
- Circunscripción consular actual.
Sin esa información, cerrar es administrar a ciegas.
2. Publicar de inmediato el listado definitivo de los 15 Consulados
A la fecha de publicación de este análisis, el anuncio presidencial habla de cerrar cerca de 15 Consulados, pero los medios que han reportado la decisión han señalado que no se había precisado públicamente cuáles serían las sedes afectadas.
Eso debe solucionarse inmediatamente.
Los colombianos tienen derecho a saber qué Consulados van a cerrar.
Pero no basta con publicar los nombres, debe publicarse también:
- ¿Qué población colombiana atiende cada uno?
- ¿Qué ciudades cubre?
- ¿Qué Consulado asumirá su circunscripción?
- ¿A qué distancia quedará?
- ¿Qué trámites se podrán hacer virtualmente?
- ¿Cuántas jornadas móviles reemplazarán la atención presencial?
- ¿Con qué presupuesto?
3. Crear un mapa nacional de riesgo consular
Cada Consulado debería recibir una calificación objetiva. Por ejemplo:
Riesgo bajo: La población puede ser atendida por otra sede y existe suficiente capacidad digital y móvil.
Riesgo medio: El cierre es posible, pero requiere aumento de jornadas móviles y refuerzo de otra sede.
Riesgo alto: Existe una población numerosa, grandes distancias, alta demanda o circunstancias especiales.
Riesgo crítico: El cierre podría dejar prácticamente sin acceso efectivo a servicios consulares a una comunidad significativa.
Los Consulados clasificados como riesgo crítico no deberían cerrarse hasta que exista una alternativa operativa funcionando.
4. Convertir los Consulados que sobrevivan en verdaderos centros regionales
Si se van a cerrar oficinas, los Consulados que permanezcan abiertos deberán recibir más funcionarios, más presupuesto, más tecnología y más capacidad operativa.
No tiene sentido cerrar quince oficinas y dejar a la decimosexta exactamente con el mismo personal.
Eso produciría una consecuencia previsible: antes habían quince Consulados saturados y después habrán dieciseis completamente colapsados.
El ahorro sería ficticio, y el ciudadano terminaría pagando el recorte con tiempo, desplazamientos y dinero.
5. El ahorro producido por los cierres debe quedarse en el sistema consular
Esta propuesta debería ser una condición política del proceso.
El dinero ahorrado por el cierre de una sede no debería desaparecer dentro del presupuesto general. Debe existir trazabilidad.
Si un Consulado cuesta determinada cantidad anual y se cierra, el Gobierno debería publicar, cuánto se ahorró, cuánto costó cerrarlo, cuánto se destinó a reforzar la sede receptora, cuánto se destinó a Consulados móviles, cuánto se destinó a digitalización, y cuánto quedó como ahorro fiscal neto.
Así los colombianos podrán comprobar si realmente existió eficiencia.
6. Los Consulados móviles deben tener calendario anual obligatorio
No puede depender de la voluntad de un cónsul. Debe existir un calendario público. Por ejemplo:
Cada comunidad afectada por un cierre debe conocer con anticipación las fechas de atención móvil para todo el año, no esperar a que aparezca una publicación en redes sociales.
El sistema debe permitir que cualquier colombiano consulte ciudad, fecha, servicios disponibles, funcionarios desplazados, número de citas, y documentos requeridos.
Y debería existir una regla elemental: si una comunidad pierde su Consulado permanente, automáticamente adquiere prioridad dentro del programa de Consulados móviles.
7. Las jornadas deben realizarse donde realmente están los colombianos
No tiene sentido organizar un Consulado móvil a 300 kilómetros de la comunidad que se pretende atender simplemente porque allí existe un salón disponible.
La planeación debe utilizar datos, como:
- Registro Consular.
- Censo electoral.
- Solicitudes de trámites.
- Historial de jornadas.
- Datos migratorios.
- Información de organizaciones de colombianos.
- Información de autoridades locales.
- Y, especialmente, datos sobre demanda real.
COLEXRET ya ha advertido además sobre la importancia del Registro Consular como instrumento para localizar colombianos en emergencias y mejorar la comunicación entre la ciudadanía y el Estado.
8. Colombia debe acelerar radicalmente el Consulado digital
Aquí está probablemente la transformación más importante.
El Gobierno no puede pretender resolver la crisis consular del siglo XXI con un modelo diseñado para el siglo XX.
Hay trámites que todavía requieren presencia física, pero muchos otros no deberían requerirla. Y algunos ya son virtuales.
¿Qué trámites pueden hacerse en línea?
Apostilla y legalización: Este es uno de los mejores ejemplos.
Cancillería informa que la solicitud de apostilla y legalización se realiza 100% en línea, las 24 horas del día, los siete días de la semana y desde cualquier parte del mundo.
Entonces surge una pregunta obvia, ¿Por qué no convertir esa experiencia en el modelo para otros servicios?
Visa colombiana: La propia Cancillería informa que el estudio, trámite y expedición de visa se adelanta completamente de manera virtual.
Eso demuestra que sí es posible digitalizar procesos que históricamente exigían desplazamientos.
Pasaporte: Aquí existe un avance importante, pero todavía insuficiente.
La Cancillería ya permite la solicitud de pasaporte en línea para determinados mayores de edad que cumplen condiciones específicas, entre ellas haber tenido autenticación biométrica exitosa y contar con un pasaporte expedido después del 17 de noviembre de 2017. La normativa fue actualizada en 2026 mediante la Resolución 4638.
Actualmente el sistema permite solicitudes por, cambio voluntario, deterioro, agotamiento de páginas, hurto o pérdida, bajo las condiciones establecidas por la regulación. Pero todavía existe un punto fundamental:
La entrega continúa siendo presencial, y determinados trámites iniciales o situaciones que requieren captura biométrica siguen necesitando presencia física.
Por eso la propuesta de COLEXRET no consiste en decir que todo puede hacerse mañana por internet. Consiste en exigir que el Gobierno tenga como meta digitalizar todo lo que jurídicamente, tecnológicamente y en materia de seguridad pueda digitalizarse, y reservar la presencialidad para aquello que realmente la necesite.
¿Qué no debería digitalizarse irresponsablemente?
Tampoco se trata de caer en el extremo contrario, pues hay actuaciones que requieren:
- Identificación presencial;
- Toma de biometría;
- Verificación de identidad;
- Comparecencia personal;
- Entrega física de documentos;
- Actuaciones notariales específicas;
- Determinados registros;
- Situaciones de emergencia;
- Casos de vulnerabilidad;
- Trámites que exijan validación de identidad.
El Estado no puede convertir la tecnología en una excusa para negar atención. La tecnología debe acercar al Estado al ciudadano, no esconderlo detrás de una pantalla.
9. Una sola plataforma para el colombiano en el exterior
El Gobierno debería construir un verdadero Portal Único Consular Colombiano.
El ciudadano debería ingresar una sola vez y encontrar Pasaporte, Cédula, Registro civil, Nacionalidad, Actos notariales, Apostilla, Legalización, Registro consular, Citas, Consulados móviles, Asistencia consular, Emergencias, Repatriaciones, Estado de trámites, Pagos, PQRS, e información sobre su circunscripción.
Y debería existir un sistema inteligente que le diga:
“Usted vive en esta zona. Este es su Consulado. Estos son los trámites que puede hacer en línea. Estos son los que requieren presencia física. Esta es la próxima jornada móvil cerca de usted.”
Eso sí sería modernizar la Cancillería.
10. Inteligencia artificial, sí; abandono digital, no
La inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta extraordinaria para disminuir la presión sobre los Consulados.
Un asistente consular digital podría responder inmediatamente, sobre:
- Requisitos;
- Costos;
- Documentos;
- Tiempos;
- Formularios;
- Enlaces oficiales;
- Estado del trámite;
- Ubicación del Consulado;
- Fechas de jornadas móviles;
- Procedimientos de emergencia.
Pero con la condición que la IA nunca debe sustituir al funcionario cuando existe un problema que requiere intervención humana.
La inteligencia artificial debe resolver las preguntas simples para que los funcionarios puedan concentrarse en los casos complejos.
La ley ya ofrece una base suficiente para actuar
No estamos hablando de inventar obligaciones desde cero.
La Ley 1465 de 2011 creó el Sistema Nacional de Migraciones y estableció entre sus objetivos fortalecer los vínculos del Estado con las comunidades colombianas en el exterior.
Posteriormente, la Ley 2136 de 2021, modificadora de la 1465/2011, estableció los lineamientos de la Política Integral Migratoria, y en su artículo 2° incluye como objetivo “Desarrollar propuestas que permitan ampliar o mejorar la oferta de servicios del Estado para colombianos en el exterior y retornados.”
Y su artículo 6 señala expresamente que dentro de los insumos para planear la Política Integral Migratoria deben tenerse en cuenta los procesos de caracterización y registro consular.
Más importante todavía, el artículo 8 atribuye al Ministerio de Relaciones Exteriores la rectoría de la Política Integral Migratoria.
Por eso resulta perfectamente razonable que el nuevo Gobierno replantee institucionalmente esa distribución de funciones. Y es aquí donde aparece una de las propuestas más importantes que COLEXRET viene planteando desde hace años.
La Consejería Presidencial para las Migraciones: una solución también para la crisis consular
COLEXRET, bajo la dirección de Ricardo Marín Rodríguez, ha planteado la creación de una Consejería Presidencial para las Migraciones, cuyos detalles pueden ver aquí.
Esta propuesta adquiere ahora una importancia mucho mayor porque Colombia tiene un problema institucional. Cancillería está llamada a hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Entre otras:
- Diplomacia.
- Relaciones internacionales.
- Consulados.
- Migración.
- Extranjería.
- Nacionalidad.
- Política migratoria.
- Atención a colombianos en el exterior.
- Retorno.
- Cooperación.
- Y muchas otras funciones.
El resultado puede terminar siendo una institución que quiere abarcarlo todo y no consigue atender suficientemente bien cada componente.
La Consejería Presidencial permitiría separar estratégicamente dos grandes mundos:
Política migratoria – migración – retorno – colombianos en el exterior – inmigración – extranjería – integración – caracterización – estadísticas – derechos de los migrantes – coordinación interinstitucional – cooperación migratoria – políticas de largo plazo – Política consular.
Mientras tanto, Cancillería podría concentrarse mucho más en:
Atención consular – documentos – pasaportes – registros – asistencia – protección – emergencias – repatriaciones – Consulados móviles – red consular – gestión diplomática.
No se trataría de crear burocracia por crear burocracia, se trataría de especializar funciones para hacer más eficiente al Estado.
Y hay algo todavía más importante: el Estatuto Migratorio a 100 años
La propuesta de COLEXRET sobre una Consejería Presidencial contempla una visión de largo plazo; no otra política pública que cambia cada cuatro años; no otro programa que desaparece con el siguiente Gobierno.
La idea es construir un Estatuto Migratorio con visión de 100 años.
Y allí debería incorporarse expresamente un capítulo dedicado a la atención consular de los colombianos en el exterior. Por qué?
- Porque los colombianos van a seguir emigrando.
- Van a seguir retornando.
- Van a seguir naciendo hijos de colombianos en el exterior.
- Van a seguir necesitando pasaportes.
- Van a seguir muriendo.
- Van a seguir siendo detenidos.
- Van a seguir siendo deportados.
- Van a seguir necesitando registrar nacimientos.
- Van a seguir necesitando asistencia.
- Van a seguir necesitando al Estado.
- Cambiará la tecnología.
- Cambiarán los países de destino.
- Cambiarán los flujos migratorios.
- Cambiarán los gobiernos.
Pero la necesidad de protección estatal continuará. Por eso la solución no puede depender de quién sea presidente.
La Corte Constitucional ya dio una orientación que el Gobierno debería estudiar
Hay una jurisprudencia especialmente importante para este debate.
En la Sentencia C-016 de 1996, la Corte Constitucional examinó la Ley 76 de 1993, relacionada con la protección de los colombianos en el exterior mediante el servicio consular.
La norma establecía que las oficinas consulares cuya jurisdicción tuviera una comunidad colombiana estimada superior a 10.000 personas debían contar con funcionarios especializados en orientación y asistencia jurídica; y la Corte declaró constitucional la disposición.
Pero lo verdaderamente importante para el debate actual está en su razonamiento.
La H. Corte reconoció que el Estado debe organizar racionalmente la atención de los colombianos en el exterior y que el número de residentes es un criterio válido para determinar las necesidades de personal consular. También explicó que el cónsul tiene la función primordial de brindar esa asistencia dentro de los límites del derecho internacional y del ordenamiento del Estado receptor.
Eso tiene una consecuencia enorme para el debate actual, y es que el número de colombianos y la demanda del servicio no pueden ser ignorados al decidir qué Consulado se cierra.
La Convención de Viena también importa
Colombia aprobó mediante la Ley 17 de 1971 la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Esa Convención define la circunscripción consular como el territorio atribuido a una oficina consular para ejercer sus funciones y establece, entre otras, las funciones de protección de los intereses de los nacionales del Estado que envía, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional.
Por tanto, una reestructuración de la red consular es jurídicamente posible.
Pero esa reestructuración no puede desconocer la finalidad misma del servicio consular.
La oficina puede cambiar de ubicación. La obligación estatal de atender a sus nacionales no desaparece porque se cierre una puerta.
Y la jurisprudencia reciente deja una advertencia todavía más fuerte
En la Sentencia T-498 de 2025, la Corte Constitucional estudió un caso relacionado con la actuación del Consulado de Colombia en São Paulo frente a la repatriación del cuerpo de un colombiano fallecido.
En dicha sentencia concluyó que hubo conductas omisivas que impidieron una atención integral, oportuna y eficaz y ordenó capacitar al personal consular sobre asistencia a connacionales y protección inmediata, especialmente frente a personas en condiciones de vulnerabilidad.
Esto demuestra que la crisis consular no es solamente un problema administrativo. Puede convertirse en un problema de derechos fundamentales, y por eso el cierre de una sede debe analizarse también desde la perspectiva del acceso efectivo a la asistencia estatal.
El Estado no puede ahorrar trasladándole el costo al ciudadano
Este es quizás el punto político más importante de todo el artículo.
Si Colombia cierra un Consulado y obliga a un colombiano a viajar ocho horas para hacer un trámite que antes hacía a veinte minutos de su casa, el Estado puede decir, “Ahorramos dinero», pero el ciudadano podría responder: “Ustedes ahorraron. Yo pagué.”
Y si, pagó:
Pagó transporte, alojamiento, alimentación, días de trabajo, cuidado de hijos, tiempo, desgaste, y, en algunos casos, vuelos internacionales.
Eso no es eficiencia, eso es trasladar el costo del Estado al ciudadano.
Especial cuidado con los colombianos vulnerables
El plan de contingencia debe tener un capítulo especial para, entre otros:
- Adultos mayores;
- Personas con discapacidad;
- Menores;
- Mujeres víctimas de violencia;
- Personas privadas de la libertad;
- Víctimas de trata;
- Colombianos deportados;
- Personas en situación de calle;
- Enfermos;
- Familias en emergencia;
- Víctimas de catástrofes;
- Personas sin recursos.
Para ellos, un Consulado situado a 500 kilómetros puede equivaler prácticamente a un Consulado inexistente.
La emergencia demuestra por qué esto no es un asunto menor
Colombia acaba de vivir, además, una emergencia nacional tras el terremoto ocurrido el pasado lunes 10, y una crisis de esas dimensiones recuerda que la función consular no consiste solamente en expedir documentos.
En una emergencia internacional, los consulados son fundamentales para localizar connacionales, informar, coordinar asistencia, atender casos de vulnerabilidad y mantener comunicación con familiares.
La propia Cancillería explica que el Registro Consular facilita la comunicación y localización de colombianos en situaciones de emergencia o desastre. Por eso el nuevo Gobierno debe pensar en los consulados también como infraestructura de seguridad humana.
¿Y qué pasa si un Consulado principal resulta afectado por un cierre?
Entonces la respuesta debe ser inmediata.
COLEXRET propone una regla sencilla:
Un Consulado cerrado = una unidad móvil reforzada. No una jornada ocasional.
Una unidad permanente de atención itinerante. Por ejemplo:
Consulado receptor: aumenta personal.
Ciudad donde se cerró: recibe jornadas mensuales o quincenales según demanda.
Ciudades secundarias de la antigua circunscripción: reciben jornadas periódicas.
Trámites digitales: se trasladan inmediatamente a la plataforma.
Casos especiales: reciben atención prioritaria.
Emergencias: tienen línea directa con el Consulado receptor.
El Gobierno debe establecer tiempos máximos
No basta con decir que el ciudadano puede comunicarse, debe establecerse tiempo máximo de respuesta a correos, de respuesta a PQRS, de atención de emergencias, para asignar citas, para resolver trámites, y tiempo máximo para contestar solicitudes de asistencia.
Y esos indicadores deben ser públicos, pues solo así se podria comparar antes y después del cierre; si el servicio empeora, el Gobierno deberá corregir.
Una propuesta que podría blindar políticamente al nuevo Gobierno
El presidente De La Espriella ganó las elecciones prometiendo precisamente eficiencia, austeridad y reducción del gasto innecesario. Pues bien, esta reforma puede convertirse en una de las mejores demostraciones de que esa promesa es posible; pero solamente si se hace bien.
Si cierra oficinas y los colombianos quedan sin atención, la oposición tendrá un argumento perfecto. No necesitará inventarlo.
Lo tendrá servido en bandeja de plata, pues podrá decir,
“El Gobierno cerró Consulados y abandonó a los colombianos.”
Y segúramente, el Sr. Abelardo De La Espriella tendrá imágenes de personas haciendo filas, viajando cientos de kilómetros y reclamando.
Eso sería políticamente desastroso.
La izquierda no necesita argumentos: el Gobierno podría entregárselos
COLEXRET no está interesado en alimentar una confrontación ideológica, pero tampoco puede ignorar la realidad política.
La oposición de izquierda buscará cualquier error del nuevo Gobierno para cuestionar su legitimidad, especialmente después del fuerte giro político producido en 2026.
Por eso el Gobierno debería hacer exactamente lo contrario, convertir la reforma consular en una demostración pública de eficiencia, para que nadie pueda decir, “Cerraron Consulados», Sino, “Cerraron sedes innecesarias, reforzaron las necesarias, multiplicaron los Consulados móviles y digitalizaron los trámites.”
La diferencia es gigantesca.
Los colombianos en el exterior también tienen derecho a protestar
Y aquí COLEXRET será igualmente claro.
Si el Gobierno cierra un Consulado principal que atiende a una comunidad numerosa y no ofrece una alternativa razonable, los colombianos afectados tienen toda la legitimidad para manifestarse públicamente.
No porque estén defendiendo burocracia, no porque estén defendiendo al Exgobierno Petro, no porque estén defendiendo al nuevo Gobierno, sino porque están defendiendo su derecho a recibir servicios del Estado.
La protesta pacífica es precisamente uno de los instrumentos de participación ciudadana en una democracia, y sería un error gravísimo que el Gobierno interpretara cualquier protesta como una conspiración política.
La mejor forma de neutralizar una protesta legítima no es reprimirla, es resolver el problema que la originó.
COLEXRET no pide mantener todos los Consulados
Esta aclaración debe quedar absolutamente clara. COLEXRET no está defendiendo la permanencia indiscriminada de toda la red consular.
No se trata de decir, “No cierren ninguno», pues eso sería contradictorio con lo que COLEXRET ha investigado y publicado.
La posición es otra:
Que cierren los que realmente deban cerrarse, pero no cierren el servicio. Ese es el concepto.
Embajadas: Racionalizar sí; desaparecer presencia estratégica, no
Con las Embajadas el análisis es diferente.
Una Embajada cumple funciones diplomáticas, políticas, económicas y estratégicas que no son equivalentes a la atención cotidiana de un Consulado.
Por eso el Gobierno puede recurrir a Embajadas concurrentes; representación ante organismos internacionales; acreditaciones múltiples; reducción de estructuras administrativas; integración de misiones; o cooperación regional.
Pero debe evaluar también comercio; inversión; cooperación; seguridad; migración; intereses geopolíticos; número de colombianos; presencia empresarial; relaciones multilaterales.
El cierre de una Embajada puede ser racional, pero debe demostrarse.
No basta con decir “Cuesta demasiado”, hay que demostrar “Cuesta tanto, produce esto, y puede ser sustituida de esta manera.”
Eso es administración pública basada en evidencia.
El nuevo Gobierno debería ordenar una auditoría integral de toda la red exterior
No solamente de las 29 sedes anunciadas para cerrar (14 Embajadas y 15 Consulados), sino de toda la red.
Y esa auditoría debería publicar:
Embajadas
- Costo;
- Personal;
- Funciones;
- Actividad diplomática;
- Comercio;
- Cooperación;
- Resultados.
Consulados
- Costo;
- Población;
- Trámites;
- Atención;
- Tiempos;
- Jornadas móviles;
- Emergencias;
- Personal;
- Infraestructura.
Y algo fundamental, cuánto cuesta atender a cada colombiano.
Ese indicador permitiría saber dónde realmente existe eficiencia y dónde existe burocracia.
El personal también debe ser revisado
No basta con cerrar edificios, el Gobierno debe preguntarse:
¿Qué funcionarios se necesitan realmente?
¿Quiénes son de carrera?
¿Quiénes están en provisionalidad?
¿Quiénes tienen funciones duplicadas?
¿Dónde faltan funcionarios?
¿Dónde sobran?
¿Dónde existen funcionarios altamente especializados?
¿Dónde se necesita reforzar atención jurídica?
¿Dónde se requiere personal tecnológico?
La Corte Constitucional ya reconoció la posibilidad de organizar racionalmente la planta según las necesidades de cada comunidad.
Por tanto, el criterio no debería ser político, debería ser:
demanda + población + territorio + complejidad + vulnerabilidad + resultados.
No más funcionarios suficientes para la oficina, sino suficientes para la demanda
Esta diferencia parece pequeña, pero es fundamental.
El modelo tradicional pregunta “¿Cuántos funcionarios tiene este Consulado?”, mientras el modelo moderno debe preguntar, “¿Cuántos funcionarios necesita este Consulado para atender correctamente la demanda?”
Si un Consulado tiene 20 empleados pero necesita 35, está subdimensionado, mientras que si otro tiene 20 pero necesita 8, está sobredimensionado.
La reforma debe detectar ambas situaciones.
El Gobierno debe aprovechar el momento para terminar con el Consulado de la fila eterna
Una Cancillería moderna no puede medir su eficiencia por el número de personas haciendo fila, debe medirla por cuántos trámites fueron resueltos sin que el ciudadano tuviera que desplazarse.
Ese debería ser uno de los grandes indicadores del Gobierno De La Espriella.
Propuesta concreta de Plan de Choque Consular
COLEXRET propone que el Gobierno adopte este calendario:
Primeros 60 días:
- Publicar el listado definitivo de Consulados a cerrar.
- Publicar estudios técnicos individuales.
- Identificar población afectada.
- Identificar ciudades dependientes de cada sede.
- Designar Consulados receptores.
- Determinar necesidades adicionales de personal.
- Crear el mapa de riesgo consular.
- Suspender cualquier cierre que no tenga alternativa de atención.
- Publicar calendario provisional de jornadas móviles.
- Crear una mesa nacional de seguimiento con participación de colombianos en el exterior.
Días 61 a 90:
- Reforzar los Consulados receptores.
- Contratar o trasladar personal donde sea indispensable.
- Aumentar presupuesto para jornadas móviles.
- Comprar equipos portátiles de atención.
- Implementar unidades móviles con capacidad tecnológica.
- Capacitar funcionarios.
- Habilitar canales digitales.
- Crear indicadores públicos.
- Implementar sistema de seguimiento de citas.
- Realizar jornadas piloto en las comunidades afectadas.
Cuatro a siete meses
- Cerrar únicamente las sedes cuya alternativa ya esté funcionando.
- Aumentar frecuencia de jornadas móviles.
- Implementar el Portal Único Consular.
- Integrar Registro Consular, citas y trámites.
- Implementar inteligencia artificial para atención básica.
- Crear sistema de alertas para emergencias.
- Evaluar tiempos de atención.
- Publicar resultados mensuales.
Ocho a doce meses
- Evaluar toda la red consular.
- Comparar costos.
- Comparar satisfacción ciudadana.
- Medir tiempos de atención.
- Medir número de trámites digitales.
- Ajustar circunscripciones.
- Reubicar personal.
- Aumentar o reducir jornadas según demanda.
- Consolidar el modelo de Consulado digital.
- Presentar informe público al país.
Y después: una política consular para los próximos 100 años
Aquí debe conectarse definitivamente la propuesta de COLEXRET de la Consejería Presidencial para las Migraciones.
La discusión no puede terminar con De La Espriella, ni con Petro, ni con el próximo presidente.
Colombia necesita definir qué Estado quiere tener frente a sus millones de nacionales que viven fuera del territorio.
Un colombiano que vive en Madrid, Nuerva York, Buenos Aires, sigue siendo colombiano. Al igual que uno que vive en Tokio, Sídney, Londres, Ciudad de México o Johannesburgo sigue teniendo una relación jurídica y política con Colombia.
Y cuando necesita al Estado, el Estado debe existir.
La forma puede cambiar; puede ser una oficina, un Consulado móvil, una plataforma digital, una videoconferencia, o una unidad de emergencia. Pero el Estado debe estar.
La gran oportunidad de De La Espriella
El actual presidente tiene ahora una oportunidad que probablemente ningún Gobierno anterior tuvo con tanta claridad.
Puede hacer tres cosas simultáneamente:
1. Reducir gasto innecesario.
2. Modernizar la atención consular.
3. Mejorar realmente el servicio a los colombianos en el exterior.
Y puede hacerlo sin necesidad de defender la estructura que heredó, pero tampoco necesita destruirla para demostrar que es diferente.
Debe transformarla; la fórmula es sencilla, miren:
Menos burocracia.
Más tecnología.
Menos oficinas innecesarias.
Más Consulados móviles.
Menos trámites presenciales.
Más servicios digitales.
Menos funcionarios donde no se necesitan.
Más funcionarios donde sí hacen falta.
Menos gasto administrativo.
Más presupuesto para atención directa.
Menos improvisación.
Más planeación.
Menos política.
Más servicio público.
El mensaje final de Ricardo Marín Rodríguez, investigador, escritor, experto en Temática Migratoria Colombiana, y creador de la plataforma COLEXRET junto con este Medio de comunicación al presidente y al Canciller, es el siguiente:
Señor Presidente Abelardo De La Espriella:
COLEXRET no le pide que mantenga todos los Consulados, le pide algo mucho más difícil y mucho más importante:
Que no permita que un cierre administrativo se convierta en un abandono ciudadano.
Señor Canciller Omar Bula:
Su experiencia en escenarios internacionales y de crisis hace especialmente importante que comprenda que la atención consular también es una política de prevención.
No espere a que los colombianos salgan a protestar.
No espere a que aparezcan filas interminables.
No espere a que un colombiano pierda un vuelo, un empleo, una cita médica o una oportunidad por no poder obtener un documento.
No espere a que ocurra una tragedia para descubrir que una comunidad estaba demasiado lejos de su Consulado.
Planifique antes. Y sobre todo, no permita que el ahorro de unos pesos termine costándole al Estado una crisis política, judicial y social.
Porque cerrar una oficina no es cerrar el Estado
Esta es la tesis que COLEXRET quiere dejarle al nuevo Gobierno.
Colombia puede:
- Cerrar Embajadas.
- Cerrar Consulados.
- Fusionar misiones.
- Cambiar circunscripciones.
- Reducir funcionarios.
- Ahorrar.
- Digitalizar.
- Modernizar.
Puede hacer prácticamente todo lo que considere necesario, pero existe una línea que no debe cruzar:
Dejar al colombiano en el exterior sin acceso efectivo al Estado.
La Ley 2136 de 2021 ordena mejorar la oferta de servicios para los colombianos en el exterior; la Ley 1465 de 2011 creó mecanismos para fortalecer los vínculos del Estado con ellos; la Convención de Viena establece las funciones consulares; y la jurisprudencia constitucional ha reconocido la necesidad de organizar racionalmente el servicio para atender las necesidades reales de los connacionales.
Por eso, la discusión no debería ser, ¿Cerrar o no cerrar?
La discusión correcta es, ¿Cómo cerrar lo innecesario sin disminuir la protección y atención de los colombianos?
Y la respuesta de COLEXRET es concreta:
Consulados estratégicamente reforzados, Consulados móviles multiplicados, tecnología al servicio del ciudadano, trámites digitales, presupuesto redistribuido según demanda, personal donde realmente se necesita, indicadores públicos, atención especial a las comunidades vulnerables y una Consejería Presidencial para las Migraciones que permita separar la política migratoria de la gestión consular.
Eso sí sería una verdadera transformación. Eso sí sería austeridad inteligente. Eso sí sería modernización.
Y, sobre todo, eso permitiría que el Gobierno de Abelardo De La Espriella no tenga que defender los Consulados que recibió ni justificar los que cerró.
Podría mostrar algo mucho más poderoso, que después de los cierres, los colombianos fueron mejor atendidos que antes.
Ese debería ser el verdadero éxito de la reforma.
Porque cerrar Consulados puede ser una decisión administrativa, pero garantizar que ningún colombiano quede abandonado por el Estado es una obligación política, jurídica y moral.
Y si para conseguirlo hay que aumentar los Consulados móviles, reforzar los que permanezcan abiertos, invertir en tecnología y crear una nueva arquitectura institucional para la migración y el servicio consular, entonces que se haga.
Pero que se haga bien Sr. Presidente. No que se sigan haciendo las chambonadas de sus antecesores.
Porque para los colombianos que viven en el exterior, una cosa debe quedar absolutamente clara:
Colombia puede tener menos Consulados. Lo que no puede tener son menos Estado y menos derechos para sus ciudadanos.
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